América Central inició un ciclo histórico y político muy prometedor en 1944, dejando atrás las dictaduras personalistas de los años 30, con la excepción de Nicaragua, donde siguieron gobernando los Somoza. La institucionalización de la democracia y el desarrollo fueron sus lemas. Sin embargo, después del aborto de la Revolución de Octubre en Guatemala (1944-1954) –que favoreció los intereses estadounidenses en el contexto de la Guerra Fría–, el referido ciclo centroamericano tuvo un devenir completamente diferente. En general –con excepción de Costa Rica–, se institucionalizaron nuevas modalidades de regímenes autoritarios, al mismo tiempo que las oportunidades económicas propiciadas por el boom de la posguerra se tradujeron en un desarrollo concentrador y de exclusión de las grandes mayorías.
El quiebre de ese ciclo histórico y el comienzo de uno nuevo se dio en Nicaragua, en julio de 1979, con la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sobre Somoza. Meses después se dio un golpe de Estado en El Salvador y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se fortaleció a partir de 1981. En Guatemala, ya desde antes se había recrudecido la política de terrorismo de Estado impuesta a partir de 1978 por el gobierno del general Romeo Lucas García, y que continuaría en 1982 y 1983 con el golpe del general Efraín Ríos Montt. En Honduras, los militares entregaban anticipadamente el poder a los civiles, restaurándose la normalidad democrática a partir de 1980-1981, pero con una injerencia manifiesta de los Estados Unidos, que comenzaron a utilizar el territorio hondureño para su estrategia regional de “guerra de baja intensidad” contra los sandinistas y de limitación del espacio del FMLN. Por su parte, Costa Rica, para enfrentar la crisis económica profunda en que estaba sumergida en 1980-1982, recurrió a la administración Reagan (1981-1989) de los Estados Unidos. A cambio de ese apoyo a la sólida democracia costarricense, los estadounidenses multiplicaron sus presiones para que el país entrase en su juego, permitiendo que su territorio fuese utilizado por la Contra (contrarrevolución antisandinista) nicaragüense. Aunque el presidente Monge (1982-1986), del Partido de Liberación Nacional (PLN), declarara en 1983, para protegerse de tales presiones, “la neutralidad perpetua, activa y no armada de Costa Rica ante los conflictos internacionales”, lo cierto es que sólo pudo resistir de manera limitada. A todo el contexto anterior se sumaba el apoyo cubano y soviético a los sandinistas de Nicaragua y al FMLN en El Salvador. En suma, América Central vivía en la década de 1980 la crisis de regímenes autoritarios renovados en la posguerra y el inicio dudoso de algunos procesos de transición hacia la democracia representativa.
Ante la persistente política anticomunista de la administración Reagan, que no daba tregua a los sandinistas, desde 1983 se desarrollaron negociaciones diplomáticas en la región, con el concurso del Grupo de Contadora (Panamá, Colombia, Venezuela y México) para encontrar una salida al conflicto centroamericano, alternativa a la pretendida por los Estados Unidos. A partir de 1985 se sumó a ese esfuerzo latinoamericano el del Grupo de Apoyo a Contadora (Brasil, la Argentina, Perú y Uruguay), con negociaciones complejas, prolongadas y nunca concluidas. Después vino la propuesta del presidente guatemalteco democráticamente electo, Vinicio Cerezo, presentada en el pueblo de Esquipulas (Guatemala) en mayo de 1986, tampoco concluida satisfactoriamente.
En Costa Rica fue elegido para el mandato de 1986-1990 el presidente Óscar Arias Sánchez del PLN. En esa época, lo peor de la crisis económica de 1980-1982 había quedado atrás gracias a la gestión de Monge, lo que daba márgenes de maniobra a la acción del nuevo mandatario. Arias entendía que Costa Rica, con su democracia estable, no era un problema para América Central, pero la crisis política centroamericana sí era un escollo enorme en el camino del desarrollo costarricense. En febrero de 1987, tomó la iniciativa con una propuesta titulada “Una hora para la paz”, que despertó sospechas en algunos de que se trataba de una idea estadounidense que se valía de otra persona. Sin embargo, otros la entendían como una iniciativa surgida en América Central y que tenía cierta viabilidad política. Arias se encontró con la ventaja de que la administración Reagan, en su segundo mandato, atravesaba serias dificultades políticas en el Congreso y se enfrentaba a los demócratas por el caso Irán-Contras.
Finalmente, contra cualquier expectativa favorable, sobre todo de parte de la administración Reagan, que siempre se vio sorprendida por la audacia y firmeza de Arias, se llegó a un acuerdo entre los presidentes centroamericanos (Cerezo, de Guatemala; Azcona, de Honduras; Duarte, de El Salvador; Ortega, de Nicaragua; y Arias, de Costa Rica) en Esquipulas, el 6 y 7 de agosto de 1987, acuerdo conocido como Esquipulas II, cuya materialización se expresó en el documento “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica”. Brevemente, se concentró en los siguientes puntos: reconciliación nacional; exhortación al fin de las hostilidades; democratización; elecciones libres; fin de la ayuda a las fuerzas irregulares y a los movimientos insurreccionales; no al uso del territorio para agredir a otros Estados; negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y limitación de armamento; refugiados y desplazados; cooperación, democracia, libertad para la paz y el desarrollo; verificación y seguimiento internacional; calendario de ejecución de compromisos.
A finales de 1987, se le confirió a Arias el Premio Nobel de la Paz.
Con altibajos, el acuerdo Esquipulas II se fue concretando en los años siguientes y, ayudado por los cambios en la geopolítica mundial (desaparición de la Unión Soviética, democratización del Este europeo y otros), se consumaron los procesos de finalización de las guerras en la región y la transición hacia la democracia. En 1990, el FSLN perdió las elecciones en Nicaragua y entregó el poder pacíficamente a una oposición victoriosa mediante un pacto que ofreció garantías a las partes en disputa. En 1992, se firmó el acuerdo de Chapultepec (México) entre la guerrilla salvadoreña y el gobierno de derecha de Alfredo Cristiani Burkard, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Y en diciembre de 1996, en la ciudad de Guatemala, se firmó el último acuerdo entre la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno, también de derecha como en El Salvador, de Álvaro Arzú, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).
De esta manera, se dio por terminada la crisis política centroamericana y en todos los países se institucionalizó la democracia representativa, una novedad histórica en la región.