El Salvador

Fernanda Morotti (texto de actualización de la entrada, 2006-2015)

La historia de El Salvador –a partir de mediados del siglo XX– tiene un momento decisivo: la guerra civil desatada entre 1980 y 1992. Alrededor de ese foco, podemos estudiar su evolución histórica, tanto por los factores anteriores que llevaron al conflicto armado, como por las transformaciones que le sucedieron.

Desde fines del siglo XIX, la economía salvadoreña se basaba esencialmente en la producción y exportación de café. Así, cuando la crisis mundial de 1929 provocó una fuerte caída en los precios internacionales de ese producto, se desencadenó una importante crisis fiscal con amplias repercusiones políticas y sociales. En 1931, las elecciones presidenciales marcaron una incipiente tendencia liberal demócrata con la victoria del ingeniero Arturo Araujo, que en su campaña prometió mejoras sociales inspiradas en el laborismo inglés. Sin embargo, el presidente electo ocupó el cargo por apenas algunos meses. Frente a la caótica situación económica, que generaba amplias protestas de la población, los militares dieron un golpe de Estado que llevó a la presidencia al general Maximiliano Hernández Martínez, fundador del partido Pro Patria. (Véase cuadro con la sucesión de presidentes en la página 507.)

El general Hernández Martínez inauguró un nuevo estilo de gobierno. Apoyándose en el Ejército y en la policía, se mantuvo en el poder durante trece años. Impuso un régimen militar autoritario, sin oposición, basado en el monopartidismo y en el sistema de partido oficial. Ante las huelgas y protestas que se expandían por el país, reaccionó promoviendo una brutal represión. Para enfrentar la crisis económica, el gobierno recurrió inicialmente a instrumentos de emergencia, promoviendo de inmediato la reorganización de la economía. Decretó una moratoria general, que cancelaba el pago del principal de los créditos, limitaba el nivel de ganancias y suspendía la ejecución de los embargos. Además, suspendió el pago de la deuda pública, en 1932, y llegó a un acuerdo con los poseedores de bonos en mayo de 1933. La interrupción del pago de la deuda fue compensada por la suspensión temporaria del impuesto a la exportación de café, en 1932. Con todas estas medidas, el gobierno consiguió un alivio momentáneo, y sobre esa base procedió a una reforma de largo plazo.

Dentro de esa reforma, se creó el Banco Central de Reserva, transfiriéndole al Estado la tarea de emitir moneda (que hasta ese momento era atribución de los bancos privados). Otra institución importante fue el Banco Hipotecario que, junto con la Ley de Prenda Agraria, Ganadera o Industrial, pasó a ser responsable por el crédito agrícola. “Todos esos cambios ayudaron a ordenar un sistema anacrónico y sirvieron para proteger los intereses de los propietarios en todos los niveles”, según Enrique Baloyra (1987).

Moratoria, organización de las finanzas públicas y control sobre la especulación fueron piezas clave en la política económica concebida por Hernández Martínez para enfrentar los peores momentos de la crisis. Las alzas del precio del café, en 1934 y 1935, favorecieron la recuperación. El Banco Central de Reserva pasó a regir las políticas monetaria y crediticia, y la intervención estatal permitió la reorientación de la economía. El lugar destacado de la Asociación Cafetalera en las nuevas instituciones fue la expresión de un cambio favorable para los agricultores medianos y grandes. Esas acciones favorecieron al presidente, garantizándole el apoyo de los agricultores y militares y, con eso, su reelección.

En mayo de 1944, el general Hernández Martínez renunció a la presidencia debido a una “huelga de brazos cruzados” que paralizó la universidad, el sistema ferroviario, los bancos y el comercio. En el mes anterior, había podido dominar un golpe de Estado, pero después de cuatro semanas se encontraba aislado debido al amplio movimiento social contestatario.

Los partidos oficiales y los intentos de oposición

El régimen político de corte autoritario y militar inaugurado por el general Hernández Martínez en 1932 duraría medio siglo, con algunos períodos de liberalización. Pasó por varios períodos, cada uno con su partido oficial, su hombre fuerte, iniciativas de reforma y golpes de Estado de orígenes diversos.

La junta cívico-militar que asumió el poder luego de la renuncia de Hernández Martínez fue derrocada en diciembre de 1948 por un grupo de jóvenes oficiales que proclamó un gobierno revolucionario. Al amparo de una nueva Constitución, el coronel Oscar Osorio asumió la presidencia en 1950, luego de triunfar en una elección que había estrenado la práctica de poner los recursos militares y gubernamentales a disposición del partido oficial.

Durante los seis años siguientes, la economía creció, a la vez que cambiaba el modo de intervención estatal. Los buenos precios internacionales del café proporcionaron recursos para que el Estado asumiera la posición de agente político y económico, procurando fomentar la industria, estimular la integración centroamericana y la modernización de la infraestructura, diversificar la agricultura y organizar la seguridad social. Con ello se le dio una nueva configuración al modelo económico y al autoritarismo.

Una alianza entre militares y grupos oligárquicos pasó a dirigir el Estado. Se permitía la existencia de partidos de oposición, y se admitía que éstos conquistasen algunas victorias municipales y legislativas. Pero no había espacio para ellos en la presidencia de la República y en el núcleo dirigente. Hasta la década de 1980, la pieza principal del sistema político fue el Ejército; las piezas secundarias eran el partido oficial y las elecciones –periódicas, formales y fraudulentas–. El partido oficial funcionaba como una maquinaria de apoyo y movilización electoral.

Siempre hubo un movimiento de oposición que reivindicaba las libertades democráticas, pero la maquinaria oficial se imponía a todo. Primero, fue la del partido Pro Patria; después, durante los gobiernos del coronel Oscar Osorio y el coronel José María Lemus, de 1948 a 1960, el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD) fue el dominante, más tarde, de 1962 a 1979, se impuso el Partido de Conciliación Nacional (PCN).

Un golpe de Estado liquidó el PRUD en 1960 y entregó el poder a una Junta de Gobierno integrada por militares y civiles, con la promesa de que se convocaría a nuevas elecciones, sin partido oficial. Pero otro golpe derrocó a la Junta tres meses después y, en su lugar, se estableció el Directorio Cívico Militar, dirigido por el coronel Julio Adalberto Rivera. El PRUD fue reestructurado y recibió el nombre de Partido de Conciliación Nacional (PCN). Se eligió una Asamblea Constituyente, que cumplió su misión con sobriedad, sin hacer cambios importantes en la Constitución de 1950. Después de las elecciones presidenciales de 1962, el coronel Rivera, candidato único, asumió el cargo.

Rivera impulsó varias reformas, como la electoral, en 1964, que incorporó el sistema de representación proporcional a la elección de los diputados a la Asamblea Legislativa. Parecía entonces que la liberalización política había tomado un curso irreversible, con gobiernos municipales y bloques legislativos de oposición integrados a la vida pública. La maquinaria oficial continuaba ganando las elecciones, pero el ánimo de la oposición había crecido tanto que ya impedía victorias totales del PCN. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) ocupaba el primer lugar en la preferencia del electorado de oposición. Estaban también el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), la Unión Democrática Nacionalista (UDN), los partidos Popular Salvadoreño, de Acción Renovadora y Republicana, y de Evolución Nacional.

Después de la segunda elección presidencial del PCN, en 1967, tres problemas afectaban el panorama salvadoreño. El primero era la difícil evolución del Mercado Común Centroamericano; el segundo, el aumento de las tensiones con el país vecino, Honduras; y el tercero, el incremento de las victorias de la oposi­ción. Los dos primeros constituían graves trabas al modelo de desarrollo dominante desde 1950.

Honduras se había vuelto el destino preferido para el trabajo temporario o permanente de la población salvadoreña que no encontraba trabajo en la agricultura de su país. En julio de 1969 estalló la guerra entre los dos países, y sólo duró cien horas, pero las consecuencias fueron mucho más duraderas y graves. Las fronteras fueron cerradas, decenas de millares de salvadoreños fueron expulsados del país vecino y el mercado común, de gran importancia para el desarrollo industrial de El Salvador, entró en crisis.

Internamente, los resultados de la reforma política eran evidentes en la composición de la Asamblea Legislativa formada en 1968: 27 diputados eran del PCN y otros 25, de los partidos de oposición. El control total de ambas cámaras por parte del partido oficial en 1964 se había reducido a un 52% en 1968. Hubo una contienda reñida en la elección presidencial de 1972. Sin embargo, el fraude electoral nuevamente distorsionó los resultados y acabó otorgando la victoria al coronel Arturo Armando Molina, que derrotó a la oposición que se había unido en torno a la fórmula José Napoleón Duarte-Guillermo Manuel Ungo, de la Unión Nacional Opositora (UNO), coalición integrada por los partidos PDC, MNR y UDN.

Preámbulo de la guerra

En el mismo año de 1972, cuatro hechos indicaban que el autoritarismo como norma de gobierno ya no era posible. El primero fue el fraude electoral en las elecciones presidenciales. El segundo ocurrió en una elección de diputados de la capital, en la cual vencieron los votos nulos, luego una campaña en ese sentido alentada por la UNO. El tercero sucedió en marzo, cuando un grupo de militares se rebelaron en reacción al fraude, organizando un golpe de Estado, pronto sofocado. Finalmente, en julio, los militares ocuparon la Universidad de El Salvador y expulsaron del país a sus dirigentes.

Mientras tanto, entre 1969 y 1972, dos procesos conducían la vida política hacia una crisis sin precedentes, de proporciones históricas. El primero era el incremento de la represión, selectiva en una etapa y luego más generalizada. El segundo fue una consecuencia del primero: el aumento de la organización y de la movilización populares, que dieron origen a los primeros movimientos guerrilleros, las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Civiles ejecutados por escuadrones de la muerte, encontrados en la ruta hacia el Aeropuerto Comalapa, en San Salvador, en 1988 (John Hoaglan/Wikimedia Commons)

La incapacidad gubernamental de permitir la apertura política y cambios en el proyecto de desarrollo, por un lado, y, por el otro, la intensificación de los movimientos de oposición a las condiciones sociales vigentes, denunciadas como injustas por los propios dirigentes del país, condujeron a la situación de 1978, y finalmente a la guerra civil. Se volvía evidente la irrupción de una crisis política.

Ante la crisis, la movilización popular y la presión externa –y en particular de los Estados Unidos, bajo la administración de Jimmy Carter–, el gobierno se vio obligado a reorientar su esquema político. Ya al final de su mandato, el entonces presidente, general Carlos Humberto Romero (1977-1979), ofreció elecciones libres supervisadas por la OEA y se declaró dispuesto a iniciar un diálogo con la oposición. El bloque opositor, por su parte, mostraba un nuevo dinamismo, resultado de una movilización popular cada vez más amplia, por canales legales y extralegales.

A lo largo de 1979, la crisis política se acentuó debido a la intensificación de las violaciones a los derechos humanos y a la radicalización de los movimientos populares. En ese contexto, el 15 de octubre de 1979 hubo un nuevo golpe de Estado, que fue un intento de crear una alianza reformista que pudiese construir un nuevo proyecto de gobierno. Efímero, el éxito inicial permitió formar un gobierno amplio y pluralista; el gabinete se desintegró en poco tiempo y terminó por agregar un nuevo componente a la crisis.

Esos acontecimientos evolucionaron hacia un proceso vertiginoso de violencia, que alcanzaría su expresión máxima en el estallido de la guerra civil. El 24 de marzo de 1980, monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, defensor del fin de la represión y del diálogo para una salida política, fue asesinado por grupos de ultraderecha.

El país estaba al borde de la guerra civil. En el ámbito político se destacaban el carácter inflexible y excluyente del régimen vigente, su intolerancia a la oposición, los sucesivos fraudes electorales, el prolongado predominio del autoritarismo militar y el inoperante y poco confiable sistema judicial. Con ese panorama, creció la conciencia ciudadana respecto a la injusticia y a la exclusión. En el ámbito socioeconómico, sobresalía el estado de pobreza de la mayoría de la población, la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza, la concentración de la propiedad de la tierra, con el correspondiente aumento del número de familias sin tierra, y el deterioro de los salarios reales.

Terminada la guerra, el presidente Alfredo Cristiani Burkard (1989-1994) hizo la siguiente reflexión, en el acto de la firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992:

La crisis en que se vio envuelta la nación salvadoreña en el último decenio no surgió de la nada, ni fue producto de voluntades aisladas. Esta crisis tan dolorosa y trágica tiene antiguas y profundas raíces sociales, políticas, económicas y culturales. En el pasado, una de las perniciosas fallas de nuestro esquema de vida nacional fue la inexistencia o insuficiencia de los espacios y mecanismos necesarios para permitir el libre juego de ideas, el desenvolvimiento natural de los distintos proyectos políticos derivados de la libertad de pensamiento y de acción. En síntesis, la ausencia de un verdadero esquema democrático de vida.

La guerra civil

En 1980, las distintas organizaciones guerrilleras –Fuerzas Populares de Liberación (FPL), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Resistencia Nacional (RN), Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC)– se unificaron en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Los grupos democráticos de oposición, por su parte, formaron el Frente Democrático Revolucionario (FDR). Ambos frentes se aliaron estratégicamente en torno a una plataforma para un gobierno democrático revolucionario. El 10 de enero de 1981, el FMLN lanzó su primera ofensiva militar de gran envergadura, dando así inicio “oficial” a la guerra civil que se abatiría sobre el país durante doce años. Se estima que la guerra dejó un saldo estimado de 75.000 muertos, entre civiles y combatientes. Mató a uno de cada 66 salvadoreños.

Un grupo de combatientes del ERP en el norte de Morazán, en Perquin, en julio de 1990 (Linda Hess Miller)

Tres bloques dominaban la política salvadoreña en la época. Uno, formado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que tenía el apoyo del gobierno estadounidense. El segundo, liderado por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), era contrario a algunas posiciones del PDC, con el cual se disputaba el poder. El tercero, encabezado por el FMLN, reunía otros grupos políticos y sociales que defendían la negociación para terminar la guerra.

La situación de guerra no impidió que se respetara el calendario electoral. A diferencia de las décadas anteriores, el nivel de competencia partidaria fue mucho más elevado. En 1982 hubo elecciones para la conformación de una Asamblea Constituyente. En 1984, por segunda vez desde el inicio del siglo, la elección del presidente se dio en una puja electoral en la cual José Napoleón Duarte (1984-1989), del PDC, salió victorioso. En marzo de 1989, en la segunda elección presidencial en medio de la guerra, el ARENA llegó a la presidencia con Alfredo Cristiani Burkard (1989-1994). Ese mismo año, la ofensiva guerrillera llegó a la capital.

Un factor que ilustra la importancia del conflicto centroamericano en el marco de la Guerra Fría es el aumento de la ayuda económica y militar del gobierno de los Estados Unidos al gobierno salvadoreño. Un estudio sobre esa ayuda entre 1981 y 1985 registra un total de US$ 1.730 millones, siendo un 44,1% de ayuda indirecta y un 30% de ayuda directa relacionada con la guerra, un 15,4% para reformas y desarrollo, y 10,5% para alimentación. Se estima que la ayuda militar directa llegó a cerca de mil millones de dólares durante todo el período del conflicto armado.

Según un documento del gobierno de El Salvador, los costos directos de la guerra significaron para el país US$ 329 millones, y los indirectos, US$ 1.250 millones. Si se suman a éstos los costos de la reconstru­cción (US$ 1.620 millones), se habrían gastado US$ 3.200 millones en el conflicto. A su vez, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el Informe sobre el Desarrollo Humano de El Salvador, 2003, calculó que la guerra significó “más de 26 años de pérdida en el crecimiento y en el desarrollo socioeconómico”.

De la guerra a la negociación

La lógica de la guerra y de la negociación transitó varias etapas. En la primera, los esfuerzos y las propuestas de negociación buscaban mejorar las posiciones de los combatientes, dado que persistía la apuesta por una solución militar para el conflicto. Como lo afirmó el ex comandante guerrillero Joaquín Villalobos: “Las partes comenzaron hablando de negociación para apoyar la guerra, después hicieron la guerra para apoyar la negociación y finalmente la negociación les volvió imposible continuar la guerra”.

En 1987, la situación comenzó a cambiar debido a los Acuerdos de Paz para América Central (Esquipulas II), que crearon un cuadro favorable a la finalización de los conflictos militares en la región. Se fortalecieron las condiciones para desarrollar un proceso de construcción de un pacto político, con la participación de todos los sectores de la sociedad. Quedó claro que ninguna de las partes lograría obtener victorias estratégicas en el campo de batalla y, con esto, comenzó a imponerse la necesidad de una solución política negociada para el conflicto, en un caso clásico de empate militar. Ninguna de las fuerzas tenía capacidad de imponer su propio proyecto, aunque ambas tuvieran capacidad para bloquear el proyecto de los adversarios.

El año 1989 fue decisivo para la búsqueda de una salida negociada para el conflicto. El nuevo contexto internacional configurado luego de la caída del Muro de Berlín, en 1989, favorecía y estimulaba esa tendencia. En ese proceso, la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989 fue importante, cuando el combate llegó por primera vez a la capital. Según Manual Montobbio (1999), ese ataque tuvo

como efecto político principal demostrar, a todos los actores del conflicto, la imposibilidad de una solución militar, reforzando así definitivamente la vía de la solución política.

La ofensiva puso en evidencia que el FMLN no estaba debilitado al punto de ser aniquilado, aunque no consiguiese crear las condiciones para tomar el poder. En esa ocasión, el asesinato de jesuitas españoles en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (conocida como UCA) a manos de un comando del Ejército hizo que aumentaran las presiones internacionales para que se buscase una salida política para la guerra.

Después de algunos meses, comenzó a tomar forma una salida política para la
crisis, hasta llegar a las negociaciones, la intervención de las Naciones Unidas y, a fines de 1991, el Acuerdo de Paz. La primera etapa de negociaciones, entre 1984 y 1989, se prolongó por un buen tiempo, con once reuniones y pocos resultados concretos. En compensación, en la etapa final hubo 23 reuniones y una gran intensidad y profundidad de contenidos. El 4 de abril de 1990, en Ginebra, se hizo un acuerdo en el cual se aceptaba la mediación de las Naciones Unidas. Finalmente, el 16 de enero de 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz en el castillo de Chapultepec, en la ciudad de México.

Personas celebrando el cese del fuego en las calles de San Salvador, en febrero de 1992 (Joseph Morris)

Las diferentes etapas que marcaron la etapa final de negociaciones dan cuenta de las peculiaridades de ese proceso. La primera se inició con la firma del acuerdo de Ginebra (abril de 1990); después, se definieron el calendario y la agenda (mayo); en julio hubo un acuerdo sobre derechos humanos; y en octubre del mismo año se llegó a un impasse en relación con el tema de las Fuerzas Armadas y al agotamiento del proceso de negociación (octubre de 1990), y terminó con el acuerdo sobre las reformas constitucionales, en abril de 1991. La tercera etapa fue la firma del acuerdo sobre las reformas constitucionales en abril de 1991 y la firma del acuerdo de Nueva York, en septiembre de 1991. La última etapa transcurrió desde ese momento hasta la firma de los acuerdos finales, en enero de 1992.

Los Acuerdos de Paz

La firma de los Acuerdos de Paz representó un viraje histórico en la vida política del país. Primero, porque creó una opción para poner fin al autoritarismo; segundo, porque permitió la apertura, sobre el rescoldo aún humeante de la guerra, de una coexistencia pluralista de todos las agrupaciones políticas y sociales, incluso las que se habían enfrentado con armas durante una década. Según Salvador Samayoa (2002):

Los Acuerdos de Paz determinaron, por un buen tiempo, la agenda nacional, marcaron el rumbo, delinearon el entorno del pluralismo y de la tolerancia, recuperaron el sentido de nación, desbloquearon las vías de acceso al poder, propusieron nuevos valores políticos, depositaron su “capital semilla” en el fondo de credibilidad de la política y devolvieron la esperanza y el sentido de participación a las personas.

Con la mediación del secretario general de las Naciones Unidas, los principales actores de la guerra –el gobierno y las Fuerzas Armadas por un lado, y el FMLN por otro– entraron en acuerdo. Aceptaron las reglas que regirían el desmantelamiento de los aparatos bélicos y las reformas institucionales para dar por finalizado el conflicto armado, impulsar la democratización, garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y reunificar la sociedad. El debate y las negociaciones se concentraron en el carácter del sistema político de la posguerra. Se sabía que sería imposible anular las causas socioeconómicas que habían influido en la eclosión del conflicto; de esta forma, los asuntos económicos y sociales no integrarían la agenda principal, aunque se hubiesen identificado algunas medidas a tomar.

Además de poner fin a la guerra, los acuerdos implicaron la creación de una institucionalidad de carácter democrático. Ambos aspectos estuvieron regidos por un riguroso calendario, sometido a verificación internacional. De esa manera, se estableció un pacto por el cual se iniciaba de hecho la transición hacia la fundación de una democracia política. Las medidas previstas abarcaron asuntos fundamentales para la vida del país: Fuerzas Armadas, derechos humanos, sistema judicial, sistema electoral y reforma constitucional.

Los compromisos referentes a las Fuerzas Armadas incluían no sólo la depuración y reducción de la institución, sino también cambios en el papel que éstas desempeñaban en el Estado y en su rela­ción con la sociedad. El propósito principal era garantizar la subordinación de la institución militar al poder civil. Se crearon la Policía Nacional Civil y la Academia de Seguridad Pública, las cuales, encuadradas en una nueva doctrina y un nuevo régimen de seguridad pública, tendrían total independencia en relación con las Fuerzas Armadas.

Sobrevinieron grandes cambios en el tratamiento de las cuestiones judiciales y de derechos humanos: la reorganización de la forma de elección de la Corte Suprema de Justicia y la readecuación de sus atribuciones; la redefinición del Consejo Nacional de la Judicatura y la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En materia electoral se creó el Tribunal Supremo Electoral y se modificó la ley electoral, incluyendo la legalización del FMLN como partido político. Para los asuntos económicos y sociales, se creó un Foro para la Conciliación Económica y se elaboró un Plan de Reconstrucción Nacional.

En términos generales, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz tuvo éxito, con la excepción de algunos cambios en el calendario. Naturalmente, algunos acuerdos fueron mejor implementados que otros, destacándose entre los primeros los relativos a las Fuerzas Armadas y a la creación de la Policía Nacional Civil, así como los relativos a las reformas político-electorales. Según Samayoa (2002):

Al volver la mirada hacia atrás, se hace evidente que algunas cosas salieron muy bien. Eso no significa que el cumplimiento de los acuerdos se haya realizado sin resistencia, contratiempos e impurezas. Significa, sencillamente, que luego de muchas vicisitudes y peripecias los acuerdos más importantes terminaron cumpliéndose de manera muy satisfactoria y tuvieron un impacto notable en el proceso de transformación del sistema político salvadoreño. […] Por eso, cualquier reflexión sobre el proceso de paz de El Salvador debe comenzar por el cumplimiento impecable del acuerdo de cese del fuego. No sólo porque puso fin al enfrentamiento estrictamente militar, sino porque también erradicó la violencia política, al menos en los niveles y en la formas de violencia verificados en el ciclo histórico de la guerra civil de finales de siglo.

El monumento de El Mozote, donde aproximadamente 1.000 personas fueron asesinadas por el ejército, durante la guerra civil de 1981 (Johan Bergström-Allen/www.romerotrust.org.uk)

La desmilitarización del Estado

La histórica reforma del sector de defensa y seguridad pública llevada a cabo a partir de los Acuerdos de Paz desencadenó un importante proceso de desmilitarización del Estado, asentó las bases para la subordinación del poder militar al poder civil y redefinió las relaciones entre civiles y militares.

La reforma militar siguió tres grandes ejes: (a) la separación entre la función y la institucionalidad de la defensa y de la seguridad pública; (b) la reforma doctrinaria de las Fuerzas Armadas, así como la reducción del número de efectivos destinados a la defensa nacional; y (c) una reforma doctrinaria e institucional de la seguridad pública.

La misión de las Fuerzas Armadas fue definida como la “defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio”, subordinadas al Ministerio de Defensa; y la seguridad pública se confió a la nueva Policía Nacional Civil, subordinada al Ministerio de Gobierno.

Hasta ese momento, las Fuerzas Armadas actuaban como una institución suprema, por encima de las demás, actuando con un alto grado de autonomía.

La redefinición del papel de las Fuerzas Armadas en los Acuerdos de Paz fue más allá de la simple modificación de sus funciones. Se estableció una nueva doctrina, con los elementos mínimos necesarios para el funcionamiento de una institución militar en una sociedad democrática. Se llevó a cabo la reforma del sistema educativo y del servicio militar. Se disolvió la Dirección Nacional de Inteligencia y se creó el Organismo de Inteligencia del Estado, bajo la dirección de un civil y subordinado a la presidencia de la República.

Además, se llevó a cabo un proceso de depuración de las Fuerzas Armadas. La Comisión Ad Hoc y la Comisión de la Verdad investigaron los actos de violencia del pasado y los oficiales mencionados en ambos informes fueron removidos de sus cargos. Divulgado en 1993, el informe de la Comisión de la Verdad, titulado “De la locura a la esperanza”, tuvo un gran impacto en la sociedad salvadoreña. En una drástica reducción, el contingente pasó de 63.175 militares, en 1992, a 31.000 en 1993. Por otro lado, la correspondiente partida presupuestaria, que representaba un 13,7% del presupuesto general del país, en 1992, se redujo a un 7,37% en 1995, y continuó en tendencia decreciente: 5,79%, en 1998; 5,38%, en 2000; 4,36%, en 2002; y 3,80%, en 2004.

En la reforma de la seguridad pública se disolvieron las antiguas estructuras y se creó la Policía Nacional Civil (PNC), con su propia doctrina y una nueva organización, además de nuevos mecanismos de selección, formación y entrenamiento. Pero este proceso enfrentó dificultades. El contexto de aumento de la delincuencia y de la inseguridad en la posguerra obligó a un rápido crecimiento de la PNC –que en 2000 contaba con 17.954 policías–, lo que perjudicó el programa de formación e impuso limitaciones de infraestructura y recursos. Además, había divergencias en cuanto al modelo de seguridad pública a desarrollarse.

La democracia electoral y la recomposición del sistema partidario

Las modificaciones introducidas por los Acuerdos de Paz contribuyeron a fortalecer la apertura democrática que se venía gestando desde la década de 1980, a pesar de que el conflicto armado se agravaba.

La reforma política promovida a partir de los Acuerdos de Paz representó un proceso de modernización y flexibilización del régimen. Buscó crear un sistema más inclusivo, ofreciendo oportunidades de inserción a los actores históricamente excluidos. Redefinió las “reglas del juego”, para que la competencia política se diera en condiciones de igualdad. Además, se trató de deslegitimar la opción por la lucha armada como medio de lucha política. En 1992 se llevó a cabo la legalización del movimiento guerrillero FMLN como partido político, ampliando el espectro ideológico partidario.

Con el fin de implementar esos cambios, se creó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que sustituyó el anterior Consejo Central de Elecciones. El Código Electoral de 1993, a su vez, supuso un cambio institucional de primer orden, que contribuyó a alejar la sombra del fraude y dar mayor credibilidad a los procesos electorales.

Con esas medidas y con las nuevas condiciones generadas por el proceso de paz, las elecciones de la posguerra adquirieron un carácter competitivo, pluralista y de libertad, aunque aún hubiese algunos problemas técnicos. Las elecciones generales de 1994 fueron las primeras de la posguerra que ofrecieron la posibilidad real de elegir entre distintas opciones político-ideológicas.

La aceptación formal de los resultados electorales y la ampliación del espectro partidario son características propias de la democracia electoral que se institucionalizó en El Salvador a partir de 1994. El Índice de Democracia Electoral (IDE), elaborado por el informe del PNUD (2004) sobre la democracia en América Latina, señala que las elecciones salvadoreñas evolucionaron, volviéndose limpias y libres, como vía legítima de acceso a los cargos públicos. Esto y el hecho de que la población adulta tuviera derecho al voto constituyen elementos fundamentales, tradicionalmente señalados por los teóricos, para definir un régimen democrático.

A pesar de la institucionalización de las elecciones democráticas, el sistema partidario continuó reproduciendo la polarización de la guerra, con un carácter multipartidario, polarizado y de competencia centrífuga. Según algunos analistas, se trataba de un tipo de “pluralismo polarizado”. Aunque la oferta partidaria variase en las diferentes elecciones de la posguerra, sólo cuatro partidos (ARENA, FMLN, PDC y PCN) tenían presencia constante, y el foco principal de la competencia se mantuvo en torno a los dos partidos, ARENA y FMLN, imprimiendo al sistema una configuración bipolar.

En cuanto al número efectivo de partidos, las elecciones presidenciales mostraron un tasa promedio de 2,6, lo que supone la existencia de tres partidos importantes; en las legislativas, la tasa era de 3,8, indicando la existencia de cuatro partidos relevantes. Las tendencias de votación de los principales partidos en las elecciones de la posguerra, para la presidencia y el poder legislativo, son graficadas arriba.

Carlos Mauricio Funes Cartagena, presidente de El Salvador, habla en la LXIV Asamblea General de la ONU, en septiembre de 20o9 (Marco Castro/ONU)

En las elecciones presidenciales, la ARENA siguió siendo mayoritaria, con un amplio margen en relación al FMLN, su competidor más próximo. Sin embargo, el FMLN ganó cada vez más espacio en el Congreso, pasando de 21 a 31 diputados en ese período, mientras que la ARENA disminuyó en número de votos y en la proporción de su participación –de 39 a 27–.

Diputados electos, por partido (1994-2003)

Fuente: Memorias del Tribunal Supremo Electoral (2004).

Finalmente, en el cuadro siguiente se observa que la mayoría de los alcaldes electos pertenecían a la ARENA y al FMLN. La ARENA retenía en su poder más gobiernos locales, aunque con una tendencia decreciente –de 207 en 1994 pasó a 111 en 2003–; el FMLN, a su vez, pasó de 15 en 1994 a 74 en 2003, en tanto que ese año controlaba el gobierno de la capital, de la mayoría de los municipios del área metropolitana y de las principales concentraciones urbanas del país.

Alcadías obtenidas en las elecciones,
por partido (1994-2003)

Fuentes: En el periodo 1994-2000: PNUD, 2001 e Informe sobre desarrollo humano: El Salvador 2001. San Salvador: PNUD. p. 66. En el año 2003: números oficiales del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (2004).

* Los totales del FMLN y del PC incluyen las municipalidades en las que vencieron individualmente o en coalición con otros partidos. En 2003, el FMLN ganó seis alcaldías en coalición con el PDC.

La economía de posguerra

El impacto del conflicto armado y la política económica adoptada en la década de 1990 –con la reforma agraria y la apertura comercial– transformaron estructuralmente el sector agrícola y condujeron al agotamiento del modelo agroexportador tradicional que había prevalecido en las décadas anteriores, basado principalmente en la producción de café, algodón y caña de azúcar. En 1970, el sector agrícola representaba el 40,4% del PBI, pero esa tasa cayó a un 14,2% en 1992, 9,8% en 2000 y 8,8% en 2004. Además de los factores internos, también contribuyó a su caída en la participación en la economía el deterioro experimentado por los precios internacionales de los principales productos de la agroexportación, con una rentabilidad negativa para productos como el café, la caña de azúcar y los granos básicos.

Otro indicador del declive del modelo agroexportador tradicional fue la disminución de su capacidad de absorber mano de obra. En 1961, la agricultura empleaba el 57,5% de la población económicamente activa (PEA); en 1992, el 34%. Según estimaciones más recientes, como las registradas por la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, sólo el 17,8% de la PEA se dedicaba a la agricultura en 2004.

En contraposición a la caída de la importancia de la agricultura en la economía, se registró un aumento en el ingreso de los recursos enviados por salvadoreños residentes en el exterior. En 2004, esas remesas representaron un 16,1% del PBI. En tanto, el sector de comercio y servicios creció de un 36% del PBI, en 1970, a un 60,9%, en 2004; la tasa de empleo de la población económicamente activa en ese sector era de un 23,8% en 1971, pasando a un 53,7% en 2004. Además, la expulsión continua de mano de obra del sector agrícola se reflejó en la creación de un gran sector informal; se calcula que un 49,7% de la población ocupada en las áreas urbanas en 2002 estaba en el sector informal, sobre todo una importante cantidad de trabajadores en el comercio.

Durante la década de 1980, a medida que la guerra se diseminaba por el país, la población se desplazó en varias direcciones: dentro del propio territorio (desplazados) y hacia países vecinos o más distantes, en calidad de refugiados o emigrantes. Cuando se aproximaba el final del conflicto, muchas personas, familias y hasta comunidades enteras retornaron a sus lugares de origen, incluidos los combatientes, fuesen del FMLN o de las Fuerzas Armadas.

Ese proceso reveló ser bastante complejo, con un impacto aún mayor que el propio conflicto. Como lo explica Carlos Umaña (1996):

[el] desarrollo económico de la década del 70 y el conflicto armado de los años 80 produjeron una profunda transformación demográfica en el territorio de El Salvador, expresada principalmente en cuatro fenómenos de reasentamiento: emigración (Estados Unidos), concentración, relocalización regional y urbanización.

Según Briones (1995), la tradicional relación de las personas

con el territorio se transformó. Los cambios en la estructura demográfica, la redistribución de la población en el espacio territorial, la reconfiguración de los paisajes económicos y del aparato productivo, la desaparición del algodón, transformaron la relación de la sociedad salvadoreña con su territorio. . […] Actualmente está surgiendo una nueva geografía económica, que ya no se funda en los procesos productivos agrícolas, sino que, más bien, está centrada en las zonas urbanas y en la costa y con desequilibrios poblacionales regionales. Es así que el sudoeste del país concentra el 70% de la población.

Sin embargo, la urbanización fue un fenómeno notable en este proceso. El paisaje anteriormente dominado por los cultivos de exportación y de subsistencia pasó a ser ocupado por las redes urbanas, sin ningún tipo de organización territorial.

Habitante de una favela en El Salvador, donde un proyecto llamado ECHO (DIPECHO) intenta mejorar el modo en que estas comunidades vulnerables pueden reaccionar ante un desastre como un terremoto o una tempestad (Tineke D'haese/Oxfam)

El cuadro de indicadores demográficos permite comparar la evolución de las poblaciones urbana y rural en el período que va de 1950 a 2000. En 1950, la población urbana representaba un 36,5% del total y la rural un 63,5%. En 1990, la relación era prácticamente del 50% para cada una, y en 2000, la población urbana representaba más de la mitad del total.

La emigración, principalmente hacia los Estados Unidos, fue otro fenómeno que contribuyó a la profunda transformación demográfica ocurrida desde la crisis que llevó a la guerra civil. Algunos analistas creían que, finalizado el conflicto, muchos salvadoreños regresarían a sus hogares y que el movimiento migratorio disminuiría. Pero eso no sucedió. Después de la guerra, el país continuaba sin ofrecer grandes atractivos desde el punto de vista económico; por otro lado, a lo largo de décadas de migración, ya se construía una cultura migratoria y una eficiente red de apoyo. De esta forma, no sólo el flujo  de retorno fue mínimo sino que también prosiguió el movimiento de salida en busca de mejores oportunidades.

A pesar de la importancia de este fenómeno, no existen datos precisos acerca de la cantidad de salvadoreños que viven en el exterior. Según los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, más de 2 millones de salvadoreños residirían en los Estados Unidos en 2002, y un 20% de los hogares del país recibirían remesas del exterior. A lo largo de todo el período, las implicancias sociales, culturales y políticas de ese fenómeno migratorio fueron profundas, pero el mayor impacto está generado por el factor económico, principalmente debido a las remesas.

Las remesas familiares provenientes del exterior aumentaron rápida y significativamente a partir del comienzo de la década de 1990, pasando de US$ 790 millones de dólares en 1991 a US$ 2.540 millones en 2004; a lo largo de este período, pasaron de un 10,5% a un 16,1% del PBI. La tendencia progresiva de aumento de las remesas familiares, en millones de dólares, está representada en el gráfico de abajo.

Los desafíos del cambio de siglo

Las transformaciones del país durante el conflicto armado y en la dinámica de la posguerra fueron profundas. La reforma política establecida a partir de los Acuerdos de Paz implicó un importante proceso de desmilitarización del Estado y, al mismo tiempo, la institucionalización de la democracia electoral y la reestructuración del sistema partidario. Paralelamente, se llevó a cabo el proceso de reforma económica.

El proceso de reforma, sin embargo, no parecía suficiente para alejar un relativo estancamiento de la política, que cada vez menos funcionaba como factor de cambio. Ante la crisis de representatividad y de legitimidad del sistema político, fueron surgiendo iniciativas destinadas a promover una reforma político-electoral que permitiese perfeccionar el proceso de democratización.

Algunas de las propuestas de reforma sostenían que el sistema de elección de los diputados permitía el desarrollo de un vínculo entre representantes y representados. Como destacó la Comisión Nacional de Desarrollo:

Lo que debemos construir es la relación representante-representado. Es necesario que el representante piense, sienta y actúe como delegado de la voluntad popular y, en consecuencia, el ciudadano pueda saberse y sentirse concretamente representado. Como actualmente no existe ese vínculo, se deben buscar mecanismos de relación que lo propicien.

Otras reformas electorales pretendían eliminar la preponderancia de los partidos sobre los organismos electorales, así como separar las funciones administrativas y de jurisdicción del tribunal electoral. Se destacó también la necesidad de una ley de los partidos políticos que permitiera, entre otras cosas: regularizar los financiamientos públicos y privados; introducir las figuras del referendo y del plebiscito; promover la equidad de género en la actividad política; introducir el voto residencial, para aproximar las urnas al ciudadano, así como el voto de los salvadoreños en el exterior.

A la rigidez institucional se sumaban las dificultades para establecer acuerdos políticos. Los dos partidos mayoritarios –ARENA y FMLN– habían perdido la capacidad de administrar sus diferencias y construir acuerdos. Dos señales denunciaban esa dificultad. Una era el gran número de vetos presidenciales registrado en el período de gobierno del presidente Francisco Flores (1999-2004); otro, el reiterado atraso en la aprobación legislativa del presupuesto general del país

Un contraste significativo distingue el pasado reciente de la actualidad política. Si antes era posible introducir una reforma negociada en medio de la guerra, ahora existe una capacidad de diálogo muy estrecha para abordar algunos asuntos fundamentales para la ciudadanía. Un aspecto importante del proceso de paz, como dijo el entonces presidente Cristiani Burkard en su discurso en Chapultepec, era el método adoptado para solucionar la guerra,

que no es sólo el resultado de la negociación lo que tiene valor como producto positivo de un esfuerzo constructivo y concertado, es el método mismo del diálogo, del entendimiento razonable y de la búsqueda sensata y efectiva de soluciones a los problemas más agudos y más difíciles.

Ello requiere la voluntad de los principales actores políticos para generar un nuevo esquema de entendimiento que responda a la realidad de la posguerra y a los desafíos del siglo XXI. Un desafío importante para la futura gobernabilidad democrática dependerá de la posibilidad de promover una reforma político-electoral y de la voluntad y de la capacidad de los principales actores políticos para construir acuerdos.

Salvador Sánchez Cerén, ex comandante guerrillero del FMLN, ahora un partido político, en la asunción de su segundo mandato consecutivo de la presidencia de El Salvador, en 2014 (Eduardo Santillán Trujillo/Presidencia de la República)

El estancamiento económico y las cuestiones sociales

En cuanto a la economía, la reforma emprendida luego de los Acuerdos de Paz se propuso cambiar el modelo económico, dejando de lado la sustitución de importaciones y valorizando el papel del mercado. En ese sentido, se aplicaron dos programas, uno de estabilización y otro de ajuste estructural; las medidas principales eran: políticas monetaria, fiscal y cambiaria que garantizaran la estabilidad y el mejor desarrollo del mercado; privatización del sistema bancario; apertura comercial; reforma fiscal para simplificar la estructura tributaria; y la privatización de algunos servicios públicos. En 2001 se adoptó la dolarización de la economía.

La reforma trajo diversos resultados positivos, que permitieron a El Salvador llegar a una estabilidad macroeconómica: estabilización del tipo de cambio nominal, reducción de la inflación, disminución del déficit fiscal y estímulo al ahorro privado. Pero no se lograron todos los beneficios esperados; por ejemplo, el crecimiento de la producción y el empleo no sufrieron cambios.

Desde el inicio del siglo XXI, la economía entró en un proceso de estancamiento. Como se puede observar en el gráfico de arriba, despues de la firma de los Acuerdos de Paz, entre 1990 y 1994, hubo un período de intenso crecimiento que llegó a un promedio del 5,9%. Pronto el ritmo se desaceleró y, en 1995-1999, el promedio fue de 3,9%. En 2004, el PBI alcanzó el índice más bajo de América Central y fue el penúltimo de América Latina. En el período 2000-2004 el promedio fue de 1,9%.

Contribuyeron al estancamiento económico factores de carácter tanto estructural como coyuntural, doméstico e internacional. Por ejemplo, el desempeño de la economía mundial, en particular el lento crecimiento de la economía estadounidense; el huracán Mitch en 1998 y los terremotos de 2001; la crisis en el precio del café; la disminución del precio del azúcar; el aumento de los precios del petróleo; la eliminación de las cuotas para los textiles; la baja productividad de la economía.

Con un poco más de 20.000 km2, El Salvador posee un pequeño territorio, en el cual conviven significativas disparidades: las regionales, entre sus departamentos (estados); y las sociales, entre las camadas de la población. En 1992, el ingreso familiar per cápita del 20% de los hogares más ricos era 18 veces superior al del 20% de los más pobres; y en 2002 esa proporción había aumentado 24 veces. El índice de Gini, que mide la distribución de ingresos, fue de 0,54 en 2002, superior al valor medio de América Latina (0,47), que ya es de por sí la región más desigual del mundo (PNUD, 2003).

El gráfico sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH), en el período de 1990 a 2002, muestra un avance positivo: el valor medio era de 0,650 en 1990 y aumentó a 0,722 en 2003, manteniendo al país en el grupo de países de desarrollo humano medio. Pero esa mejoría –reflejo del fin del conflicto armado, del crecimiento económico alcanzado a comienzos de los años 90 y del flujo creciente de remesas– se estancó en los últimos años.

El ambiente de violencia e inseguridad es una de las principales preocupaciones de la sociedad de El Salvador. En un estudio realizado a mediados de los años 90, la tasa de homicidios era superior a 100 cada 100.000 habitantes (Cruz et al., 1998). Y de acuerdo con diferentes fuentes, en los últimos años esa tasa osciló de 35 a 60 cada 100.000 habitantes.

Este ambiente, alimentado al principio por los remanentes de una cultura de violencia, por décadas de autoritarismo y represión, y también por doce años de guerra civil, se ve fortalecido por la posesión generalizada de armas: se calcula que existen más de 450.000 armas de fuego en manos de la población.

El fenómeno de las “maras”, las pandillas juveniles, viene creciendo en toda América Central; en El Salvador, el gobierno lo enfrentó con programas policiales de gran rigor. Sin embargo, según Córdoba y Pérez (2005)

este caso debería ser analizado bajo una perspectiva más integral, ya que se trata de un fenómeno asociado a las condiciones socioculturales, a la construcción de las identidades y a las dinámicas de exclusión, que además tienen implicaciones en materia de seguridad pública.

Vista aérea de la zona de Las Colinas, tras el primer terremoto, en 2001 (United States Geological Survey)

Además de los costos sociales y culturales, se deben tomar en cuenta los elevados costos económicos de la violencia: según un estudio del PNUD (2005), éstos alcanzaron en El Salvador, en 2003, cerca de US$ 1.710 millones, valor equivalente al 11,5% del PBI.

La inseguridad, la criminalidad y la violencia le plantean al gobierno y a la sociedad dos importantes desafíos. En primer lugar, la reducción de la criminalidad y de la violencia impone una política integral de seguridad, que aborde tanto la aplica­ción de la ley como los aspectos preventivos y de readaptación. Para ello, es indispensable una mejor coordinación entre los sectores de la seguridad y de la justicia. El segundo desafío impone la necesidad de mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población, rompiendo con las dinámicas de exclusión social y falta de empleo.

Las cuestiones sociales se vieron agravadas por dos fenómenos naturales a finales del siglo XX e inicios del XXI, con una profunda interferencia negativa sobre el desarrollo del país. El primero fue el huracán Mitch, en octubre de 1998. Según estimaciones, provocó 18.000 muertes y desaparecidos, 2.300 millones de víctimas de daños directos y más de US$ 5.000 millones en pérdidas materiales, en toda América Central. En El Salvador causó 240 muertes, 84.005 víctimas de daños directos y la evacuación de 49.000 personas (INCAE y HIID, 1998).

En enero y febrero de 2001, El Salvador sufrió el impacto de terremotos con una magnitud de 7,6 y 6,6 grados en la escala Richter, respectivamente, que afectaron a territorios con una gran densidad poblacional. Se calcula que se vio afectada cerca del 20% de la población y las pérdidas totales ascendieron a 1.600 millones de dólares, valor equivalente al 12 % del PBI y al 55% de las exportaciones (FOB) de 2000 (PNUD, 2001).

(actualización) 2005 - 2015

por Fernanda Gdynia Morotti

En marzo de 2004, la tradicional y ultraconservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) conquistaba la presidencia una vez más. Su candidato era el popular presentador y locutor deportivo Elías Antonio Saca, y su gobierno se caracterizó por el alineamiento incondicional con los Estados Unidos. Así, El Salvador ingresó en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), envió tropas a Irak para apoyar a la invasión norteamericana y fue el único país de América Latina que no restableció relaciones diplomáticas con Cuba; éstas recién volverían a normalizarse después de dejar Saca la presidencia.

La economía siguió la receta neoliberal. En su mejor momento, en 2006, el PBI creció 4,2% y las exportaciones ganaron impulso con la entrada en funcionamiento del puerto de El Cutuco, con el desarrollo de la agricultura y con las inversiones en los sectores productivos. Saca incluso firmó, con su par Manuel Zelaya, presidente de Honduras, la demarcación de las fronteras entre los dos países, un conflicto que se arrastraba desde hacía ya un siglo. Además, ambos firmaron tratados de cooperación bilateral.

Sin embargo, con la economía dolarizada y vinculada a los Estados Unidos, El Salvador sufrió un gran estremecimiento al estallar la crisis financiera internacional de 2008. La crisis terminó con ese corto período de bonanza que había tapado los problemas económicos graves por los que atravesaba el país. La desigualdad, la pobreza, el desempleo y, sobre todo, la violencia se hicieron sentir como nunca. En las elecciones de 2009, el pueblo votó por cambios, otorgando la victoria a Mauricio Funes, en ese momento el primer socialista en llegar al poder en veinte años.

El gran desafío del nuevo presidente era combatir la violencia. Así, el gobierno puso en marcha un proyecto que conjugó prevención y represión, del que estaba a cargo el viceministro de Seguridad, Douglas Moreno. Él negoció una tregua entre las dos pandillas más peligrosas del país, la MS-13 y la Barrio 18, ofreciendo programas de reinserción y readaptación para jóvenes marginados y también haciendo algunas concesiones. El gobierno autorizó, por ejemplo, el traslado de presos bajo régimen de seguridad máxima a prisiones menos rigurosas y estableció reglas nuevas para las visitas íntimas. Al tener representantes en los equipos comunitarios, las pandillas se comprometieron a no ir contra los proyectos del ministerio de Obras Públicas. Y el acuerdo permitió que el gobierno llevara infraestructura, salud y educación a las áreas superpobladas y extremamente carenciadas, en municipios dominados por bandas donde hasta entonces la mano del Estado no llegaba.

Las acciones surtieron efecto. Durante el gobierno Funes, la violencia disminuyó un 60%, pero los críticos aseguraban que no era sino a costas de concesiones inadmisibles y que el poder permaneció en mano de las pandillas. Cierto o no, el hecho es que, después de que Salvador Sánches Cerén, sucesor de Funes, llegó a la presidencia, la violencia volvió a crecer. Además de combatir el crimen, Funes logró avances importantes en la educación, dando al estudiante carenciado posibilidades de acceder a la escuela. El programa iniciado durante su gobierno, y que también ofrece alimentación, uniforme y materiales escolares a los alumnos, benefició a 1,3 millones de personas entre niños y jóvenes. Y el analfabetismo también disminuyó del 18% al 12% de la población, gracias al incentivo estatal a los programas gestionados por voluntarios.

El Salvador es el país con más mujeres asesinadas, según la institución suiza Small Arms Survey, con una media de 12 asesinatos cada mil mujeres. En este contexto, el gobierno logró el apoyo de la Asociación de las Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas, al promulgar leyes que las protegen y al crear el programa Ciudad Mujer; éstos son centros que reúnen servicios dedicados a problemáticas femeninas, como cuestiones de salud y asesoría jurídica. Hasta 2014, seis de esos centros estaban en funcionamiento en el país. Así, Funes cumplió con la mitad de las metas de su plan quinquenal de gobierno: abrió 110.000 empleos formales, redujo la pobreza en el 5% de la población y entregó la banda presidencial a Cerén con un crecimiento medio del 2% anual.

Por su parte, Sánchez Cerén, vicepresidente de Funes, hombre de costumbres sencillas, ex guerrillero con una historia de lucha contra la dictadura militar, que fue elegido en 2014, había prometido continuar y profundizar los proyectos sociales de la gestión anterior. En una de sus primeras declaraciones aseguró que construiría un gobierno de unidad nacional, convocando a la población y a la clase política para contribuir con su modelo de gestión participativa. De ese modo, el gobierno lanzó una serie de medidas de incentivo a las cooperativas, las microempresas, y las empresas rurales, privilegiando, por ejemplo, planes de agricultura familiar para hacer frente a monopolios agrícolas, además de garantizar la posesión de la tierra a los campesinos. Además de eso, una amplia reforma fiscal aumentó la recaudación a casi US$ 200 millones, al combinar impuestos sobre operaciones financieras, el fin de las exenciones fiscales, con las que se benefician las editoras de periódicos, y un mayor control sobre la evasión impositiva.

Cerén trabaja para concentrar las deudas del país, con el objetivo de tener más poder de trueque a la hora de negociar. Es más, existe un plan para cambiar gradualmente la matriz energética. El gobierno firmó un convenio con diversas empresas generadoras de energía solar, y solicitó el ingreso del país en Petrocaribe, la alianza regional que permite a sus miembros comprar petróleo a precios accesibles y pagar la cuenta con bienes y productos nacionales. Con tales iniciativas, Cerén pretende garantizar los recursos para profundizar los programas sociales y enfrentar el principal escollo del país: la seguridad pública. El Salvador continúa siendo uno de los lugares más violentos del mundo, con 10,2 homicidios por día.

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