Costa Rica

Emir Sader (texto de actualización de la entrada, 2006-2015) 

Desde el punto de vista de la historia precolombina, el territorio de la actual Costa Rica y las sociedades que lo habitaron integraban un área cultural diferenciada, la de la Zona Sur de América Central, constituida también por el sudeste de Nicaragua y por Panamá. Esta área, de tradición cultural chibchoide por la preeminencia de las lenguas nacidas en la familia lingüística chibcha, presentaba rasgos culturales propios. Muy tempranamente en la historia antigua de América Central se forjaron aquellas características que diferenciarían a las sociedades que habitaron Costa Rica de las que se desarrollaron en el norte del istmo centroamericano. La menor densidad demográfica, las sociedades de dimensiones y organización menos complejas, y una arquitectura y arte no tan ricos y variados contrastan con las peculiaridades de las sociedades mesoamericanas localizadas al norte de esta región.

Colón descubrió el territorio costarricense en 1502, durante su cuarto y último viaje. Tiempo después, la realidad frustró las expectativas de encontrar tierras con riquezas auríferas abundantes y accesibles. La conquista fue un proceso tardío, y en 1563 se fundó el poblado de Cartago, en el este del valle central del país –desde entonces este valle fue eje económico y político, y centro de la vida cultural–, que se convirtió en capital de la provincia de Costa Rica. Durante todo el período colonial, ese territorio y sus habitantes formaban parte de la capitanía de Guatemala en el plano político, y del obispado de Nicaragua en el plano religioso.

Durante la colonia, algunas características estructurales de la provincia fueron las siguientes: carencia de minas de oro y de plata conocidas y explotables; escasez de población indígena (existió la esclavitud, pero de una población negra poco numerosa), controlada por los españoles mediante la encomienda (institución jurídica implantada por España en América, para reglamentar las relaciones entre españoles e indios) y el reparto (distribución de tie­rras y casas entre los que colaboraron en la conquista); limitaciones extremas para el desarrollo del comercio; distancia respecto de la capitanía de Guatemala, porque Costa Rica era la división política más austral, y la más abandonada a su propia suerte. Todas estas circunstancias resultaron desfavorables para la generación y acumulación de excedentes significativos.

Dichas características contribuyeron a generar algunos de los perfiles ancestrales de la sociedad costarricense: acceso relativamente fácil a la tierra y fuerte impronta campesina. A pesar de que hayan existido diferenciación social y jerarquías –muy distintas del igualitarismo que algunas veces proclamaron erróneamente varios historiadores–, esas diferencias fueron menos pronunciadas que las observadas en el resto de América Central. De esta manera se formó una sociedad con menor distancia de estatus entre sus miembros, y propensa a crear mejores oportunidades. Desde entonces, seguramente, las sociedades de Costa Rica y de Guatemala ofrecen en América Central el contraste más prominente.

Vista aérea de San José, capital de Costa Rica (Terry Feuerborn/Creative Commons)

Agroexportación y Estado 

La fecha oficial de la independencia de los países centroamericanos con relación a España es el 15 de septiembre de 1821. En 1824 se dio la incorporación pacífica de la región de Nicoya (hoy provincia de Guanacaste, frontera con Nicaragua, a la cual pertenecía hasta entonces) al territorio de Costa Rica. A partir de ese año, Costa Rica integró la República Federal de América Central. Los interminables conflictos entre liberales y conservadores en el seno de la República, no sólo en el norte del istmo, sino también entre los costarricences, llevaron a éstos a desertar de la Federación en 1838 y a establecer, en 1848, a la República como Estado plenamente soberano. Desde entonces Costa Rica se ha mostrado renuente a participar de proyectos de integración regional centroamericana o, en otras palabras, se ha incorporado a ellos de manera muy precavida.

La inserción agroexportadora de Costa Rica, por medio del café, en los circuitos de la economía capitalista internacional emergente del siglo XIX (fue el primer país centroamericano en conseguir insertarse) se inició en la década de 1830, y se consolidó en la siguiente. El universo del café –en el cual participaban medianos y grandes productores que igualmente exportaban, además de comerciantes y prestamistas– se estructuró entre los bastidores de la economía campesina, que se había expandido durante el siglo XVIII. Los efectos distributivos benéficos de esa pauta de producción y vinculación al comercio capitalista internacional reforzaron aquella índole menos desigual de los estratos de la sociedad costarricense con relación a los de otras partes de América Central. La exportación de café –primer producto comercial que resultó un éxito duradero y significativo– proporcionó desde el inicio, a pesar de las fluctuaciones cíclicas de los precios, un nuevo dinamismo a la sociedad, y con ella se iniciaron profundas transformaciones que alcanzarían a diversos grupos sociales.

El segundo producto de exportación importante fue la banana. La necesidad de acortar la ruta de exportación del café hacia Europa vía océano Atlántico –antes se hacía por el Pacífico, bordeando América del Sur– impulsó la construcción del ferrocarril hasta el Caribe. A pesar de que la iniciativa del proyecto haya sido estatal, quien lo concluyó en 1890 fue un empresario estadounidense, Minor Keith. No sólo inauguraría el ferrocarril, sino que también obtendría concesiones de grandes extensiones de tierra próximas al litoral, que preparó para la producción y exportación de banana a los Estados Unidos, por medio de la United Fruit Company –que el escritor Carlos Luis Fallas, en su novela de aguda crítica social, apodó “Mamita Yunai”–. La producción de banana atrajo y concentró desde esa época buena parte del proletariado agrícola del país.

La configuración del Estado nacional atravesó diversos períodos. Desde las primeras décadas del siglo XIX, las posiciones liberales se fortalecieron en detrimento de las conservadoras, lo que ocasionó entre otros resultados que San José se convirtiera en capital a partir de 1823 y que se limitaran rápidamente los privilegios de la Iglesia Católica. Otro momento relevante ocurrió cuando, en 1856 y 1857, los costa­rricenses repelieron las fuerzas de William Walker y ayudaron decisivamente a derrotarlo. Walker era un estadounidense que había llegado a Nicaragua con la aspiración de someter América Central, desde la perspectiva de los intereses del sur esclavista de los Estados Unidos.

A pesar de que entre 1821 y 1870 se sucedieron jefes de Estado con mandatos inconclusos, golpes militares y nuevas constituciones a partir de 1870, con la ascensión del general Tomás Guardia por la vía militar (gobernó hasta 1882) y con la aprobación de la Constitución de 1871 el Estado nacional entró en una nueva fase. Al mismo tiempo que empezó a adquirir mayor autonomía frente a la oligarquía del café y a reducir el poder militar –el cual, sin embargo, preservó una cierta importancia en un segundo plano por lo menos hasta la década de 1920–, una nueva generación de letrados y hombres públicos firmemente comprometidos con el ideario liberal fue ocupando posiciones cada vez más importantes. Las bases de un Estado de derecho, la extensión de la educación pública en el nivel primario, la expansión paulatina del sufragio, las nuevas limitaciones a las prerrogativas de la Iglesia Católica en beneficio de un Estado cada vez más laico, y los procesos electorales renovados –interrumpidos entre 1917 y 1919 por un golpe de Estado– fueron las conquistas que cobraron relieve en el largo período transcurrido entre la década de 1880 y 1929. Para completar el cuadro, se debe tener en cuenta que Costa Rica consiguió constituir un Estado nacional con fronteras reconocidas internacionalmente y mantener su territorio libre de la intervención de fuerzas extranjeras. Esto la diferencia de otros países de América Central como Nicaragua al norte y Panamá al sur de sus fronteras, que sufrieron intervenciones norteramericanas. Durante las primeras décadas del siglo XX, los Estados Unidos establecieron en ambos países ejércitos convocados a resguardar los intereses estadounidenses en la región.

Manifestaciones de agricultores en San José, exigiendo la reducción de los impuestos, en enero de 2011 (MadriCR/Wikimedia Commons)

Crisis y guerra civil

La crisis económica mundial iniciada en 1929 y, más tarde, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) incidieron prolongadamente sobre la sociedad costarricense. Fueron dos décadas durante las cuales entró en crisis todo un modelo de sociedad: la agroexportadora.

En 1931 se fundó el Partido Comunista de Costa Rica, liderado por Manuel Mora Valverde, y en 1934 se organizó la gran huelga bananera dirigida por esa organización política en oposición a la United Fruit Company (Chiquita). Se obtuvieron mejoras importantes en las condiciones de contratación del proletariado agrícola dedicado a esa rama de exportación. A diferencia del resto de los países de América Central, donde a partir de 1931 se entronizaron dictaduras militares personalistas que se prolongarían por más de una década –la de los Somoza en Nicaragua duraría cuatro–, en Costa Rica, a pesar de la crisis económica y del malestar social, prevalecieron la normalidad democrática y el cambio de poderes por la vía pacífica y electoral.

Alrededor de 1940, con la elección a la presidencia del dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, del Partido Republicano Nacional (PRN), quien se reconocía influido por la doctrina social de la Iglesia Católica, empezaron algunos años turbulentos de reformas sociales y de enfrentamientos políticos. Calderón Guardia, con el respaldo de la Iglesia Católica y del arzobispo progresista monseñor Víctor Sanabria, y más tarde también con el apoyo del Partido Comunista (PC), concretó en 1941 la creación de la previsión social y de su principal institución, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). En 1943 siguieron la aprobación del Código de Trabajo y la incorporación de un capítulo sobre garantías sociales en la Constitución, y en 1940 se había fundado la Universidad de Costa Rica.

La oligarquía del café, que inicialmente lo había apoyado, le retiró su respaldo, pero la oposición a Calderón y a su sucesor, del mismo partido, que gobernó de 1944 a 1948 –en un régimen político con mandatos presidenciales de cuatro años y sin reelecciones inmediatas–, provenía también de otras orientaciones políticas. Una de ellas, una coalición de grupos procedentes de los sectores medios de la sociedad, compuesta por figuras como José Figueres Ferrer, Rodrigo Facio Brenes, Daniel Oduber Quirós y Luis Alberto Monge, entre otros. Ellos habían creado el Partido Social Demócrata (PSD) en 1945 y se oponían a Calderón Guardia y a su partido por otras acciones distintas que no eran su reformismo en materia social; en especial, por supuestos hechos de corrupción y por temores de fraude electoral.

En el transcurso de la década de 1940 se desarrolló una división, una fractura social en Costa Rica, entre aquellos que se apegaban, sin esperar ni aceptar cambios, a un viejo orden agroexportador y los que apostaban a las reformas. Pero la manifestación partidaria y electoral de dicha división no parecía tan evidente, puesto que se confundía con intereses y preocupaciones políticas de corto plazo. Para las elecciones de febrero de 1948, las principales fuerzas políticas se alinearon en un enfrentamiento radical. De un lado, se encontraban Calderón Guardia y su partido, con el apoyo de los comunistas y su base social, el proletariado bananero y algunos sectores de artesanos y trabajadores urbanos, que temían un retroceso en las conquistas sociales alcanzadas durante la década y estaban decididos a no perderlas. De otro, el periodista Otilio Ulate, que se hizo candidato de la oposición después de derrotar a Figueres en una conven­ción y que contaba con el respaldo de su partido, la Unión Nacional (PUN), con el de Figueres y el del PSD, pero también con el de una oligarquía que tenía la esperanza de que así se podría derrotar al calderonismo y dar marcha atrás la rueda de la historia en materia de desarrollo social. Los resultados de las urnas dieron la victoria a Ulate, pero Calderón Guardia los cuestionó y finalmente el Congreso, de mayoría calderonista y comunista, anuló las elecciones.

Figueres Ferrer, que ya venía preparándose para tal eventualidad hacía meses, consiguió apoyo y armamentos de Juan José Arévalo –principal líder de la revolución guatemalteca de octubre de 1944-1954, y presidente de Guatemala entre 1945 y 1951– y constituyó, con otros líderes centroamericanos, la denominada Legión Caribe, con el objetivo de erradicar las dictaduras de esa región (empezando por la de Somoza en Nicaragua y la de Trujillo en la República Dominicana). Contaba también con un contingente de jóvenes provenientes de los sectores sociales medios dispuestos a irrumpir de manera renovadora en la vida política de Costa Rica. Así, Figueres Ferrer se levantó en armas el 12 de marzo de 1948.

La guerra civil duró aproximadamente más de un mes. Sus resultados fueron el triunfo de Figueres y el exilio de Calderón y de Mora Valverde, con lo que los comunistas nunca volverían a tener la importancia y la influencia que alcanzaron en los años 30 y 40. No obstante, como parte de las negociaciones por las cuales terminó el conflicto armado, Figueres se comprometió a respetar las instituciones de reforma social que Calderón había concretado con el apoyo comunista, para disgusto profundo de la oligarquía. Y, además, Figueres Ferrer y Ulate hicieron un acuerdo a partir del cual el primero presidiría una Junta de Gobierno durante dieciocho meses (de mayo de 1948 a noviembre de 1949), después de los cuales el último obtendría la presidencia de la República, en respeto a los resultados electorales de febrero de 1948. Figueres y el PSD, que ideológicamente se inclinaban por el keynesianismo y el intervencionismo de Estado, consideraban agotada la visión liberal de la economía y deseaban ardientemente transformar las políticas de desarrollo de Costa Rica. En junio de 1948 nacionalizaron todos los bancos privados, en diciembre disolvieron el Ejército, y después completaron otras acciones en materia económica. Una asamblea constituyente sancionó en noviembre de 1949 la Constitución que, con algunas enmiendas, actualmente sigue en vigencia. Figueres Ferrer entregó efectivamente el poder a Ulate en ese mes y concluyeron así las dos décadas preliminares durante las cuales se generaron las condiciones para superar el orden social agroexportador.

Hechos que sobresalieron en ese perío­do, de consecuencias importantes para la democracia y el desarrollo social costa­rricenses, fueron la abolición del Ejército y su proscripción en el artículo 12 de la Constitución. La importancia de los militares de Costa Rica, que había crecido en los treinta años anteriores, venía declinando poco a poco. Sin embargo, Figueres Ferrer y el PSD les dieron el golpe de gracia, como una medida preventiva destinada a impedir que la oligarquía intentara inmediatamente boicotear por la vía de las armas la concreción de su proyecto político asumido después de la ascensión al poder. Y la defensa del país contra agresiones externas se delegó a organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en el contexto de la Guerra Fría que en ese momento despuntaba.

Años dorados

El factor que caracterizó favorablemente el desarrollo de la sociedad costarricense fue la expansión experimentada por la economía y por el comercio internacional después del fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, durante los así llamados años dorados del capitalismo en el siglo XX (1945-1973). La modernización política, entendida como institucionalización y consolidación de la democracia, y la búsqueda del desarrollo fueron las dos grandes metas de ese período en América Latina, pero en pocos países se pudieron concretar. Costa Rica fue uno de los países que alcanzó dichas metas. Y la explicación debe buscarse principalmente en los factores políticos internos, que son los que permiten a cada sociedad aprovechar o no oportunidades y desafíos que provienen del entorno internacional.

Los factores decisivos, en Costa Rica, estuvieron dados por las consecuencias de la guerra civil de 1948. El debilitamiento relativo de la influencia política de los sectores económicos oligárquicos, la inmovilización de las reducidas y desgastadas elites que gobernaban el orden social agroexportador y liberal, y la emergencia política de grupos reformistas, primero, y su posterior hegemonía electoral, son las explicaciones para la orientación progresista que siguió el estilo de desarrollo del país entre 1950 y 1980.

En 1951 se fundó el Partido Liberación Nacional (PLN), heredero del PSD, que se convirtió en la organización de mayor éxito electoral y mayor influencia en la política entre 1953 y 1978. Durante casi un cuarto de siglo, el PLN ejerció la presidencia dieciséis años (cuatro mandatos: Figueres Ferrer en 1953, Orlich en 1962, Figueres nuevamente en 1970, y Oduber en 1974; en estas dos últimas ocasiones, consecutivamente), pero en todos esos 24 años mantuvo la mayoría de diputados y el control de la Asamblea Legislativa, contando así con muchos recursos de poder para impulsar sus políticas cuando ascendía al gobierno y para resistir los intentos de hacer retroceder esas políticas cuando la oposición ganaba la presidencia (lo que ocurrió alternativamente en 1958 y en 1966). Por detrás del PLN había una nueva generación política y, a través de ella se expresaban otros intereses económicos y de grupos sociales. El partido contó especialmente con el respaldo de la burguesía industrial emergente, con el de las nuevas clases medias urbanas que se expandieron con el Estado y con el de la mediana burguesía rural, sectores interesados en la modernización del país. La propuesta del PLN era una socialdemocracia que –sin apoyarse en una clase trabajadora prácticamente in­existente en Costa Rica como tal y que nunca había sido bien organizada– se basaba sobre dos convicciones fundamentales: la importancia del papel del Estado para potencializar el desarrollo económico y social, es decir, un Estado intervencionista y benefactor, y la aspiración de ampliar las oportunidades de mejora para la sociedad con la consecuente disminución de la desigualdad.

La oposición política al PLN provenía de dos partidos: el PUN de Ulate, a través del cual la vieja oligarquía buscaba mantener su influencia, y el PRN del dr. Calderón Guardia. Esos dos partidos, que en los años 40 habían sido opositores entre sí, fueron poco a poco aproximándose en las décadas de 1950 y 1960 en su acción contra el PLN, hasta que en la segunda mitad de esa última década empezaron a forjar coaliciones electorales. A partir de cierto momento se dio una combinación sui generis de intereses: por un lado, los sectores empresariales antiliberacionistas (anti-PLN) de vieja estirpe y, por otro, como efecto ideológico y político derivado de la guerra civil, sectores de las clases trabajadoras rurales y urbanas que confiaban en el calderonismo como su última expresión política. Su ideario fue siempre, además del antiliberacionismo, el liberalismo económico y el antiintervencionismo estatal, la defensa a ultranza de la propiedad privada, pero también la concreción de algunos principios sociales de la Iglesia Católica.

Entre 1950 y 1980, la división que ocu­rrió en Costa Rica durante los años 1940, y que llevó a la guerra civil de 1948, se expresó política y electoralmente por medio de los partidos políticos anteriores que, tanto en sentido ideológico como en términos programáticos y de políticas gubernamentales, evidenciaron una clara contraposición entre sí, pero sin que se llegara a una polarización ideológica del tipo derecha-izquierda. Sin embargo, después de 1948, los comunistas fueron reprimidos. Proscripto su partido y con su fuerza debilitada, no consiguieron alcanzar ni siquiera una pequeña representación parlamentaria hasta los años 70, cuando, en 1975, se eliminaron las restricciones constitucionales a su participación, una cuestión que permanecía pendiente en la democracia costarricense.

Durante los años 50, la democracia representativa fue la alternativa preferida por los principales actores políticos para llegar al poder en el Estado. Calderón Guardia intentó frustradamente regresar al país en dos ocasiones, por vía armada, con el apoyo de Somoza García, de Nicaragua (en 1948 y 1955). Pero se puede afirmar que a partir de 1958, y sobre todo después de 1962, cuando las más importantes fuerzas políticas (PLN, PUN y PRN) participaron en las elecciones a la presidencia (faltaron sólo los comunistas), la democracia electoral fue admitida por todos como única vía legítima para disputar el poder del Estado y llegar a él. En este sentido, la consolidación del régimen político democrático representativo en Costa Rica ocurrió temprano, si lo comparamos con lo sucedido en gran parte del resto de América Latina y en toda América Central, pues sucedió durante la segunda ola democratizadora mundial (1943-1962) y no a lo largo de la tercera, que se iniciaría en 1974 en el sur de Europa.

Marcha Anticorporaciones Multinacionales, sindicatos y organizaciones de trabajadores, incluidos educadores, protestaron en varios locales de San José para rechazar decisiones del gobierno de Costa Rica, en junio de 2013

Economía y sociedad

En materia económica y social, los años que van de 1950 a 1980 fueron los años dorados del desa­rrollo costarricense. Costa Rica inició ese período con una población total de aproximadamente 966.000 habitantes y, alrededor de 1980, contaba con 2,34 millones –fruto de un impetuoso crecimiento inicial (del 4% al año o más en los años 50, cayendo al 2,9% en 1980, mediante programas exitosos orientados a la planificación familiar)–. La esperanza de vida al nacer, en el comienzo del período, era de 57 años y al final alcanzaba los 73.

La estrategia seguida por el PLN como fuerza política hegemónica y de mayor influencia en la historia de esos treinta años se basó sobre cuatro pilares: diversificación agroexportadora, industrialización sustitutiva de importaciones, intervención del Estado y mejoras en la distribución y redistribución del ingreso.

La sociedad costarricense aprovechó la prolongada expansión económica mundial de la posguerra para hacer crecer su Producto Bruto Interno (PBI) a una tasa promedio anual superior al 6,5%, la más elevada de América Central para ese período de tres décadas, y pareja con la de Brasil, que ocupó el primer lugar en toda América Latina entre 1945 y 1972. Su estructura productiva se modernizó al reducir la participación del PBI de origen agropecuario de aproximadamente un 25% en 1957 al 18% en 1980 y al incrementar la del sector industrial, como se verá más adelante. Respecto a las exportaciones, se diversificaron superficialmente, pero aumentaron su valor. Del café y la banana, que juntos contabilizaban más del 90% del valor exportado en 1950, pasaron a contar con dos nuevos productos: el azúcar y la carne bovina, a partir de la década de 1960, ambos dirigidos al mercado estadounidense, pero de menor importancia relativa.

La industrialización se aceleró a partir de 1959 (Ley de Protección y Desarrollo Industrial) y de 1963, cuando el país fue el último de la región en ingresar en el Mercado Común Centroamericano establecido en 1960, en Managua (Nicaragua). A este mercado –y no al mercado extrarregional– se dirigieron las exportaciones de esta naturaleza, de acuerdo con el esquema de industrialización sustitutiva de importaciones y de ampliación de mercados en el nivel regional, originalmente postulado en 1952 para América Central por Raúl Prebisch y por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, esquema poco después modificado en algunos aspectos bajo presión de los Estados Unidos. La participación de la industria en el PBI pasó del 13% en 1950 al 20% en 1980. Y como en el resto de América Central y de América Latina en general, la inversión extranjera directa (IED) por medio de las empresas transnacionales, primordialmente la originaria de los Estados Unidos, se orientó en gran medida hacia el sector industrial, además de dirigirse al agronegocio (la expansión de la producción y el control de la comercialización de la banana pasaron de una transnacional a cuatro).

Pero el actor que más sobresalió en este período fue sin duda el Estado, fruto de la concepción intervencionista y benefactora perfeccionada por el PLN fundado por Figueres Ferrer. Si alrededor de 1950, existían 106 instituciones estatales, en 1980 a ese número se sumaban otras 121, para totalizar 227. Y la participación estatal en la generación del PBI había saltado del 10,3% en 1950 al 24% en 1980. El Estado desempeñó funciones reguladoras del mercado en múltiples ámbitos y contribuyó decisivamente en la creación de la infraestructura material y en la formación de una mano de obra más instruida y calificada, componentes indispensables para el desarrollo nacional. E intervino directamente en la ejecución de actividades estratégicas, llegando, en la década de 1970, a un exceso de intervencionismo con la creación de la Corporación Costa­rricense de Desarrollo (Codesa) –durante los dos gobiernos consecutivos liberacionistas de Figueres y Oduber–, que despertó gran malestar, recelo y oposición entre los sectores empresariales del país. En términos más cualitativos, el Estado detentó el monopolio de los depósitos bancarios –con cuatro bancos estatales–, el de los seguros, con el Instituto Nacional de Seguros (INS), y el de la producción de energía eléctrica y de la telefonía, por medio de una institución muy estimada por los costarricenses en virtud de su eficacia, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), constituido en 1949 por la junta de gobierno, entre otras entidades importantes.

Gracias a la abolición del Ejército en 1948 y a gastos limitados para la manutención de la policía, también fue posible destinar más recursos al gasto social. Los servicios públicos de salud, a cargo de la CCSS, que en 1960 cubrían apenas el 15% de la población total, llegaron al 76% de la misma en 1980. Los fondos de jubilación, igualmente administrados por la CCSS, que en aquel año habían incorporado al régimen de pensiones el 6% de la población económicamente activa (PEA), en el último año, tenían en el sistema el 50% de la misma. Por otro lado, en los años 70, durante la administración de Oduber (1974-1978), con la creación del Fondo de Desarrollo Social y Subsidios Familiares, se multiplicaron los programas de comedores escolares y de nutrición en todo el país y se creó un régimen no contributivo de pensiones para personas de pocos recursos. En ese período se multiplicaron también los establecimientos de enseñanza primaria (el analfabetismo cayó de aproximadamente el 20% en 1953 al 7% en 1984) y secundaria, y, además de la UCR (1940), se fundaron otras tres universidades estatales (frente a una sola universidad privada, pequeña, creada en 1975), lo que elevó la matrícula en la enseñanza superior al 23% de la población en la edad correspondiente (20 a 24 años) y al 2,16% de la población total del país, en 1980. Las políticas de vivienda consiguieron igualmente cierta expansión e importancia, y se recurrió a varios medios institucionales según los sectores sociales.

Como consecuencia del elevado crecimiento económico, de los bajos niveles de desempleo a lo largo de las tres décadas, de una inflación baja, de cierta mejora salarial, pero sobre todo en virtud de las políticas sociales anteriores, principalmente las redistributivas –que convergieron en el crecimiento sustentado del PBI, lo complementaron y lo reforzaron–, la pobreza en Costa Rica disminuyó de modo sustancial hasta limitarse a aproximadamente el 25% de la población en 1980. En relación con la distribución de ingreso, su estructura se hizo menos desigual, y adquirió un cierto perfil mesocrático, mejorando la participación en el ingreso nacional del tercero al octavo décimo de la población, reduciendo la concentración en el último décimo, pero también disminuyendo un poco la participación de los dos primeros décimos, es decir, del 20% de la población con menor ingreso.

La dinámica social durante esas tres décadas raras veces se tradujo en conflictos y manifestaciones sociales de gran envergadura. Se destaca aquí el amplio movimiento estudiantil nacional, sobre todo universitario, al oponerse al contrato del Estado con la empresa transnacional Aluminum Company of America (ALCOA), en 1970. El sindicalismo, particularmente en el sector privado de la economía y con la excepción del que sí alcanzó a desa­rrollarse en el universo bananero –de larga data influenciado por los comunistas–, tuvo un perfil sumamente bajo, y hubo de enfrentar obstáculos como las acciones empresariales de amedrentamiento a los que intentaban organizar o participar del mismo. El sindicalismo que se implantó entre los trabajadores del Estado –con 20% del total de empleos en 1980– fue el más importante para la reivindicación de mejoras salariales y de otros beneficios sociales, en especial durante los años 70, en los cuales se pudo constatar un mayor activismo sindical. El desarrollo del cooperativismo, importante a lo largo de todos esos treinta años, también fue parte del estilo liberacionista.

El acceso a la tierra no fue un problema serio, a pesar de que no faltaron tensiones y conflictos. Al calor de la Carta de Punta del Este (Uruguay), en Costa Rica fue creado, en 1961, el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), que, como el propio nombre lo indica, procuró resolver el conflicto agrario a través de la coloniza­ción de tierras sin explotar, de propiedades estatales entregadas a los demandantes de tierras y de compras a los propietarios en áreas de conflictos.

En el área ambiental, ese período puso en evidencia una gran contradicción presente en la sociedad costarricense. Al mismo tiempo que el Estado, particularmente a partir de los años 60, imprimió fuerza y orientación a su política de conservación de los recursos naturales y de creación de parques y reservas nacionales –en suma, un sistema de áreas protegidas muy ambicioso que hoy se mantienen con escasos aportes estatales–, el sector privado aceleró la deforestación del país.

Los treinta años de desarrollo costa­rricense que transcurrieron entre 1950 y 1980 fueron dorados porque esa sociedad avanzó como pocas en tres dimensiones de manera simultánea: en la económica, por medio de un muy elevado crecimiento 
de su producción e igualmente por la vía de la modernización de su estructura productiva; en la social, con políticas y conquistas ambiciosas, todas con efecto redistributivo, principalmente en educa­ción, salud y sistema de jubilaciones y pensiones; y en la política, porque consiguió muy tempranamente, en la segunda mitad del siglo XX, consolidar la democracia representativa como régimen político.

En el resto de América Central, al contrario, después del aborto de la Revolución de Octubre de Guatemala (1944-1954) –patrocinado por los Estados Unidos en estrecha asociación con las elites conservadoras en el contexto de la Guerra Fría– y con los regímenes autoritarios que se generalizaron a partir de ese momento (el de Somoza en Nicaragua los precedía), se dio una evolución concentradora de ingreso, empobrecedora de las grandes mayorías y cada vez más excluyente en las áreas económica, social y política.

Cambio social reciente

La crisis económica de los años 80 fue para Costa Rica más profunda, pero más breve que la de los años 30. En los dos casos, sin embargo, implicó la anulación de un modo de ser de su proceso histórico, así como la necesidad de trazar y buscar nuevos caminos.

Son tres las causas principales de la crisis. La primera de ellas está en las secuelas de largo plazo que el modelo de desarrollo predominante trajo (limitada diversificación de las exportaciones, industriali­zación altamente dependiente de insumos importados y Estado con perfil intervencionista muy pronunciado y propenso a generar desequilibrios financieros y macroeconómicos). La segunda se debe buscar en el campo económico y político, tanto internacional como regional (elevación de los precios del petróleo a partir de 1973 y de las tasas de intereses internacionales después, debilitamiento del comercio intracentroamericano y guerra civil en Nicaragua en 1978-1979). Y la tercera causa se encuentra en la conducción económica de la administración del presidente Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), que llegó al gobierno representando a varios de los partidos antiliberacionistas que formaron una coalición llamada Unidad. Esa alianza se conformó para triunfar electoralmente, pero conllevaba varias contradicciones, lo que impidió a Carazo gobernar con una política económica coherente, a lo que se unió la personalidad y el estilo de gobernar errático del presidente.

La crisis económica nacional se desa­rrolló en medio de la crisis política que vivía la región centroamericana: la Revolución Sandinista triunfante en 1979 y el inicio de su hostigamiento en 1981, por la administración Reagan de los Estados Unidos (dos mandatos, de 1981 a 1989); la guerra civil en El Salvador y, en Guatemala, la escalada de la represión por parte del régimen autoritario del general Romeo Lucas García (1978-1982), a la que se sucedieron golpes de Estado en 1982 y 1983.

Bajo este clima nacional y regional, en Costa Rica se impuso la amplia legitimidad adquirida por su democracia. En las elecciones de febrero de 1982, el PLN obtuvo su triunfo más soñado desde 1953, llevando a la presidencia a Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), quien tuvo que enfrentar la crisis económica en un entorno excepcionalmente difícil. La apuesta de la sociedad, en ese momento, fue muy clara: hacerle frente en un contexto democrático, apelando al partido que más había influido en el exitoso curso seguido por el país en las tres décadas anteriores.

La gestión de la crisis hecha por Monge y el PLN se sustentó en dos pilares: una negociación con la administración Reagan y un acuerdo entre las elites con la principal fuerza política de oposición, la coalición Unidad, dirigida por el hijo del dr. Calderón Guardia, Rafael Ángel Calderón Fournier. A través de la negociación con Reagan, se garantizaron apoyos económicos al gobierno de Costa Rica, que serían fundamentales a lo largo de los primeros cinco años de la década de 1980. Por esa razón, la administración Reagan buscaba evitar que la única democracia sólida centroamericana corriera riesgos de desmoronarse y procuró ejercer presión de distintas maneras para que Monge cooperara con su estrategia anticomunista en la región, de cercamiento y aislamiento de los sandinistas. De esa manera, se dio un juego político delicado: al mismo tiempo que Costa Rica requería la financiación estadounidense para enfrentar sus dificultades económicas, intentaba evitar, con poco éxito, algunos de los propósitos de Reagan, en particular el uso del territorio costarricense para apoyar la contrarrevolución nicaragüense en el frente sur. Esa dinámica política llevó a Monge a declarar, en 1983, la neutralidad perpetua, activa y no armada de Costa Rica, como un pilar de su política exterior. Y la negociación entre las elites, con la oposición política interna, trajo los siguientes resultados: por un lado, el presidente obtuvo el respaldo de los adversarios históricos del PLN para no obstaculizar su gestión de la crisis; por otro, la oposición consiguió aprobar ciertas reformas electorales que le permitieron desligarse de la exhaustiva formación de coaliciones anti-PLN cada cuatro años, lo que la desgastaba mucho, y formar un nuevo partido reuniendo agremiaciones oposicionistas, lo que ocurrió en 1983 con la fundación del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), liderado por Calderón Fournier. Con esto se cerró un proceso histórico de más de tres décadas que dejaría constituido, al final, de modo nítido, un sistema bipartidista en Costa Rica (PLN-PUSC).

De esta forma se pudo enfrentar la crisis con prontitud y relativo éxito, impidiendo, en 1983, que se profundizara aún más y haciendo posible que a partir de 1984 la economía volviera a crecer satisfactoriamente.

La política

Las características fundamentales de la política costarricense en ese nuevo período iniciado en 1984 son la cristalización de un sistema bipartidista (sólo dos partidos llegan al gobierno, aunque otros menores concurran a las elecciones), un creciente mimetismo ideológico, una oferta programática y de políticas públicas cada vez más similar, así como un ejercicio gubernamental muy parecido entre los dos partidos, todo eso desplazado, en el espectro ideológico, del centro para la derecha, lo que contrasta con lo ocurrido en el período anterior de los años dorados. Ese bipartidismo se fue convirtiendo, en ese momento, en el más influyente –pero no el único– de los factores políticos determinantes del curso que sigue el país. El PLN y el PUSC se vuelven, así, socios que cogestionan a la sociedad en estrecha alianza, aprovechando también, en beneficio propio, una institucionalidad que venían construyendo desde antes y a la que imprimieron continuidad en las últimas décadas del siglo XX.

Si por un lado, en las elecciones de 1982, 1986, 1990 y 1994 el predominio electoral de ambos partidos fue aplastante (conjuntamente sumaron más del 92% de los votos para presidente, más del 84% de los votos para diputados y el 90% o más del número de éstos en un Congreso unicameral de 57 miembros), por otro lado las de 1998 y 2002 evidenciaron el debilitamiento del bipartidismo (70% en el conjunto de los votos presidenciales y para diputados, y 63% del número de estos últimos en las últimas elecciones) y el creciente descrédito de sus elites. Los resultados favorecieron al PLN en 1982 y 1986 (con Monge y Óscar Arias Sánchez como presidentes); al PUSC en 1990 (con Calderón Fournier); al PLN en 1993 (con José María Figueres Olsen, hijo del líder ganador de la guerra civil de 1948), al PUSC en 1998 y 2002 (con Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Abel Pacheco) y nuevamente el PLN en 2006 (con el regreso de Arias Sánchez), lo que muestra cierta propensión a la alternancia (ningún partido gobernó el país en tres mandatos consecutivos en el último medio siglo). Pero la gran constatación de los últimos procesos electorales fue el aumento sensible de las abstenciones: de 1986 a 1994 fueron bajas y estables (del 18% al 19% del padrón electoral), pero en 1998 y en 2002 subieron hasta el 30% y 31% respectivamente y en 2006 hasta el 34,8%, un reflejo fiel de que una parte del país se viene distanciando de las urnas por diferentes razones (la pobreza, el desinterés y el descrédito por la política, y procedimientos electorales nuevos que motivan menos la participación que en el pasado). La izquierda prácticamente ha desaparecido después de 1990.

La competencia electoral entre el PLN y el PUSC ha sido muy ajustada, lo que los ha llevado a tener en cuenta distintas demandas de la ciudadanía y a ser cuidadosos en materia de cambios estructurales, políticos y sociales. Si durante los años dorados era más fácil identificar las bases socialmente diferenciadas del PLN y de la oposición antiliberacionista, después de 1982 las dos organizaciones –PLN y PUSC– se convirtieron en “partidos que abarcan todo”, en los cuales es muy difícil distinguir con precisión los grupos y las categorías sociales. Sin embargo, por detrás de los dos, financiándolos indistintamente, se encuentran los principales lucradores del rumbo seguido por el país recientemente: los nuevos exportadores, los comerciantes importadores en el contexto de apertura comercial y el sector financiero en expansión –pilares de una modernización neoliberal conservadora hasta el momento incompleta–.

De todos esos gobiernos, sobresale el de Óscar Arias Sánchez (1986-1990) por su audaz política exterior, con la cual contribuyó decisivamente al fin de las guerras civiles en la región centroamericana. El plan de paz que Arias Sánchez propuso a los presidentes centroamericanos al comienzo de 1987 y que después fue verificado, acordado y firmado por ellos en la ciudad de Esquipulas (Guatemala) en agosto del mismo año, le valió el Premio Nobel de la Paz ya en el final de 1987. La administración de Arias Sánchez fue cautelosa y prudente en la política interna. Una vez superada la crisis económica durante la administración de Monge, tuvo más autonomía para desempeñar un papel independiente frente a Reagan y su estrategia geopolítica en la región; llegó incluso a aprovechar las debilidades del segundo mandato del presidente estadounidense (en el caso Irán-Contras) y contó con el apoyo de los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos.

El apoyo y la valorización de la democracia como régimen político se mantienen en Costa Rica muy elevados en comparación con otros países de América Latina. Tampoco existen en el país actores políticos anti-sistema capaces de cuestionar la constitucionalidad vigente. Pero los dos principales partidos, de sus elites y de varias de las más importantes instituciones (el gobierno, la Asamblea Legislativa y con menor peso el Poder Judicial) vienen perdiendo credibilidad frente a la ciudadanía en los últimos años del siglo XX y en los primeros del XXI, a pesar de que otras entidades gozan de buen crédito (el Tribunal Constitucional del Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo). Los sonados casos de las supuestas acciones ilegales relacionadas con el ejercicio de la fun­ción pública, denunciados por la prensa en 2004, llevaron a prisión por algunos meses a dos ex presidentes de la República: Rodríguez Echeverría (que, además, en el mismo año, renunció en el momento que asumió al cargo de secretario general de la OEA) y Calderón Fournier, ambos del PUSC. Asimismo, en el contexto de esos casos, hubo un serio cuestionamiento de las actuaciones del ex presidente Figueres Olsen, del PLN, por haber recibido fondos de una transnacional cuando ya estaba fuera del gobierno –caso similar al de Calderón Guardia–, pero él todavía no ha regresado al país para dar las explicaciones solicitadas. Esos acontecimientos sacudieron profundamente la opinión pública y causaron un descrédito aún mayor en los dos partidos mayoritarios, pero, de todas formas, mejoraron la credibilidad 
de la magistratura. Finalmente, un aspecto positivo que debe ser mencionado es el hecho de que, en el contexto de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (aprobada en 1990) y del progreso ejercido por las mujeres desde ese momento en la ocupación de posiciones en la sociedad, en el período de gobierno 2002-2006, 37% de los miembros de la Asamblea Legislativa son del sexo femenino, número considerable y significativo en la perspectiva internacional de nuestros días.

En la actualidad, el sistema político y el sistema partidario en particular están en un proceso de transición, pero sin un rumbo bien definido. Nuevas agrupaciones, como el Partido de Acción Ciudadana (que obtuvo resultados electorales muy buenos e inesperados en 2002), el Movimiento Libertario y otros en los niveles provincial y municipal, buscan posicionarse en una arena política más abierta y receptiva a terceras fuerzas que en el pasado.

El Parque de La Fortuna de San Carlos, provincia de Alajuela, con el Volcán Arenal al fondo, uno de los puntos turísticos más importantes de Costa Rica (ArquiWHAT/Wikimedia Commons)

Fase neoliberal

Las proximidades y las coincidencias programáticas en una dirección económica neoliberal entre el PLN y el PUSC fueron estimuladas por la profundidad de la crisis y por los acuerdos con organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), y otros firmados con la Agencia para el Desarrollo Internacional (ADI) de los Estados Unidos. Con el BM, en especial, Costa Rica suscribió dos programas de ajuste estructural (PAE) en 1985 y 1989. Frente a esa modernización neoliberal conservadora que viene ganando terreno, lo que hay en Costa Rica son resistencias y manifestaciones sociales específicas, sobre todo en la defensa de las mejores instituciones del Estado benefactor, que ha permitido una mayor demora de los cambios sociales en esa dirección. Pero aún no se ha desarrollado una alternativa política de carácter modernizador diferente y viable por sí misma, o capaz de influenciar lo suficiente para tornar posible un resultado más renovador y progresista.

Las direcciones principales que se siguen aplicando en materia de reformas económicas son el fortalecimiento del papel del mercado y un intento de redefinir las funciones del Estado y redimensionar sus alcances. Se ha avanzado en tres áreas primordiales: en la liberalización del comercio exterior y en el regreso de las exportaciones como el factor primordial de la economía, en la reforma del sistema financiero y en la reforma del Estado. Sin embargo, el ritmo seguido ha sido gradual, sobre todo por las mencionadas resistencias y manifestaciones sociales despertadas por los intentos de acelerar los cambios, particularmente cuando ellos vienen acompañados de compromisos para privatizar algunas instituciones estatales muy estimadas por los costarricenses. El gran, y exitoso, movimiento popular del año 2000 (contra el denominado “golpe del ICE”) en oposición a los diputados de los dos partidos mayoritarios, que, mancomunados, buscaban modificar el estatuto del ICE, es un buen ejemplo de eso y la prueba más evidente de movilización en gran escala en las últimas dos décadas, sólo comparable a la lucha contra la ALCOA en 1970.

Entre 1984 y 2004, la economía costarricense creció en términos reales a un promedio anual del 4,3%, lo que contrasta desfavorablemente con su desempeño económico de posguerra. En lo que respecta a las exportaciones, ha incrementado notablemente su valor y consiguió una enorme diversificación. El valor exportado se multiplicó por catorce en estos años. En el primer año de ese período las exportaciones tradicionales (café, banana, azúcar y carne) representaban el 57% del valor total y las no tradicionales eran del 43%. En 2004, el peso relativo de los primeros se había reducido al 13% y el de los segundos saltó al 87%. Bajo el rótulo de no tradicionales se suman productos industriales, los de las zonas francas de exportación y los manufacturados, además de otros productos agropecuarios (ananá, melón, mandioca, etc.) y frutos de mar. Las zonas francas constituyen el sector más floreciente, con muchas empresas extranjeras de alta tecnología, con grandes capitales, pero pocos trabajadores contratados, que representan una proporción muy baja de la población ocupada. Ellas importan directamente gran parte de sus insumos y carecen de vínculos productivos o conexiones significativas con el resto de la economía nacional. El turismo es una de las actividades que más se ha impulsado desde finales de los años 80 y que aporta más del doble de lo que el país recibe por la exportación de sus productos tradicionales.

Las modificaciones realizadas en el sistema financiero son muchas, pero una se destaca, la más representativa: la eliminación, en 1995, durante la administración Figueres Olsen (1994-1998), del monopolio de los bancos estatales sobre la recepción de los depósitos públicos, casi medio siglo después de que Figueres Ferrer, su padre, lo decretara y la Constitución de 1949 lo sancionara. Ése es un ejemplo de cómo el PLN contribuyó a desarmar las condiciones institucionales que creó en el pasado y que fueron fundamentales para el desarrollo nacional precedente.

La reforma del Estado tuvo progresos en materia de liberalización del comercio exterior, en la desreglamentación de los precios de los bienes y servicios, en las reformas del Banco Central de Costa Rica para limitar su acción a la política monetaria y en la disminución relativa –aunque no absoluta– del empleo público (que bajó del 20% del total de empleos en 1980 al 14% en 2003). Además, aunque hayan sido privatizadas muchas empresas desarrolladas desde la creación de Codesa, en los años 70, el número de entidades estatales no solamente no disminuyó sino que fue incrementado, pasando de 227 en 1980 a 376 en 2004. Hay que destacar, sin embargo, que las fundadas en las dos últimas décadas poseen peso e importancia menores que las instituidas entre 1950 y 1980. Pero los dos partidos y sus elites fracasaron cuando necesitaron enfrentar la población de una manera masiva y organizada, al pretender deshacerse de monopolios estatales como el ICE, el INS y otras instituciones autónomas. Fue en ese momento que la manifestación social desarrollada por los sindicatos de empleados del sector público y por otros grupos de la ciudadanía, variados conforme las circunstancias, se mostró decidida a no renunciar a una institucionalidad que siente como un bien público y que genera más beneficios que prejuicios para la población nacional.

En 1989, durante la administración Arias Sánchez, se consiguió renegociar con éxito la deuda externa del país (en gran parte pública), por ello ésta no constituye un problema serio en la actualidad (apenas el 19% del PBI en 2005). No ocurre lo mismo con el caso de la deuda pública interna, que cada día crece por el sostenido y elevado déficit que mantiene el Estado (más del 3% del PBI anualmente, en promedio, en los años recientes). Y para resolver ese problema ha sido imposible concretar una reforma fiscal moderna y profunda, en gran parte por la oposición y por el boicot de un nuevo empresariado que se enriqueció mucho en las décadas anteriores y que, preocupado solamente con sus negocios, es indiferente a la suerte del resto de la sociedad. Es una reforma que necesita hacerse con urgencia.

Otra característica de ese período, en materia de gasto social del Estado, es la evolución favorable que el país ha presentado: el gasto per cápita pasó de US$ 458 en 1990 a más de 600 a fines de esa década, y se mantiene elevado; en proporción al PBI, el gasto total pasó del 18% al 20% a lo largo de la última década del siglo XX.

En lo que respecta a la pobreza, tanto la general como la extrema, que alcanzó un pico en 1982 –la primera superando el 50% y la segunda llegando aproximadamente al 22% de la población total, respectivamente–, se fue reduciendo a lo largo de los años 80 hasta alcanzar el 28% de pobres y el 10% de aquellos en estado de extrema pobreza, en 1990. A partir de 1994, los valores volvieron a decrecer y, desde entonces, la pobreza general afecta al 20% de la población y la pobreza extrema, poco más del 5%, números que resultan difíciles de disminuir. Costa Rica es, después de Chile, el país de América Latina –región profundamente desigual y con su población mayoritariamente pobre– donde la pobreza es menos grave. En cambio, la distribución del ingreso familiar evidenció un claro deterioro a partir de 1999.

Un componente nuevo que caracteriza ese período es el peso adquirido por la inmigración. Costa Rica fue tradicionalmente un país receptor de inmigrantes. Sin embargo, entre el censo de población de 1984 y el de 2000, su porcentaje en la población total se duplicó, pasando del 3,9% al 7,8%. Al mismo tiempo, la proporción de los inmigrantes de origen nicaragüense pasó del 50% del total en el inicio de ese período al 75% en el final; una gran parte de ellos llegó al país después de la derrota electoral del sandinismo en las elecciones de febrero de 1990 y del inicio de una acelerada reforma económica neo­liberal en Nicaragua. Los migrantes de ese origen desempeñan en Costa Rica una función importante cada año en trabajos de cosecha de productos agrícolas (como peones en cosechas de café y en la zafra de caña de azúcar, entre otros productos), así como en el sector del comercio, de la construcción y de la seguridad, y envían cada mes aproximadamente US$ 100 en promedio para Nicaragua.

Uno de los principales problemas que el país enfrenta, a pesar del desarrollo reciente, es la pérdida de calidad de los servicios públicos, un cierto debilitamiento generalizado de las instituciones estatales y los crecientes problemas financieros del Estado, que dificultan su capacidad de administrar las nuevas tareas demandadas por el desarrollo. Se suman a eso, como problema serio, las tendencias a una sociedad más desigual y menos solidaria que en el pasado.

Finalmente, el Tratado de Libre Comer­cio entre los Estados Unidos, América Cen­tral y la República Dominicana (CAFTA), que el gobierno de Costa Rica firmó en 2004 pero que la Asamblea Legislativa aún no ratificó, es un asunto con consecuencias de muy largo plazo para la sociedad costarricense. A falta de un proyecto de desarrollo más solidario que el que está imponiéndose, que debería ser construido y legitimado por los actores sociales y
políticos internos con visión estratégica y progresista, el país corre el riesgo de que el Tratado se convierta en la piedra fundamental que ansiaban los paladines de la modernización neoliberal conservadora.

Perspectivas para el siglo XXI

A lo largo de parte de su historia, pero especialmente en la segunda mitad del siglo XX, la sociedad costarricense y sus elites políticas tuvieron presente en su horizonte el interés por el crecimiento económico, por la distribución y redistribución de los beneficios de ese crecimiento, así como la preocupación frente a la pobreza y la desigualdad social. Durante sus años dorados, entre 1940 y 1980, las conquistas de Costa Rica en las tres dimensiones del desarrollo fueron sobresalientes, en una perspectiva no sólo latinoamericana, sino también mundial.

Sin embargo, en las últimas dos décadas del siglo XX, en el complejo contexto nacional, regional e internacional, las fuerzas sociales y políticas propiciadoras de una modernización que antes alcanzó al conjunto de la sociedad, con una orientación socialmente muy progresista, se vieron muy debilitadas. Con la crisis económica se estableció un sistema bipartidista cuyos actores protagonistas, en un mimetismo creciente, se vienen mancomunando, concentrando sobre sí mismos y sacando ventajas de las oportunidades que les ofrece el poder del Estado, sin prestar la atención adecuada a los problemas acumulados hasta el presente. Una emergente coalición de intereses, compuesta de nuevos exportadores, grandes comerciantes importadores y representantes de un recién llegado pero próspero sector financiero, se encuentra incrustada en los principales partidos políticos y los financia, patrocinando una modernización neoliberal socialmente conservadora. Actualmente, esa coalición se encuentra ansiosa por apurar el paso. Frente a ella, se ha levantado con persistencia la manifestación y la resistencia de distintos grupos sociales, sobre todo contra el debilitamiento del Estado benefactor. Pero no existe aún una coalición de interés con visión alternativa que auspicie una renovada moderniza­ción progresista y que disponga de instrumentos partidarios y políticos para darle impulso y tornarla viable. Por otro lado, a pesar de que es cierto que la preferencia por la democracia se mantiene elevada en la ciudadanía, se siente mucho la falta de un líder político capaz de movilizar el país en un sentido u otro.

Las alternativas que se abren para la sociedad costarricense en sus próximos pasos se encuentran así perfiladas: o bien triunfan las fuerzas de la modernización neoliberal socialmente conservadora y se imponen de una vez por todas sobre la manifestación y la resistencia social que ha ido surgiendo, pero que carece de una voz política alternativa, cuyas consecuencias, es casi seguro, serán las de impulsar la concretización de una sociedad más desigual y menos comprometida con la solidaridad entre estratos sociales que caracterizó a la Costa Rica de posguerra, o los que representan superficialmente en los días actuales la posibilidad de una modernización progresista logran conjugar fuerzas y construir una alternativa política capaz de hacerla viable o que les permita por lo menos acumular cierto poder de negociación en la búsqueda de una alternativa innovadora.

(actualización) 2005 - 2015

por Emir Sader

En 2006 Óscar Arias Sánchez, junto con su vice Laura Chinchila, fue nuevamente elegido presidente por una diferencia de tan sólo 1% por sobre Otton Solís. Cumplió con su mandato hasta el año 2010, cuando traspasó la banda presidencial a Chinchilla, su sucesora. Aunque eran miembros de Liberación Nacional, partido de origen socialdemócrata, sus gobiernos fueron de corte neoliberal.

Al mismo tiempo que comenzaba la crisis internacional del capitalismo, el gobierno de Arias promovió la apertura de la economía, debilitando la protección a los productores de alimentos y facilitando la hegemonía del capital financiero. Durante su mandato, Costa Rica tuvo el mayor déficit fiscal de América Latina, según datos de la CEPAL, generado, en gran parte, por el incremento de los gastos de la administración pública. Sin embargo, si bien la pobreza aumentó, el dinero no se gastó con políticas sociales. La seguridad, así como la infraestructura también se deterioraron en este período.

Laura Chinchilla recibió un país en una mala situación económica y su gobierno concluyó con una gran cantidad de movilizaciones populares, nunca antes vista en la historia de Costa Rica. Así, pues, fue la crisis que lo caracterizó. Internamente siguió el programa social de Arias y en la política externa, se transformó en la crítica más acérrima de los gobiernos del continente, clasificados por ella de “populistas” a causa de sus programas sociales redistributivos.

Chinchilla defendió posiciones conservadoras en diversos planos. Participó, por ejemplo, de la “Marcha por la Vida y por la Familia”, que protestaba contra la legalización del aborto y contra el reconocimiento del casamiento homosexual. También se opuso férreamente a las alteraciones en la Constitución que formalizaban la separación entre el Estado y la Iglesia. Llegó al final de su mandato con índices de popularidad muy bajos y no consiguió colocar a su sucesor.

En 2014, Luis Guillermo Solís Rivera, cientista político e historiador, candidato a la presidencia por el Partido Acción Ciudadana, hizo campaña criticando la política neoliberal adoptada por las administraciones anteriores y así capitalizó el rechazo popular al gobierno de Arias y de Chinchilla. Fue elegido en segunda vuelta con el 77,99% de los votos. 

Datos Estadísticos 

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