Guatemala

Fernanda Gdynia Morotti (texto de actualización de la entrada, 2006-2015)

La sociedad guatemalteca no comenzó a apartarse de su condición colonial hasta las últimas décadas del siglo XIX, cincuenta años después de la proclamación de la independencia, en 1821. A partir de la llamada Revolución Liberal (1871), el café se transformó en el más importante producto de exportación, creándose vínculos permanentes con el mercado mundial. Dos décadas después apareció la banana como nuevo producto exportable. La creación de una economía exportadora y el inicio de la formación del Estado nacional fueron posibles gracias a la victoria de los sectores liberales y ladino/mestizos, y a la derrota militar y política de los grupos conservadores y criollos.

La denominación “ladino” se refiere a los mestizos, resultado del cruce de español con indígena, que desde el momento de la independencia lucharon contra los criollos, descendientes de los españoles y/o de otros europeos. La división ladino/criollo no es de naturaleza étnica, sino política y cultural, y sólo tuvo sentido en el siglo XIX. Los ladinos eran laicos, seculares, defensores del progreso, afrancesados; los criollos estaban vinculados a la Iglesia Católica, a la burocracia colonial y a la tradición española. Se produjo una dolorosa separación del Estado y de la Iglesia Católica, cuyas tierras acabaron expropiadas, por su condición de gran latifundista; se introdujo la luz eléctrica, la red ferroviaria, los primeros bancos y algunas instituciones públicas como el Registro de la Propiedad de Inmuebles. Pero el programa modernizador de la elite liberal, basado en el capitalismo del cultivo del café, fue implantado mediante modalidades retrógradas y mecanismos ambiguos, apoyados en prácticas serviles de trabajo y otras medidas de naturaleza colonial.

Los liberales gobernaron el país hasta 1945 y, a pesar de la Constitución de 1876, de carácter progresista, lo hicieron de manera muy autoritaria. Fueron autocracias que perdieron todo su vigor liberal modernizador mientras transcurría el siglo XX. El ejemplo de ese otoño político lo representa el dictador civil Manuel Estrada Cabrera, que gobernó de forma ilegítima y sangrienta durante veintiún años, suscribiendo contratos que entregaron tierra, puertos y servicios de energía eléctrica al capital norteamericano, favoreciendo a los cafetaleros alemanes. En rigor, los intereses norteamericanos se articularon desde fines de siglo XIX, primero, iniciando el transporte y, en seguida, la producción de banana, que creció vertiginosamente hasta que la Compañía Fruticultora (UFCo-United Fruit Company) adquirió las mayores plantaciones de la región.

En 1904, el empresario norteamericano Minor Keith ganó el contrato para finalizar la red ferroviaria interoceánica (iniciada en 1892) y, como recompensa, recibió el control del ferrocarril y del puerto caribeño de Puerto Barrios. En 1912 se crearon los Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica que, al fusionarse con la UFCo, consiguieron concesiones de los puertos nacionales, en los océanos Atlántico y Pacífico.

La crisis mundial de 1929-1930 coincidió con la elección del general Jorge Ubico (1930-1944), el último caudillo liberal y cuya conducción política fue un trágico ejemplo de estabilidad y orden obtenidos a costa del estancamiento de la vida social, cultural y política de la sociedad. Enfrentó la crisis paralizando la actividad del Estado y otorgando a los latifundistas una moratoria en el pago de sus deudas. Ubico promulgó una ley que, con el pretexto de combatir la ociosidad, forzaba al trabajo a los indígenas que “no pudiesen comprobar” haber trabajado en el campo por lo menos 150 días. El general Ubico fue finalmente depuesto por una insurrección popular.

Vista del Cerro de la Cruz de donde se ve la parte antigua de la ciudad de Guatemala (Edgar de León/Creative Commons)

La reforma de Arbenz

En la historia del siglo XX fue importante la llamada Revolución de Octubre, entre 1944 y 1954, la cual puso fin al Estado liberal y debilitó los intereses de la oligarquía cafetalera. Ese breve período democrático impuso muchas innovaciones institucionales y reformas en la arcaica sociedad rural, en el sector laboral, de la educación, la salud y la economía. La más importante de esas reformas fue el Decreto 900, o Ley de Reforma Agraria (mayo de 1953), que se propuso acabar con las relaciones de servidumbre en el campo, abrir las puertas al desarrollo capitalista independiente por medio de la expropiación legal de las tierras no cultivadas, entregándolas a los campesinos que las solicitasen, e iniciar la industrialización bajo control nacional.

La reforma agraria impulsada por Jacobo Arbenz Guzmán entregó tierras a 100.000 campesinos y expropió 1,5 millones de acres de los latifundios privados. Este hecho, considerado un golpe a la estructura de dominación tradicional, en el contexto de la Guerra Fría, fue interpretado como un proyecto comunista; de igual manera, a la UFCo se le expropiaron 550.000 acres de tierra no cultivada. Bajo esta óptica ideológica, el proyecto nacional popular de Arbenz fue derrotado en julio de 1954 como resultado de la intervención norteamericana directa. Las fuerzas revolucionarias fueron duramente perseguidas en nombre del anticomunismo.

Fue difícil constituir un poder contrarrevolucionario en el país después de 1954, a pesar del apoyo norteamericano a las fuerzas antiarbencistas, que formaron una inestable, pero poderosa “triple alianza” con los intereses tradicionales: la Iglesia Católica, los empresarios y los militares. A partir de esa fecha, y durante las décadas de 1960 y 1970, hubo varios procesos de modernización y de cambio económico que tuvieron, como veremos, expresiones contradictorias en sus efectos sociales. A partir de 1955, la política económica de la dictadura militar se orientó en dirección a la demanda de nuevos productos agrícolas, alentada por las fuerzas del mercado internacional, lo que trajo como consecuencia la modernización de la economía exportadora, gracias al algodón, la carne bovina, el azúcar y la explotación forestal. También se incentivó una primera etapa de crecimiento industrial bajo la protección del proyecto del Mercado Común Centroamericano (de 1960 en adelante), cuyo auge se extendió hasta 1980.

La intensidad de la modernización económica acarreó una amplia diferenciación social, especialmente en el campo. Así, apareció un campesino expropiado de su tierra que no se proletarizaba, solamente se empobrecía, y otras modalidades sociales del campesinado que tuvieron en común la pérdida de la seguridad del trabajo y de la renta. En la ciudad, la modernización fue contradictoria, en virtud de ese juego que distribuyó de manera desigual las ganancias del progreso técnico, empobreciendo a los sectores menos favorecidos como producto de las altas tasas de desarrollo. Se dio un aumento de la población urbana y de los sectores medios, pero la descomposición en el artesanado, de la misma manera que en el campo, no produjo proletariado, sino ocupación informal o desempleo disfrazado.

Los procesos de cambio socioeconómico produjeron un tipo de Estado que, lentamente, se despojó de los peores rasgos del Estado liberal oligárquico y, paradójicamente, al crear nuevas instituciones y nuevas funciones, adoptó la versión de un poder promotor desarrollista. Pero ese tipo de desarrollismo estatal era de corto vuelo, pues el programa modernizador en el área económica estuvo acompañado, en la política, de expresiones severas de un Estado terrorista, una modalidad autoritaria que, como contrapartida, alentó a partir de 1962 respuestas violentas de algunos grupos radicales.

Últimos conflictos del siglo

El fenó­meno más importante de los últimos treinta y cinco años del siglo XX fue la constitución de una dialéctica contradictoria a partir de 1966, cuando se estableció un Estado contrainsurgente, un poder inspirado en la doctrina de la seguridad nacional, pero con gobiernos militares surgidos a partir de periódicos procesos electorales, no necesariamente fraudulentos, una especie de “democracias de fachada”, como fueron calificadas en aquel momento. Guatemala vivió en esa época dos experiencias guerrilleras, productos en parte del profundo descontento que produjo la derrota de Arbenz, de los efectos empobrecedores de la modernización agrícola y también de la influencia que generó el triunfo de Fidel Castro en Cuba.

Rigoberta Menchú Tum –junto a la foto de su padre quien, cuando ella tenía 18 años, fue quemado vivo junto con otras 35 personas por el ejército–, en la embajada Española, que ocupaban en protesta por las violaciones de derechos humanos, en diciembre de 2012 (Roni/Creative Commons)

La primera explosión guerrillera (1964-1968) fue una réplica de la experiencia cubana, estimulada por el terrorismo de Estado. Fue derrotada mucho más por la policía y por los escuadrones de la muerte que por un ejército entrenado con la colaboración de los Estados Unidos. El foco guerrillero dejó amargas experiencias, que fueron capitalizadas en un segundo esfuerzo (1980-1982), y que por ello tuvo diferencias sustanciales con el primero. Fue encabezado por tres organizaciones (las FAR –Fuerzas Armadas Rebeldes–, la ORPA –Organización del Pueblo en Armas– y el EGP –Ejército Guerrillero de los Pobres–), que tras un largo período de adaptación consiguieron el apoyo relativo de varios grupos indígenas. El Ejército enfrentó el desafío y, en menos de un año y medio, logró una victoria táctica que significó para la guerrilla su aislamiento de las bases sociales. En esa campaña, el Ejército cometió actos de barbarie sin parangón en la historia latinoamericana: más de 75.000 indígenas fueron asesinados y 600 poblaciones, destruidas. La insurgencia continuó, pero dejó de ser una amenaza.

En el ámbito económico (1980-1990), la crisis de la deuda externa se manifestó de forma aguda y se implantó el modelo de apertura comercial total, la privatización de las escasas empresas públicas y el debilitamiento del Estado y de los mecanismos de protección del mercado interno. La crisis provocó un largo estancamiento y, después de algunas medidas de estabilización y ajuste, paralizó la vida productiva y empobreció aún más a la población. Las políticas neoliberales de libertad de mercado modificaron la raíz tradicional exportadora y la dinámica del mercado común centroamericano. Entre sus efectos más importantes se incluye una paralización del sector manufacturero, el auge de la maquiladora extranjera y una lenta caída de la producción cafetalera y de los productos tradicionales de exportación, con un claro predominio de las actividades comerciales, de servicios y de capital financiero. También creció el monto de las remesas de los guatemaltecos que viven en el exterior.

Desde 1985, el sistema político “se abrió” a procesos electorales libres y competitivos, en el marco de una contradictoria transición hacia la democracia en medio de un conflicto armado. Desde ese período, se eligieron cuatro gobiernos civiles, constitucionales, pertenecientes a los partidos conservadores. La democracia electoral, con todas sus limitaciones, funcionó, pero no terminó de estabilizarse plenamente. En 1966, finalmente, se firmó el acuerdo de paz que puso término al débil conflicto armado. Dicho acuerdo fue el resultado de varios años de negociación, entre el gobierno y la guerrilla, en la cual fue importante la mediación de las Naciones Unidas y de varios gobiernos amigos. Alcanzar la paz significó un respaldo mayor al proceso democrático, ya que terminaron las terribles violaciones a los derechos humanos.

Los gobiernos democráticos se han mostrado incapaces de enfrentar los problemas sociales más graves, como el crecimiento de la pobreza y de las desigualdades que golpean a la mayoría de la población. También es necesario destacar el desinterés político en cumplir con los acuerdos de paz, especialmente en lo que se refiere a las recomendaciones en favor de la población indígena. El reconocimiento de las diferencias de orden cultural de las etnias tiene una dimensión material que incluye la adopción de medidas que reduzcan la pobreza extrema en la que viven, y de políticas contra la discriminación y el racismo.

La inseguridad de los ciudadanos se ha convertido en un acuciante problema, especialmente en el medio urbano. La violencia aumentó, y el Estado se mostró incompetente para enfrentar la ola de criminalidad que transformó la inseguridad en el mayor problema de la ciudadanía. La participación en los movimientos sociales es débil, a pesar del clima tolerante de esa democracia sin demócratas, seguramente porque el liderazgo fue bárbaramente diezmado en los largos años de represión. Se espera que la democracia contribuya al desarrollo con equidad.

La sociedad civil es deficiente y fragmentada, y probablemente el hecho más grave es la debilidad sostenida por los partidos políticos. El sistema político se ha resentido por la ausencia de las fuerzas partidarias permanentes, nacionales y programáticas. La democracia electoral en Guatemala será inestable sin partidos políticos y sin un Estado fuerte, un pleno Estado de derecho.

La crisis de la contrarrevolución

El año 1954 es más que una fecha emblemática en la historia del país. Estuvo marcado por varios sucesos políticos de profunda significación histórica. En ese año de 1954 terminó la breve década democrática y con ella su proyecto nacionalista y popular. El 26 de julio, debido a la conspiración norteamericana montada con ayuda de la CIA, llegó el fin del régimen revolucionario con la sorprendente renuncia del coronel Arbenz. Esa lamentable “solución” sucedió cuando los altos jefes del Ejército se unieron al golpe que el embajador John Peurifoy estuvo organizando a la vista de todos. Arbenz se retiró después de garantizar que su sucesor, el coronel Carlos Enrique Díaz, mantuviera las conquistas revolucionarias logradas en los diez años de experiencia democrática, solución que no satisfizo a los conspiradores. En el lapso de una semana, una sucesión de cambios en la cúpula militar finalizó con la llegada al poder, designado por los Estados Unidos, del coronel Carlos Castillo Armas, jefe de la principal facción anticomunista. En un mensaje cifrado, Peurifoy resumió lo ocurrido informando que la operación PB Sucess había terminado con éxito para la CIA. Ése era el nombre de la acción oculta organizada por la CIA (N. Cullather, 1999). John Foster Dulles la llamó “una gloriosa victoria”.

El triunfo de las fuerzas conservadoras, a partir de julio de 1954, marcó el comienzo de un período de dictaduras militares y de un ambiente que se caracterizó por el comunismo y la Guerra Fría. Existen varias características que resaltar. Aunque el gobierno de Castillo Armas llegase como un vendaval contrarrevolucionario, no se dio un cambio de las políticas ni de los personajes del antiguo período cafetalero-liberal. El crecimiento económico prosiguió, y la inversión extranjera aumentó visiblemente, debido al proyecto de mercado común del cual hablaremos más adelante. País de paradojas, la bonanza económica que se experimentó estuvo acompañada de una notable desestabilización política entre 1954 y 1966, como resultado directo de reiterados desencuentros internos entre las fuerzas anticomunistas, brevemente unificadas, cuando la conspiración anti-arbencista tuvo lugar.

El régimen del Coronel Castillo Armas recibió el poder con total apoyo de la Iglesia y del Ejército, de la burguesía agroexportadora y, en particular, de los Estados Unidos. El 8 de octubre de 1954 obtuvo, como candidato único, el 98% de los votos, iniciando un errático programa de desarrollo económico y una estrategia de demolición y de castigo a las herencias del arbencismo; resistió a tres tentativas de golpe militar, hasta que, el 26 de julio 
de 1957, fue asesinado por uno de sus aliados, hecho nunca dilucidado. Para normalizar la crisis provocada por la desaparición del caudillo, se convocó a elecciones en octubre de 1957. Debido al fraude en los comicios, las elecciones fueron anuladas y ocurrió un nuevo golpe de Estado, que invistió primero a un triunvirato militar y después al coronel Flores Avendaño, el más reconocido de los líderes anticomunistas. Las nuevas elecciones, convocadas para enero de 1958, no tuvieron vencedor y el Congreso Nacional decidió, finalmente, que la mayoría relativa la había obtenido el viejo general conservador Miguel Ydígoras Fuentes.

Los desacuerdos en el interior de la familia anticomunista desestabilizaron un poder que tenía el respaldo de las elites dominantes. Sucesivas oportunidades de desarrollo se perdieron. El gobierno de Ydígoras Fuentes intentó aplicar una política de reconciliación nacional y una apertura democrática que se frustró por la ausencia de fuerzas democráticas, tanto en el gobierno como en la oposición. En ese período presidencial (1958-1963), se dio inicio al proyecto de integración económica regional y a la renovación del modelo exportador, que serán analizados más adelante. La economía caminaba bien por un sendero distante de la política, que marchaba mal. En efecto, a mediados de noviembre de 1960 se produjo la más grave sublevación militar de la etapa postarbencista, una insurrección que comprometió inicialmente hasta un tercio de los oficiales. El 13 de noviembre explotó el descontento del Ejército, por la existencia de una base secreta de mercenarios cubanos, como parte de los compromisos que había aceptado el presidente Ydígoras Fuentes de colaborar con la CIA en los preparativos de la operación Playa Girón. Los rebeldes negociaron y la fuerza anticastrista se retiró del país. Fue un acuerdo “interpares”, pero con imprevistos resultados posteriores.

De hecho, hubo un significativo grupo de oficiales que no se rindió, un sector irreductible que realizó un recorrido ideológico de derecha a extrema izquierda, constituyendo así el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, integrado por cerca de veinte jóvenes oficiales, rangers entrenados en los Estados Unidos, que tiempo después formarían el primer destacamento guerrillero. Debemos recordar que en Guatemala la lucha armada, las primeras acciones contra objetivos políticos y enfrentamientos con el Ejército nacional se iniciaron con los militares, el llamado grupo MR-13 de Noviembre, encabezado por el mayor Yon Sosa, Luis Turcios y otros civiles que se incorporaron posteriormente.

El malestar político creció en esos años debido a la evidente incapacidad de gobernar y de enfrentar los problemas sociales, pero también debido a la crisis permanente que provocó la interminable lucha entre las facciones conservadoras. En la etapa final del régimen ydigorista ocurrieron sucesos importantes que se articularon, casualmente, con la emergente sublevación popular y que fueron un ejemplo elocuente de la crisis política del poder anticomunista, de la inestabilidad que lo caracterizó desde siempre. El primero fue una protesta estudiantil poco importante que, por la innecesaria represión policial, se transformó en un amplio movimiento de masas que terminó pidiendo la renuncia de Ydígoras Fuentes. A ese movimiento se lo conoció como las Jornadas de Marzo y Abril (1962) y constituyó la máxima expresión del descontento popular urbano. Fue un movimiento espontáneo que paralizó buena parte de la vida nacional durante muchas semanas. La crisis comenzó a resolverse, cuando, en una acción final, Ydígoras Fuentes nombró un gabinete militar que se encargó de establecer el orden.

Más de cincuenta muertos y ochocientos heridos, además de un número mayor de detenidos, fue el precio que pagaron las masas descontentas. La naturaleza insurreccional de las Jornadas y la respuesta militar alimentaron la irritación de sectores medios y su simpatía por la respuesta violenta, lo que llevó a varios dirigentes estudiantiles, encabezados por Edgar Ibarra, a organizarse casi de inmediato en un grupo político que después se sumó a las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) guerrilleras.

El segundo hecho tiene que ver con la esperada convocatoria a elecciones presidenciales para 1964, que el gobierno prometió que sería un evento libre y democrático para calmar a las fuerzas opositoras. La anunciada participación del ex presidente José Arévalo en las elecciones y la inminencia de su victoria atizaron el celo anticomunista y precipitaron el golpe de Estado del 30 de marzo de 1963, justamente el día en que Arévalo volvió a Guatemala. El golpe fue una decisión corporativa y se lo considera un golpe institucional, probablemente el primero que ocurrió en América Latina. En una asamblea deliberativa, los jefes del Ejército votaron por la destitución del general Ydígoras Fuentes, por la cancelación de las elecciones y por la nominación del coronel Enrique Peralta Azurdia como jefe de Estado. A partir de esa experiencia, las intervenciones militares dejaron de ser iniciativa de caudillos personalistas.

La primera irrupción guerrillera

El golpe militar de 1963, además de terminar con las expectativas pacíficas y legales de la oposición democrática, representadas en las elecciones presidenciales, convenció a muchos demócratas de la imposibilidad del camino legal. El golpe de Estado no fue antiydigorista, sino antiarevalista, lo que de hecho anuló la última oportunidad de evitar la explosión revolucionaria. La acción del MR-13 de Noviembre, los efectos de las Jornadas de Marzo y Abril, la cancelación del acto electoral y la represión empujaron a la salida insurreccional. Por esa razón, no fue casual que se apresuraran los preparativos guerrilleros y que el poderoso estímulo ideológico y material de la Revolución Cubana tuviera efectos directos y decisivos. La brutal represión gubernamental contribuyó a estimular el ánimo violento de estudiantes, de sectores de la clase media y de grupos sindicales. De manera ilegítima, el coronel Peralta y el Ejército gobernaron hasta marzo de 1966, teniendo que enfrentar a fines de ese período el surgimiento del primer movimiento insurreccional.

En enero de 1963 se constituyeron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), con cuadros procedentes del Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista) y del Frente Unido de la Revolución (FUR-demócratas progresistas), que establecieron diversas alianzas con el MR-13 de Noviembre (militares radicalizados). Alrededor de 1964, los rebeldes eligieron la región montañosa de la sierra de las Minas como foco guerrillero y también como expresión heroica de un voluntarismo de clase media, izquierdista y sin destino. De hecho, las columnas guerrilleras, alejadas de la población rural, se desplazaban a la región oriental del país con poca actividad militar, pero como una amenaza potencial y simbólica, por ser la primera vez que grupos que practicaban la violencia hacían una propaganda armada original, pero aún así no llegaron a entablar un combate militar significativo.

Entre 1964 y 1967, los grupos del frente guerrillero en el campo terminaron siendo, finalmente, controlados, perseguidos y desarmados por el Ejército, y sus eventuales apoyos populares en la ciudad castigados violentamente. Los sobrevivientes se dispersaron y/o descendieron a la capital, donde las simpatías por la actividad guerrillera fueron inicialmente importantes. En la represión desatada tuvo también un papel significativo el terror blanco, los escuadrones de la muerte integrados por civiles anticomunistas, miembros del Partido Liberación Nacional. De hecho, la lucha guerrillera cayó en la provocación del “terror rojo”, dedicándose a acciones de castigo de personalidades de derecha (políticos, periodistas, empresarios y funcionarios), de rescate económico y defensivas, estas últimas para salvar a dirigentes capturados, lo que llevó al asesinato, entre otros, de los embajadores de Alemania y de los Estados Unidos. En 1968 quedaban sólo pequeños grupos en la defensiva, en medio de un terror desatado contra todo tipo de oposición democrática.

En esa situación, el gobierno militar de Peralta convocó, en 1966, a elecciones generales, de constituyentes y presidenciales, en las cuales, sorprendentemente, venció un civil de tradición progresista, el abogado Julio César Méndez Montenegro. Como resultado del malestar que esto generaba, al ir contra los planes del gobierno militar, se pusieron por escrito las rigurosas condiciones antidemocráticas exigidas por el régimen y, contra su voluntad, una tajada de poder para el partido vencedor. Basta señalar que el gobierno del civil Méndez Montenegro fue considerado como un régimen militar más, por la abierta injerencia de los militares en los cargos públicos, por las políticas represivas, por el estilo excluyente y por la militarización de la vida social implementados por él. Se debe remarcar la existencia de una Asamblea Constituyente, con “un tercio de miembros nombrados por el Ejército”, que promulgó una Constitución (1967) que se transformó en un modelo de atraso técnico al legalizar el ejercicio autocrático y anticomunista en el poder.

Una vez derrotada la rebelión izquierdista, y aplicando la doctrina de seguridad nacional, el Ejército garantizó para sí el control total del poder, siguiendo un modelo pseudodemocrático que le permitió resolver los problemas de la sucesión y la legalidad por medio de elecciones periódicas. Así, ocuparon el Poder Ejecutivo, sucesivamente, el coronel Carlos Arana (1970-1974) y los generales Kjell Laugerud (1974-1978) y Romeo Lucas García (1978-1982). A partir de 1966 se organizó, a lo largo de un período de dieciséis años, un Estado contrainsurgente, autoritario, corporativo y, al mismo tiempo, con un limitado pluralismo reaccionario, que realizaba elecciones controladas cada cuatro años y era intransigente con la oposición democrática, reprimiendo ferozmente la movilización popular. El ejercicio de ciertas formalidades democráticas –elecciones con participación de los partidos conservadores, limitado debate público, cambio presidencial cada cuatro años, ejercicio restringido de los derechos políticos– fue la expresión de una singular ambigüedad que llevó a que se calificara esta experiencia como democracia de fachada. Una experiencia política similar contemporánea se dio en El Salvador, lo que sugiere que el poder militar contrainsurgente adoptó una modalidad pseudoconstitucional de inspiración extranjera, con formas democráticas incompletas, pero con una desmesurada capacidad represiva. La experiencia terminó por motivos similares en los dos países, aunque con efectos diversos.

Ese tipo de régimen no fue la tradicional dictadura militar, con un caudillo motivado por ambiciones personales y dispuesto a quedarse por tiempo indefinido en el poder, con un manejo arbitrario e ilegal del mismo. Sucedió algo diferente, por la presencia de una voluntad de equipo, una institucionalización que resolvió la sucesión y la legalidad por medio de elecciones cada cuatro años, pero en las cuales siempre se dio como vencedor a un militar que previamente había sido acordado. Dos o tres partidos de oposición blanda, tolerados por su anticomunismo, obtenían alcaldías y hasta un tercio de las bancas en la Asamblea. Más que una libertad de prensa limitada, hubo una autocensura y un escaso ejercicio de los derechos políticos. Esa modalidad de gobierno se descompuso internamente por razones relativas a la excesiva concentración de poder, el cual, sin control, tuvo durante el régimen del general Romeo Lucas manifestaciones patológicas, en las cuales coexistieron los más altos niveles de crueldad con una violenta represión, y el segundo foco guerrillero.

La acrópolis central del sitio arqueológico de Tikal, en la selva de Petén (Guillén Pérez/Creative Commons)

Modernización y mercado común

En el ámbito económico tuvieron lugar transformaciones estructurales que modificaron parcialmente el perfil socioeconómico de Guatemala. Durante un período de dos décadas (desde 1958-1960 hasta 1978-1980), el PBI creció a una tasa media del 5,1% anual, cifra importante por sí misma y significativa además porque, en comparación, estaba por arriba del promedio latinoamericano. Dicho crecimiento se produjo en dos procesos económicos, cuyas dinámicas no se relacionaban entre sí. Por un lado, estaban los cambios que originaron una oferta agrícola local, que se diversificó y profundizó como resultado directo de la demanda internacional de productos primarios, particularmente de los Estados Unidos. Por el otro, la aparición de los efectos más lentos de la implementación del proyecto de integración económica centroamericana.

Por influencia de la CEPAL y a raíz de la homogeneidad política alcanzada entre los gobiernos de la región, las diversas formas de cooperación bilateral llevadas a cabo luego de 1945 facilitaron las gestiones tendientes a la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericano (13/12/60). En consecuencia, se creó una zona de libre comercio que sentó las bases para una unión aduanera, y fueron introducidos una serie de incentivos fiscales, crediticios y de servicios que fomentaron la implantación de una industria de bienes de consumo inmediato y el crecimiento del comercio interregional. El Estado pasó a desempeñar el papel de promotor y protector del mercado interno, con tarifas altas, leyes de fomento, bajos impuestos para la producción local y otras medidas intervencionistas que colocaron a Guatemala en primer lugar en el intercambio manufacturero de la zona.

Al finalizar la década de 1960, el sector industrial representaba el 17% del PBI, con tendencia a aumentar su participación. Todos estos resultados introdujeron cambios en la estratificación social, en la tasa de urbanización, de empleo y en la movilidad social. Fue un proyecto de industrialización veloz y con un fuerte componente de materias primas importadas, razón por la cual el desequilibrio en la balanza de pagos aumentó con relación al valor de las exportaciones. La producción industrial, como valor agregado, pasó de US$ 98,2 millones en 1950 a US$ 153,6 en 1960 y a US$ 587,5 millones en 1980; más del 60%, en promedio, se destinaron a la exportación hacia países centroamericanos. La inversión extranjera directa aumentó y se hizo presente en las mayores y más dinámicas empresas locales (V. Bulmer, 1989, 237), tanto en las manufacturas como en las de servicios vinculados con el comercio.

Junto con la producción manufacturera urbana se dio una importante diversificación agrícola, que, hasta 1960, estaba dominada por las exportaciones tradicio­na­les de café y banana, esta última en manos de la norteamericana UFCo. Primero surgió la demanda de algodón, que encabezó el ciclo modernizador; poco después, la producción de carne bovina, de azúcar de caña y otras de menor importancia, como el tabaco y el cardamomo. Algunos datos dan idea de la velocidad del proceso. La superficie cultivada de algodón, por ejemplo, se decuplicó entre 1950 y 1963, con un aumento de la producción de 5.000 fardos anuales a más de 745.000 hacia fines de los años 70, destinados en su totalidad a la exportación. El aumento de la productividad por hectárea le permitió a Guatemala alcanzar, en los años 70, la segunda tasa media más alta del mundo. Sin embargo, en 1975, la demanda de algodón disminuyó de forma tan sorprendente como había surgido.

La producción de carne bovina se mantuvo regular debido a una creciente demanda de las cadenas de fast-food de la región de California. Entre 1961 y 1979, las exportaciones treparon de 1,9 millones de libras a 35,3 millones, con significativos efectos en la producción, debido a las exigencias sanitarias que fueron escrupulosamente cumplidas. Finalmente, y en forma simultánea, apareció la demanda azucarera que, como se sabe, fue el resultado de la división del enorme cupo cubano. La caña de azúcar fue el tercer producto que rompió el viejo patrón de la monoexportación nacional. Tanto la superficie cultivada como la cosecha crecieron con la misma velocidad de los otros productos, aumentando el valor de la producción en un período de diez años (1960-1970) de US$ 5,4 a US$ 16,2 millones (V. Bulmer, 1989), y aumentando aún más en 1977, cerca de un 30%.

El crecimiento de la producción mencionada exigió una solución diferente para el problema que surgió con el aumento desmesurado de la demanda de tierra y la disminución de la fuerza de trabajo. El algodón exigía una tierra seca y un ambiente cálido como el de la costa del Pacífico, donde se estableció. La ganadería extensiva era más exigente en la demanda de tierras para pastaje. Como se comprobó, no fue el mercado sino el Estado el que resolvió la demanda de tierras, lo cual tuvo efectos políticos, económicos y culturales diferentes. La modernización de la agricultura en Guatemala, de la misma manera como había ocurrido en el resto de la región, tuvo efectos contradictorios. Parte de la tierra se obtuvo gracias a compras forzadas, ocupaciones violentas, expropiaciones ilegales a los campesinos propietarios o con posesión provisoria. Con métodos violentos se ponía fin a prácticas usuales como el colonato (el campesino que residía en la hacienda), las aparcerías y medierías, que eran formas corrientes de darle tierra al campesinado. En consecuencia, aumentó el número de minifundistas y disminuyó el tamaño medio de la propiedad. Paradójicamente, la tierra se concentró y surgió un subsector de burguesía agraria dependiente de los grandes financistas del café.

El resultado social no fue la proletarización de un importante sector campesino, sino su empobrecimiento absoluto y relativo; también aumentó el porcentaje de los asalariados temporarios, a raíz del carácter estacional de dos de los nuevos productos. La pérdida de la renta de los campesinos afectó particularmente a la población indígena, que tradicionalmente tuvo los más bajos niveles de vida del país y las peores condiciones de protección jurídica. Las manufacturas también fueron un factor de diferenciación social, pero, en una especie de síntesis perversa; vale recordar que el empleo industrial creció a tasas menores que el crecimiento poblacional, y que el ámbito de la producción informal tuvo un aumento porcentual mayor.

Las décadas de 1960 y 1970 se caracterizaron, consecuentemente, por un crecimiento sostenido que terminó en 1979, con la segunda crisis petrolera. Una vez más se comprobó que el aumento de la riqueza, el bienestar y las ganancias económicas no benefició a todos los participantes y que, por el contrario, cuando las desigualdades económico-sociales son muy grandes, la concentración de capital es mayor y beneficia a una minoría ya enriquecida. O sea, en Guatemala las desigualdades aumentaron en un momento en que ellas se mostraron más visibles y peligrosas.

De hecho, esos resultados del movimiento económico deben analizarse a partir de la compleja perspectiva política descripta en este ensayo, ya que paradójicamente el crecimiento económico se dio en el momento en que aumentaban los problemas sociales, bajo la modalidad política de un Estado terrorista. El paraguas autoritario fue favorable al empresariado porque la demanda, poderosa en los casos de la exportación agraria, se originó en los Estados Unidos y no en el mercado interno. Pero el aumento de la pobreza y las desigualdades alimentó el malestar en el campo y en la ciudad. Este panorama se presentó en la ya mencionada década de 1970, simultáneamente al desorden que anticiparía la tempestad revolucionaria.

Trabajadores reunidos en la Plaza Central de la ciudad de Guatemala para la tradicional marcha del 1º de mayo, en 2008 (Surizar/Creative Commons)

La segunda ola guerrillera

Los gobiernos militares de “fachada democrática” se beneficiaron con el dinamismo económico, pero tuvieron que enfrentar el aumento del descontento popular, no tanto como problema, sino como peligro. En las elecciones de 1974, la oposición, encabezada por el Partido Demócrata Cristiano, presentó como candidato al general Efraín Ríos Montt, que compitió con su colega, el general Kjell Laugerud, que era el candidato oficial. Cumplida la agenda electoral, era previsible el triunfo del primero y el fraude a favor de este último, que, según la lógica del modelo, no podía perder. Mientras el general Ríos Montt tuvo que “disciplinarse” y aceptar la embajada en España, el ascenso de Laugerud hizo aumentar el nivel de descontento, generando una pérdida de confianza en el mecanismo democrático de las elecciones entre la juventud civil.

Durante esos años, tuvo comienzo en el país un notable despertar de los movimientos sociales –sindicales, campesinos, barriales, estudiantiles y religiosos–, que se organizaron después del terremoto de 1976, al controlar la ayuda humanitaria. El terremoto destruyó un buen número de aldeas campesinas y una parte de la capital, con un saldo de más de 30.000 muertos. La irritación social se topó con un poder represivo casi ilimitado; se calcula que entre 1976 y 1980 fueron asesinados más de 300 cuadros dirigentes urbanos y un número aún mayor en el campo, todo ello en un momento de auge del movimiento popular. En el campo surgió con gran fuerza el Comité de la Unión Campesina (CUC), que organizó a los campesinos pobres, los obreros agrarios, los cooperativistas y las comunidades indígenas, planteando por primera vez demandas étnicas junto a otras más clasistas.

En la Universidad de San Carlos, una institución pública, se organizó un foco de activismo radical que hizo del movimiento estudiantil una vanguardia. Ésta, de hecho, representaba una amplia ola antimilitar que fue bárbaramente reprimida. En noviembre de 1977 comenzó la Marcha de los Mineros de Ixtahuacán, a trescientos kilómetros de la capital, quienes ingresaron apoyados por más de 100.000 personas. Fue la mayor expresión de unidad popular que se había logrado. Días antes de la entrega del mando, durante el gobierno de Laugerud, tuvo lugar la llamada Masacre de Panzós, en la que el Ejército disparó sobre una concentración indígena pacífica que buscaba resolver con las autoridades un problema de tierras. Murieron 102 campesinos.

En esas condiciones se realizó la cuarta elección del modelo “militar democrático de fachada”, con el triunfo del candidato del Ejército, general Romeo Lucas García (1978-1982), que pasó a la historia como el mayor responsable de los asesinatos y desapariciones de enemigos políticos. Nuevamente, como una paradoja perversa en esa época de terror mayúsculo, hubo grandes manifestaciones de masas, como nunca se había visto en la historia de Guatemala. Como ejemplo podemos citar la marcha del 1.º de Mayo o la huelga de los trabajadores agrarios de la Costa Sur (azucareros), este último fue un movimiento sin precedentes porque terminó imponiendo su demanda salarial (febrero de 1980). En estos y en otros casos, la policía secreta asesinó, más tarde, a los dirigentes de dichos movimientos. De esa forma, al ser muertos, a plena luz del día, los dos dirigentes socialdemócratas más destacados –Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta–, desaparecía la opción legal y pública de un movimiento de izquierda democrática.

Una nueva tentativa de guerrilla se hizo pública a comienzos de 1979, luego de un largo período de organización, cuando el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) anunció su presencia, seguida meses más tarde por la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) y por las antiguas FAR, que hasta entonces tenían escasa expresión. Surgió también un destacamento del Partido Guatemalteco del Trabajo. Sin coordinación entre sí, con rivalidades y ocupando virtualmente toda la geografía del país, los frentes guerrilleros se manifestaron con proclamas insurreccionales y, en especial los dos primeros, con un masivo respaldo indígena, con comunidades que sumaban su apoyo logístico y población movilizada. Aunque la mayoría del campesinado fuera indígena, hasta ese momento éstos habían participado en forma individual. En 1979 ya no fueron reivindicaciones clasistas, sino étnicas, las que motivaron la asociación comunal. El EGP y la ORPA lanzaron ofensivas con diferentes resultados, pero fueron detenidos por el Ejército. Alertados en cuanto al peligro histórico de la movilización indígena, en junio de 1980, grupos dominantes y militares tomaron la iniciativa de atacar, en primer lugar, el apoyo de las masas. Hicieron retroceder al EGP y, con una estrategia criminal de arrasar las tierras, que se extendió hasta 1983, acabaron con el apoyo indígena.

El resultado fue una victoria militar a lo Pirro en dos etapas: la destrucción de cerca de 600 aldeas indígenas y la muerte de por lo menos 50.000 civiles (CEH, 1999), que fueron atacados con ánimo genocida. La otra etapa consistió en paralizar la ofensiva guerrillera, una derrota táctica que obligó a los sublevados a retirarse hacia zonas de refugio provisorias, ya que nunca hubo zonas liberadas. En 1981, el Ejército creó un gran cuerpo paramilitar rural, las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), lo que transformó el conflicto en un cruel enfrentamiento entre indígenas. Hasta hoy se discute cómo calificar los hechos posteriores a 1982-1983: ¿un fracaso del Ejército que no pudo destruir a una guerrilla de gran movilidad? ¿O una guerrilla que, al reducirse técnicamente a grupos aislados, dejó de constituir una amenaza real al orden político? Con algunas acciones sin futuro se mantuvo la situación militar, hasta que se alcanzó la paz en 1996.

En 1982, con el terror azotando el país, se celebró el ritual electoral y, de acuerdo con el modelo contrainsurgente, el vencedor fue el candidato gubernamental general Aníbal Guevara, que no llegó a asumir, ya que, en marzo de 1982, un golpe militar expulsó a Lucas García, el presidente que le haría la entrega del mando. En su lugar, la institución nombró como jefe de Estado, luego de varias jornadas de discusión, al general Ríos Montt. El descontento, no obstante, fue creciendo en los sectores medios más que en la cúpula militar. Muchas fueron las causas, entre otras, la conducción del conflicto entre oficiales en la línea de fuego, las evidentes violaciones a los derechos humanos, el aislamiento internacional del país, la devastadora corrupción. Ríos Montt fortaleció la represión en el campo y, al fomentar la acción de las PAC, las masacres indígenas fueron responsabilidad suya. Al mismo tiempo, curiosamente, preparó la legislación necesaria para que se organizaran con decencia las elecciones que estaban por venir. En agosto de 1983 fue derrotado por un segundo golpe militar encabezado por su ministro de Defensa, el general Mejía Víctores. La virulencia del conflicto armado disminuyó, pero no la represión política.

Los dos golpes militares revelaron una tensión interna no resuelta y, a las causas ya mencionadas, se agregaba una disputa por el poder en la cúpula castrense que incluyó problemas en la alianza con una fracción burguesa, la cual parecía estar decidida a un cambio de dirección debido a problemas de corrupción y al hecho de que el poder militar se deslizaba hacia las actividades criminales. Ello significó la descomposición del modelo de la democracia tutelada y el fin de los gobiernos militares, pero no del Estado contrainsurgente. El manejo de la crisis económica iniciada en 1980 hizo más difícil la gobernabilidad del país. Ello y los otros factores explican por qué fue un gobierno militar el que convocó a elecciones para una Asamblea Constituyente en noviembre de 1984, promulgó leyes electorales, creó instituciones típicas de una democracia (Corte Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría de Derechos Humanos) y una nueva y más moderna Constitución.

Hombre con cartel pide justicia por el genocidio, en la ciudad de Guatemala, en mayo de 2008 (Surizar/Creative Commons)

Democracia y conflicto armado

En las elecciones presidenciales de noviembre de 1985 venció la Democracia Cristiana, con Vinicio Cerezo, líder civil y de la oposición antes reprimida. Fue la primera de una sucesión de elecciones sin fraude. De esta forma, tuvo comienzo una liberalización de la cerrada estructura autoritaria, una transición en que la democracia fue anterior a la paz; o mejor, en que la participación de los ciudadanos fue paralela al conflicto armado. Esa curiosa situación de transición democrática y guerra civil al mismo tiempo también se vivió en El Salvador y en Nicaragua. Dicha experiencia fue calificada como “transición autoritaria hacia la democracia”. Se dice que el acto electoral formaba parte de una estrategia contrainsurgente, ya que el objetivo sería legalizar el gobierno contra el cual se levantaba la insurrección armada.

La extraña compatibilidad de democracia y guerra significó una fuerte presencia militar, que el régimen de Cerezo llevó adelante al precio de dos intentos de golpe de Estado para protestar contra la política fiscal y las violaciones a los derechos humanos. Aunque sus iniciativas de paz sólo hayan permitido que se convocara a una Comisión Nacional de Reconciliación, es cierto que pudo avanzar en el proyecto de diálogo con la guerrilla. En septiembre de 1990 fue asesinada a puñaladas la antropóloga Mirna Mack, lo que dio comienzo a un juicio moroso que probó la culpabilidad de varios militares del Estado Mayor Presidencial, ninguno de los cuales fue puesto en prisión.

No fueron poco importantes los efectos de la crisis de la deuda externa que paralizó la dinámica económica en toda la década de 1980, al ceder la demanda de productos agrícolas y decaer el intercambio comercial en Centroamérica. Todo ello condicionó ampliamente la vida de la incipiente democracia, paralizando particularmente la política social del régimen democratacristiano, sin recursos financieros y sin créditos internacionales. Agréguese a esto que Cerezo tuvo la decisión de aprovechar una cumbre presidencial y proponer una iniciativa de paz conocida como Esquipulas II, pronto retomada con éxito personal por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez.

A partir de la elección de Cerezo se sucedieron elecciones generales competitivas, plurales y limpias, y en las que sólo participaron civiles. En noviembre de 1990 fue elegido de forma precaria, sin mayoría parlamentaria y en medio de una brutal crisis económica, Jorge Serrano Elías. Diferentes dificultades en la gobernabilidad del país lo llevaron, el 25 de mayo de 1993, a poner a prueba la institucionalidad democrática de la nación, promoviendo un autogolpe, pues consideraba que le permitiría gobernar sin un Parlamento adverso. Serrano Elías suspendió la Constitución, disolvió el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones democráticas y creó una situación de ilegalidad inédita. De inmediato, se organizó un frente antigolpe, la Multisectorial, llamada así debido a su integración plural, y, posteriormente, la Instancia Nacional del Consenso, no representativa de los partidos, sino de la sociedad que, en diálogo con un sector del Ejército, fue convocada al Congreso Nacional. Diversos incidentes institucionales culminaron el 5 de junio con la elección del prestigioso procurador de los derechos humanos, Ramiro de León Carpio, como presidente interino. El ex presidente Serrano huyó a Panamá, donde todavía reside. En Guatemala se lo ha acusado de corrupción.

León Carpio fue un presidente sin partido y sin poder, lleno de contradicciones y debilidades en los asuntos públicos, pero que no le impidieron promover el proceso de paz. Para retornar a la plena legalidad, el 14 de agosto de 1994, hubo elecciones legislativas, en las cuales obtuvo la mayoría el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Su jefe, Efraín Ríos Montt, fue elegido presidente del Congreso, contrariando la opinión de los especialistas, que consideraban que un militar golpista no podía alcanzar ese cargo. Por tercera vez en veinte años, el general Ríos Montt apareció en el juego político. Las violaciones a los derechos humanos venían disminuyendo, pero aún sucedían, como efecto del conflicto armado. En esa época fueron repatriados, con amplio respaldo popular, los restos mortales del coronel Jacobo Arbenz Guzmán.

Con el conflicto armado aún presente, nuevamente se convocó a elecciones en noviembre de 1995, las que alcanzaron un mayor nivel de pluralismo con la participación, por primera vez en la transición de un partido de izquierda, del Frente Democrático Nueva Guatemala, con simpatizantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y de otros sectores. En el segundo turno ganó el candidato del Partido de la Avanzada Nacional (PAN), Álvaro Arzú, perteneciente a una familia de la más tradicional oligarquía nacional. Como representante de un sector empresarial, el gobierno del PAN aplicó una política económica neoliberal, efectuando las primeras y pocas privatizaciones que, a pesar de debilitar algunas funciones del Estado, dieron comienzo parcialmente a una reconocida modernización institucional. Sin embargo, el presidente Arzú entró en la historia nacional por su total respaldo al proceso de paz, del cual se hablará más adelante.

El compromiso personal de Arzú hizo posible que, en el transcurso de 1996, su primer año de gobierno, se firmaran algunos de los acuerdos de paz más importantes y que, el 29 de diciembre de 1996, se arribara al Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Tuvieron fin, pues, de modo efectivo, 36 años de conflicto armado y, de manera simbólica, un período similar del Estado contrainsurgente. Durante la gestión del PAN tuvo origen la puesta en práctica de algunas de las recomendaciones de los acuerdos de paz, siendo decisiva la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), que reunió testimonios e investigó situaciones de violencia, presentando, en febrero de 1999, un aterrador informe de catorce volúmenes titulado “Guatemala, memoria del silencio”. En dicho texto está documentada la criminal acción genocida del Ejército contra los indígenas, además de la aniquilación sistemática de la oposición democrática. El informe de la CEH fue recibido con gran expectativa pública, pero no tuvo ninguna reacción positiva de parte del gobierno. Las conclusiones y las recomendaciones del informe tuvieron como corolario un llamado a que no se repita la tragedia ocurrida, pero no alcanzaron el cumplimiento mínimo esperado, especialmente en lo respectivo a la reconciliación nacional.

Tal como ya se ha dicho, las fuerzas guerrilleras habían recibido un duro golpe en 1981-1983, que no las destruyó como organización, pero que sin embargo acabó con su capacidad ofensiva, con la estrategia trazada de avanzar hacia la capital como lugar más que simbólico en la toma del poder. En Guatemala se probó que un grupo insurreccional podía ser derrotado pero no destruido, debido a su movilidad; los grupos insurgentes se retiraron sin que el Ejército pudiera hacer otra cosa que destruir sus masas de apoyo político. En 1983, las cuatro organizaciones guerrilleras crearon tardíamente la URNG, en un intento de coordinar las acciones ofensivas en la nueva etapa del conflicto. En ese extenso período de trece años (1983 a 1996), no se efectuó un balance de lo ocurrido, en términos militares.

Al margen de los intentos de las diferentes ofensivas de la URGN y del Ejército en esos años sin resultados significativos, hay dos consecuencias visibles y comprobables que pueden explicar lo ocurrido. Por un lado, las fuerzas de la URNG dejaron de ser un peligro para el orden político nacional; o sea, no representaban más una amenaza real al poder estatal. Por otro, el Ejército no pudo terminar con la amenaza guerrillera a pesar de su fuerza material y técnica y de la ayuda externa que nunca dejó de recibir. Es difícil trazar el recorrido del conflicto, pero lo cierto es que, en la década de 1990, comenzó a perder fuerza su dimensión más sangrienta, aunque de parte del Ejército persistieran las operaciones de castigo, y de parte de la guerrilla, las acciones de expropiación económica y de propaganda. La situación llegó a tal punto que, en marzo de 1996, la URNG decretó unilateralmente el cese del fuego, lo que en otras experiencias de negociación había sido muy difícil de establecer.

El proceso de paz

El antecedente de los procesos de paz implementados en Guatemala a fines de los años 80 fue la creación del Grupo de Contadora, en 1983. Tanto la iniciativa de Contadora como las recomendaciones de Esquipulas II enfocaban a Centroamérica. Las negociaciones a favor de la paz no fueron simultáneas, stricto sensu, pero se produjeron en un mismo clima diacrónico. Fue una iniciativa de México, Venezuela, Colombia y Panamá, países en los cuales se buscaba crear las condiciones que impidieran la regionalización del conflicto, favorecer el diálogo entre los gobiernos y sus fuerzas rebeldes, además de crear condiciones para la paz, el desarrollo y la democracia. El esfuerzo de Contadora terminó con el Acta por la Paz y la Cooperación en Centroamérica, que instauró una nueva coyuntura y, al mismo tiempo, favoreció que, en una de las cumbres presidenciales realizada en Guatemala, se aprobara, en agosto de 1987, el Acuerdo de Esquipulas II, o el Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en América Central. Dicho documento constituyó la base de los mecanismos de negociación que se implementaron en el país.

Debido a que el conflicto era producto de la Guerra Fría, la búsqueda de la paz se vio facilitada a raíz del fin del enfrentamiento URSS-EE.UU. Al ya no estar interesados en contener el comunismo, los Estados Unidos trataron de ordenar democráticamente sus territorios, interrumpiendo el apoyo al Ejército para desviarlo hacia los partidos políticos y los gobiernos civiles. De la misma forma, en la búsqueda de la paz pesó internamente el cansancio moral provocado por la sangrienta guerra que afectó a la población civil, a lo que se sumó el desprestigio de un Ejército que había sido incapaz de vencer la insurrección, pero que se excedió en la violación de los derechos humanos.

En su etapa de diálogo, a la cual no fue fácil arribar, contribuyeron enormemente la alta jerarquía de la Iglesia Católica y el nuevo rol desempeñado por las Naciones Unidas, mediante la presencia de la figura legal del representante del Secretario General. En toda la región, dicho representante no fue solamente una instancia intermedia y conciliadora, sino que actuó buscando establecer negociaciones, con iniciativas propias y, posteriormente, 
con capacidad de verificación y control. La creación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua), en 1994, constituyó un sólido apoyo institucional de verificación para garantizar los avances alcanzados y asegurar el cumplimiento de algunos aspectos sensibles que sólo la ONU podía asegurar.

El proceso de paz en Guatemala fue el más lento y complejo de todos los de la región, ya que sus resultados estuvieron mucho menos relacionados con el fin del conflicto que con sus causas, y con el tipo de sociedad que debía crearse, en tiempos de paz. El proceso duró siete años (1990-1996), abarcó cuatro gobiernos y tres comisiones negociadoras. En ese lapso, el diálogo se tornó una negociación sustantiva, modificándose, de forma muy favorable, el interés de las partes y el contexto internacional. El primer paso de ese recorrido fue lainstalación en septiembre de la Comisión Nacional de Reconciliación encabezada por el obispo Rodolfo Quezada Toruño, que dio comienzo, sin resultados, a los contactos preliminares con la URNG.

En marzo de 1990, en Oslo (Noruega), el gobierno y la guerrilla establecieron el primer acuerdo básico para la búsqueda de la paz. A partir de entonces se recorrió un arduo camino, interrumpido por largos períodos de espera, en los cuales tanto el Ejército (que siempre buscó una salida militar) como la guerrilla (que esperaba una coyuntura para triunfar) se convencieron de la inevitabilidad de una salida política. Un segundo momento tuvo comienzo el 29 de marzo de 1994, en México, con el Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos, destinado a protegerlos, aún con el conflicto en marcha, y que solicitó la verificación internacional de las Naciones Unidas, las cuales de inmediato crearon la misión correspondiente (Minugua).

Cuando se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996, ya se había arribado al cese del fuego hacía nueve meses, el conflicto había disminuido en intensidad, razón por la cual el acuerdo no tuvo aspectos relacionados con la guerra, sino con la construcción de la paz. El Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas (1995), el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática y el Acuerdo sobre los Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria –ambos de 1996–, entre otros, definieron un futuro posible para una Guatemala desarrollada y democrática. Esos acuerdos fueron objeto de acalorados debates, no siempre públicos, especialmente con empresarios, militares y organizaciones populares. La voluntad del presidente Álvaro Arzú fue decisiva el último año (1996), cuando se aprobaron los acuerdos más significativos.

Los nueve acuerdos alcanzados contenían recomendaciones acerca de diferentes acciones a implementar. Algunas, como la desmovilización de la guerrilla, la repatriación de los refugiados, la reducción del Ejército en un 33%, la incorporación de la URNG como partido político, la creación de las comisiones paritarias (con indígenas) pudieron cumplirse en el tiempo previsto. Otras lograron ser aplicadas porque, de manera desigual, existió voluntad política para hacerlo, tales como la creación de la Policía Nacional Civil, la disolución del Estado Mayor Presidencial, la reforma tributaria para llegar al 12% de carga impositiva, la ampliación de la educación bilingüe y la modernización del sistema electoral y de los partidos políticos. Hay otros puntos que aún esperan su oportunidad.

No se creó una Comisión de la Verdad como en El Salvador, sino una Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), con mandato restrictivo general, sólo para establecer las acciones criminales cometidas por los militares y por la guerrilla, sin mencionar a los responsables y sin poderes directos para determinar responsabilidades. Hay otros aspectos difíciles y de más largo plazo, que señalan los deseos de un futuro ideal como la modernización efectiva del Poder Judicial, la sumisión de los militares y servicios de inteligencia al Poder Civil, la mejora de las condiciones de vida de la población indígena y el pleno reconocimiento de los derechos a las diferentes culturas, entre otros.

Efrain Ríos Montt durante el juicio de genocidio, ciudad de Guatemala, mayo de 2013 (mimundo.org)

Mujeres ixiles mayas escuchan la traducción durante el juicio en la corte del ex dictador y su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos contra esta etnia en el período de marzo de 1982 hasta agosto de 1983, en abril de 2013 (mimundo.org)

En el proceso de paz de Guatemala fue importante el hecho de que, al terminar el conflicto armado, se haya procurado desmontar la estructura de poder contrainsurgente represivo y fundar las bases de una convivencia democrática. En diciembre de 1996 se decía, en un momento de euforia inicial, que la paz y la democracia se estaban dando las manos para caminar más rápidamente. Sin embargo, no fue así como ocurrió, ya que los obstáculos para lograrlo fueron inmensos, debido a que algunos de ellos están profundamente arraigados en la historia nacional. En relación con los inconvenientes más recientes, hubo serios retrocesos en el cumplimiento de los acuerdos de paz, algunos de los cuales eran testimonio del carácter adverso del medio social y cultural para el proyecto democrático.

Cuarenta y ocho horas después de la entrega del Informe del Proyecto Archidiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica, el Guatemala Nunca Más, fue asesinado su autor, monseñor Juan Gerardi. El informe contiene cuatro volúmenes de denuncias, documentadas por la Iglesia Católica, de acciones criminales cometidas por el Ejército. Monseñor Gerardi fue asesinado a pedradas y, aunque haya dos militares acusados de complicidad, el juicio no terminó, habiendo sido prolongado de forma maliciosa. La Iglesia y el Ejército mantienen actualmente muchas diferencias. El juicio por el crimen de Gerardi, así como varios procesos contra militares, no progresó en los tribunales; más grave aún fue el ambiente de terror que acompañó a dichos procesos, ya que fueron amenazados y asesinados fiscales, jueces, testigos y policías. La mejor prueba de la falencia del sistema jurídico son los raros casos de juicios contra militares.

Otras dificultades en el cumplimiento de los acuerdos es posible atribuirlas a la precaria institucionalidad de la Secretaría de Paz, tanto en el gobierno de Arzú como en los posteriores, ya que dicha institución fue responsable de las iniciativas más importantes en lo que respecta a los aspectos operativos de los acuerdos. El resultado de la consulta popular fue un difícil obstáculo en el camino a la legitimidad de los acuerdos. Conforme a una decisión negociada en Estocolmo (Suecia), en octubre de 1996, se estableció que un conjunto de reformas constitucionales sería eficaz para modernizar la Constitución de 1985; el procedimiento de la reforma sólo podría hacerse mediante una consulta pública, la que se concretó en mayo de 1998. Con una participación del 20%, la iniciativa fue derrotada por un pequeño porcentaje de los votos.

La difícil recuperación

La economía guatemalteca salió de la etapa de estancamiento económico, de desequilibrios monetarios, de agudo déficit fiscal y de deterioro de las condiciones de vida en 1990. La “década perdida” (años 80), provocada por la crisis internacional de la deuda, coincidió con la época más violenta del conflicto armado en el país. Por esa razón se suele decir que no fue solamente una década, sino más de dos las que se perdieron por la conjunción de ambas crisis.

En algunos países, como Guatemala, la crisis de los años 80 se caracterizó no sólo por sus efectos negativos, sino porque fue de largo plazo. El PBI por habitante, en 1980, fue de US$ 1.593 (a precios constantes de 1995); a mitad de la década, en 1986, había bajado a US$ 1.296, y, quince años más tarde, seguía siendo más bajo, US$ 1.585 per cápita (CEPAL, 2003). La variación porcentual anual del PBI fue de 4,6 entre las décadas de 1950 y 1970, aumentó a 5,6 entre 1970 y 1980, bajó a 0,87 en la década de 1980, y en la década de 1990 a 2000 fue sólo de 4,1. Para ilustrar el período analizado, es necesario observar la variación porcentual anual de las exportaciones para los mismos períodos: 7,1 (1950-1970), 6,2 (1970-1980), 1,5 (1980-1990) y 8,3 (1990-2000). La estructura de las exportaciones se desorganizó, el café mantuvo una tendencia descendente en volumen y precios que históricamente no pueden volver a subir.

La retracción económica produjo desocupación en el campo y la ciudad. La proporción de hogares en situación de pobreza en 1980 era del 65%, y en 1998 había bajado sólo al 54%, pero en al medio rural, y durante los mismos años, fue del 79% y el 65%, respectivamente. Sin duda, esto se relaciona con uno de los efectos más graves de la crisis, el debilitamiento del papel del Estado, sobre todo en su capacidad de recaudar impuestos. Así, el gasto social público fue del 4% del PBI en 1980, bajando al 2,5% en 1990, y en 1995 fue de 3,6%, o sea, inferior a lo que había sido quince años antes. Tal vez fuese más elocuente el gasto gubernamental en educación por habitante, que de US$ 29 (a precios de 1995) en 1980, bajó a US$ 22 en 1990 y en 1997 era de sólo US$ 27.

A comienzos de los años 90 hubo una lenta reactivación económica, con un cambio en la estrategia de desarrollo, al abandonarse la política de sustitución de importaciones centrada en la industrialización, fomentada por el Estado. Se puso fin a las medidas de promoción manufacturera basada en subsidios, incentivos y mecanismos de protección, y desde esa época se observó una tasa de industrialización decreciente, si se exceptúa la maquila. El énfasis está puesto ahora en el papel subsidiario del Estado, en la apertura del mercado local al exterior y en la búsqueda de una gran estabilidad macroeconómica. Existe también interés en una integración mayor con Centroamérica y con otros mercados.

El fin del conflicto armado ayudó a promover cierto dinamismo en la economía, pero el gasto social no se recuperó, siendo el menor de toda la región. De hecho, Guatemala no recuperó los índices básicos per cápita de 1960, ya que hasta el momento experimentó un crecimiento incierto, tal vez porque, o a pesar de que, ese crecimiento se apoya en el sector exportador. No obstante, las reformas macroeconómicas aplicadas en los últimos quince años en las exportaciones no generaron el dinamismo suficiente en relación con las importaciones. Se hicieron notables progresos, aunque todavía falte avanzar con las exportaciones no tradicionales. La composición de las exportaciones varió significativamente. La exportación de recursos naturales bajó del 74,1% en 1990 al 48,3% en 2000, en tanto que las exportaciones de manufacturas aumentaron del 24,35 al 50% en los mismos años. Sin embargo, en estas últimas cifras está incluida la maquila, cuya contribución es discutible ya que, exceptuando la suma representativa de los salarios, el valor agregado de esas “exportaciones” es insuficiente.

Debemos señalar el hecho de que las remesas de los inmigrantes constituyen, actualmente, la fuente más importante de divisas, cuatro veces mayor, en 2004, que la producción de café. Las cifras no son precisas, pero rondan en torno a los US$ 2.200 millones. La apertura del mercado y la competencia externa fomentó la transformación estructural de una parte de la economía, al tratar de alcanzar más eficiencia y productividad; no obstante, el efecto negativo fue un fuerte incremento de las importaciones. Entre 1990 y 2000, la tasa media de expansión anual del PBI fue del 3,5%, pero con un crecimiento demográfico cercano al 2,3%. En resumen, el insuficiente crecimiento económico tiene sus raíces en una deficiente inserción en el comercio internacional, en la lentitud de la renovación del sector industrial y en la existencia de un Estado débil.

Una mirada al siglo XXI

No debemos hacer conjeturas sobre el futuro sin plantarnos correctamente en el presente, que es desde donde lo miramos. Conocer las fuerzas sociales en movimiento es tan importante como descubrir lo nuevo que surge. Muchos de los problemas de la sociedad guatemalteca se originaron en el atraso político, en la debilidad del Estado, que debe modificarse, ya que es allí donde parecen concentrarse los otros problemas.

Dadas las raíces autoritarias de este país y su historia de elecciones sin democracia, es importante subrayar los efectos que tuvieron, en el escenario de los últimos veinticinco años, las elecciones sin fraude y la participación de la población. La celebración de votaciones competitivas, libres y honestas no fomentó suficientemente la organización de los partidos políticos. El sistema adolece de una falta de definición, en forma permanente, de los actores políticos, a la vez que no delimita los escenarios de la disputa de los diferentes intereses sociales, ideológicos y culturales existentes.

Las elecciones continuarán en el futuro, pero en su organización y desarrollo los electores deberán transformarse en ciudadanos plenos por el ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales. Hay tendencias en esa dirección, que pueden fortalecer las instituciones del sistema político y estabilizar la democracia. El resultado deseado será la reconstrucción del Estado, para que surja un Estado democrático de derecho con poder administrativo y moderno, eje del cambio social y representativo de la multietnicidad nacional.

Las relaciones entre democracia y mercado pueden ser positivas, y una economía próspera activará la vida política. El modelo primario exportador está en crisis. Diferentes trabajos prospectivos, pero realistas, formulados por instituciones y especialistas, subrayan la importancia de crear o fortalecer en el futuro inmediato un nuevo modelo apoyado en los siguientes cuatro nuevos motores de desarrollo:

• transformar las conocidas y extensas zonas agrícolas de vocación forestal en un dinámico sector de exportación de pulpa para hacer papel, madera y sus derivados;

• modernizar los accesos y servicios de los numerosos lugares turísticos en funcionamiento y ampliar el turismo para nuevas regiones de atracción, mejorando y modernizando la oferta actual;

• nacionalizar y ampliar la industria de la maquila a nuevos productos susceptibles de tener “vínculos” con la materia prima nacional, garantizando así un mayor valor agregado;

• fortalecer la producción agrícola de los productos susceptibles de transformarse industrialmente, o sea, de promover una agroindustria básica nacional.

La entrada de divisas, bajo la forma de remesas familiares, seguirá aumentando, y es probable que los envíos sean abaratados y asegurados; puede tener éxito el proyecto de organizar redes de servicio que permitan que las remesas también tengan una finalidad productiva. El monto al que arribaron ya lo merece, puesto que hasta ahora esos millones de dólares van a las manos de la población pobre, que los utiliza para el consumo inmediato y para solucionar los problemas de supervivencia familiar. Es necesario darles una finalidad productiva en beneficio de los mismos destinatarios.

Contrariamente a los intereses de las organizaciones sociales y sin estudios técnicos como era deseable, el Congreso de la República aprobó bajo fuerte presión, el 14 de marzo de 2005, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Posteriormente surgió un debate acerca de una agenda complementaria que podría corregir los aspectos negativos 
que el tratado produjera en la sociedad guatemalteca. El futuro prevé una dependencia más acentuada del mercado del Norte, mayor influencia política de los Estados Unidos, así como efectos negativos de la globalización en la soberanía nacional, en el crecimiento de las desigualdades y en la pobreza. La vinculación entre los países de Centroamérica aumentará, con mayores intercambios sociales, culturales y políticos y menos en el sector económico.

A partir de los acuerdos de paz se ha ido generando, dentro de círculos cada vez más amplios, el reconocimiento de que Guatemala es una sociedad multicultural y pluriétnica. En los próximos años, dicho reconocimiento tendrá que ser puesto en práctica. Un desafío mayúsculo será crear un medio social inclusivo y solidario, lograr la plena incorporación de la población indígena, su participación, pero respetando al mismo tiempo las diferencias culturales, incluso el idioma y su derecho consuetudinario, sus costumbres y su imaginario religioso e intelectual. El camino es arduo, y el comienzo del siglo XXI reveló los poderosos obstáculos a vencer: las prácticas de discriminación y racismo, arraigadas en el comportamiento del mestizo o del blanco, o sea, de los no indígenas. Y terminar con las precarias condiciones de vida y con el atraso socioeconómico en el que viven los indígenas hace más de quinientos años.

Un aspecto estructural para resolverse en este milenio es el relativo a la pobreza, que destruye la existencia de más de la mitad de la población. Junto a éste se encuentra otro problema, igualmente grave, que es el de las múltiples desigualdades, que hacen difícil –o tienen efectos negativos– la aplicación de los proyectos de desarrollo y de lucha contra la pobreza. Existen varios programas para tratar de atenuar los peores efectos de la pobreza. En especial, las Metas del Milenio, a las cuales Guatemala adhirió, y que proponen reducir a la mitad (entre 1990 y 2015) el número de personas en situación de pobreza extrema, o sea, aquellas cuya renta personal diaria es inferior a US$ 1. Además, enfrentar algunos efectos de la pobreza para alcanzar, en este mismo período, la enseñanza fundamental universal y reducir la mortalidad infantil en dos terceras partes. Se trata de una mirada optimista para el futuro, porque lo importante es la voluntad de alcanzar dichas metas.

Otto Pérez Molina, durante su asunción en enero de 2012 (Surizar/Creative Commons)

El sistema político es débil y el Estado lo es aún más. En consecuencia, deben sobreponerse a los efectos negativos del conflicto armado, especialmente en la administración de justicia y de policía y en la transformación del Ejército en una fuerza técnica bajo control civil. La población todavía espera el castigo de los responsables de los bárbaros crímenes cometidos por los militares y por los civiles. La impunidad generalizada deberá acabar, ya que la democracia tiene relaciones con la justicia, y, si ésta se vincula al narcotráfico, es previsible que el país siga siendo un creciente depósito y ruta de drogas hacia los Estados Unidos, lo que implica un aumento del lavado de narcodólares. Eso tendrá efectos no sólo en el crecimiento del consumo interno, sino también en la corrupción política.

Esta sociedad será más moderna en su cúpula y más atrasada en las bases sociales, conviviendo sin mayores problemas con una elite moderna, culta y cosmopolita, con masas sometidas a una gran miseria intelectual y material. Es difícil predecir cuánta pobreza podrá soportar esta democracia política, que se mantendrá sin profundizarse. Es probable que, como ocurrió en 1871, 1921 y 1944, surjan fuerzas progresistas que modifiquen ese futuro sombrío y que se repita la alianza de la clase media con un empresariado moderno, a su vez apoyados por el indispensable movimiento indígena progresista. Esta sociedad cambia a grandes saltos y se expresa en profundas crisis y cataclismos sociales. La sociedad del futuro será menos desigual, aunque con pobreza, se acentuará su condición multiétnica, y el Estado democrático moderno deberá reflejar esa importante condición nacional.

(actualización) 2005 - 2015

 por Fernanda Gdynia Morotti

De 2005 a 2015, Guatemala tuvo elecciones democráticas. En ese período se eligieron tres gobiernos de partidos distintos que tenían perfiles y proyectos propios. Sin embargo, ninguno de ellos avanzó en la lucha contra los problemas que la población considera más urgentes: la violencia y la impunidad. Las estadísticas impresionan. En 2013, el número de asesinatos por semana llegó a 101 casos, según datos de la Policía Nacional Civil; en ese mismo año el total de homicidios alcanzó los 5.253 casos registrados, lo que convierte a Guatemala en uno de los países más violentos de América Latina.

En lo que respecta a la impunidad, resultado de decisiones jurídicas permeadas por presiones políticas y económicas, un caso emblemático es el juicio al dictador Efrain Ríos Montt, quien gobernó el país entre 1982 y 1983 gracias a un golpe militar apoyado por los Estados Unidos. Fue llevado al tribunal en mayo de 2013 y sentenciado a ochenta años de prisión por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, diez días después la pena terminó siendo anulada por la Corte Constitucional guatemalteca. En 2015 el general continuaba libre.

Hay que agregar que la violencia guarda una relación directa con la pobreza. Y, una vez más, si bien en la última década se registró una leve mejoría, los números son alarmantes. Con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,581, Guatemala ocupa el 133° lugar entre las 186 naciones que participaron del levantamiento en 2013. Más de la mitad de los guatemaltecos vive por debajo de la línea de pobreza y el 15% en condiciones de pobreza extrema. Además, la desnutrición y las condiciones de salud precaria, entre otros factores, explican la tasa de mortalidad de 32 casos en un año cada mil nacimientos (Unicef, 2012). La población tenía la esperanza de un gobierno de realizaciones populares, pero la perdió con la elección del socialdemócrata Álvaro Colom, que conquistó la presidencia en 2007 luego de un proceso tumultuoso. Ese año, cincuenta políticos y activistas ligados al futuro presidente terminaron asesinados. Y al año siguiente, Rodrigo Rosenberg, uno de los principales opositores de Colom, también fue asesinado. Unos meses antes, Rosenberg había grabado un video con un informe que vaticinaba su propia muerte y hacía responsable al presidente. En esta situación, a Colom se lo amenazó con la destitución y el crimen pasó a ser investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad, organismo ligado a las Naciones Unidas. La Comisión llegó a la conclusión de que el mismo Rosenberg había encargado su propio asesinato para desestabilizar al gobierno. Y en la práctica fue así, pues Colón gobernó todo el tiempo bajo sospecha.

Poco después, en 2012, con el apoyo de los medios de comunicación y de los Estados Unidos, el general Otto Pérez Molina conquistó la presidencia en las urnas. Aunque estaba acusado por la Corte Internacional de los Derechos Humanos de perpetrar masacres en la población indígena y de estar involucrado en la muerte del obispo Juan Gerardi, ocurrida en 1998, Molina venció en las elecciones prometiendo mano dura para combatir el crimen. Del discurso a la práctica, el esfuerzo del gobierno se focaliza en las áreas más peligrosas de la capital, como el barrio de El Mezquital y sus alrededores, la llamada Zona Roja. En ese lugar el foco es la prisión de narcotraficantes, con una fuerte presencia policial.

Apenas comenzado el mandato, el presidente promulgó leyes con la intención de dar transparencia a la gestión gubernamental y lanzó un paquete fiscal con el objetivo de atraer inversiones extranjeras. Desde 2010, por otra parte, el PBI viene creciendo un promedio de 3% al año, pero los índices de pobreza y desnutrición crónica (43% de la población infantil con menos de 5 años sufren este problema) se mantienen iguales. La situación es especialmente delicada en el campo, donde no llegan los servicios básicos de salud ni de educación. Ante esta situación, Molina prometió reducir la desnutrición infantil un 10% antes de concluir su gestión. Se anunciaron y pusieron en marcha varios proyectos de asistencia social. Y el más importante de ellos está dirigido a fortalecer la economía rural por medio de la agricultura familiar, ofreciendo a los campesinos las condiciones para que desarrollen cultivos de subsistencia. Sin embargo, los montos de las inversiones fueron bajos, y el oficialismo justifica la escasa efectividad del proyecto en los problemas administrativos, las auditorias y los obstáculos para distribuir el dinero. 

Álvaro Colom Caballeros, presidente de Guatemala en el Foro Económico en América Latina de 2010, en Cartagena, Colombia (World Economic Forum/Edgar Alberto Domínguez Cataño)

Estudiantes protestan en ciudad de Guatemala, en marzo de 2012 (Cordelia Persen/Creative Commons)

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