Nicaragua

Mônica Rodrigues (texto de actualización de la entrada, 2006-2015)

Pequeño país de América Central, Nicaragua tiene un poco más de 5,8 millones de habitantes distribuidos en sus 130.000 km² de extensión. Comparte con los demás países centroamericanos una vida política agitada, signada por invasiones extranjeras, guerras civiles, dictaduras y revoluciones. El idioma oficial es el español, aunque también se hablan los siguientes idiomas: inglés criollo en las costas del Caribe, misquito en la región norte, sumo en la región septentrional fronteriza con Honduras y otras lenguas en proceso de extinción, como garifuna y rama, en el centro del país. Alrededor del 60% de la población es católica y el 15% profesa diversas religiones evangélicas.

Nicaragua se independizó de la Corona española en 1821 y comenzó su vida republicana como Estado soberano en 1838. Subordinada al mercado mundial, desde la colonización hasta la actualidad, se ha mantenido bajo una economía dependiente y exportadora de materias primas, lo que constituye la causa de su empobrecimiento secular. A comienzos del siglo XXI, una parte de sus divisas provenía de remesas enviadas por emigrantes, de los cuales cerca del 20% había emigrado a la vecina Costa Rica y a los Estados Unidos.

Tras la Revolución Sandinista (1979-1990), de orientación nacionalista y popular, la economía nicaragüense depende de pequeños productores o trabajadores autónomos. Por lo tanto, se trata de una economía que compite en condiciones desfavorables con los empresarios nacionales y con las grandes corporaciones transnacionales. Desde la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en 1990, y desde la restauración conservadora, la política económica de sucesivos gobiernos ha impuesto a la economía y a la sociedad nicaragüense una orientación neoliberal. Esto ha debilitado progresivamente los cimientos del Estado-nación.

Dentro de esta contradicción, por un lado, la vida política nacional muestra diversos niveles de resistencia, tanto por parte de los sectores populares como de los pequeños y medianos productores. Se trata de una resistencia que incluye posiciones convergentes de las principales fuerzas mayoritarias del país (el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista) contra el gobierno conservador, que en Nicaragua representa los intereses del gobierno de Washington.

Por otro lado, con raíces en la existencia de una naciente economía popular y ante la presencia beligerante de los movimientos sociales, se ha iniciado un debate sobre el fortalecimiento de los gobiernos municipales, en busca de una democracia participativa que complemente y compense las limitaciones de la democracia representativa.

La antigua Catedral de Managua, en la ciudad de Managua, capital de Nicaragua (David Polo/CreativeCommons)

De los aborígenes a la colonización

La historia política de Nicaragua fue una constante secuencia de conquista y colonización, dictaduras militares, intervenciones extranjeras neocoloniales e imperiales, revoluciones políticas y sociales, guerras civiles y pactos de gobernabilidad.

Desde la invasión española hasta la actualidad, los recursos naturales y humanos del territorio han sido saqueados y diezmados bajo formas de explotación extractivas y depredadoras a favor de intereses económicos extranjeros.

Según las últimas investigaciones arqueológicas, las primeras huellas de grupos nómades en Nicaragua –de los cuales se han encontrado figuras humanas grabadas en piedra– se remontan a 8.000 años antes de la era cristiana. Eran cazadores, pescadores y recolectores silvestres. Hay evidencias de verdaderos asentamientos dedicados, entre otras actividades, al cultivo del maíz, en el período que va desde el año 4000 a.C. al 1550 d.C., fecha de la conquista perpetrada por los españoles.

Para dichos asentamientos se señalan dos orígenes: uno proveniente del sur de América, correspondiente a grupos misquitos, sumos y ramas, y otro oriundo del norte de América, compuesto por los grupos chorotegas y nicaraguas. Los primeros se establecieron en las costas caribeñas o en el Atlántico nicaragüense, mientras que los otros se instalaron alrededor de los lagos y volcanes ubicados cerca del océano Pacífico. Ninguno de esos grupos llegó a alcanzar el grado de integración que lograron las comunidades peruanas o mexicanas.

La organización social de esas comunidades se basaba en lo que se conoce como modo de producción tributario, una especie de comunalismo agrario, en el cual la tierra le pertenecía a la comunidad, pero su posesión era ejercida por las diferentes familias que, a su vez, les destinaban un tributo a las autoridades.

Nicaragua fue ocupada por Cristóbal Colón en el año 1502, durante su cuarto y último viaje a América. La conquista comenzó veinte años después, desde el descubrimiento del océano Pacífico por los españoles. Las principales riquezas codiciadas por los mercaderes españoles fueron el oro, la plata y los esclavos indígenas que eran enviados a las minas de Perú o destinados a trabajar para los encomenderos.

Los nativos nicaragüenses sufrieron la extinción demográfica producida por la conquista, particularmente debido a epidemias como la viruela y la gripe, además de la insoportable explotación esclavista. Se sabe que, de los 500.000 indígenas que habitaban en Nicaragua, en poco más de 50 años sólo quedaban cerca de 15.000.

El sistema de explotación de minas y cultivos de materias primas se organizó mediante una serie de instituciones llamadas reducciones, encomiendas y repartimientos, a través de las cuales los indígenas, las tierras y los tributos eran destinados a las autoridades españolas.

La Iglesia Católica desempeñó un importante papel en la conquista y colonización por medio de la evangelización o conversión forzada de los indígenas al cristianismo católico medieval español. Es conocida la división del trabajo de la Iglesia Católica en la conquista y colonización de Nicaragua. Mientras unos, los inquisidores, apoyaban a las autoridades militares y civiles en lo que se refería al trabajo esclavo y servil de los indígenas, otros se preocupaban y criticaban a dichas autoridades por poner a los nativos en peligro de extinción, y recomendaban el traslado de esclavos negros de África hacia estas tierras.

Hacia el fin de la conquista, emprendida en el siglo XVI, Nicaragua fue colonizada principalmente por los españoles. Sin embargo, hubo en la región una presencia significativa de franceses, ingleses y norteamericanos, bajo diferentes modalidades, tales como protectorados o territorios anexados por Gran Bretaña o enclaves económicos en manos de compañías de los Estados Unidos. Un vestigio de esa presencia es el mestizaje de la población y el sincretismo religioso, que dieron origen a estratificaciones de carácter étnico, así como también a fanáticos comportamientos socioculturales signados por el sectarismo y el dogmatismo.

Cuando decreció la producción de oro, los conquistadores se dedicaron a la explotación agrícola, principalmente al cultivo del cacao y del añil (una planta colorante).

Al mismo tiempo, se ocuparon de la ganadería, exportando animales vivos u obteniendo carne, así como también explotando el cuero. Asimismo, se registró la construcción de astilleros y barcos que eran utilizados para la exportación de esclavos a Perú. Paralelamente a la construcción de las embarcaciones, se explotaba la madera y la brea, las cuales eran extraídas de extensos pinares. La población indígena proveía de mano de obra a los propietarios de las tierras y se dedicaba a la producción de alimentos de subsistencia.

La Reserva Natural Volcán Mombacho, área preservada de Nicaragua (Wikimedia Commons)

Independencia: dictaduras y pactos

El monopolio colonial español comenzó a debilitarse en el siglo XVIII, como resultado de la competencia entre los países europeos y los del norte de América, par­ticularmente los Estados Unidos. La erosión de la exclusividad comercial española se inició con el contrabando y las incursiones de piratas, bucaneros o corsarios al servicio de los países europeos, y continuó con la penetración de fuerzas mercenarias provenientes de los Estados Unidos.

El golpe más importante a la hegemonía española sucedió a mediados del siglo XVIII, cuando Gran Bretaña decidió ocupar una parte del territorio nicaragüense del Caribe con fuerzas invasoras enviadas desde Jamaica. La ocupación inglesa del territorio misquito duró hasta fines del siglo XIX y luego fue reemplazada por fuerzas estadounidenses y, finalmente, por el gobierno de Nicaragua.

A partir de la ruptura colonial (1821), el país forjó su vida política en medio de crueles vicisitudes. Primero se independizó de España y se vinculó al imperio mexicano y a la Federación Centroamericana liderada por Guatemala. Más tarde, en 1838, logró su independencia política total.

Internamente, la incapacidad de los grupos dominantes para imponer su hegemonía al resto de la sociedad nicaragüense los llevó a probar varias veces el ejercicio dictatorial del gobierno. Se trató de situaciones poco duraderas, dado que los opositores las neutralizaban, recurriendo a lo que, livianamente, llamaban “revolución”. En realidad, no pasaban de levantamientos en los cuarteles, que acababan en pactos en la mesa de negociaciones de la clase política dominante, en la mayor parte de los casos con la presencia de fuerzas internacionales.

La primera guerra civil tuvo lugar en 1824. En ese entonces comenzaron las intervenciones, las dictaduras y los pactos. En 1838 se promulgó la primera Constitución del país y sobrevino el acuerdo entre los monárquicos (ideológicamente apoyados por la tradición colonial y por la jerarquía católica) y los republicanos (estimulados por las ideas liberales recién llegadas de Europa). Los monárquicos eran identificados como granadinos, conservadores y católicos, defensores de los intereses de la oligarquía rural y comercial, mientras que los republicanos eran leoneses, liberales e intelectuales, defensores de los intereses de los productores o empresarios en general.

La causa del atraso de la formación del Estado-nación fue la incapacidad de las clases dominantes nicaragüenses de mantener a la población unida, fruto tanto de la inexistencia de una verdadera clase nacional como de la presencia, internamente solicitada, de fuerzas extranjeras interesadas en la división del país. Fue así como, a mediados del siglo XIX, se estimuló la llegada de empresas norteamericanas y de fuerzas militares mercenarias, provenientes de los Estados Unidos, bajo el pretexto de que el naciente Estado nicaragüense necesitaba protegerse de los gobiernos europeos.

En la década de 1850, la empresa American Atlantic and Pacific Ship Canal Company, cuyo propietario era el norteamericano Cornelius Vanderbilt, obtuvo la concesión de la construcción y la posesión exclusiva de un canal en Nicaragua. Mientras se construía el canal, otra empresa de Vanderbilt llamada Acessory Transit Company (Compañía de Tránsito) ganó los derechos exclusivos de uso de rutas terrestres y fluviales a través del territorio nicaragüense. Ello le permitió ofrecerles a los norteamericanos un servicio relativamente barato de traslado de pasajeros entre Nueva York, en la costa este de los Estados Unidos, y San Francisco, en California (costa oeste).

Para la misma época, un aventurero llamado William Walker llegó a Nicaragua, se proclamó presidente de la República, estableció la esclavitud y pretendió convertir al país en un Estado más de la Unión Americana. Las dos fuerzas políticas tradicionales nicaragüenses, legitimistas y democráticas, quedaron esta vez excluidas de los beneficios de la ocupación y decidieron firmar el denominado Pacto Providencial. Con el apoyo de los demás países centroamericanos, los nicaragüenses lograron expulsar a los mercenarios norteamericanos, que huyeron del país dejando a Granada, la ciudad sede de la oligarquía, en llamas.

A partir de ese momento, conservadores y liberales se sucedieron periódicamente en el poder, sin que ninguno de ellos alcanzara una verdadera hegemonía sobre el otro. El síndrome de la intervención solicitada por los dos partidos sería la tónica de la vida política nacional hasta la actualidad.

Los conservadores, grupo oligárquico que gozaba de hegemonía en la ciudad de Granada, gobernaron entre los años 1858 y 1893. La democracia que ellos establecieron giraba alrededor de un sector muy limitado de ciudadanos, al estilo de las ciudades Estado de la Grecia antigua. En 1874, de los 250.000 habitantes, menos de mil ciudadanos pudieron ejercer el voto para elegir al presidente de la República, cargo que en esa oportunidad recayó en uno de los representantes de la oligarquía granadina, llamado Pedro Joaquín Chamorro Alfaro.

Los famosos “30 años conservadores” se iniciaron con el cultivo del café y con la modernización de la infraestructura del país, en medio de una ofensiva contra los campesinos de las comunidades indígenas, con el fin de apoderarse de sus tierras y de obligarlos a trabajar en las incipientes haciendas de café. En 1881 tuvo lugar el levantamiento de las comunidades indígenas de Matagalpa, al norte del país, brutalmente sofocado por el gobierno nacional.

La Catedral de León, en Nicaragua, declarada en 2011 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (Brassmaster/WikimediaCommons)

La lucha por la liberación nacional

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, durante el auge de la producción de café, Nicaragua intentó emprender su Revolución Liberal, representada y simbolizada como el alejamiento de la oligarquía conservadora. Paradójicamente, aquélla se inició en el seno del mismo Partido Conservador, cuando uno de sus presidentes, de orientación liberal, expulsó a los jesuitas. Dicha revolución comenzó en 1893, encabezada por José Santos Zelaya, un aristócrata que había estudiado en Europa. Durante su primer año se decretó la separación entre el Estado y la Iglesia, se eliminaron los diezmos y las primicias, se confiscaron las tierras de las iglesias, se instituyeron el matrimonio civil, el divorcio, la libertad de culto y la educación gratuita. Se privatizó buena parte de las tierras en un proceso acompañado por la promulgación de leyes que obligaban a los campesinos a trabajar en las haciendas o a alistarse en el Ejército. Se les concedieron facilidades fiscales y aduaneras a los empresarios privados, nacionales y extranjeros, beneficiándolos también con monopolios de producción (aguardiente, tabaco y pólvora) y servicios públicos (agua, teléfono, energía eléctrica, ferrocarriles y bancos, entre otros). También los artesanos recibieron algunos incentivos, como facilidades de acceso a la educación técnica y apoyo para la organización de cooperativas.

Zelaya incorporó la región de Mosquitia, que funcionaba como un reino apadrinado por la Corona británica. Su gobierno también trató de liberarse de la tutela norteamericana, buscando préstamos en los países europeos para construir el famoso canal interoceánico. Esto fue suficiente para que los conservadores, apoyados por los Estados Unidos, iniciaran un levantamiento armado forzando al presidente Zelaya a renunciar en 1909. Fue así como terminó el primer esfuerzo de una burguesía naciente por instaurar un Estado- nación independiente en Nicaragua.

Tres condiciones le faltaron a la burguesía nacional para constituir un Estado- nación: la fuerza suficiente para subordinar económicamente al resto de la sociedad, la autonomía necesaria para independizarse dentro del mercado mundial y la capacidad para establecer un verdadero pacto social con la población trabajadora y consumidora, siempre sujeta a la demagogia y al empobrecimiento.

La historia contemporánea del país tiene como protagonistas a tres grandes fuerzas: en primer lugar, a la oligarquía conservadora, apenas subsistente; en segundo lugar, a una latente burguesía liberal, que conoció su mejor época durante la dictadura somocista y, finalmente, a un proyecto nacionalista de orientación popular, iniciado a mediados del siglo XX, con la lucha antiimperialista del general Sandino, que continuó en las décadas finales del mismo siglo con una revolución emprendida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Desde la independencia del dominio de España, la subordinación a los intereses de Washington se hizo presente entre las familias conservadoras, provenientes del mundo criollo español, y los grupos liberales, surgidos de la intelectualidad religiosa y de los notables más influenciados por la modernidad entre los cánones del siglo XIX.

Durante el siglo XX, tras el derroca­miento del régimen liberal de Zelaya, un sector del liberalismo se radicalizó y aparecieron las figuras de Benjamín Zeledón y Augusto César Sandino, surgidas en el seno de los grupos liberales, ambos declarados opositores tanto de la intervención yanqui como de los grupos liberales y conservadores, que desde aquella época aceptaban, fomentaban y proclamaban el padrinazgo de los intereses norteamericanos.

Sandino abandonó el liberalismo, desencadenó una guerra de guerrillas y logró la desocupación del territorio nacional por parte de las tropas de los Estados Unidos. Los yanquis abandonaron Nicaragua militarmente, pero ocuparon su economía e instauraron la dictadura de la familia Somoza.

El primer Somoza, que permaneció en el poder durante gran parte del siglo XX, asesinó a Sandino, subordinó a la oligarquía conservadora y sentó las bases del capitalismo nacional en Nicaragua.

A fines del siglo XX, el sandinismo resurgió con el triunfo de una revolución, nuevamente esgrimiendo las banderas de la liberación nacional y de la justicia social, aunque asediado por una combinación de fuerzas liberales y conservadoras, apadrinadas, otra vez, por el imperialismo yanqui.

El general Augusto César Sandino (en el centro), en México (NARA)

La naturaleza de la oligarquía

En los análisis de clase, es común contraponer al pueblo o a las capas subordinadas a la
clase burguesa o dominante, encargada de controlar la economía capitalista. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, así como en otros países latinoamericanos subordinados al mercado mundial y a las condiciones del capitalismo reprimido y dependiente, dicho procedimiento no se correspondería con la realidad, a no ser que se incluyera a la oligarquía como un sector dominante, tanto con relación al pueblo como al resto de la sociedad nicaragüense, entre los que se encuentran los productores y los empresarios. Es por ese motivo que resulta necesario analizar la naturaleza del concepto de oligarquía, así como su expresión en la historia y en la estructura económica, social y política de Nicaragua.

La oligarquía nicaragüense, particularmente en su expresión conservadora, gobernó el país durante cerca de 150 años, salvo algunos breves momentos, a saber, el período de 1893 a 1909, durante la Revolución Liberal de Zelaya; más tarde, desde 1934 hasta 1979, tiempos de la dictadura liberal somocista; y, finalmente, entre 1979 y 1990, época de la Revolución Sandinista. Entiéndase por “oligarquía” un grupo de familias que gobiernan un país, basado en los privilegios políticos, económicos y culturales acumulados por sus antepasados.

Desde el punto de vista político, hasta el siglo XIX, la oligarquía controló a los partidos políticos, los grupos armados y los cargos presidenciales. Durante ese período no se logró una organización nacional que colocara los destinos del país bajo un solo mando. El poder se mantenía fragmentado entre grupos y subgrupos familiares, que se disputaban la presidencia en medio de intrigas gubernamentales, diplomáticas y militares. Los caudillos que gobernaban el país, lo hacían como si se estuvieran ocupando de una gran hacienda, suponiendo que la población era el equivalente, multiplicado, de los peones de sus propias tierras y que los funcionarios de su gobierno tenían que mantener la misma lealtad que les exigían a sus administradores o capataces.

Históricamente, esas familias siempre recurrieron a dos grandes aliados, que funcionaban como recursos extraordinarios de poder y, al mismo tiempo, como amenazas a su evolución y a su desarrollo: por un lado, las fuerzas mercenarias extranjeras (españolas, inglesas, centroamericanas o norteamericanas) y, por el otro, las masas populares. Cuando una de las familias era destituida del gobierno, ésta armaba a sus peones o reclutaba combatientes para luchar contra la otra familia, que la había despojado de uno de sus principales recursos patrimoniales. Si la fuerza era insuficiente, recurrían a la intervención de los marines y del gobierno norteamericano, ofreciéndoles bienes nacionales a cambio de los favores por alejar a sus adversarios políticos.

El primer acontecimiento histórico que muestra el drama de nacimiento que esas familias cargaron durante más de un siglo, y que las caracterizó como una casta dependiente, tuvo lugar a mediados del siglo XIX, cuando las familias granadinas intentaron desarrollarse comercialmente al amparo de la Compañía de Tránsito del coronel norteamericano Vanderbilt. En ese momento, una fuerza interventora del filibustero estadounidense William Walker, con el consentimiento de familias liberales y conservadoras, frustró el ascenso de los comerciantes granadinos. La Compañía de Tránsito desapareció, el filibustero fue fusilado por fuerzas centroamericanas y la oligarquía del país se sumió en su atraso y su provincianismo habituales. Historiadores conservadores suelen evitar mencionar ese lado provinciano de la oligarquía refiriéndose a la época de oro denominada “los 30 años de la república conservadora”, y ostentando como triunfo la ausencia de guerras civiles, lo que realmente fue una hazaña para el país, superada apenas por los 45 años de “paz” de la dictadura somocista.

Entre los años 1909 y 1933, las familias provincianas de la oligarquía continuaron en un proceso de mutuo derrumbe, alternándose en las revoluciones locales, con el apoyo de los marines yanquis para alejar al adversario. Durante ese período, las fuerzas norteamericanas se hicieron cargo de la administración y se apoderaron de todos los recursos económicos posibles (minas, tierras, ferrocarriles, aduanas, banco nacional, servicios de seguridad, etc.). A este período se le llama el Segundo Gobierno Conservador, a pesar de la ocupación militar de los Estados Unidos.

De 1927 a 1934, el general de origen liberal Augusto César Sandino combatió a las fuerzas militares de ocupación y a la oligarquía liberal-conservadora e inició el primer movimiento sandinista en Nicaragua. Nació así una tercera fuerza, diferente de la de los liberales y conservadores, entablando una batalla desigual contra la oligarquía y el imperialismo norteamericano. Sandino incorporó, a su manera, el patriotismo y la dignidad nacional de Benjamín Zeledón, la bandera social de los anarcosindicalistas mexicanos, origen de la bandera roja y negra, las ideas comunistas del salvadoreño Farabundo Martí y la espiritualidad de las doctrinas de la comunidad universal, en las que el indohispanismo indígena, mestizo o campesino encuentran su lugar en la historia contemporánea.

En esos momentos, la oligarquía mostró uno de sus rasgos más característicos: el entreguismo a los intereses del gobierno y de las compañías de los Estados Unidos, frustrando, de esta manera, tanto los deseos de liberación y justicia social del pueblo nicaragüense como el pasaje de la oligarquía del país al estatus de una verdadera burguesía nacional.

Después del asesinato de Sandino, ocurrido en febrero de 1934, Nicaragua vivió bajo una dictadura militar apadrinada por el gobierno de los Estados Unidos, hasta el día 19 de julio de 1979, cuando triunfó la Revolución Sandinista. Fueron 45 años de esfuerzos militares que moldearon la cultura política nacional, resistiendo al sandinismo e intentando erradicarlo.

La dictadura somocista (1934-1979)

Anastasio Somoza García era un funcionario de compañías norteamericanas o controladas por el gobierno de los Estados Unidos durante la ocupación de ese país, en la primera mitad del siglo XX. Posteriormente, se convirtió en un fiel militar al servicio del poder de Washington, en el período en que el gobierno norteamericano, presionado por el patriotismo del general Sandino, decidió descartar al Ejército de Nicaragua y establecer, en su lugar, una Guardia Nacional, cuyo mando se confió a Somoza. El éxito de la familia Somoza nació, pues, vinculado al control del Ejército nacional y a la lealtad a los intereses del gobierno de los Estados Unidos.

El dictador Anastasio Somoza García, en 1936 (Reproducción)

La primera tarea de Somoza fue asesinar a Sandino y crear las condiciones para estabilizar el país en lo referente a los conflictos tradicionales entre conservadores y liberales. De esta manera, preparó el camino para convertirse en presidente de Nicaragua.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Somoza se proclamó aliado de los Estados Unidos y declaró la guerra a la Alemania de Hitler, logrando, así, no sólo asegurarse la benevolencia de los norteamericanos, sino también confiscar las propiedades de los alemanes en Nicaragua y amasar fácilmente su fortuna. En esa época, dicha actitud fue considerada progresista, si se la compara con la posición de la oligarquía conservadora, que prefería alinearse explícitamente con el Eje Franco, Hitler y Mussolini.

Amparados en la engañosa credibilidad de la democracia electoral, Somoza y sus familiares lograron mantenerse en el poder durante 45 años, prácticamente desde 1934 hasta 1979. Con la dinastía somocista, el imperialismo norteamericano fortaleció su hegemonía en la región del Caribe. Nicaragua le sirvió de base para la invasión de la Guatemala de Jacobo Arbenz Guzmán, en 1954, y de la Bahía de Cochinos, en Cuba, en 1961.

A lo largo de esos años, la familia Somoza (Anastasio Somoza García, Anastasio Somoza Debayle, Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza Portocarrero) no sólo controló al Ejército, al Partido Liberal, al gobierno y a los demás poderes del Estado, sino que también se transformó en la familia más rica y poderosa del país. El Partido Conservador, una agrupación de la oligarquía, tuvo que resignarse y pactar con los Somoza, aceptando el 40% de los cargos en las instituciones públicas, aunque la oligarquía conservadora nunca estuvo satisfecha con tal subordinación, ya que consideraba que Somoza era un arribista foráneo a las familias de estirpe tradicional.

En esos círculos, la importancia otorgada al patrimonio simbólico del apellido, de los ancestros y del linaje era tal que, incluso casándose con mujeres de la aristocracia nicaragüense (Debayle y Portocarrero), los miembros de la familia Somoza siempre fueron considerados por las oligarquías como plebeyos, gente del pueblo, nuevos ricos o arribistas sociales y, por lo tanto, sin derecho a disfrutar de ningún tipo de prestigio, a pesar de la riqueza y del poder político y militar de la familia en Nicaragua y con una descendencia educada en colegios y academias norteamericanos de gran prestigio internacional, estrechamente vinculados a la jerarquía católica. Para resguardar sus virtuales privilegios, aquellos grupos se concedían la prerrogativa de permitir o no el acceso de los ricos a
los “clubes de la sociedad”, a los desfiles a caballo, a los palcos en las fiestas patronales, a las carreras, a las elecciones de reina del carnaval, a la organización de las fiestas públicas, etc. Muchos ricos liberales, entre los cuales se encontraba la familia Somoza, se quejaban de que las familias aristocráticas no los dejaban entrar en el círculo de los que se consideraban como familias high life o de la alta sociedad.

En la segunda mitad del siglo XX, la oligarquía conservadora comenzó a cuestionar la hegemonía liberal somocista en la política y en la economía del país, y se empeñó en desplazar a Somoza, sin mucho éxito, incluso involucrando personalmente a sus principales líderes en levantamientos armados. Nació, así, una oposición permanente contra la dictadura somocista, cuyo principal líder fue un periódico-partido llamado La Prensa, al frente del cual estaban algunas familias conservadoras, entre ellas la de Pedro Chamorro.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la familia Somoza incursionó agresivamente en los negocios agroindustriales y agroexportadores más importantes del país, amenazando incluso el monopolio de la producción azucarera, controlado hasta entonces por la familia Pellas, originaria de Granada. Eran momentos en que los Estados Unidos bloquearon el comercio del azúcar de la Cuba revolucionaria, redistribuyeron la cuota cubana entre sus aliados centroamericanos e iniciaron el plan de reactivación burguesa latinoamericana con la Alianza para el Progreso, cuyo fin era sofocar la insurgencia en la región.

Entre 1960 y 1970, la crisis económica generada por el intercambio comercial, empujaba al país hacia una política de endeudamiento. El déficit comercial mantenía una tendencia ascendente. En 1972, sobrevino un gran terremoto en Managua, capital de la república. Como todo desastre natural en las sociedades capitalistas, éste se convirtió en un negocio más y en una oportunidad de enriquecimiento. Los negocios de la reconstrucción se convirtieron en la manzana de la discordia entre Somoza y los empresarios no somocistas, gran parte de ellos pertenecientes a la oligarquía, los que decidieron intensificar la lucha contra la dictadura y contra lo que ellos consideraban “una competencia desleal por parte de la familia Somoza”.

Como muestra de la maduración del ambiente revolucionario, cabe destacar el aporte de los intelectuales y artistas de la época, que en su gran mayoría estuvieron del lado del sandinismo. Poetas como Ernesto Cardenal Martínez y Gioconda Belli, novelistas y cuentistas como Sergio Ramírez y Lisandro Chavez, cantantes como los hermanos Mejía Godoy y los Palacaguina, pintores como Armando Morales –por citar sólo a los más conocidos– colaboraron para imprimirle a la lucha contra la dictadura somocista un contenido nacionalista y popular.

Durante todo el tiempo que duró la dictadura somocista, la alianza liberal-conservadora mantuvo el control y la hegemonía de la vida política nicaragüense. Después del terremoto de 1972, esa alianza comenzó a romperse en un proceso que culminó con la crisis algodonera, a fines de la década de 1970.

Los empresarios más interesados y los profesionales más decididos aceptaron aliarse con el FSLN para poner fin a la dictadura somocista, a la cual ellos consideraban la única causa de una competencia económica desfavorable y de una creciente rebelión popular. Lamentablemente para todos, detrás de la ruptura de la alianza liberal-conservadora se encontraba la necesidad del proyecto neoliberal de Washington de combinar la dictadura del mercado monopolista global con la democracia política representativa, proyecto para el cual Somoza no era el mejor representante, ni desde el punto de vista político, ni desde el económico.

La Revolución Sandinista de 1979

En la década de 1970, la burguesía naciente alejada del liberalismo y la oligarquía tradicional comenzaron a organizarse en términos corporativos y políticos. La primera lo hizo económicamente resentida y la segunda, políticamente contrariada. Las fuerzas populares desarrollaron un impulso organizativo similar, encabezadas por un movimiento de liberación nacional (el FSLN) que, desde 1960 y ante el entusiasmo de la Revolución Cubana, le había declarado la guerra a la dictadura somocista. El chantaje y la represión por parte del somocismo no tardaron en aparecer. El FSLN y la oligarquía tuvieron que sumar fuerzas, aliarse y liderar un proyecto de unidad nacional para conseguir la derrota del dictador. Muchos miembros destacados de la oligarquía se involucraron con la revolución y participaron en todos los ámbitos: militares, políticos, diplomáticos, culturales, etc., llegando incluso a ser dirigentes de la revolución triunfante.

En la derrota de la dictadura somocista también participó el gobierno de los Estados Unidos, que en aquel entonces alzaba las banderas de los derechos humanos y temía que las contradicciones y los conflictos generados por el somocismo desembocaran en una revolución y en una segunda Cuba, como se decía en ese entonces.

El presidente Carter y algunos gobiernos cercanos (México, Costa Rica, Panamá y Venezuela) le retiraron al gobierno de Somoza toda la ayuda militar, económica y diplomática. Así, Somoza se vio acorralado y aceptó abandonar el poder. La deserción de la familia Somoza desmoralizó a la Guardia Nacional, lo cual, junto con la indecisión de la oposición democrático-burguesa y la demora del mismo gobierno norteamericano en forzar la salida de Somoza, permitió que las fuerzas guerrilleras del FSLN y la población insurgente desbarataran todo el esquema militar de la dictadura somocista.

Uno de los episodios que más influencia tuvo en la galvanización de todas las fuerzas fue el asesinato, en 1978, del líder opositor y director del periódico La Prensa, el conservador Pedro Chamorro, cuyo apellido simboliza toda la trayectoria dirigente y gobernante de la oligarquía conservadora. El primer presidente de Nicaragua también se llamaba Chamorro. Ese asesinato y su condena nacional e internacional ampliaron el espectro de posibilidades políticas al alcance del conjunto de la población, lo cual fue aprovechado por el FSLN para incrementar su audacia revolucionaria en la insurrección final.

En ese marco pueden reconocerse tres factores que contribuyeron al desencadenamiento de los hechos revolucionarios contra la dictadura somocista: el descontento de la gran burguesía y de la oligarquía conservadora, la conciencia y movilización de las Comunidades Cristianas de Base y el ambiente guerrillero que se manifestaba en el continente latinoamericano, todo ello fundido en la figura de Sandino y crecientemente encarnado en la movilización militar del FSLN.

El gobierno revolucionario sandinista

El 19 de julio de 1979, el FSLN tomó el poder y expresó su voluntad unitaria, negociando la formación de una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, en la cual aparecía, como representante de la oligarquía, la figura de Violeta Barrios de Chamorro, esposa del líder de la oposición democrática, Pedro Chamorro, asesinado por la mafia cubana exiliada en Nicaragua y económicamente ligada a la dictadura somocista.

Con la Revolución Sandinista, los trabajadores se involucraron por completo en los asuntos nacionales y en la defensa de sus propios intereses, asestando un golpe casi definitivo en el pacto social liberal-conservador. Ese bloque perdió su hegemonía política y el capitalismo nacional enfrentó su peor crisis, de la que fue rescatado por la acción del gran garrote del gobierno de los Estados Unidos, que castigó sin piedad a la naciente Revolución Sandinista. En esa década, el gobierno sandinista fue bloqueado y desvinculado financiera y económicamente por los organismos internacionales de influencia norteamericana. Los esfuerzos de gobernabilidad sufrieron boicots por parte de la oposición interna, instigada por los dirigentes de Washington. La infraestructura física y social del país fue bombardeada y destruida. Un grupo de 25.000 contrarrevolucionarios y centenas de mercenarios extranjeros fueron financiados, armados y entrenados en bases militares situadas en territorios de los Estados Unidos y de América Central (el Ejército somocista tenía apenas 16.000 soldados) y la mitad del presupuesto tuvo que ser destinada a la defensa de la revolución, sometiendo al país a una economía de guerra.

A pesar de las condiciones de la época, el gobierno revolucionario logró llevar a cabo un proceso de justicia social sin precedentes en la historia de Nicaragua. Se redujo el analfabetismo a los mejores niveles latinoamericanos, las enfermedades infectocontagiosas disminuyeron significativamente, la mayoría de la población tuvo acceso a la salud y a la educación. La mayor parte de los latifundios fue repartida entre los campesinos nicaragüenses y también se activaron la sindicalización obrera, la organización en cooperativas de pequeños productores y las asociaciones de consumidores. Los productores marginados comenzaron a recibir la mayor parte del crédito nacional. Los partidos políticos se multiplicaron y más de 300.000 fusiles fueron entregados a la población para defender a la revolución de las agresiones de los Estados Unidos.

En los primeros años del proceso revolucionario de la década de 1980, la oligarquía perdió la hegemonía del proceso político, situación atenuada por el hecho de que sus hijos ocuparon posiciones en la gestión directa del poder económico. Lo que se conoce como modelo económico de la Revolución Sandinista fue, antes bien, el producto de una economía de guerra, en la cual el Estado adquirió gran preponderancia y el conjunto de empresas de la llamada Área de Propiedad del Pueblo ganó un peso fundamental en la economía, que fue dirigida y administrada, en gran parte, por cuadros de origen oligárquico que habían luchado en todos los campos contra la dictadura somocista.

El somocismo había calado muy hondo en las estructuras socioeconómicas, políticas y culturales de la sociedad nicaragüense, al menos lo suficiente como para impulsar, con su clientela, una contrarrevolución contra el régimen sandinista. A medida que la confrontación con los Estados Unidos se intensificaba y el proceso revolucionario adquiría una orientación socialista, la oligarquía rompía su alianza con el FSLN, recuperaba los despojos de la Guardia Nacional de Somoza y, con la ayuda del gobierno norteamericano, sublevaba a los segmentos más influenciables del campesinado y de las comunidades indígenas de las costas del Caribe, consiguiendo, de esa manera, desgastar la economía nacional, echar al FSLN del gobierno y hacerse cargo de una restauración conservadora de carácter neoliberal.

En los primeros años de la revolución, el proyecto político de unidad nacional se rompió y comenzó un conflicto político-militar de carácter contrarrevolucionario, del cual participaron todos los actores posibles, liderados por lo que se conoció como Unión Nacional Opositora (UNO): el gobierno de los Estados Unidos, la oligarquía conservadora, la jerarquía de la Iglesia Católica, las fuerzas liberales y socialdemócratas y una parte significativa de la población, principalmente del campesinado y de las comunidades étnicas.

La presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, en un encuentro de presidentes de América Central con el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton, en la Casa Blanca, en Washington, noviembre de 1993 (Bob McNeely/NARA)

La restauración conservadora en 1990

Con la derrota electoral del FSLN (1990), se intensificó la ofensiva política y económica norteamericana, procurando instaurar en el país un capitalismo global, bajo la hegemonía de los Estados Unidos, sin fronteras nacionales y en el cual los gobiernos se subordinaran completamente a las corporaciones transnacionales. El capitalismo, el Estado y la burguesía nacionales nicaragüenses llegaron tarde a la historia del capital y sufrieron los embates de un cambio para el cual nunca habían estado preparados.

Después de alejar al FSLN del Poder Ejecutivo, la oligarquía se encargó directamente del gobierno y pretendió revertir totalmente la presencia sandinista de la sociedad nicaragüense. Esa tarea no fue nada fácil, dada la influencia del sandinismo en el Ejército, en la policía, en las instituciones estatales, en los organismos de masas, en las universidades, en los colegios secundarios y en las estructuras y redes culturales en general. No había otra alternativa, a no ser un nuevo acuerdo nacional.

Conocido como Protocolo de Transición y bajo la vigilancia de fuerzas internacionales, el acuerdo de 1990 le puso un fin a la tensión política entre el sandinismo y la restauración y compuso un nuevo escenario en la vida política nacional. Fue reconocida una nueva fuerza política (el sandinismo), que pasó a repartirse el electorado con los liberales. Por su parte, el conservadurismo, aunque políticamente minoritario, mantuvo el papel de representar internamente a la doctrina neoliberal, los intereses hegemónicos del gobierno norteamericano y las corporaciones transnacionales, así como a los intereses bancarios locales.

Personas celebran en las calles de Nicaragua el décimo aniversario de la revolución, en julio de 1989 (Tiarescott/WikimediaCommons)

Luego de la derrota electoral del FSLN, la casta oligárquica retomó directamente el poder político e inició su recuperación económica. Controlando el nuevo gobierno restaurador, se dedicó de inmediato a saquear nuevamente al Estado, esta vez acompañada por los familiares que regresaban de Miami. La principal medida fue compensar lo que ellos llamaron lucro cesante de la clase económica, consiguiendo la indemnización millonaria de tierras y empresas que ya habían hipotecado y perdido previamente, a manos de los bancos nacionales y privados durante la época somocista. Como dijo Israel Galeano (Franklin), comandante de la Resistencia Nicaragüense, “la oligarquía expulsó a Somoza con ayuda de ustedes los sandinistas y los expulsó a ustedes con ayuda nuestra, no ganaron ni ustedes ni nosotros, ganó la oligarquía”. Frases similares fueron dichas por diversos representan
tes de la Resistencia, pocas semanas después de la derrota electoral del FSLN.

Tras los primeros cinco años, la oligarquía recurrió a las fuerzas sociales del liberalismo somocista con la intención de extirpar las marcas de la revolución. El emprendimiento fue liderado por Arnoldo Alemán, liberal somocista que reaglutinó al Partido Liberal Constitucionalista, enarboló todo el potencial antisandinista acumulado antes, durante y después de la Revolución Sandinista y logró recuperar el poder público para las fuerzas somocistas que regresaban triunfantes de Miami.

A su vez, el sandinismo, con buena parte de sus fuerzas intactas, decidió reaglutinarse, fortalecerse en las bases y, aprovechando el proyecto del gobierno conservador de devolver todas las propiedades rurales a sus antiguos dueños, sublevarse de nuevo, esta vez no para tomar el poder, sino para forzar un acuerdo que, por lo menos, le permitiera tener un relativo poder de veto. Poco tiempo después, la oligarquía fue destituida del poder por un grupo de liberales somocistas que contaban con relativa fuerza electoral. Aunque alejado de las estructuras militares y del gobierno, el somocismo mantenía una gran base social en la sociedad nicaragüense.

Los buenos tiempos de la oligarquía

Al gobierno conservador y oligárquico de Violeta Chamorro lo sucedió, en 1996, una gestión liberal cuyo presidente era Arnoldo Alemán y su vicepresidente, Enrique Bolaños, un conservador representante de la oligarquía tradicional. Al finalizar su mandato, Alemán propuso el nombre de Bolaños como candidato para el período presidencial subsiguiente. Todo indicaba que la alianza liberal-conservadora permanecería en el poder, unida por el odio común a todo lo que recordase el sandinismo. Sin embargo, el gobierno de Washington entró en escena nuevamente, orientando a la oligarquía para que representase, esta vez íntegramente, los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, sin interferencia de ningún empresario nacional.

Ya como presidente, en 2001, Bolaños intentó acabar con la corrupción neoliberal y embistió contra el ex presidente Alemán, lo cual desembocó en una alianza con el FSLN, neutralizando y debilitando, de esa manera, el regreso del somocismo liberal. Dicha aproximación duró apenas dos años, al final de los cuales el gobierno de los Estados Unidos obligó al presidente Bolaños a romper relaciones con el FSLN. Esto facilitó, sin que fuera su intención, la formación de una alianza entre el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista contra la oligarquía y la intromisión extranjera en el país.

A lo largo de todo ese período, la oligarquía atravesó su mejor momento. En una primera etapa, después de que Somoza abandonara el poder ante la fuerza militar del FSLN, la oligarquía pudo participar del gobierno durante los primeros años, junto con el FSLN, integrando la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y todo el Ministerio. Posteriormente, con la ayuda de la Guardia Nacional Somocista y la colaboración de una parte del campesinado, de los indígenas de la Costa Atlántica y de los Estados Unidos, organizó la contrarrevolución y desplazó al FSLN del gobierno.

Inmediatamente, después de tomar el poder, la oligarquía llevó a cabo la mayor de las indemnizaciones a favor de los propietarios de tierras somocistas y no somocistas. Después de haber usado a los contrarrevolucionarios (los Contras) para combatir el sandinismo, la oligarquía se dedicó a desarmar e ignorar a los combatientes campesinos e indígenas, a quienes les había prometido participación en el gobierno.

Durante el gobierno conservador y restaurador de 1990, muchos líderes sandinistas de ascendencia o vinculación oligárquica saquearon el Estado y responsabilizaron al FSLN, partido al cual habían pertenecido. Tal suceso se hizo conocido como “la piñata”, una serie de abusos cometidos por miembros o allegados de las familias de la oligarquía (viejos negociantes, profesionales e intelectuales) en el período de transición.

Habiendo desplazado y amansado al FSLN, la oligarquía se ocupó de desconocer a las propias fuerzas liberales, tornando al Partido Liberal acéfalo a partir del encarcelamiento de su principal dirigente. Esta vez, los representantes oligárquicos parecían decididos a dotarse de una organización partidaria, cosa que habían perdido un siglo atrás y que hasta la actualidad no han podido recuperar.

La inmensa mayoría de las personas que pertenecían tanto a las filas del FSLN como a las de la contrarrevolución y del Partido Liberal Constitucionalista se vio empobrecida, aunque con la culpa y el estigma del enriquecimiento que los antiguos y los nuevos negociantes del país le infligieron a sus organizaciones.

Después de la piñata y la “indemnización” llegó el famoso rescate bancario, mediante el cual el Estado socorrió a la oligarquía financiera en quiebra con una suma millonaria, equivalente al monto del desfalco contra los contribuyentes, valor que fue cubierto con la colocación de títulos estatales en el Banco Central con tasas de interés que promediaban el 23%, cuando los títulos equivalentes a nivel internacional no rendían más que el 4%. Por aquel entonces, el ministro de Hacienda era un gran banquero, representante de la oligarquía pro Estados Unidos.

El gobierno oligárquico y restaurador recibió una deuda externa de más de US$ 10.000 millones, que, en su mayor parte, fue condonada por los gobiernos de los países socialistas y ex socialistas. En los años posteriores y hasta la actualidad, debido al empobrecimiento nacional, el pago de la deuda externa ha sido paulatinamente postergado, mientras que la deuda interna ha ido en aumento.

Sin partido ni apoyo del Parlamento, del Ejército, de la policía e incluso del vicepresidente, la oligarquía comenzó a resentirse con el poder de la oposición liberal-sandinista, que ocupó todos los espacios institucionales. La famosa tercera vía siempre fue un vano designio de la oligarquía para contar con una fuerza partidaria que le permitiera gobernar de manera absoluta. Sin embargo, los resultados no fueron fructíferos, lo que generó la conciencia de que es imposible, o muy difícil, captar al electorado liberal o sandinista, o bien aniquilar sus fuerzas políticas o, siquiera, gobernar tranquilamente sin su apoyo, su influencia y sus concesiones.

La ofensiva neoliberal y la globalización de las economías desbarataron a los principales empresarios nicaragüenses y los obligaron a agruparse en la retaguardia de las corporaciones transnacionales y a engrosar las filas empobrecidas del pueblo. Durante esos últimos años, las fuerzas liberales y sandinistas lograron disputar espacios institucionales de poder, frenando así los impulsos políticos más reaccionarios de la oligarquía, aunque sin el mismo éxito en lo que se refiere a la entrega total del país a las empresas transnacionales (recursos naturales, recursos estatales privatizados, políticas económicas e ingresos tributarios).

A comienzos del siglo XXI, la base económica de la oligarquía era el segmento de los banqueros, más concentrados en las rentas financieras que en el desarrollo industrial, motivo por el cual es más adecuado hablar de oligarquía financiera que de burguesía financiera.

El ocaso del poder oligárquico

Frente a semejante crisis de identidad y de hegemonía, el proyecto histórico de la oligarquía se distanciaba cada día más. Sin un proyecto económico propio y dependiente de las fuerzas económicas y políticas del imperio estadounidense, se vio obligada, incluso, a contribuir con la quiebra y el desplazamiento de los productores y empresarios nacionales que amenazaban a las corporaciones transnacionales. Desde el punto de vista político, mostró una gran debilidad ideológica y una falta de credibilidad ante la nación, desgastada como estaba por la corrupción y por la entrega del patrimonio nacional a las antiguas metrópolis. Las contradicciones, los tropiezos y las infamias del grupo oligárquico no podrían ser peores: éste envió tropas nicaragüenses como carne de cañón a la batalla imperial por el petróleo provocada por los Estados Unidos en Iraq, retirándolas poco después porque el Ejército invasor no quiso hacerse cargo de los gastos. A su vez, acusó a los líderes liberales de corrupción, lo cual rebotó inmediatamente sobre el expediente de los principales funcionarios corruptos de origen oligárquico.

Frente a un desenlace tan lamentable, las familias más destacadas se aprestaron a jugar la carta de la tercera vía, una idea largamente acariciada, aunque sin ningún resultado. El proyecto de la Alianza por la República (APRE) fue el mejor esfuerzo encontrado para la coronación de las pretensiones oligárquicas en Nicaragua y adquirió fuerzas con el ingreso de algunas familias ilustres. No significó otra cosa que presentarse como una alternativa a las fuerzas “chapiollas” del liberalismo y del FSLN, acogiendo, sobre la base de la cultura aristocrática, a aquellos que, por algún factor jerárquico, quisieran sumarse a sus filas.

Últimamente, pareciera ser que asistimos al desenlace final de la acomodación político-ideológica trastocada por la revolución. El proyecto de formar la APRE cobró fuerzas con la afiliación de algunas familias ilustres, salidas del Partido Liberal Constitucionalista, que habían abandonado al ex presidente Alemán después de que éste perdiera el apoyo de la embajada de los Estados Unidos. Algunos intelectuales de renombre, salidos de las filas del FSLN, ex militantes del Movimiento de Renovación Sandinista, también aumentaron el cuadro, además de otras agrupaciones, liberales y conservadoras. Otro esfuerzo llegó con el ingreso del Movimiento de Unidad Nacional (MUN), encabezado por líderes militares y administrativos del FSLN durante la década revolucionaria.

Mientras no tenga otro aliado local, la embajada norteamericana, apoyará seguramente a esta agrupación, siempre y cuando tenga la posibilidad de constituirse, aunque sea a mediano plazo, en una fuerza que defienda sus intereses estratégicos en Nicaragua.

Alianza entre liberales y sandinistas

En ese contexto, el acercamiento emprendido por el FSLN con el Partido Liberal Constitucionalista significó, a pesar de los costos para ambos partidos, una forma de neutralizar la beligerancia de la oligarquía y de la embajada de los Estados Unidos para desnacionalizar a Nicaragua. En esa alianza, las masas populares comenzaron a integrarse, reclamando una verdadera agenda social en la cual los intereses sociales o de clase tuvieran más peso que los intereses estrictamente partidarios.

Con la muerte política de Somoza, sucumbió el último esfuerzo del capitalismo nacional. A partir de entonces, pasaron a existir capitalistas locales, pero no capitalismo nacional. Con la derrota electoral del FSLN y el inmediato arribo del modelo neoliberal, la soberanía económica nacional se debilitó enormemente.

La rigidez de las medidas neoliberales, la agresividad de las empresas transnacionales (europeas, asiáticas y norteamericanas) y la voracidad de los grupos bancarios que operan en Nicaragua profundizan la exclusión de los empresarios, de los pequeños y medianos productores y del resto de la población.

Tanto en el contexto latinoamericano como en el nacional, ha venido desarrollando una nueva fuerza política, representada, por un lado, por grupos de la burguesía industrial o por pequeños y medianos productores locales y, por el otro, por las fuerzas políticas de izquierda que vencieron las elecciones en diversos países con un programa nacionalista.

Junto a ellos, la vida diaria se ha dinamizado con un conjunto de movimientos sociales que, bajo nuevas banderas, le demuestran un gran rechazo a la tendencia neoliberal de la globalización y orientan sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de una economía y de una política populares, nutriéndose del grupo de la ciudadanía que no milita en ningún partido o con la fuerza y el liderazgo populares existentes en las diferentes agrupaciones.

A pesar de toda la campaña contra el pacto liberal-sandinista, la correlación de fuerzas en las elecciones municipales de 2004 se modificó significativamente. En primer lugar quedaron los sandinistas (FSLN), en segundo lugar, los liberales (PLC) y, en el tercero, con apenas el 9,5% de los votos y de las alcaldías, los conservadores agrupados en la APRE. La cohabitación institucional entre liberales y sandinistas se ha mantenido, tanto en el Parlamento como en los Concejos Municipales donde, en conjunto, poseen más del 90% de los votos. En los años 2004 y 2005 se adoptó una serie de acuerdos parlamentarios que se contraponen a la lógica neoliberal y ponen en jaque la hegemonía del presidente, una figura desgastada por las imposiciones del gobierno norteamericano a favor de las medidas del Fondo Monetario Internacional, así como por el impacto negativo de dichas medidas en los sectores nacionales. El presidente enfrenta un voto de censura por parte de los partidos mayoritarios, de los poderes del Estado, de la Iglesia Católica y de la mayoría de las iglesias evangélicas, así como también de la opinión pública; es amparado por la embajada de los Estados Unidos y por el prestigio de su apellido.

La expresión más concreta de la aproximación entre liberales y sandinistas, y de su contenido, tuvo lugar con la aprobación en el Parlamento Nacional, bajo mayoría liberal-sandinista, de un conjunto de leyes a favor de los pequeños productores, las cooperativas, los trabajadores asalariados, los consumidores, los gobiernos municipales y también de la participación de los ciudadanos, que debilitaban las pretensiones de la oligarquía conservadora y neutralizaban, al mismo tiempo, la embestida neoliberal de los organismos financieros controlados por el gobierno de los Estados Unidos.

La legitimidad de los acuerdos descansa en un amplio consenso, así como en la legalidad e institucionalidad establecidas según las reglas de la democracia representativa. La crítica a esos acuerdos, encabezada por notables de los grupos conservadores, se centró en la forma, tratando de no evidenciar los intereses afectados a uno y otro lado del mapa social nicaragüense. En todo caso, la crítica a ellos no tuvo la suficiente fuerza como para que el presidente o sus aliados externos recurrieran a la fuerza o a los cofres para impedir tales acuerdos, a riesgo de romper el pacto social de gobernabilidad democrática de 1990, precisamente el instrumento con el cual el neoliberalismo se entronizó en Nicaragua.

Frente a esta situación cabe preguntarse si existe la posibilidad de que las fuerzas liberales o sandinistas se vuelquen a un proyecto de defensa de la soberanía nacional contra la oligarquía y contra la intromisión norteamericana. Desde la revolución de Zelaya, a comienzos del siglo XX, las fuerzas liberales tuvieron una postura muy ambigua: por un lado, se esforzaron por representar los intereses de una incipiente burguesía nacional y de un proceso modernizador y democrático; pero por el otro, sus principales líderes sucumbieron a la presión norteamericana, que los chantajeó y los corrompió. En medio de esa ambigüedad, se registraron en el pasado verdaderas sorpresas, que llevaron el proyecto de la soberanía nacional más allá de la llamada Revolución Liberal de Zelaya, sorpresas que se revelaron en patriotas antiimperialistas de la talla de Benjamín Zeledón y Augusto César Sandino, ambos salidos de movimientos liberales.

De parte del FSLN existe todo el potencial para que un programa de izquierda, en alianza con el capital nacional, permita continuar la lucha social que había sido obstaculizada por la intervención estadounidense y por la contrarrevolución oligárquica. Se trata de incorporar a las filas del FSLN y al sandinismo más amplio un perfil ideológico contrario a la oligarquía y a las intromisiones. Un proyecto con un carácter y una agenda eminentemente populares, al que necesariamente tendrían que sumarse los productores, los empresarios nacionales y la empobrecida clase media, pues el proyecto oligárquico inclinado ante el poder transnacional está contra ellos. En primer lugar, esto permitiría renovar ideológicamente la visión del FSLN, cohesionando al mismo Frente y a otros sectores progresistas alrededor de una idea-fuerza, como la que significó el antisomocismo. En segundo lugar, se posibilitaría encarnar permanentemente esa visión ideológica en las estructuras electorales, hacerles frente a las iniciativas de los Estados Unidos que, en contubernio con la clase política oligárquica, pretenden construir una tercera vía política representativa de los intereses comerciales norteamericanos, así como de los negocios especulativos y fraudulentos de los banqueros y funcionarios. Avanzar en este programa dependería, en parte, del comportamiento del capital nacional y del mismo Partido Liberal.

La Plaza de la Independencia, en la ciudad Granada, cercana al Lago Nicaragua, es una de las ciudades más visitadas en América Central (Elemaki/WikimediaCommons)

La disputa por un nuevo proyecto

En Nicaragua existen tres proyectos: el neoliberal, económicamente hegemónico y defendido políticamente por la oligarquía tradicional conservadora; el burgués, en medio de una ambigüedad que lo acerca políticamente a la oligarquía y económicamente a las fuerzas nacionales y populares; y el popular, que se desarrolla económica y políticamente entre las fisuras y contradicciones de las clases dominantes, buscando el apoyo del FSLN y de los nuevos y antiguos movimientos sociales.

En Nicaragua, la economía popular es familiar y autónoma, y está compuesta por el campesinado, por los sectores artesanales, trabajadores del sector informal urbano, pequeños comerciantes y por las llamadas pequeñas y medianas industrias. Esa economía responde por más del 50% del Producto Bruto Interno (PBI), produce el 80% de los alimentos, controla el 60% de los productos y servicios de exportación, nutre las principales redes del comercio y del transporte, procesa los principales artículos domésticos, genera más del 80% del empleo y de la ocupación nacionales y paga la mayor parte de los impuestos, pero no controla los excedentes generados nacionalmente y apropiados por el mercado nacional e internacional. Entre 1995 y 2005, cerca del 30% de los campesinos se mudaron a las ciudades y la emigración hacia el exterior se mantuvo en una tasa del orden del 20%. Los familiares que permanecieron en Nicaragua recibieron alrededor de US$ 800 millones –mucho más que las exportaciones totales del país–, lo cual permitió su supervivencia.

Se trata de una economía empobrecida, que produce de forma artesanal, sin infraestructura, sin crédito ni beneficios de acceso a la salud y a la educación y cuya población vive en condiciones miserables, con su juventud presionada por el consumismo y por la droga, todo ello en medio de una gran movilidad migratoria.

Esa economía popular en manos de productores-trabajadores produce de manera fragmentada y aislada, lo que dificulta su cohesión social, económica y política. Como dichos trabajadores no son obreros asalariados, no están contemplados por los planes sindicales, no presentan excedentes y no tienen muchas posibilidades de organizarse en asociaciones. Por ser invisibles económicamente, no reciben el apoyo de las políticas económicas del Estado ni son considerados una fuerza de desarrollo para la clase política.

Cada vez más ignorados por los servicios del Estado, reciben el apoyo de las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG), que tienden a minimizar los daños causados por el empobrecimiento generado por el modelo neoliberal. Sin embargo, la mayoría de las ONG de desarrollo se ha volcado al crédito, sumándose así a la tarea de extraer excedentes de esa economía a través de los intereses.

Últimamente, para poder defenderse, la economía popular ha incursionado en un proceso de cooperativización muy importante, tanto en el campo como en la ciudad, y comienza a ser reconocida por el FSLN como una de las principales fuerzas económicas y sociales del país. Algunas leyes aprobadas por parlamentarios liberales y sandinistas han favorecido los intereses de la economía popular. No obstante, la existencia de diferentes y variados movimientos sociales ha significado un apuntalamiento importante en el desarrollo de la identidad política y económica de esa economía popular.

Acompañan cada vez más a la economía popular los movimientos sociales, cuyas iniciativas temáticas incorporadas por grupos organizados contribuyen a la conceptualización de las nuevas reivindicaciones, levantan y hacen visibles sus propias banderas de lucha, reflexionan críticamente sobre la coyuntura y analizan el momento histórico en función de los intereses parciales o comunes de la sociedad popular en su conjunto. Como antiguos movimientos sociales, aparecen los sindicatos o los gremios; entre los nuevos figuran, sobre todo, las feministas, los ecologistas y los defensores de los derechos humanos. En Nicaragua, la agenda de dichos movimientos sociales registra los mismos temas de la agenda latinoamericana, a saber: la lucha contra el neoliberalismo, el apoyo a la asociatividad y a la autogestión de los pequeños productores, y la orientación y el amparo a los ciudadanos y a los municipios que luchan por una mayor participación en la vida nacional en términos políticos y económicos.

Consideraciones sobre la revolución

La Revolución Sandinista modificó la naturaleza del Estado nicaragüense y desplazó a la facción somocista de la hegemonía social y económica existente en el país antes de 1979. Como revolución política, se trató de una revolución popular, como todas, que concentró el poder estatal en manos de una clase política profesional, de origen popular, clase media y burguesa, encargada de administrar las instituciones públicas. Como revolución social y económica, adoptó medidas que pueden ser calificadas tanto como democrático-burguesas como de orientación socialista: confiscación de la burguesía somocista, nacionalización de los bancos, del comercio y de las empresas confiscadas al somocismo, reforma agraria radical, economía mixta en convivencia con la burguesía no somocista, distribución social de los excedentes (alfabetización, popularización de la cultura, pleno empleo, salud, educación, distribución racional de los alimentos y la vivienda).

Una vez consolidado el proceso, el carácter histórico de la revolución tuvo que ser definido a mediano plazo. Después de una década de hegemonía política del sandinismo, sobrevino una restauración política de orden capitalista, en la cual los intereses de antiguos y nuevos sectores sociales y económicos se disputaron el control de los aparatos estatales entre sí y con los intereses políticos y económicos de los empresarios transnacionales, estos últimos representados en el gobierno por el antiguo sector oligárquico. Simultáneamente se experimentó un proceso de privatización económica, en el que el capital extranjero descartó paulatinamente a las empresas nacionales y, al mismo tiempo, debilitó política y económicamente a la clase obrera, que tuvo que refugiarse en el trabajo informal y fuera de las fronteras nacionales.

En tales condiciones, ¿es posible plantearse, como posibilidad histórica y como objetivo estratégico, una orientación socialista de la sociedad? Si la respuesta fuera afirmativa, ¿cuáles serían los sujetos políticos, sociales y económicos de dicha orientación?

En apoyo a esta tesis, existe un contingente de trabajadores autónomos, prácticamente en todas las ramas de la economía nacional, remanentes de las transformaciones revolucionarias y de los efectos de la globalización. A su favor, también existe un proceso de democratización política, en el cual la izquierda política y social, es decir, la que rechaza la ofensiva neoliberal de privatización total del sector público, cuenta con un espacio que nunca antes había sido experimentado en Nicaragua.

Para ello, es necesario proponer la construcción de una hegemonía política que apueste por un proyecto alternativo, en el cual estén representados los intereses de las fuerzas trabajadoras y familiares mayoritarias del país, es decir, los pequeños productores del campo y de la ciudad, así como la pequeña burguesía profesional. Es igualmente indispensable proponer el reconocimiento y apostar a un proyecto en el cual aquellos productores directos sean reconocidos como unos de los sujetos económicos fundamentales, imprescindibles para una estrategia de crecimiento y bienestar de la economía nacional.

Desde la perspectiva de la izquierda, se trata de organizar a aquellos trabajadores autónomos, social y políticamente, local y nacionalmente, considerándolos un sector sustantivo de la clase trabajadora en general, entendiéndose por “organización social y política de los trabajadores” a las organizaciones que tienen como visión y misión la defensa de sus intereses socioeconómicos inmediatos, frente al patrón, al gobierno y al mercado diferenciador y excluyente.

En el caso de los obreros, las motivaciones de lucha giran en torno al empleo, al salario, a las condiciones de trabajo, a la participación en los excedentes de la empresa y en la gestión de esta última. En el caso de los trabajadores autónomos (campesinos, artesanos o comerciantes, técnicos y profesionales liberales), la lucha incluye la recuperación de los excedentes que el mercado les arrebata diariamente. Y, en ambos casos, en su carácter de habitantes y consumidores, dichos sectores reivindican la reducción de las tarifas de agua, luz, teléfono y transporte, así como también la reducción del precio y el acceso a los bienes de primera necesidad, particularmente la alimentación, la vivienda, el transporte, la salud y la educación, bien sean éstos privados o públicos, producidos internamente o importados.

Por lo tanto, puede observarse que: los pequeños productores no pertenecen a la clase obrera y no pueden ser el sujeto económico de una economía socialista; aceptando que los pequeños productores sean la fuerza trabajadora mayoritaria y tengan un peso significativo en la economía nacional, ellos pertenecen a una economía de supervivencia y no de desarrollo; un poco más hacia la izquierda se afirma que incrementar esa economía popular significa apoyar la propiedad privada y reeditar el capitalismo desde aquellos que los organismos internacionales llaman microempresarios, y que no están interesados en socializar la economía.

Entre las respuestas a las restricciones anteriores se han señalado las siguientes: quienes se encuentran en la economía popular no sólo constituyen la fuerza trabajadora mayoritaria, sino también la más explotada y la que más excedentes (plusvalía) produce en la economía real del país; para el pensamiento tradicional o para el capital, la satisfacción de las necesidades básicas no es una condición del desarrollo. Sin embargo, para cualquier proyecto alternativo, el primer pilar del desarrollo es la supervivencia de la mayoría de la población; en las condiciones actuales del capitalismo, los excedentes no son captados en el proceso inmediato de producción, sino en el procesamiento y en la circulación. Por lo tanto, los excedentes que generan diferenciación, y que deberían ser recuperados, son los que el mercado asigna por la vía del intercambio comercial. Ahora bien, si gran parte de los medios de producción se encuentra en manos de los pequeños y medianos productores, comerciantes o generadores de servicios, la socialización no debe ser hecha, necesariamente, por el camino de la expropiación o de la confiscación, sino por la vía de la asociatividad y de la autogestión, es decir, por medio de la cooperativización.

La asociatividad y la autogestión, hacia las cuales se dirigiría la economía popular, permitirían a los pequeños productores, técnicos, profesionales y consumidores tener acceso a una economía de escala, facilitándoles el control del crédito, el procesamiento, la distribución, la comercialización, el conocimiento y la tecnología; tener acceso a los excedentes económicos, facilitándoles, al mismo tiempo, el control del mercado interno; desarrollar una identidad política que los ayudaría a administrar políticas económicas a favor de sus intereses, asociándose en todos los ámbitos de la vida y combatiendo todas las jerarquías existentes.

Ello no significa negar la integración de los escalones de la economía, sino promover su integración horizontal. No representa la negación de la administración técnica y empresarial de los recursos de la economía, sino la promoción de la participación democrática de los propios trabajadores y consumidores. Además de la autocreación social, política y económica de ese sujeto, se requiere de una agenda social y de un programa reivindicatorio, relevados por organizaciones sociales y políticas que colaboren con su institucionalización en un Estado alternativo y dentro de una cultura solidaria con los excluidos y las excluidas (los pequeños y medianos productores empobrecidos, los emigrantes, los discriminados, la mujer y el medio ambiente en general, etcétera).

El presidente Daniel Ortega y José Miguel Insulza, secretario general de la OAS, en Managua, Nicaragua, en agosto de 2012 (César Pérez/OAS)

Del Estado-nación al Estado-municipio

En la esfera institucional está teniendo lugar un nuevo fenómeno en Nicaragua. Se trata del nacimiento de lo que podría ser llamado Estado-municipio, formado por el triángulo municipio y municipalidad, pequeños productores y organismos sociales en general. Aparentemente, a medida que el Estado-imperio avanza y que el Estado-nación se debilita, tiende a surgir el Estado-municipio (gobierno municipal más comunidad), es decir, un contrato social por medio del cual ciudadanos productores, ciudadanos trabajadores y ciudadanos habitantes se organizan, nombran representantes y administran directamente recursos y políticas a través de la institucionalidad local.

La idea inicial es la de que los productores-trabajadores-consumidores asociados se están transformando en un nuevo sujeto económico y en el eje del nuevo desarrollo nacional, diferente del empresario capitalista y contrapuesto a él.

Entre las tareas observadas en la construcción de ese nuevo poder local comunitario se encuentran algunas que vislumbran verdaderos ejercicios de gestión que, definitivamente, están tornando a las comunidades más poderosas, tales como: asociación económica para emprender su propia economía de escala (integración horizontal) y recuperar los excedentes drenados por el mercado, integración hecha por medio de cooperativas, federaciones o asociaciones de cualquier tipo; establecimiento de alianzas internas entres dichas asociaciones y, principalmente, con los demás organismos sociales existentes en la comunidad (las ONG, iglesias, universidades, redes civiles y otras); gestiones ante la administración municipal y las delegaciones ministeriales, recursos y políticas a favor de sus intereses; presión pública para que las leyes recién aprobadas en el Parlamento Nacional sean aplicadas a favor de sus intereses; aprovechamiento de la capacitación en marcha de muchas redes de los organismos sociales para fortalecer su identidad y hegemonía en el ámbito nacional; y establecimiento de alianzas con movimientos sociales y partidos políticos para movilizar a los ciudadanos y al pueblo nicaragüense en pro de una sociedad alternativa.

Hay toda una gama de experiencias que muestran el potencial de participación, gestión y organización a nivel de comarca y de barrio en general, para crear los CDC (Consejos de Desarrollo Comunitario) o procesos colegiados, así como para nutrir a los CDM (Consejos de Desarrollo Municipal) y a los CDD (Consejos de Desarrollo Departamental). Estos concejos están racionalizando una gran cantidad de reuniones que todos hacían en determinado territorio, socializando su contenido y evitando la duplicidad de funciones, lo cual no significa que no continuará habiendo reuniones a todos los niveles.

En tales condiciones, parecería haber espacio para un tipo de socialismo de carácter local o comunitario, diferente del socialismo estatal del siglo pasado, pero que, aun así, guarda sus principios y sus principales características.

Saint Simon, teórico francés del siglo XIX, definía al socialismo como el pasaje del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Para el pensador alemán Karl Marx, significaba la unión de productores libremente asociados, y para el ruso Vladimir Lenin, era la combinación de soviets y electrificación, refiriéndose a la necesidad de combinar el desarrollo tecnológico con su gestión en manos de los trabajadores. En este sentido, perfectamente se puede decir que, en principio, estarían dadas las condiciones para comenzar a esbozar un socialismo comunitario. A diferencia del socialismo de Estado, centralizado y limitado a expropiar y distribuir, sin ninguna plataforma de acumulación autosostenida (mucho menos en Nicaragua, donde fue subsidiado por la clase obrera soviética), tomaría forma un socialismo constructivo y descentralizado, verdaderamente asociativo y autogestionario.

Cuando hablamos de otro sistema social estamos hablando de otro sujeto económico. En la sociedad señorial de la gran propiedad rural, el sujeto económico es el terrateniente o el hacendado. En la sociedad capitalista, el sujeto económico es el burgués. En la sociedad neoliberal, el sujeto económico es la corporación transnacional. En el socialismo de Estado, el sujeto económico es la burocracia estatal. En un socialismo comunitario, el sujeto económico no puede ser otro que los productores-trabajadores, organizados local y nacionalmente, tanto en términos económicos como políticos. Productores-trabajadores asociados, como decía Marx; productores-trabajadores organizados en consejos (soviets), como decía Lenin; productores-trabajadores administrando el Estado municipal, pero no gobernando a la gente, como decía Saint Simon.

A diferencia del socialismo estatal, en el cual se mantuvieron el proletariado (asalariados del Estado) y una clase económicamente dominante (la burocracia estatal que distribuía los excedentes), y en el cual los supuestos nuevos sujetos económicos (los soviets) dejaron pronto de funcionar, en el socialismo comunitario se comienza justamente con la actuación de protagonista del nuevo sujeto económico: los consejos de productores-trabajadores-consumidores (CDC, CDM, CDD), en un esquema en el que el proceso inmediato de producción es privado, pero todo el resto de la circulación está cada vez más cooperativizado.

Por lo tanto, se puede concluir que, en la Nicaragua actual están dadas las condiciones objetivas y experiencias concretas suficientes para realizar a corto, mediano y largo plazos un sistema alternativo al capitalismo salvaje. Un sistema basado en los pequeños y medianos productores organizados en cooperativas, que construyan su poder político a partir de la comunidad y del municipio, como lo muestran las experiencias de gobiernos municipales en los que ya están funcionando los Consejos Departamentales y Municipales, experiencias en las cuales las asociaciones de productores, particularmente en el campo, ya están administrando la cosa pública en función de sus intereses, experiencias de organizaciones sociales que ya están apostando conscientemente a la capacitación económica, social, política y cultural de los productores-trabajadores.

(actualización) 2005- 2015

por Mônica Rodrigues

Daniel Ortega, candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ganó en las elecciones presidenciales de 2006 después de tres derrotas consecutivas. Sacando provecho de la división de las fuerzas conservadoras, fortaleció su candidatura con maniobras sorprendentes. Se puso de acuerdo con los grandes grupos empresarios del país y entregó la vicepresidencia de su lista electoral a un antiguo líder de la contrarrevolución, Jaime Morales Carazo. Para contar con el apoyo de una parte del Partido Liberal, llegó a negociar con el ex presidente Arnoldo Alemán –condenado por corrupción– y reverenció a la cúpula de la Iglesia Católica, casándose por la iglesia después de treinta años de vida conyugal con su compañera, Rosario Murillo. Dichas contradicciones políticas y éticas culminaron con su victoria sobre el candidato conservador, José Rizo, que llegó en segundo lugar, y sobre Edmundo Sarquín, candidato disidente del FSLN, que quedó tercero en los comicios.

El involucramiento con grupos conservadores, sin embargo, no apartó al gobierno Ortega de muchos proyectos de la revolución sandinista. Enfrentando a la oposición, adhirió a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y consiguió apoyo de Venezuela para superar la crisis seria de energía por la que atravesaba el país. El presidente incluso trabajó para la población más carenciada. Así, consiguió disminuir la pobreza extrema de 22% a 11%. El salario mínimo fue gradualmente mejorado y en cinco años aumentó 150%. También lanzó microcréditos sin interés para que las mujeres desarrollen pequeños negocios y estimuló la creación de cooperativas. Además instituyó la gratuidad en los sistemas de salud y de educación, disminuyó el desempleo, ofreció crédito agrícola para pequeños productores, amplió el suministro de energía eléctrica y creó una red nacional de distribución de alimentos básicos a precios más bajos que los del mercado. Finalmente, institucionalizó el método de enseñanza cubano para combatir el analfabetismo, movilizando jóvenes de todo el país y alcanzando reconocimiento de la Unesco.

Sin embargo, si bien en el ámbito doméstico Ortega disfrutaba de cierta comodidad, en el plano internacional el concepto ya arraigado de soberanía nacional del gobierno sandinista se enfrentó con la política intervencionista norteamericana y sus pautas neoliberales. Los Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo, suspendieron las inversiones de cooperación financiera en Nicaragua por desacuerdos con Ortega. Fue una pérdida importante para el estrecho ingreso nacional, que necesitaba dinero del exterior para costear sus proyectos sociales. Incluso así, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala a Nicaragua como una de las naciones que más redujo el índice de desigualdad social. El país mostraba también el índice más bajo de inseguridad en América Latina, región donde la violencia es moneda corriente, y también el segundo índice más bajo de homicidios de América Latina. Las investigaciones también muestran que la policía era una institución confiable para el 78% de los nicaragüenses.

Ortega llegó al final de su mandato con gran apoyo popular y terminó siendo reelegido en 2011, con amplia ventaja sobre el segundo candidato, Fabio Gadea, de la alianza opositora Partido Liberal Independiente (PLI), con apoyo de los Estados Unidos. En un segundo mandato, el presidente adoptó una política económica que privilegió el equilibrio de la balanza comercial, por medio de la diversificación de las exportaciones. Y, en 2013, el país ingresó en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) con el objetivo de fortalecer las relaciones regionales. Asimismo hubo un gran esfuerzo para atraer inversiones extranjeras.

La fase más visible de esa política fue el acuerdo, anunciado en 2014, entre el gobierno nicaragüense y el multimillonario chino Wang Jing, para construir un canal interoceánico que atravesará el país, uniendo el Atlántico y el Pacífico. El proyecto será comandado por Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND) y transformará geopolíticamente la región. Está previsto que el grupo chino invierta casi US$ 50 millones y administre el canal por cien años. Las obras aún deben crear miles de empleos, pero provocarán el desplazamiento de aproximadamente 30.000 moradores, además del dragado del lago Nicaragua, la fuente de agua potable del país. Sin embargo no está claro el verdadero impacto ambiental de una intervención de esas dimensiones, lo que ha puesto en alerta a los grupos ambientalistas locales.

Además del canal propiamente dicho, las obras incluían la construcción de un aeropuerto, una zona de libre comercio, un parque industrial, una ferrovía, un oleoducto y dos puertos de aguas profundas. En diciembre de 2014, Ortega participó de la ceremonia de comienzo de las obras, cuya conclusión está prevista para 2020. Las proyecciones indican que, en función de la construcción del canal, el PBI de Nicaragua, llegará a US$ 10.000 millones, y en 2018 a US$ 25.000 millones.

Pero no son sólo los ambientalistas quienes pierden el sueño con el canal nicaragüense. Su construcción mueve intereses internacionales poderosos y significa la inserción estratégica de China en América Central, un área dominada por el Canal de Panamá y bajo la influencia directa de los Estados Unidos. Además, el comercio marítimo es responsable del 90% de las exportaciones globales, y algunas proyecciones indican que el futuro canal podría conquistar 5% de ese mercado.

Será más grande que los canales de Panamá y de Suez, ya que podrá recibir embarcaciones de hasta 330.000 toneladas, lo que permitiría reducir los costos de transporte de mineras y de petróleo en hasta el 60%. Las obras de expansión del Canal de Panamá, por ejemplo, terminarían en 2015, cuando éste sería capaz de recibir embarcaciones de hasta 175.000 toneladas

El canal de Nicaragua también deberá fortalecer el comercio y los lazos entre los países de América Latina y los que forman el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur), así como debilitar la hegemonía de los Estados Unidos. El proyecto había despertado incluso el interés del gobierno ruso, que negociaba inversiones tecnológicas para construir una hidrovía y un acuerdo para que sus embarcaciones militares tuvieran acceso a los futuros puertos del canal. Por fin, un informe de la CEPAL y de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) indicaba que el gobierno Ortega tuvo éxito en su propósito de alcanzar crecimiento con generación de trabajo, de empleos formales y de reducción de la pobreza. Finalmente, la previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para el 2015 era del 5%, la mayor de la región.

Así, políticos de todas las agrupaciones daban por segura la candidatura de Ortega para un tercer mandato. La Asamblea Nacional ya había aprobado la reforma de la Constitución que permitía la maniobra, y las elecciones presidenciales estaban programadas para 2016. Sin embargo, voces de la oposición y de su propio partido acusaban al presidente de crear una estructura paralela de poder. Incluso nombró a su mujer, Rosario Murillo, como portavoz oficial del gobierno, y era ella quien controlaba la gestión de su agenda social. Otro factor que reforzó esa lectura fue el hecho de que sus hijos eran dueños de canales de TV abiertos en el país, de modo que beneficiaban la imagen pública del mandatario. Así pues, Nicaragua prosperó en los últimos años, pero continúa siendo una de las naciones más pobres de la región, además de haber registrado también un triste punto de inflexión. El estrechamiento de la relación del gobierno Ortega con la Iglesia Católica mantuvo al país en la senda de un cristianismo conservador y oscurantista. Con el apoyo de los diputados sandinistas y el patrocinio de la Iglesia, se aprobó una ley antiaborto draconiana. Estableció sentencias de hasta treinta años de prisión para mujeres que realicen el procedimiento e hizo que cualquier caso de aborto espontáneo pasara a ser considerado presupuesto de delito. Ante esta situación, Amnistía Internacional denunció como cruel y discriminatoria la prisión de mujeres condenadas por la ley, ya que las denuncias provienen únicamente de hospitales públicos, ninguna de ellas del sistema privado. Como consecuencia, muchas mujeres pobres que sufren complicaciones durante el embarazo tienen miedo de buscar ayuda médica. Y, según un relevamiento del Ministerio de Salud realizado después de la aprobación de la ley, el suicidio surgió como la causa más común de muerte entre las niñas y adolescentes, la mitad de ellas estaban embarazadas.

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