Honduras

Fernanda Gdynia Morotti (texto de actualización de la entrada, 2006-2015)

Después de Nicaragua, la República de Honduras es el segundo país más grande de América Central. Tiene 112.000 km², con un perímetro de 2.401 km, de los cuales 1.597 km corresponden a fronteras y 804 km a costas. La costa atlántica mide aproximadamente 650 km y la del Pacífico, 154 km. Ésta corresponde al interior del gran golfo de Fonseca. Las Repúblicas de El Salvador y de Nicaragua ejercen soberanía sobre las dos lenguas de tierra que encierran el golfo.

Por su ubicación en el centro del istmo, Honduras es el único país que tiene fronteras territoriales con tres de sus antiguos socios del Mercado Común Centroamericano: El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Tiene, además, fronteras marítimas en el Caribe con Guatemala, Belice, México, Cuba, Jamaica, las islas Caimán, Colombia y Nicaragua.

La estructura montañosa divide al país en tres zonas naturales: las tierras bajas del mar del Caribe, las altas del interior y las bajas del Pacífico, con la región montañosa central agrupando sus cordilleras en dos sistemas, al este y al oeste. En el medio de ambos se encuentra un corredor central de tierras, en su gran mayoría planas, que atraviesa al país de norte a sur. De la superficie total hondureña, el 70% se encuentra a más de 300 metros sobre el nivel del mar y el 55% está a más de 600 metros. Las áreas forestales corresponden al 53,2% del país: el 22,3% son bosques de pinos, el 25,9% son bosques latifoliados y el 5% restante tiene una cobertura mixta. La formación ecológica de mayor extensión, que corresponde al 35,4% del territorio hondureño, es el bosque húmedo subtropical. Ubicado entre los 600 y 1.500 metros sobre el nivel del mar, contiene una gran diversidad biológica. A pesar de la gran extensión de la selva, la actividad forestal no es la más importante: en las montañas se practica la agricultura campesina, la labranza del café y de otros cultivos en altitud. Las áreas consideradas aptas para la agricultura constituyen el 32,4% del territorio nacional y se encuentran principalmente en la costa norte y en la región sur-oriental.

Los dos ríos más extensos de América Central nacen en Honduras: el río Coco, con 750 km, que en buena parte de su curso separa los territorios de Honduras y de Nicaragua, y el Patuca, con más de 590 km. Ambos desembocan en la vertiente del Caribe y son parcialmente navegables por embarcaciones pequeñas. En contrapartida, ninguno de los tres mayores ríos que desembocan en el golfo de Fonseca –como el Choluteca, de 349 km– es navegable. La condición montañosa y la frecuencia relativa de las lluvias posibilitan la producción hidroeléctrica en varias zonas del país.

La ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras (Nan Palmero/Creative Commons)

Las precipitaciones se distribuyen a lo largo del año en dos estaciones: la seca y la lluviosa. La primera se extiende de enero a abril, mientras que los meses restantes suelen ser lluviosos. En promedio, la temperatura oscila entre 18 ºC y 35 ºC. En la región de las tierras bajas del mar del Caribe predominan las altas temperaturas, con elevada precipitación y gran biodiversidad. Sus suelos de aluvión son fértiles, lo que favorece el desarrollo de la agroindustria y la expansión urbana. En la región de tierras altas del interior se encuentran valles con aptitud agrícola, con baja precipitación y alta diversidad biológica; a su vez, los suelos montañosos suelen ser poco fértiles y predominantemente ácidos, por la presencia de coníferas, con temperaturas intermedias. En las tierras bajas del Pacífico hay poca precipitación, suelos aptos para la agricultura y altas temperaturas.

En el mar territorial y en las zonas comerciales adyacentes, los abundantes recursos marítimos y pesqueros constituyen el patrimonio de la población de los departamentos costeros e insular.

Honduras no registra la presencia de volcanes activos y, dado que su territorio no está atravesado por la falla geológica de San Andrés, se encuentra relativamente protegido de los sismos que con frecuencia sufren sus vecinos. El principal problema ambiental es la degradación y pérdida del suelo, debido a la tala indiscriminada, al pastoreo y al cultivo en tierras de alta inclinación o en tierras bajas y húmedas, poco aptas para esas actividades. La degradación ambiental tiene una naturaleza socioeconómica: la acción de fuerzas económicas con criterios no sustentables de producción agrícola y explotación forestal aplicados en el pasado y en la actualidad. La destrucción de cuencas, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad son problemas ambientales graves asociados a esta cuestión primordial.

Etnias en Honduras

Entre los siglos V y IX de la era cristiana floreció en el extremo oeste de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala, la ciudad Estado maya de Copán. Más de seis siglos después, bajo el mando del guerrero Lempira –que dio su nombre a la moneda hondureña–, los mayas de la región resistieron tenazmente a la conquista española. En la actualidad, la nación hondureña es pluriétnica y multicultural. Predominan los mestizos, que constituyen más del 90% de la población; son una mezcla racial de origen colonial, hablan español y se encuentran asimilados a la cultura occidental.

Una pareja de papagayos rojos en la región de Copan (Laurent de Walick/Creative Commons)

Misquitos, lencas, pech, tawahkas, tolupanes o xicaques, chortis y garifunas son grupos indígenas que, junto con las comunidades afrodescendientes, constituyen los pueblos étnicos de Honduras. Representan el 8% de la población culturalmente diferenciada. Estos pueblos, herederos del colonialismo que no terminó para ellos con la independencia ni con la vida republicana, conservan sus lenguas (a excepción de los lencas), así como otros rasgos culturales propios, principalmente hábitos, formas de vida y tradiciones religiosas sincréticas encubiertas por el catolicismo.

Localizados principalmente en áreas rurales, los pueblos indígenas viven en condiciones de pobreza y practican una agricultura de subsistencia, cultivando principalmente el maíz y los frijoles. Los misquitos, tawahkas y pech están asentados en la región noreste, los tolupanes o xicaques en el centro del país, mientras que los lencas y los chortis, ambos descendientes de los mayas, se encuentran respectivamente en el sudoeste y en el noroeste. Los garifunas viven a orillas del mar Caribe, en toda la costa norte de Honduras y en las islas de la bahía. Todos los pueblos indígenas y afrodescendientes desarrollaron sus propias organizaciones para superar la condición de colonialismo interno y marginalidad en que se encuentran.

En Roatán, Guanaja y Utila, las mayores entre las islas de la bahía, en el mar Caribe, se encuentran dos grupos culturales claramente diferenciados de los mestizos de origen indígena: los nativos de las islas y los grupos afrodescendientes hablantes de inglés. Los nativos de las islas descienden de los colonizadores ingleses, también hablantes de inglés; en su mayoría son protestantes y conservan influencias culturales anglosajonas. Su condición económica es mejor que la de la mayoría de la población. A su vez, las comunidades afrodescendientes hablantes de inglés provienen de las ex colonias británicas del Caribe y mantienen sus rasgos de identidad, especialmente el idioma.

Con relación a América Central, desde las últimas décadas del siglo XIX Honduras ha sido destino de inmigrantes, especialmente de salvadoreños y en menor cantidad de guatemaltecos y nicaragüenses, atraídos por la posibilidad de convertirse en mineros y, más adelante, en trabajadores agrícolas al servicio de las compañías bananeras. Ciudadanos de El Salvador también emigraron a mediados del siglo XX para practicar la agricultura de subsistencia y desempeñar trabajos asalariados, pero la guerra de 1969 entre los dos países interrumpió ese proceso. En los años 80 se registró, asimismo, la presencia temporaria de nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos por motivos políticos; los primeros en su condición de integrantes de la contrarrevolución, los demás como refugiados.

Detalle del sitio arqueológico de Copán, el más grande del período clásico de la civilización maya (Carlos Adampol Galindo/Creative Commons)

Agricultura y explotación de la selva

La mayor parte de los productores hondureños son campesinos que practican la agricultura de subsistencia, principalmente de maíz y frijoles. Producen en condiciones tradicionales, con posesión precaria de la tierra, bajo rendimiento y provocando severos daños ambientales. Además, la intervención de los intermediarios en la comercialización, que pagan precios bajos por la producción y venden mucho más caro al consumidor final, genera resultados antieconómicos que los someten a condiciones de pobreza.

La pequeña y mediana producción agrícola y la pecuaria constituyen la tradicional fuente de trabajo para la población rural, que mantiene características artesanales y contribuye al mercado interno. Se producen granos, vegetales, carne y leche. A partir de 1985, al cesar la protección estatal, los productores rurales comenzaron a enfrentar crisis recurrentes originadas por factores tales como los elevados riesgos de producción, escasa productividad, poca capacidad competitiva en las condiciones del mercado, baja tecnología, fuerte cadena de intermediación y el agregado de costos financieros.

Entre los años 2002 y 2003 se cosecharon 509.000 toneladas de maíz, con un rendimiento de 966 kilos por manzana (una manzana equivale a poco más de media hectárea); 89.000 toneladas de frijoles, con rendimientos de 446,2 kilos por manzana, y 9.000 toneladas de arroz, con un rendimiento de 1,67 toneladas por manzana. Esa producción abastece al 90% del mercado interno.

El cultivo de café, volcado principalmente hacia la exportación, se produce en las regiones montañosas, a más de 700 metros del nivel del mar. En Honduras no existe una oligarquía cafetalera; el cultivo, introducido en la primera mitad del siglo XX, lo llevan a cabo más de 88.000 pequeños caficultores, que producen 167.000 toneladas métricas, mientras que el procesamiento y la exportación están en manos de grandes empresas.

Miembros de una cooperativa de Café Especial, Los Maronchos, en Las Vegas, Santa Bárbara, en Honduras (Nile Sprague)

Entre 1960 y 1980, la reforma agraria generó un nuevo núcleo productivo: el sector reformado, constituido por campesinos organizados en cooperativas y en empresas asociadas, orientados a la producción no tradicional para la exportación. Dicho sector, de escasa competitividad, al cesar la protección estatal, cuando se permitió a sus integrantes realizar operaciones sobre sus tierras, fue testigo de la venta de éstas por parte de los beneficiados por la reforma agraria. Ello significó la desaparición casi total del sector reformado.

La agroindustria está en manos de productores modernos, con capacidad competitiva. En buena medida ocupó tierras e infraestructura antes pertenecientes al sector reformado. Se cultivan productos no tradicionales destinados a la exportación, como melón, sandía y legumbres orientales. También se plantan y cosechan la caña de azúcar y la palmera africana. Los productores usan la fuerza de trabajo de un proletariado agrícola reducido por los avances tecnológicos.

La banana, que antes era el principal cultivo agroindustrial y de empresas multinacionales, ya no es el más importante ítem de exportación ni la mayor fuente de trabajo. Aproximadamente el 25% de la producción está en manos de productores hondureños, que venden la cosecha a empresas multinacionales. Hay 965.000 hectáreas cultivadas de banana, con una producción de 987.000 toneladas métricas por año.

Aunque la selva constituya un recurso muy importante en Honduras, un alto porcentaje de su explotación todavía ocurre en condiciones irracionales, que ponen en peligro esa riqueza y otros bienes ambientales. En 2002, la producción de madera cortada fue de aproximadamente 396.000 metros cúbicos. La explotación ilegal de la selva está generando altos índices de deforestación, por lo cual aumentan los daños en las cuencas hidrográficas, con la consecuente reducción del agua disponible y otros perjuicios ambientales de impacto económico y social.

Industria, comercio y servicios

Honduras no es un país industrial; tampoco posee una clase burguesa poderosa ni un numeroso proletariado urbano. La actividad industrial comenzó a desarrollarse en la primera mitad del siglo XX, cuando las multinacionales bananeras diversificaron sus inversiones en el país. En la misma ocasión, algunos inmigrantes, especialmente norteamericanos, árabes y judíos, instalaron pequeñas fábricas. En los años 60, se impulsó la industrialización sustitutiva de importaciones en el marco de la integración centroamericana y fue aplicada una política de incentivo a las inversiones en el sector. La mayoría de las industrias locales se estableció en esa década y en la siguiente. Dicho polo industrial está constituido por una modesta industria manufacturera, destinada a producir bienes de consumo no durables, como alimentos, bebidas, tabaco, telas e indumentaria. Opera agregándole valor a materias primas importadas fuera de América Central, con maquinaria y tecnología también importadas, para satisfacer las demandas del mercado interno y, en algunos casos, del mercado centroamericano. Su contribución al Producto Bruto Interno (PBI) es de aproximadamente el 12%. La apertura a la inversión externa transfirió al capital extranjero buena parte de la industria hondureña. No obstante, en algunos sectores como el de la construcción, el capital es predominantemente nacional y constituye una importante fuente de trabajo para la población.

En los últimos 25 años (1980-2005), y en especial desde el comienzo del siglo XXI, se ha desarrollado en Honduras la llamada actividad de drawback o maquiladora, que consiste en la importación de materias primas para transformarlas en productos acabados o semielaborados, reexportados a continuación a sus mercados de destino. La localización del país, próxima a los mayores centros de América del Norte, las facilidades portuarias y de otros tipos y muy especialmente el bajo costo de la mano de obra nacional en relación con la de los países industrializados, convirtieron a Honduras en un lugar atractivo para la industria maquiladora –que es, en su mayoría, textil–. La inversión drawback comenzó como capital fugaz, denominado “capital golondrina”, y en gran parte continúa siendo así. Sin embargo, desde 2003 se registra una tendencia creciente a favor de la permanencia de las inversiones, la diversificación de los ítems fabricados, gracias a incentivos para productos tecnológicos, y el aumento del número de unidades fabriles. Los beneficios más directos generados por la industria maquiladora son la creación de puestos de trabajo y la venta de servicios nacionales. Dichos beneficios se están ampliando con el pago de algunos impuestos y por el reconocimiento de la cobertura social y de condiciones apropiadas de trabajo para sus empleados. Las maquiladoras son una fuente muy importante de empleo, pues ofrecen más de 200.000 puestos de trabajo a los hondureños.

Una característica destacable de las actividades comerciales es el alto porcentaje de artículos importados. El caso más relevante es el de los derivados de petróleo, importados en su totalidad. El comercio interno incluye actividades de las economías formal e informal. Los comerciantes pertenecientes al sector formal de la economía son en su mayoría inmigrantes de origen árabe, dueños de negocios de ropa, alimentos, remedios, electrodomésticos, máquinas, informática, servicios, etc. El comercio informal es ejercido por un amplio abanico de personas, desde la clase media hasta individuos en situación de extrema pobreza, abarcando una gama muy variada de actividades, que van desde pequeñas empresas a vendedores ambulantes y en puestos instalados en las calles de las ciudades.

Servicios como transporte, comunicación, mantenimiento de caminos, abastecimiento de energía y agua, seguridad, educación, salud, entretenimiento y finanzas son ofrecidos tanto por el Estado como por el sector privado. Otras actividades relacionadas con el trabajo doméstico y la atención de las diversas necesidades de la población son ejercidas por los sectores más pobres.

El turismo es un sector emergente, que recibe importantes inversiones de capital extranjero y nacional. Las zonas de playa, arqueológicas y ecológicas son los principales destinos turísticos de los visitantes de América del Norte y de Europa, con una participación significativa en el PBI de Honduras.

Todas estas actividades componen el perfil de un país pobre, exportador de bienes primarios, cuyos principales ítems del catálogo de exportaciones son: café, camarones, langosta, banana, melón, madera, plomo y cinc. Se importan derivados de petróleo, maquinaria, equipamientos electrónicos, eléctricos, químicos e industriales, máquinas de transporte y alimentos diversos. Desde 1995, sin embargo, se ha comenzado a producir un creciente proceso de diversificación económica. El incremento de productos agrícolas no tradicionales destinados a la exportación, el aumento del nivel de competitividad en el sector empresarial, la incorporación de tecnología de punta para los procesos de producción, el crecimiento y la transformación de la industria maquiladora, así como la expansión del sector del turismo, son factores decisivos para este proceso de diversificación. Conviven, codo a codo, la producción moderna y la producción tradicional rural que, junto con el comercio precario, son generadores de pobreza. Programas gubernamentales y no gubernamentales buscan mejorar la producción rural y su comercialización, elevando los niveles tecnológicos y competitivos y orientándolos hacia la búsqueda de nuevos mercados, especialmente en el exterior. Tales programas intentan aminorar la situación de pobreza que afecta a la gran mayoría de la población hondureña.

Trabajador de la cooperativa Azabache COCAAL cosechando café, en Honduras, (SOCODEVI)

Condición social, educación y salud

Con una población de 7,6 millones de habitantes, Honduras tiene una densidad demográfica de 68 personas por km². Cuatro de cada diez hondureños tienen menos de quince años de edad; 54,2% están en la franja de 15 a 64 años, y 4,1% tiene más de 65 años. La expectativa de vida al nacer es de 67,6 años.

Siete de cada diez hondureños viven en condiciones de pobreza: casi el 64% de la población urbana y el 75% de la rural se encuentran en esta situación. El problema es continuamente alimentado por las migraciones del campo hacia la ciudad, intensificadas a partir de la década de 1950 como consecuencia de la precariedad de la economía campesina de subsistencia. El resultado es que casi el 47% de los hondureños reside actualmente en las ciudades, muchos de ellos en barrios marginales, en situación de desempleo o ejecutando trabajos precarios en la economía informal.

La condición de pobreza ha sido medida en función de la perspectiva de las necesidades básicas insatisfechas, según la cual son pobres las personas privadas de los medios materiales para satisfacer en un mínimo aceptable sus demandas de alimentación, educación, salud, trabajo y vivienda. La pobreza así entendida no se limita a la falta de ingresos económicos, sino que incluye la carencia o limitación de servicios públicos básicos, como educación y salud.

La educación nacional es un servicio público, del cual participa también el sector privado. En 2005, el analfabetismo alcanzó al 22% de la población.

Los niveles de preescolar, de enseñanza primaria, media y universitaria fueron analizados en 2002 de la siguiente manera: el nivel preescolar contaba con 3.813 docentes y 120.141 alumnos, distribuidos en 2.590 centros educativos; el nivel primario, con 1.094.792 alumnos y 32.144 maestros, en 9.423 centros escolares; la escuela media contabilizaba 271.491 estudiantes, atendidos por 12.427 profesores en 883 centros educativos; y la enseñanza superior registraba 114.510 estudiantes en 14 centros de nivel universitario. En 2004, la educación preescolar fue completada por el 36% de los niños en la franja etaria correspondiente; el primero y segundo ciclos, equivalentes a la educación básica, fueron alcanzados por el 89,3% de la población apta para hacerlo; el índice de cobertura del tercer ciclo fue del 38,2% y la del ciclo diversificado, del 21,3%; estos dos últimos equivalen a la enseñanza media en Brasil.

Los principales problemas en la educación son los altos índices de deserción escolar y reprobación, el bajo porcentaje de niños que reciben educación preescolar, la presencia de un único docente en muchas escuelas del ciclo primario y, en un nivel más general, la calidad y la pertinencia de la educación. Para enfrentarlos, se adoptaron varias medidas de efectos desiguales: establecimiento de un nuevo currículo nacional para la educación primaria; entrega de textos a todos los estudiantes para la ejecución del nuevo currículo nacional; vinculación de los estudiantes, especialmente de los lugares más pobres, con la tecnología informática; elevación al nivel universitario de los profesores de enseñanza preescolar y primaria; provisión de merienda a todos los niños de educación preescolar y primaria; contratación de más docentes y reducción del número de escuelas con docente único.

En el sector de la salud, la atención pública es tradicionalmente deficiente. Los servicios de la Secretaría de Salud dan cobertura al 60% de la población y el Instituto Hondureño de Seguridad Social al 22,4%. La mayoría de las veces, ambos servicios atienden al mismo segmento poblacional.

El servicio público de salud dispone de 1.722 médicos, 897 enfermeras profesionales, 5.324 auxiliares de enfermería y 103 odontólogos. Existe en el país 0,61 camas hospitalarias por cada mil habitantes y hay 4.925 habitantes por cada establecimiento de salud. La tasa de mortalidad infantil es de 31,9 por cada mil niños nacidos vivos y la mortalidad materna es de 108 por cada mil. Las enfermedades gastrointestinales y respiratorias continúan siendo las más frecuentes en la población pobre. La epidemia de VIH/sida tuvo un fuerte impacto en los últimos veinte años (1985-2005).

Las acciones públicas se volcaron al fortalecimiento de la atención de la mujer y la infancia y a lograr una eficiencia mayor en la calidad de los servicios. No existe un sistema de prevención integral de la salud, aspecto destacado en los planes estratégicos para el sector. No obstante, se produjeron avances importantes en relación con las vacunas: el 98% de los hondureños están vacunados contra las enfermedades contagiosas más graves, incluso el sida. El país cuenta, además, con un fondo global para la atención de los portadores de VIH.

Trabajo, vivienda y criminalidad

Con relación al trabajo, los hondureños también enfrentan condiciones precarias, elevadas tasas de subempleo y bajos salarios. Los hombres ocupan el 70% de los puestos de trabajo. La tasa de desempleo es del 7,7%, la de subempleo visible es del 6,9% y la de subempleo invisible es del 29,5%. En la actualidad existe una estrategia oficial para generar nuevos puestos de trabajo, basada en el crecimiento económico y en la atracción de inversiones, y la ocupación en las industrias maquiladoras viene registrando aumentos.

En Honduras hay 1.370.400 viviendas; el 83,3% tiene agua potable, el 70,8% posee servicios sanitarios o letrina y el 67,1% tiene instalación eléctrica. El promedio de personas por vivienda es de cinco. La acción gubernamental está volcada al financiamiento de la compra de casa propia por medio de un programa que subsidia hasta el 40% del costo de la vivienda a las personas de bajos ingresos.

La inseguridad del ciudadano causada por la delincuencia es un nuevo problema social que alarma a la población, por el temor y la desconfianza que genera, y coloca el tema de la seguridad en un lugar relevante de la agenda política. La acción del crimen organizado, especialmente en las modalidades de homicidios, narcotráfico, asaltos y secuestros, además del accionar de las bandas vinculadas a las organizaciones y cárteles de delito, afecta a la sociedad entera. La población pobre es víctima de las maras y de la delincuencia común, que genera delitos de pobres contra pobres: un alto porcentaje de los miembros de las pandillas callejeras son pobres y el 87% de las acciones de las bandas afecta directamente a los menos favorecidos. Ante este problema, la intervención gubernamental ha seguido dos caminos: el control policial y judicial del delito y la ejecución de programas de prevención de la violencia, rehabilitación y reintegración social de las personas. Ello ha contribuido a una considerable reducción de los delitos que más afligen a la población. Los homicidios se redujeron de 3.488 en 2001 a 3.123 en 2004; el número de secuestros cayó de 47 en el año 2000 a 4 en 2004; el de asaltos a bancos disminuyó de 62 en 2002 a 8 en 2004; el robo de vehículos fue de 2.019 en el año 2000 y de 1.150 en 2004; la confiscación de cocaína ascendió de 181 kilos en 2001 a 3.906 kilos en 2004. Un área problemática, en materia de seguridad, es el sistema penitenciario: las unidades tienen sobrepoblación, escasa infraestructura, bajo cumplimiento de sus funciones de rehabilitación y se han convertido en centros de operaciones de la delincuencia. En los primeros años del siglo XXI se produjeron dos tragedias en los centros penitenciarios, con más de 150 internos muertos, seguidas de más de veinte muertes violentas, que constituyen hechos cotidianos en los establecimientos penitenciarios. Actualmente está en práctica un proceso de reforma penitenciaria.

La migración de personas que viajan ilegalmente hacia los Estados Unidos y otros países ricos en busca de trabajo y de una vida mejor constituye un fenómeno nuevo y creciente. En la actualidad, el 12% de los hondureños vive en los Estados Unidos.

En el ámbito internacional, el tráfico de personas es –junto con el de drogas y el de armas– uno de los mayores negocios ilícitos. Los emigrantes les envían a sus familias en Honduras, a través de giros bancarios, más de US$ 1 millón por año, constituyendo así la fuente más importante de ingreso de divisas. El abandono del cónyuge y de los hijos y la ruptura de la estructura familiar generan graves problemas para aquellos que permanecen en territorio nacional, especialmente en el caso de los más jóvenes.

La iglesia de Los Dolores, en el centro de Tegucigalpa (Chamo Estudio/Creative Commons)

Fortalecimiento de la democracia

Tras haber permanecido limitado a una mera condición formal, el régimen democrático viene experimentando un proceso de fortalecimiento desde la década de 1990. Tres factores fueron determinantes para ello: recuperar para el Estado un amplio ejercicio de soberanía, mantener en todos los procesos electorales altos índices de vo­tación y vincular la representación política con la participación. Honduras, a diferencia de otros países de América Latina, no presenta un sistema político envejecido o en crisis. La democratización ha sido encaminada por la vía del fortalecimiento institucional, la creación de nuevas instancias de participación ciudadana y el reconocimiento de nuevos actores político-sociales.

Una importante iniciativa para lograr ese resultado fue el encaminamiento de una reforma política, objeto de acuerdos y compromisos entre los partidos, los candidatos y la sociedad civil desde los años 90. Los compromisos, principalmente en la campaña electoral de 2001, desembocaron en acciones reformistas ejecutadas en el período presidencial de Ricardo Rodolfo Maduro, iniciado en enero de 2002.

Entre dichas acciones se pueden mencionar la separación del registro civil en relación con el órgano electoral, especia­lizando técnicamente al primero y convirtiendo al segundo en un Supremo Tribunal Electoral, además del reemplazo del cargo designado por el presidente –ejercido por tres personas que reemplazaban al presidente de la República– por el del vicepresidente. Fue creado un único órgano de control, despolitizado y profesional –el Tribunal Superior de Cuentas–, al mismo tiempo que fue eliminado totalmente el régimen de inmunidad del que gozaban el presidente de la República, los diputados del Congreso Nacional, los jueces, magistrados y altos funcionarios del Poder Ejecutivo.

Fueron creados, a través de la Constitución, los institutos del plebiscito y del referendo, además de una nueva ley electoral y de las organizaciones políticas, modernizando tanto los procedimientos de votación como el funcionamiento de los partidos políticos, la figura de las candidaturas independientes y las alianzas electorales.

Sobre la base de estos avances, el informe de 2004 “La Democracia en América Latina” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoce mejoras en la evaluación de Honduras. El país habría progresado en las reformas económicas en un ritmo más acelerado que la media de América Latina, lo que es revaluado por el informe a partir de la disminución de los niveles de desigualdad, una tendencia presente en pocos países del continente. Los índices de desnutrición infantil y de analfabetismo mejoraron; el informe señala a Honduras entre los que más avanzaron en el combate al analfabetismo.

La participación electoral ha aumentado y los principales partidos políticos comenzaron a realizar elecciones primarias para elegir a sus candidatos. En general, hay una mayor confianza en el sistema político existente, lo que explica la creciente participación política por parte de los hondureños.

Los avances de la democratización se producen en un permanente conflicto con el estilo autoritario y clientelista que todavía impera en los partidos. Existe una fuerte tendencia del liderazgo tradicional de los partidos para instrumentalizar, desnaturalizar y minimizar los alcances de las reformas.

De la huelga de 1954 al reformismo militar

La democracia hondureña echó fuertes raíces en el movimiento social de mayor influencia en la historia reciente del país: la huelga de 1954, protagonizada por los trabajadores de los bananales. Fue un divisor de aguas en la vida nacional. Sus conquistas más inmediatas ocurrieron en el área laboral, pues hicieron posible el acceso a la legislación del trabajo. Otras consecuencias de la huelga fueron: la cohesión y la solidaridad nacionales; el apoyo de la población a proyectos de cambios económico-sociales; el surgimiento de un fuerte movimiento, urbano y rural, de trabajadores; el desarrollo de empresas industriales con capital hondureño y la disminución de la influencia de la United Fruit Company, que hasta entonces prácticamente controlaba al país. A nivel institucional, la movilización condujo a la primera intervención política de las Fuerzas Armadas para terminar con la dictadura y restablecer el régimen democrático por medio de elecciones directas. Marcó también el comienzo de un proceso de modernización del Estado y la adopción de otras reformas económico-sociales, entre ellas la reforma agraria, la seguridad social y la legislación de protección a los grupos vulnerables, especialmente la infancia. En suma, después de la huelga de 1954, Honduras ingresó decididamente a la modernidad.

Nueve años después de este movimiento, en el marco de la reacción internacional coordinada por los Estados Unidos contra la Revolución Cubana, y por el temor de que los cambios producidos por un gobierno reformista en Honduras escapasen a su control, se produjo un golpe de Estado de carácter represivo, encabezado por el coronel López Arellano. Durante 34 años, los militares tendrían –directa o indirectamente– el poder en sus manos. En 1969 se desencadenó un conflicto armado entre Honduras y El Salvador, conocido como la Guerra del Fútbol, en un momento en el cual los militares ejercían el poder en los dos países. La guerra significó un duro golpe a los proyectos de integración regional, ensayados desde 1951 –cuando fue firmada la Carta de la Organización de los Estados de América Central– y profundizados en 1960 con la formación del Mercado Común Centroamericano entre Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. En 1970, los militares hondureños entregaron formalmente el control del Estado a un gobierno electo. Sin embargo, conservaron el poder efectivo y dieron un nuevo golpe de Estado en 1972.

Contingente de soldados hondureños que conforman las primeras tropas de la fuerza de paz Interamericana, llegando para brindar ayuda de emergencia a la República Dominicana, en 1965 (NARA)

El gobierno militar que comenzó el 4 de diciembre de 1972, dirigido por el mismo oficial que había tomado el poder en 1963, mostró una tendencia reformista, similar a la de los gobiernos militares de Juan Velasco Alvarado en Perú y de Omar Torrijos en Panamá. El día 1.º de enero de 1973 anunció su Plan Nacional de Desarrollo, en el cual estaban contenidas las principales metas del gobierno. La reforma agraria, la nacionalización de bosques nativos y de algunas empresas de capital extranjero, así como la conversión del Estado para dar nuevo ímpetu a la empresa privada moderna, fueron los procesos emblemáticos del reformismo militar. Para la ejecución de estos proyectos se recurrió al préstamo internacional, procedente de los organismos financieros multilaterales y del crédito bilateral y recibido en cantidades abundantes. Sin embargo, en medio del proceso de reformas se produjeron hechos notorios de enriquecimiento ilícito de militares, funcionarios públicos y empresarios, favorecidos por la nueva elite en el poder.

La primera etapa del reformismo militar quedó concluida con la denuncia, realizada por un periódico de los Estados Unidos, de soborno a altos funcionarios del Estado por parte de la United Fruit Company para reducir el pago de impuestos a la exportación de bananas. Las dos etapas siguientes estuvieron identificadas con la sustitución de la ideología reformista por la ideología de la seguridad nacional en la cúpula militar, con el comienzo de la represión contra las organizaciones campesinas y los movimientos populares que apoyaban las reformas, con el aumento de la deuda externa y el enriquecimiento ilícito. Fue también una época de desgaste de las Fuerzas Armadas en el ejercicio del poder formal.

Primera etapa: la democracia represora

En 1981, en plena crisis centroamericana polarizada por la situación que vivía Nicaragua, los militares hondureños dejaron nuevamente el gobierno en manos de civiles. Comenzó de ese modo un proceso de apertura democrática que se ha prolongado y pasado por varias etapas hasta llegar a la época actual. El proceso de vigencia constitucional inaugurado ese año es el más amplio en la historia del país y ya dio lugar a seis presidencias constitucionales elegidas por medio de sufragio universal.

Los gobiernos constitucionales de la década de 1980 se caracterizaron por servir de fachada para la continuidad del ejercicio del poder real por parte de los militares, en un indiscutible apego a los lineamientos de la política dictada por los Estados Unidos. Honduras perdió soberanía y su territorio se convirtió en emplazamientos para bases militares del Ejército norteamericano, centro de operaciones de los contrarrevolucionarios nicaragüenses y campo de persecución a los rebeldes y refugiados salvadoreños y guatemaltecos por las Fuerzas Armadas de estos países. Internamente, se produjeron graves violaciones a los derechos humanos. Fueron ejecutadas acciones de fuerza para diseminar el terror en toda la población, mientras eran perseguidos y reprimidos selectivamente los hondureños que, en opinión de los militares, representaban riesgos para la seguridad nacional. Esta categoría abarcaba no sólo a los militantes de izquierda y simpatizantes de las causas del sandinismo y del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), sino también a los hondureños que expresaban su indignación ante las reiteradas violaciones de la soberanía del país. Además, eran perseguidas las personas de buena voluntad que por razones legales, humanitarias o religiosas se solidarizaban con los refugiados salvadoreños en Honduras y los propios refugiados que habían sido acogidos en territorio hondureño. Se crearon grupos clandestinos de exterminio, se formaron cuadros especializados en tortura y se habilitaron instalaciones secretas para reprimir y asesinar. Como resultado, cerca de mil personas fueron denunciadas como desaparecidas, privadas de la libertad en centros clandestinos de detención y torturadas. De ellas, casi doscientas jamás aparecieron, por lo que se presume que fueron asesinadas.

Los pagos por operaciones militares ejecutadas por el gobierno de los Estados Unidos en América Central durante los años 80 permitieron el enriquecimiento de muchos miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras y de sus aliados civiles, que en su mayoría integraron y todavía integran la clase política. La economía nacional se mantuvo sustentada en una deuda permanente. Al final de la década, la inflación, la devaluación contenida de manera arbitraria, el desequilibrio fiscal y la incapacidad para responder satisfactoriamente a los compromisos de pago de la deuda externa generaron una aguda crisis financiera, que incluía la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la consecuente suspensión del crédito internacional. En tales condiciones se produjo el tercer cambio de gobierno legítimamente electo.

Segunda etapa: reforma del Estado

En la década de 1990, el cambio de gobierno en la Nicaragua sandinista por medio de elecciones democráticas y los acuerdos de paz firmados en El Salvador y en Guatemala, después de años de guerra civil entre fuerzas de derecha y de izquierda, se mostraron decisivos para finalizar la crisis centroamericana y posibilitar que Honduras y los restantes países de la región ingresaran en otra etapa. Otro hito de este período de consenso fue la revitalización, a partir de 1990, del Mercado Común Centroamericano, relegado a segundo plano desde la Guerra del Fútbol. El organismo cobró un nuevo dinamismo, sumando en 1993 a Panamá en el proyecto de total integración económica de la región.

En esta nueva etapa se profundizó la institucionalización democrática en Honduras. Las tres acciones políticas determinantes fueron la expulsión de los “contras” nicaragüenses del territorio hondureño, la reforma del Estado y la suplantación del poder efectivo de los militares por el poder legítimo del gobierno constitucional. A mediados de los años 90, los militares dejaron de ser la fuerza política decisiva en el país y retornaron a las funciones constitucionales de defensa nacional.

En la economía fue adoptado un programa de ajuste estructural para enfrentar la crisis financiera, dirigiendo la actividad económica del Estado rumbo a la liberalización. Ello significó abandonar la inacabada estrategia de construcción de un Estado de bienestar y substituirla por otra, conocida en América Latina como estrategia neoliberal de reducción y alcance de mayor eficiencia del aparato estatal, junto al impulso del libre mercado. Estas decisiones fueron tomadas en sintonía con las tendencias de la economía global y con las exigencias de los organismos financieros internacionales.

El gobierno que inició el ajuste mantuvo una actitud invariable en su aplicación. Los dos gobiernos siguientes, sin embargo, rompieron con la ortodoxia neoliberal, ejerciendo menos disciplina fiscal y aumentando el gasto público más allá del previsto. Tales cambios de rumbo implicaron rupturas que impidieron el avance en una dirección única. Cada gobierno trataba de deshacer lo que el anterior había logrado, provocando nuevos desajustes y aumentando la inviabilidad económica y la pobreza.

Tercera etapa: seguridad y ciudadanía

El proceso de reconstrucción nacional que siguió a la destrucción provocada por el huracán Mitch en 1998, durante el gobierno de Carlos Roberto Flores, fue concluido sin conquistas significativas en la reducción de la pobreza y sin incrementos decisivos en la participación de la ciudadanía. Aun así, se produjo una movilización importante de la sociedad civil en los años 2000 y 2001, para discutir la llamada Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), proyecto que sería retomado por el gobierno de Ricardo Maduro. Las dos metas –reducción de la pobreza y participación del ciudadano–, juntamente con la seguridad, el combate a la corrupción y el crecimiento económico equitativo, continúan siendo los mayores desafíos de la tercera etapa democrática.

Honduras vive, al comienzo del siglo XXI, un período de importantes transformaciones. Un proceso de reformas, llevadas a cabo por el Estado, busca avances en la calidad de vida de la población. Las más significativas son:

• Hacer de la ERP, que prevé la implementación de proyectos en las siete ciudades y en los ochenta municipios rurales más pobres del país, el instrumento principal del gobierno.

• Generar la construcción de la seguridad democrática para la ciudadanía sobre tres bases: respetar las garantías constitucionales y los derechos humanos; construir seguridad sin que ésta sea una tarea exclusiva del Estado, sino compartida con la sociedad; hacer de la prevención el componente más sólido de la seguridad de la ciudadanía.

• Reformar la educación formal, convirtiéndola en un instrumento de preparación para que la población pueda vivir en un mundo globalizado.

• Mantener en orden las finanzas públicas, restableciendo el equilibrio fiscal y la viabilidad financiera del país.

• Lograr la suspensión de la deuda externa por medio del financiamiento de la ERP, así como el aumento de los niveles de cooperación internacional y de apertura de nuevos mercados de exportación en condiciones favorables para Honduras.

• Alcanzar el crecimiento económico con equidad, con el fin de impulsar nuevos sectores económicos y de inversión, asegurar mejorías viables para los trabajadores e incentivar a las empresas a que asuman responsabilidades con respecto al medio económico, social y ambiental en que actúan.

• Mejorar el funcionamiento de los mercados, con el aumento de los niveles de competitividad en todas las iniciativas económicas, incluyendo las economías tradicionales y las pequeñas economías rurales.

• Alcanzar la integración de América Central, eliminando aduanas, visas y barreras de cualquier tipo al comercio regional y garantizando el tránsito libre a los centroamericanos por la región.

• Lograr la inclusión de los sectores productivo, comercial y de prestación de servicios en el libre comercio, tanto por medio del Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana con los Estados Unidos como por medio de todos los instrumentos de libre comercio global que estén al alcance de Honduras.

• Ejecutar una reforma política que fortalezca y haga aún más completa la participación del ciudadano, la representatividad, la institucionalización y el Estado de Derecho.

• Reformar el sistema judicial para lograr la inmediata y correcta aplicación de las leyes.

• Crear una sólida cultura de transparencia institucional, auditoría social y rendición de cuentas, así como ejecutar la transformación de la entidad controladora del poder público, dotándola de los mecanismos judiciales e institucionales eficaces para la prevención y el castigo de los actos de corrupción.

• Crear y aplicar la Política Nacional de la Mujer, por la cual se logra mayor equidad de género en la generación y en el aprovechamiento de oportunidades.

• Fortalecer el Estado, dotándolo de capacidades que le permitan cumplir eficazmente su función normativa.

Las respuestas de la sociedad a las reformas son diferenciadas. Los sectores más conflictivos de la oposición expresan sus críticas en tres áreas: la economía de mercado, la contratación de la iniciativa privada para la prestación de servicios públicos y la inclusión nacional en el libre comercio y en el mundo global. Algunas agremiaciones, como la de docentes, médicos y enfermeros, exigen aumentos de salarios fuera de las posibilidades financieras del Estado, sin preocuparse por el hecho de que ello pueda disminuir los recursos volcados a la reducción de la pobreza. Las asociaciones de docentes manifiestan su oposición a la reforma educativa y a la implementación de controles administrativos en el sistema educativo. Aun así, hay un acuerdo generalizado a favor de la profundización de la reforma política.

En noviembre de 2005 se celebraron nuevas elecciones generales y José Manuel Zelaya Rosales del Partido Liberal fue elegido defendiendo una plataforma para erradicar la violencia, combatir la pobreza y la corrupción, reducir los costos de los productos básicos –especialmente de los combustibles– y generar empleos. Zelaya asumió la presidencia el 27 de enero de 2006 y tuvo como su principal adversario al candidato Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional, quien entonces estaba en el gobierno.

Cuestiones para el futuro

De acuerdo con las declaraciones oficiales, Honduras aspira a transformarse en el primer cuarto de siglo en un país de desarrollo medio. Este objetivo puede ser logrado si fuere asumido como objetivo central de la sociedad. Para desarrollarse en el nivel esperado, Honduras deberá enfrentar con éxito grandes desafíos. El más importante continúa siendo la reducción de la pobreza. Se trata de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos por las Naciones Unidas, lo que implica acciones en el corto, mediano y largo plazos. Otro desafío significativo es continuar la profundización de la democracia y eliminar los trazos de autoritarismo que aún prevalecen. Además, el país necesita asegurar el pleno empleo a su población, convertirse en una sociedad sustentable y segura, revertir los altos niveles de destrucción ambiental y alcanzar una posición económicamente ventajosa en su participación en la integración centroamericana, en el Tratado de Libre Comercio de América Central con los Estados Unidos y en el libre comercio global.

Para alcanzar las metas que cada uno de estos desafíos supone, Honduras deberá superar graves problemas de naturalezas diferentes. Algunos de ellos son: injusticia y persistencia de graves asimetrías socioeconómicas, altas tasas de desempleo, falta de crecimiento económico, escasa inversión nacional e internacional, corrupción, favoritismo político, destrucción ambiental, inseguridad del ciudadano, presencia del crimen organizado, narcotráfico y bandas, migraciones masivas de la población del campo a la ciudad y al exterior y un alto impacto del VIH/sida en la población joven. Otro obstáculo es el repentino aumento en los precios del petróleo, que tiene grave impacto en la economía nacional.

No obstante, en medio de estos problemas, se produjeron avances que permiten prever mejorías en el desarrollo del país. Entre los principales procesos aceleradores se debe destacar, en primer lugar, la creciente institucionalización del Estado de Derecho y el correspondiente fortalecimiento de la democracia. En el plano económico, hubo una reducción de la deuda externa en más del 60% y el empleo de esos recursos en el financiamiento del plan de desarrollo del gobierno. Se produjeron, además, la apertura de nuevos mercados para la producción hondureña en condiciones ventajosas y el aumento de los montos de cooperación internacional, que fue logrado en 2005 con la inclusión de Honduras en el grupo de Países Pobres Altamente Endeudados –la llamada Iniciativa HIPC (Heavily In-debted Poor Countries), lanzada por el FMI y por el Banco Mundial en los años 1990, con vistas a la reducción de la deuda externa de los países menos desarrollados–. Fue puesta en práctica una política de saneamiento financiero y de recuperación del equilibrio fiscal, combinada con un proceso de expansión económica, con cierto grado de sustentabilidad y de equidad.

En tales condiciones, mantener el rumbo, lanzar y dar continuidad a las políticas públicas en ejecución durante, por lo menos, los próximos veinte años es un desafío trascendente, que definirá el destino de Honduras en el nuevo siglo. Una regresión en áreas como el aumento del gasto público, ruptura del equilibrio fiscal, desaceleración del crecimiento o aumento de la inseguridad del ciudadano implicaría detener la reducción de la pobreza y deteriorar las conquistas alcanzadas con gran sacrificio para toda la población.

La continuidad y la profundización de las acciones deben ocurrir tanto en el sector público como en el plano de las relaciones sociales. Mantener y profundizar el rumbo es el desafío, de carácter político, que tienen adelante la ciudadanía, la clase política y el Estado. Para superarlo debe generarse un consenso entre los amplios sectores sociales y políticos en torno de un gran acuerdo que comprometa concretamente amplios sectores de la sociedad hondureña. El acuerdo debe comprender la visión de futuro que se aspira, las estrategias para alcanzarlo, las políticas y los compromisos que necesitan ser asumidos y cumplidos, tanto por parte del Estado como de la sociedad civil. Se trata de unir al país en torno de un proyecto de construcción del desarrollo con equidad.

(actualización 2005 - 2015)

por Fernanda Gdynia Morotti

En enero de 2006 el empresario Manuel Zelaya salió vencedor en las elecciones presidenciales, y todo indicaba que gobernaría con una orientación liberal. Sin embargo, al poco tiempo sorprendió con una agenda progresista, que despertó la disconformidad de las fuerzas hondureñas conservadoras y de su propio partido. Así pues, aunque en su primer año de gobierno enfrentó dificultades financieras, el presidente consiguió invertir en programas para combatir la pobreza, el desempleo y la violencia, las dificultades más graves por las que atravesaba el país.

Su estrategia fue crear una red de protección para la población carenciada. Por ejemplo, el gobierno invirtió en educación, principalmente en el sector infantil. Y abrió la administración pública a la participación popular creando el programa Poder Ciudadano y las Mesas de Poder Ciudadano. Sin embargo, los opositores consideraron que esta iniciativa era populista, porque se posicionaba por encima de la democracia representativa. Pero, a pesar de las críticas, al concluir el primer año de gobierno, Zelaya ya tenía logros que celebrar. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ubicó al país en uno de los primeros puestos de crecimiento económico dentro de la región centroamericana.

Manuel Zelaya, presidente depuesto de Honduras, llega a Brasilia para conversar con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en agosto de 2009 (José Cruz/Abr)

Ya en el segundo año de su gestión, Zelaya hizo un guiño definitivo a la izquierda. Públicamente declaró su nueva posición progresista, rompiendo con el programa partidario que lo había elegido y aproximándose a los gobiernos de Daniel Ortega en Nicaragua y de Hugo Chávez en Venezuela. A pesar de la fuerte resistencia que encontró en el Congreso, la asociación de Honduras con Petrocaribe resultó aprobada; el acuerdo de cooperación energética reúne a Venezuela y trece países firmantes. Es más, Zelaya negoció con Hugo Chávez la compra de petróleo, pagando 50% del valor en efectivo y pactando un plazo de más de veinte años para saldar el resto del valor.

En tres años y medio de gobierno, Zelaya apostó a programas sociales que ayudaron a disminuir la pobreza. Sin lugar a dudas, el área que más avances conquistó fue la educación.

Otro proyecto exitoso fue el Programa Nacional de Alfabetización, que recibió el apoyo de 120 profesionales cubanos voluntarios para capacitar a 20.000 profesores hondureños, también voluntarios, y que consiguió reducir un 21% el analfabetismo en el país. El gobierno tenía como objetivo universalizar la educación preescolar y primaria hasta 2015.

Militares se enfrentan a la protesta luego del golpe hondureño, en junio de 2009 (Roberto Breve/Creative Commons)

Hacia fines de 2008, el presidente sorprendió al país al decretar un aumento para el salario mínimo del 60%. La medida disgustó no sólo a los empresarios hondureños sino principalmente a las multinacionales instaladas en el país, que siempre explotaron la mano de obra barata del lugar.

Por otro lado, el sector obrero, uno de los más pobres de América Latina, siempre estuvo marcado por salarios bajos, derechos laborales escasos, relaciones informales y subordinación a los intereses norteamericanos.

En 2009, Zelaya programó una consulta popular para aprobar la conformación de una Asamblea Constituyente que reformaría la Constitución, vigente desde 1982. Sin embargo, el Tribunal Electoral, la Corte Suprema y el Congreso declararon la consulta ilegal. Haciendo frente a esas instituciones, el presidente agendó el plebiscito para el 28 de junio de 2009, decisión que provocó el relevo del jefe de Estado Mayor hondureño, el general Romeo Velásquez –por incumplimiento del orden‒, y al mismo tiempo el pedido de renuncia de los tres jefes de las Fuerzas Armadas. De esta manera se ponía en marcha un golpe de Estado.

Zelaya fue detenido en su residencia el mismo 28 de junio y deportado a Costa Rica. En seguida, el Congreso Nacional anunció su destitución del cargo por “reiteradas violaciones a la Constitución” y nombró al presidente de la Cámara, Roberto Micheletti, para ocupar la presidencia hasta que se celebraran nuevas elecciones, programadas para noviembre de aquel año. La legitimidad de ese gobierno no fue reconocida por la comunidad internacional, y la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró que se valdría de todos los medios diplomáticos para restituir a Zelaya en el puesto.

Manifestantes marchan a favor de Zelaya, en el centro de la capital, Tegucigalpa, en enero de 2010 (Wilson Dias/Abr)

El día 5 de julio de 2009, Manuel Zelaya viajaba en un avión junto al secretario general de la OEA, Miguel Insulza. El destino era la capital hondureña, Tegucigalpa, donde millares de personas esperaban al presidente depuesto, desafiando al estado de sitio para recibirlo. Sin embargo, los militares hondureños impidieron que el avión aterrizara en el aeropuerto de la capital, y el resultado fue una violenta confrontación entre las fuerzas policiales y la multitud que lo esperaba. Un joven murió, centenas de personas resultaron heridas y más de quinientas fueron detenidas.

El 21 de septiembre de 2009, Zelaya entró secretamente en Honduras y se refugió en la embajada de Brasil. Desde allí abrió un canal de comunicación con Micheletti para restablecer el orden constitucional. De esta manera se acordó que le cabría al Congreso la tarea de decidir sobre la vuelta al cargo del líder depuesto. Y la votación fue contundente: 111 votos en contra de la vuelta al cargo del líder depuesto y sólo 14 a favor de su regreso.

El presidente electo de Honduras, Porfírio “Pepe” Lobo, en enero de 2010 (Wilson Dias/Abr)

Electo en el medio de una crisis política, el nuevo presidente Porfirio Lobo asumió el cargo en enero de 2010. Ese mismo día, Zelaya abandonó la embajada brasileña para dirigirse a Santo Domingo acompañado del presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. Meses más tarde, un acuerdo firmado por el presidente Porfirio Lobo devolvió los derechos políticos a Zelaya, quien poco después de regresar a Honduras creó el Partido Libre (Libertad y Refundación) para presentarse a una plaza en el Parlamento y registrar la candidatura de su esposa, Xiomara Castro, a la presidencia.

El tribunal de apelaciones de la Corte Suprema anuló todas las acusaciones contra Zelaya. Y en 2010 juró en Guatemala como diputado de pleno derecho del Parlamento Centroamericano (Parlacen) representando a Honduras. Su esposa fue candidata a la presidencia en las elecciones de 2013 y, derrotada por el conservador Juan Orlando Hernández, quedó en segundo lugar.

El golpe contra Zelaya hizo retroceder al país. Honduras fue suspendida por la OEA. Los índices de pobreza extrema, que desde 2006 venían bajando, se dispararon apenas ocurrió el golpe, en 2009. Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR) hondureño muestra que entre los años 2006 y 2009 se registraron avances efectivos en el país, con la reducción de la pobreza en un 7,7% y de la extrema pobreza en un 20,9%. Pero durante los años siguientes, la pobreza aumentó un 13% y la pobreza extrema un 26,3%. Asimismo, el gobierno Porfirio Lobo redujo los gastos con las políticas sociales. El Programa Nacional de Alfabetización, por ejemplo, fue cancelado y los voluntarios cubanos abandonaron Honduras.

Por otro lado, según el índice de Gini, la desigualdad en Honduras aumentó el 12,3% en apenas dos años de gestión Porfirio. La economía creció en promedio 3,5% entre 2010 y 2013, pero la concentración de la renta aumentó. Asimismo, Honduras tiene la tasa más alta de homicidios del mundo y niveles de violencia y criminalidad galopantes. Ocurren más de 7.000 muertes violentas por año. El desempleo todavía llega al 40%, el 71% de la población vive en la pobreza y el 53% en la miseria absoluta.

El presidente Hernández, que sucedió a Lobo, optó por militarizar el país. Las Fuerzas Armadas pasaron a controlar varias instituciones y se implantó la ley de Protección de Espacios Aéreos, que autoriza a la Fuerza Aérea a derribar aviones sospechosos de traficar drogas en territorio nacional. En los primeros meses de gobierno, Hernández también instituyó la Tropa de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad, conocida como Tigres, entrenada por el Grupo de Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Poco tiempo después, el presidente organizó la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina).

En 2014, la fuente principal de divisas fue la remesa de dinero de los hondureños que viven fuera del país, que creció 11%. Son casi 1,2 millones de personas, casi todas establecidas en los Estados Unidos. Y ese dinero es el que ayuda a frenar los niveles de inflación y el que mantiene el valor de la lempira, la moneda nacional, frente al dólar. En un intento de estimular la competitividad del sector productivo, el gobierno creó el Consejo Nacional de Inversiones (CNI). Sin embargo, el Consejo cumplió un año en 2015 sin dar muestras de haber reanimado los sectores de la manufactura, la agricultura y la construcción, que permanecían estancados. Para entonces el FMI había recomendado a las autoridades económicas devaluar la moneda nacional del 4,5% al 5%, para minimizar los efectos del aumento creciente del déficit fiscal, que en 2015 llegó al 68% del PBI.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, en octubre de 2014 (Casa de América)