Agraria, Reforma

Para comprender mejor la reforma agraria, es preciso considerarla como política territorial. La reforma agraria no implica solamente los factores económico y social, de producción de alimentos y mercaderías y resocialización de familias sin tierra. Lo que está en cuestión aquí es la reproducción de un modo de vida, la organización de la producción y del territorio regidos por el trabajo familiar del campesino y la comunidad indígena. Tal condición sólo es posible si existe ese territorio campesino e indígena, también disputado por el agronegocio. Con el desarrollo del agronegocio se intensifica la concentración de tierras en poder de latifundistas y empresas multinacionales, que expropian a campesinos e indígenas y también se apropian de selvas y campos naturales. Para resistir a este proceso de expropiación y exclusión, los campesinos e indígenas se organizan en movimientos socioterritoriales; vale decir, en movimientos sociales cuya razón de ser es el territorio mismo y que presionan al Estado para que implemente un proyecto de reforma agraria.

La reforma agraria es una política pública, de competencia del Estado, destinada a promover el acceso a la tierra de los campesinos sin tierra por medio de la descentralización de la estructura agraria, compuesta predominantemente por la suma de las propiedades campesinas e indígenas y las propiedades capitalistas. No obstante, la concreción del proyecto de reforma agraria no garantiza la descentralización total de la estructura agraria; por el contrario, deja abierta la posibilidad de reconcentración de la tierra. Los procesos de descentralización y concentración de la estructura agraria pueden ser simultáneos –como ocurre en Brasil, donde, entre 1992 y 2003, las áreas de las propiedades aumentaron 89 millones de hectáreas (véase la tabla abajo)–. Durante este período, si bien se expropiaron poco más de 20 millones de hectáreas, hubo un aumento de 52 millones de hectáreas en los inmuebles capitalistas de más de 200 hectáreas. Los inmuebles campesinos de menos de 200 hectáreas también tuvieron un crecimiento de 37 millones de hectáreas.

Cambios en la estructura agraria brasileña (1992-2003)

Fuente: Sistema Nacional de Cadastro Rural
(Org. Bernardo Mançano Fernandes).

Del análisis de la tabla se deduce que, si durante ese período no se hubiese implementado la reforma agraria, los inmuebles capitalistas habrían aumentado 72 millones de hectáreas y los inmuebles campesinos apenas 17 millones de hectáreas. Se observan aumentos absolutos en las propiedades capitalistas y las propiedades campesinas, aunque la participación relativa de los inmuebles campesinos aumentó del 26% al 29%. Este ejemplo demuestra la concentración y descentralización simultáneas de la estructura agraria. Estos procesos ocurren principalmente en aquellos países cuya frontera agrícola está abierta y donde permanentemente se incorporan nuevas áreas, sobre todo tierras públicas como selvas y campos.

Diversos países de América Latina han concretado proyectos de reforma agraria que, debido a la reconcentración de la tierra, no bastaron para descentralizar la estructura agraria –entre ellos México, Venezuela, Chile, Perú y Bolivia–. En estos países, a comienzos del siglo XXI, la reforma agraria fue una política reivin­dicada por los movimientos indígenas y campesinos precisamente porque los modelos de desarrollo de la industria agropecuaria no resolvieron los problemas agrarios y territoriales. Después de la “revolución verde” –que intensificó el uso de insumos y la mecanización de la agricultura y la cría del ganado– aparecieron numerosos estudios que defendían el fin de la reforma agraria. Su argumento principal era que, con el uso de las nuevas tecnologías, el problema del hambre quedaría superado y las políticas de reforma agraria serían innecesarias. Este discurso fue retomado recientemente debido al advenimiento de los organismos genéticamente modificados, también conocidos como “alimentos transgénicos”.

Las revoluciones tecnológicas en la industria agropecuaria y las políticas agrícolas ampliaron el proceso de producción de alimentos, asociándose con diversos sectores industriales y con los mercados, y creando un nuevo modelo de desarrollo denominado agronegocio. Si bien este modelo ha aumentado extraordina­ria­mente la productividad agrícola y ganadera, también ha generado problemas ambientales y desempleo estructural, además de mantener las desigualdades y el hambre. En la década de 1990, el Banco Mundial apoyó por primera vez políticas de reforma agraria en algunos países –Guatemala, Brasil y Colombia–, pero bajo una nueva modalidad: la reforma agraria de mercado. Esta acción del Banco Mundial modificó el concepto de reforma agraria, hasta entonces únicamente una política de intervención del Estado, que expropiaba las áreas declaradas útiles para ese fin.

El aumento de la productividad y/o la innovación tecnológica no disminuyen las desigualdades. El control del territorio y la soberanía alimentaria son condiciones efectivas para minimizar la pobreza y atenuar el hambre. Estas condiciones se construyen en democracia, con el fortalecimiento de las organizaciones populares y del Estado, la creación de espacios políticos participativos y la implementación de políticas públicas. Como política de mercado, la reforma agraria ha aumentado los problemas sociales porque las peores tierras generalmente son vendidas a los campesinos, quienes, a consecuencia de esto, no consiguen hacerlas producir ni tampoco pueden pagarlas. La participación de la agricultura campesina es fundamental para el desarrollo de los países. La distribución territorial y poblacional es la base de la existencia de la democracia y del fortalecimiento de la interacción entre el campo y la ciudad.