Agua

América Latina es una región que se destaca en el mundo por sus riquezas hídricas. Con el 12% de la superficie terrestre total y el 6% de la población mundial, la región recibe aproximadamente el 27% de las lluvias que caen en el planeta, en su mayor parte concentradas en la cuenca amazónica. Considerando la disponibilidad hídrica anual (cuadro inferior), cabe señalar que América del Sur tiene una disponibilidad dos veces mayor que la media mundial, dos veces mayor que la de América del Norte –la segunda región con mayor disponibilidad–, casi 2,5 veces mayor que la de Europa y 4,5 veces mayor que la de África.

De acuerdo con los criterios de la ONU de disponibilidad hídrica por habitante, Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, Argentina y Chile son considerados países “ricos” por estar situados en la franja que va de los 10.000 a los 100.000 m³/persona/año, mientras que la Guayana Francesa es clasificada como país “muy rico” por superar los 100.000 m³/persona/año. En la categoría “suficiente” figuran países como Perú, cuya disponibilidad per cápita es de aproximadamente 1.790 m³/persona/año. Todavía existen problemas de limitación del agua en las islas caribeñas, cuyo porcentaje de recursos hídricos por habitante es uno de los más bajos del mundo, incluso inferior al de otros archipiélagos: apenas el 13,3% del porcentaje correspondiente al océano Índico y el 1,7% del océano Pacífico sur.

Disponibilidad hídrica anual en el mundo (en mililitros/año)

Fuente: Adaptado de Rebouças, Aldo C. et al. Águas doces no Brasil. São Paulo: Escrituras, 1999. p. 31

Vastas extensiones territoriales de América Latina son áridas o semiáridas, entre ellas una gran parte del centro-norte de México; el nordeste brasileño; la Patagonia, en el centro-sur argentino; el desierto de Atacama en el litoral norte de Chile y el litoral sur de Perú; y parte de Bolivia y Perú. Las condiciones de semiaridez del nordeste brasileño presentan características especiales. En la región del Polígono de la Sequía, por ejemplo, las lluvias –con una media anual de hasta 450 mm– se concentran en un breve período y sufren una intensa evaporación debido a la proximidad de la línea del Ecuador –la franja de radiación solar más intensa–. Más que la escasez de agua, es la evaporación excesiva lo que desertiza la región, lo que a su vez indica que, para garantizar el agua, es menester implementar medidas de conservación y protección contra la evaporación antes que organizar traslados de aguas fluviales de cuencas distantes, como parecen creer los ideólogos del proyecto de transposición del río San Francisco. Experiencias comunitarias exitosas como las de ASA (Articulación del Semiárido) han dado excelentes resultados, no con obras faraónicas sino mediante la construcción de cisternas que evitan la evaporación de buena cantidad del agua proveniente de las precipitaciones pluviales en la región.

Los ríos Amazonas, Orinoco, San Francisco, Paraná, Paraguay y Magdalena transportan más del 30% del agua superficial continental del mundo. Las dos cuencas hidrográficas más grandes del planeta, la amazónica y la del Plata, están en América del Sur. América Latina posee la mayor reserva geológica de agua del mundo, cuya superficie de 1,2 millones de km abarca amplios sectores de Brasil (840.000 km), Paraguay (58.500 km²), Uruguay (58.000 km²) y Argentina (255.000 km²). Según Roberto Malvezzi, de la Comisión Pastoral de la Tierra, esa cantidad de agua alcanzaría “para abastecer indefinidamente a 360 millones de personas, siempre y cuando sea bien administrada. Es la población de toda América Latina”.

El equilibrio de la disponibilidad hídrica del continente registra la presencia de extensas áreas anegadas (pantanales, bañados, mangles, humedales), que incluyen las dos mayores extensiones de áreas anegadas del planeta: el pantanal del Mato Grosso y la planicie de Araguaia. El destino de estas áreas, sumamente importantes por su diversidad biológica, se ve amenazado por la polución y el drenaje realizado con otros fines, aunque cabe señalar que también se están secando debido a los desequilibrios provocados por el exceso de captación en las regiones adyacentes –como ha venido ocurriendo en los cerrados brasileños, el este boliviano y el Gran Chaco argentino-paraguayo debido al avance de los monocultivos extensivos del agronegocio de la soja, el algodón, el maíz y el girasol–.

Por último, cabe considerar el agua que no se presenta en estado líquido o sólido (glaciares andinos), a la que podemos llamar agua en estado vivo; es decir, el agua que forma parte de los organismos vegetales y animales y que es particularmente importante en la región debido a las vastas extensiones selváticas. La selva amazónica ocupa un área de aproximadamente 8 millones de km2, con una media de biomasa por hectárea de entre 350 y 550 toneladas constituida por el 70% de agua. Se trata de un verdadero “océano verde” cuya evapotranspiración contribuye a formar la Masa Ecuatorial Continental, que a su vez redistribuye el agua a lo largo y lo ancho de la inmensa extensión de América del Sur, el Caribe y el sur de los Estados Unidos. De este modo, las selvas contribuyen a la dinámica climática global y –particularmente gracias a la humedad– ayudan a que las amplitudes térmicas (diferencias entre las temperaturas máximas y las mínimas) se mantengan equilibradas.

La demanda regional y sus problemas

La urbanización y la industrialización –y sobre todo la agricultura, porque aumenta las áreas irrigadas– han hecho crecer la demanda de agua. Por otra parte, cabe considerar el fuerte impacto causado por el incremento del turismo en el aumento del consumo de agua, que puede superar entre cinco y diez veces al de los sectores residenciales. A ello hay que agregar el desequilibrio de los ciclos del agua por efectos de la deforestación, que no sólo altera su disponibilidad sino que provoca enormes perjuicios derivados del aumento de inundaciones y sequías.

La urbanización, la industrialización y la agricultura empresarial han provocado un grave aumento de la polución. La causa principal de contaminación es la descarga directa de desechos no procesados, tanto domésticos como industriales y agrícolas. La contaminación no sólo afecta las aguas superficiales, sino también los acuíferos. La expansión de la industria, la minería y el uso de agroquímicos contaminan ríos y acuíferos con residuos sólidos orgánicos, químicos tóxicos y metales pesados.

La contaminación del agua es particularmente grave en las áreas metropolitanas. A la concentración de la población y la producción industrial hay que sumar la proliferación de sistemas de canales convencionales –que no ha sido debidamente acompañada por un tratamiento acorde del agua– y la intensificación del uso agrícola de la tierra en las proximidades de esas áreas. Debido a ello, la calidad de las masas de agua cercanas a las metrópo­lis se ve seriamente comprometida. También cabe considerar que la injusta distribución de la riqueza contribuye a agravar los problemas ambientales, dado que se siguen construyendo viviendas en áreas sensibles –por ejemplo, en cuestas con declive pronunciado– y en los sectores más altos de las zonas de captación de agua o próximas a acuíferos de aguas subterráneas o pantanos y manglares. Por tratarse de áreas desvalorizadas para la construcción de viviendas, sólo atraen a aquellos pobladores que carecen de medios para construir sus casas en lugares más seguros o contratar peritos para hacerlo sin riesgo.

El crecimiento de la industria, la irrigación y la urbanización aumentan los costos ambientales y económicos del suministro adicional de agua. En Ciudad de México, el agua se bombea a alturas superiores a los mil metros para poder abastecer al valle de México; en Lima, capital de Perú, la contaminación de las cuencas superiores aumentó el costo del tratamiento del agua en casi el 30%, según informes del Banco Mundial. También se ha observado el elevado costo de la desalinización de las aguas del mar Caribe, la contaminación por grasas de las aguas subterráneas y la liberación inadecuada de metales pesados, químicos sintéticos y residuos peligrosos (desechos hospitalarios). De acuerdo con la ONU, la cantidad de compuestos contaminantes que llega a las aguas subterráneas desde los basurales, terraplenes sanitarios y otras fuentes no determinadas (escurrimiento superficial y filtración en zonas agrícolas) se duplica cada quince años en América Latina. El agotamiento de los acuíferos y la penetración del agua salada también son importantes fuentes de contaminación de las aguas subterráneas.

Otro factor contaminante a considerar es la minería artesanal, principalmente la del oro, que genera abundantes emisiones de mercurio. Casi todos los países de América Latina desarrollan este tipo de actividad, que, según se estima, ocupa cerca de un millón de trabajadores en la producción de aproximadamente 200 toneladas de minerales por año. Los niveles de contaminación fluvial por mercurio han bajado desde fines de los años 80 gracias a la disminución de estas actividades –producto del agotamiento de las vetas superficiales– y la oposición a la contaminación. En la Amazonia brasileña –sobre todo en Pará, Maranhão y Mato Grosso–, los buscadores de diamantes desempleados se sumaron a las filas de la industria maderera y la deforestación, cuyo objetivo es convertir en terrenos de pastoreo los gi­gantes latifundios agropecuarios.

Las grandes corporaciones comenzaron a trasladar sus plantas industriales a América Latina (Brasil, Venezuela, Surinam) en los años 70, principalmente aquellas que requieren grandes cantidades de agua, ya sea para los procesos de producción y la obtención de energía, o bien como área de depósito de residuos –como ocurre con las industrias del aluminio y el papel y la celulosa–. Si bien esas empresas, a diferencia de la minería artesanal, están en condiciones de tratar sus desechos, las regiones y poblaciones de las áreas más próximas corren riesgo de muerte, eufemísticamente denominado “riesgo ambiental”. Varias empresas han trasladado sus plantas previa consideración del eventual pago de compensaciones menores, como la indemnización en caso de accidente a los habitantes de países periféricos. Es obvio que existe una perversa división geográfica de los beneficios –que inevitablemente quedan en manos de los países centrales– y de los residuos –que son el dudoso privilegio de los países periféricos–.

Una nueva geopolítica del agua

En lo que atañe a América Latina, cabe analizar dos megaproyectos que serán objeto de grandes disputas por el control del agua en la región en los próximos años: el Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). El primero es un conjunto de importantes proyectos de inversión en infraestructura (transporte, comunicaciones, energía, turismo y otras obras) que abarcan desde Puebla (México) hasta Panamá, pasando por Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Por medio de ferrocarriles, carreteras, puertos, sistemas de comunicación y un tendido eléctrico que permite interrelacionar y explotar el potencial hidroeléctrico de toda la región, el PPP aspira, fundamentalmente, a facilitar el acceso a los bienes naturales de la región y al flujo de los productos de México y los EE.UU., y, sobre todo, se propone controlar el movimiento indígena-campesino regional y las migraciones hacia este último país –a través de la tensa frontera entre los dos países– por medio del establecimiento de industrias maquiladoras en la región.

El proyecto fue ideado después de 1994, año de la firma del NAFTA, cuando el movimiento zapatista obtuvo visibilidad exponiendo la condición de sometimiento que padecen los indígenas desde 1492. Es indudable que uno de los principales objetivos del megaproyecto es controlar la región, uno de cuyos puntos estratégicos es el control de sus aguas. El Estado de Chiapas, donde el movimiento indígena-campesino es muy fuerte, contiene el 40% de toda el agua dulce de México. En la región se han instalado varias empresas transnacionales interesadas en esas aguas, principalmente cerveceras (la AMBEV –Compañía de Bebidas de las Américas– tiene fábricas en Guatemala y la República Dominicana).

La IIRSA comprende dieciocho corredores de desarrollo (véase mapa). Desde el punto de vista del control del agua, este proyecto se centra en la cuenca del Plata –los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay y Guaporé conforman un corredor de hidrovías que va de norte a sur– y la cuenca del Amazonas-Orinoco, cuyo corredor –en dirección este-oeste– vincula Macapá y Belém, situadas sobre el Atlántico, con Saramerisa/Yurimaguas (Perú) y Puerto El Carmen (Ecuador), todas con conexiones terrestres a los océanos Atlántico y Pacífico.

Este megaproyecto de ordenamiento territorial ambiciona conectar el mayor complejo industrial y agrícola de América del Sur con los grandes mercados mundiales. Frente a las nuevas con(tra)di(c)ciones impuestas por el proceso de globalización/regionalización vía ALCA, NAFTA, Plan Colombia, tratados de libre comercio y programas de asociación pública-privada, la IIRSA entraña una alternativa de fortalecimiento para los grandes empresarios de los países sudamericanos. Aunque se trata de un proyecto de integración sumamente ambicioso, cabe señalar que puede generar graves conflictos con las poblaciones indígenas y campesinas, puesto que no necesariamente se opone a la integración con proyectos imperialistas –como se aprecia en el complejo agrario-industrial-financiero del agronegocio–.

La escala geográfica de este megaproyecto indica que las grandes empresas tienden a ser las más beneficiadas, dado que obtienen acceso a amplias extensiones de tierra donde abundan la diversidad cultural y biológica –como el Gran Chaco, el pantanal, las sabanas/cerrados de la meseta central brasileña y otras–. Además, las dos principales cuencas hidrográficas mencionadas reciben importantes afluentes de la mayor reserva mundial de agua dulce: el acuífero guaraní.

El líder cauchero Chico Mendes alertó sobre los riesgos de la construcción de vías de integración desde la Amazonia brasileña hasta el Pacífico si no se contemplan previamente las reivindicaciones territoriales, con participación protagónica de las poblaciones afectadas. A sabiendas de que la actitud colonialista continúa predominando en el imaginario cultural y político hegemónico de América Latina, no se espera que las políticas tomen en cuenta estos nuevos protagonistas, a no ser por las luchas que, como todo parece indicarlo, se irán tornando cada vez más intensas debido al megaproyecto. Cabe señalar que uno de los elementos que tienden a agudizar los conflictos es la mentalidad desarrollista y predadora que domina entre las elites y que ve la problemática ambiental como un impedimento o un límite, sin vislumbrar que la naturaleza y la cultura de los pueblos constituye un potencial de productividad y creatividad.

Brasil no sólo posee las mayores empresas de la región, sino también una larga experiencia tecnológica consolidada desde la construcción de Brasilia y, sobre todo, durante el período de la dictadura militar, cuando se construyeron las grandes hidroeléctricas y circuitos de carreteras –con las implicaciones socioambientales por todos conocidas–, en particular en los cerrados y la Amazonia. El país dispone anualmente de fondos públicos de inversión, como el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), cuyas sumas superan las del Banco Mundial. Debido a la complejidad tecnológica de estos megaproyectos, la experiencia acumulada por las empresas funciona casi por inercia, siempre en busca de nuevos megaproyectos como la IIRSA. Muchas de esas empresas ya están operando en Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. El carácter autoritario no es ajeno a estos megaproyectos, que tienden a revestirse de ideologías mesiánicas con sus promesas de salvación del sufrimiento gracias a los “milagros del desarrollo” y su propensión a descalificar de plano a todo aquel que los cuestione. A juzgar por lo que ocurre en la región –donde nacen los principales ríos brasileños, paraguayos y del este boliviano (las sabanas y los cerrados)–, son los grandes y modernos latifundios (agronegocios) los que se han beneficiado con la actividad de los grandes grupos norteamericanos y europeos (Monsanto, Cargill, Bunge y Syngenta, entre otros) interesados en esas tierras y aguas, y en la poderosísima radiación solar. Por lo tanto, la IIRSA no necesariamente implica antagonismo entre el proyecto de integración sudamericana y la integración subordinada al orden impuesto por los países centrales.

También se han utilizado represas para aumentar la producción energética, imprescindible para la explotación minera. En la Argentina se ha dado el caso de las represas sobre los ríos Cuervo, Cóndor y Blanco en beneficio de la canadiense Noranda. En la Amazonia brasileña ocurre lo mismo con la represa Belo Monte, sobre el río Xingú, que se conjuga con Tucuruí y todo el complejo mineral del sur y el sudeste de Pará (explotación de hierro, manganeso, cobre y oro). En este caso las beneficiadas son las empresas transnacionales, algunas con fuerte participación de capitales nacionales (Vale do Rio Doce, Votorantim, ALCAN y ALCOA). En Chile, tres represas situadas en Chacabuco cumplen esa misma finalidad; y la principal beneficiada es, una vez más, la canadiense Noranda.

Es imprescindible considerar el enorme potencial hidroeléctrico de la región de los contrafuertes andino-amazónicos bolivianos, ecuatorianos y colombianos, donde las cascadas son producto del clima ecuatorial. Allí los impactos socioambientales ya son inmensos, y tienden a aumentar con los megaproyectos. Su implantación, tanto por el alcance geográfico como por la magnitud de los capitales requeridos, no será de una vez y para siempre. Lo importante es tener en claro que las obras en curso son parte de un megaproyecto estratégico, cuyos protagonistas son los gestores de los organismos multilaterales y las grandes corporaciones globales y nacionales; por esta razón, la comprensión de lo que ocurre a escala local debe ser debidamente contextualizada y considerada en sus ramificaciones nacionales, continentales y globales. Hasta ahora, la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas –a pesar de ser intensa– no ha sido debidamente difundida por los medios de comunicación ni tampoco articulada en el nivel continental. El proyecto no ha sido cuestionado en su totalidad, y, por esa misma razón, los movimientos de resistencia se inician en condiciones políticas inferiores, en la medida en que tienden a contrarrestar cada obra en particular, cuando en realidad se trata de un proyecto en el que el conjunto define la coherencia de las partes.

Las luchas de resistencia

Hacia fines de los años 80, los grupos transnacionales comenzaron a presionar en pro de la privatización de los servicios de agua y la red cloacal en Uruguay (en principio a cargo del grupo Venecia, que en 1993 fue vendido al Grupo Suez y adoptó el nombre de Aguas de la Costa). Según José Luis Lombardi, del Sindicato de Obras Sanitarias del Estado, la primera diferencia se advirtió en el precio de las tarifas (US$ 104), seis veces más alto en el litoral que en el resto del país. Con el desembarco de la empresa española Aguas de Bilbao, en el año 2000, las movilizaciones se propagaron por todo el territorio nacional, sobre todo cuando el gobierno uruguayo decidió facilitar la privatización en diversas áreas de servicios públicos (agua, comunicaciones, correo y otras). La amenaza de que las aguas corrientes del país y otras fuentes de agua pudieran ser objeto de venta desencadenó la formación de numerosas organizaciones barriales, que constituyeron la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV). La CNDAV logró reunir 80.000 firmas y convocó, junto con la Corte Electoral del país, un plebiscito en el que la población se manifestó a favor de considerar el agua como un derecho humano fundamental e inalienable, exigiendo que la gestión de los recursos hídricos fuese pública, no privada. El 31 de octubre de 2004, la población uruguaya apoyó con el 65% de los votos las demandas originadas durante la movilización de la sociedad civil.

En la Argentina, la privatización de los servicios de agua se inició en 1993. En la capital del país –a pesar de que el marco regulador establecía que los precios domésticos sólo podían aumentar el 7%–, las tarifas de los servicios aumentaron el 88% en el transcurso de diez años.

En la provincia de Santa Fe la privatización comenzó en 1995, durante el segundo gobierno federal de Carlos Saúl Menem, y siguió al pie de la letra el modelo de privatización global de los servicios públicos impulsado por los organismos internacionales. El Grupo Suez llegó a establecerse en quince ciudades del país, sobre todo en aquellas que concentraban gran parte de la infraestructura productiva.

En Buenos Aires, donde el Grupo Suez gestiona las concesiones, el 95% de las aguas residuales de la ciudad se vierten en el Río de la Plata, provocando daños ambientales cuya reparación se paga indefectiblemente con recursos públicos.

En varias localidades se han acentuado los conflictos debido a la mala calidad de los servicios y al aumento de los precios de las tarifas. En 1997, en Tucumán (Argentina), la población inició un movimiento de “desobediencia civil” contra una filial de Vivendi, negándose a pagar las facturas de agua debido al deterioro de la calidad del agua y al aumento tarifario superior al 100%. La Compañía General de Aguas había obtenido el derecho a privatizar las concesiones de los servicios de agua y el sistema cloacal de la provincia en 1993, pero el súbito aumento en el precio de los servicios –de casi el 104%– provocó la protesta de los consumidores. Los primeros en organizarse fueron los pequeños poblados del interior de la provincia –región donde se produce la caña de azúcar–, dueños de una larga tradición de lucha y resistencia. Siete ciudades formaron una Comisión Coordinadora y crearon la Asociación de Defensa de los Consumidores de Tucumán.

Tras haber descubierto elementos con­ta­minados en el agua canalizada, el gobierno de la provincia presentó un pedido de sanciones contra la empresa. Ante el boicot a los pagos, la Générale des Eaux amenazó a los consumidores con suspender los servicios e intentó renegociar el contrato para luego retirarse, negándose a cumplir con sus obligaciones contractuales. Acto seguido, atacó a los consumidores de Tucumán en el International Center for Settlement of Investment Disputes, organismo del Banco Mundial que se pronunció a favor de la provincia argentina. Poco después, el gobierno cambió de parecer y privó a los consumidores de todo sustento legal para el boicot a los pagos.

Las consecuencias del modelo de gestión privatizadora también fueron graves en la Gran La Paz –específicamente en su área más pobre (El Alto)– porque el modelo ignoró las prácticas de gestión comunales, en su inmensa mayoría propias de la cultura aimara. La privatización retiró a las poblaciones el control de sus recursos, con el consiguiente aumento de los precios, que impidió el acceso de los más pobres al agua. Desde que la distribución del agua pasó a ser administrada por la empresa francesa Lyonaise des Eaux, por intermedio del Consorcio Aguas del Illimani, los precios aumentaron el 600% (de 2 bolivianos, la moneda nacional, a 12). El costo de la instalación, que era de 730 bolivianos antes de la privatización, aumentó a 1.100 bolivianos y la población local no tiene acceso al agua abundante.

En el año 2000, en Cochabamba (Bolivia), se produjo un conflicto que luego se conoció como la Guerra del Agua y que propició, como ocurriera en Tucumán (Argentina), nuevas formas de gestión democrática con amplia participación de la población: el Cabildo Abierto.

El caso boliviano permite esclarecer algunas características de estos cambios radicales en los marcos reguladores de los servicios públicos –orientados hacia la privatización– en los diferentes países de América Latina, como la rapidez con que se deciden las políticas estratégicas y la falta de transparencia y debate público; en Bolivia, por ejemplo, se llegó a incluir una “cláusula de confidencialidad” que impedía divulgar a nivel masivo las concesiones de los servicios públicos.

En Brasil cabe recordar el caso del Riachão, afluente del río Pacuí en la cuenca del San Francisco, en el municipio de Montes Claros, al norte de Minas Gerais. La falta de agua se ve agravada por la instalación de centrales de irrigación por parte de los grandes propietarios. El conflicto se acentúa todavía más en esa región debido a la expansión de los monocultivos empresariales de eucaliptos (pinnus alba y pinnus elliotis), destinados a la producción de carbón vegetal o como materia prima para la industria de la celulosa. En esa misma región, el movimiento campesino inició –en el municipio de Manga, en 1996– un tipo de manifestación que desde entonces se repite en todo el país: la Romería de las Aguas.

En Ecuador, a pesar de las innumerables tentativas de privatizar los servicios de agua, el intento fracasó, en gran parte gracias a la movilización popular, sobre todo indígena, que desde 1998 hizo caer a tres gobiernos que pretendían instrumentar políticas de carácter neoliberal.

En Chile, por el contrario, las privatizaciones de los servicios de agua abarcaron todo el país. La práctica privatizadora afectó también a otros sectores –con excepción del cobre, que había sido estatizado por Salvador Allende–. Los conflictos relacionados con el agua siguen siendo intensos, como el que afecta a la empresa de energía Endesa –antes estatal– y a las comunidades indígenas mapuche-pehuenche en el Alto Río Bío-Bío, enfrentadas por la construcción de la segunda represa y por el proyecto de construir otras cuatro.

Las resistencias a la mercantilización y la privatización del agua se vuelven cada vez más frecuentes en todo el mundo. En varios casos, el proceso fue interrumpido: Cochabamba y La Paz (Bolivia); Montreal, Vancouver y Moncton (Canadá); Nueva Orleans (EE.UU.); Costa Rica; África del Sur; diversas regiones de India y Bélgica; y varios municipios de Francia volvieron a tener servicios públicos de agua administrados por entes públicos.