República Dominicana

Cuando en 1899 el presidente Ulises Heureaux fue asesinado, terminó así una dictadura de doce años, período en el que el país experimentó una relativa estabilidad política aunque en el más absoluto caos financiero, resultado del endeudamiento compulsivo puesto en práctica por Heureaux para mantenerse en el poder. Muerto el dictador, no hubo una clase dirigente capaz de institucionalizar las funciones del Estado e impulsar el desarrollo capitalista en el territorio. Sin embargo, durante los últimos 25 años del siglo XIX ocurrieron importantes cambios en la esfera económica. La producción agrícola para exportación, hasta entonces dominada por el tabaco y por la extracción maderera, se diversificó, abriendo espacio para el café, el cacao y el azúcar. Este último producto, que había tenido una significativa importancia para la isla durante el período colonial, resurgió gracias al capital norteamericano, que pasó entonces a desempeñar un papel preponderante en la economía nacional.

Durante su dictadura, Lílis, apodo con el que Heureaux era conocido, había conseguido controlar a los poderosos caudillos regionales, pero el vacío político generado por su asesinato hizo que resurgieran los conflictos entre ellos. Su principal oponente, Horacio Vásquez, llevó a cabo una revuelta en contra del heredero político de Lílis, el vicepresidente Wenceslao Figuereo, que resultó victoriosa. Durante la breve gestión provisoria de Vásquez se restablecieron las libertades públicas y, en 1899, se organizaron elecciones, en las que resultaron vencedores Juan Isidro Jimenes y el propio Vásquez, como candidatos a, respectivamente, presidente y vicepresidente. Pero esa alianza duró poco, ya que en 1902 Vásquez se levantó en armas y consiguió derrocar a Jimenes. De resultas, los dos líderes dividieron temporariamente a la sociedad dominicana. Los seguidores de Vásquez, llamados “coludos” (gallos rabones), y los de Jimenes, designados como “bolos” (gallos sin rabo), protagonizaron agudos conflictos. Vásquez permaneció en el poder por apenas un año, dejando lugar al también efímero gobierno de Alejandro Woss y Gil. Mientras sucesivas administraciones luchaban por mantenerse en el poder, el país continuaba inmerso en el caos financiero. Los Estados Unidos, con su agresiva política intervencionista, impusieron en 1905, durante el gobierno de Carlos Morales Languasco, el así llamado Modus Vivendi, que les permitió crear la Receptoría General de Aduanas, administrada por ellos mismos. De los recursos obtenidos de la aduana, el 55% era destinado al pago de la deuda, y el 45% restante era para el gobierno dominicano.

El gobierno de Ramón Cáceres fue más estable que sus precedentes, hasta la ocupación norteamericana de 1916. Iniciado en 1905, durante seis años consiguió controlar a sus opositores políticos e implementar un programa conforme a los dictámenes norteamericanos. Se promulgaron leyes, como las de concesiones agrícolas y las de reparto de terrenos comunales, que facilitaron la formación de latifundios destinados a la producción para exportación. Además de eso, Cáceres realizó una serie de obras públicas en favor de la actividad exportadora.

Simultáneamente a esas medidas ocurrieron hechos político-económicos de importancia. El primero de ellos, la conciliación de la deuda pública, liquidando los débitos con los acreedores europeos y dejando al país en la mira de un acreedor único, los Estados Unidos. Así se preparó el camino para la firma, en 1907, de la Convención Dominico-Americana, por la que el país quedó prácticamente bajo el protectorado de los Estados Unidos. El gobierno de Washington tenía así el poder de intervenir en cuestiones políticas, cada vez que pudieran afectar al pago de la deuda o la administración de la aduana.

Pero, en 1911, Cáceres tuvo el mismo destino que Lílis: fue asesinado por un grupo de opositores y, como antes, el vacío de poder trajo el desorden político. La República Dominicana era un país de hombres armados, divididos, no por concepciones político-ideológicas o diferencias programáticas, sino por intereses grupales y regionales. Más allá de que Lílis había logrado establecer una cierta capacidad centralizadora al Poder Ejecutivo, la realidad era que los caudillos regionales se movilizaban con absoluta autonomía. Esa falta de control por parte del poder central estaba acentuada por la falta de una red de carreteras que uniera definitivamente las diversas regiones del país.

Entre 1911 y 1914 se sucedieron cuatro presidencias, algunas de ellas de apenas pocos meses. En 1914, Juan Isidro Jimenes ocupó el poder en medio de la agitación política. Pero los caudillos Federico Velásquez y Desiderio Arias pusieron en jaque al gobierno de Jimenes, mientras los Estados Unidos lo presionaban para cumplir la demanda de nombrar a un especialista financiero estadounidense como supervisor de aduanas y gastos públicos.

Finalmente, el levantamiento armado encabezado por Arias y, en abril de 1916, la destitución del presidente, dieron a los Estados Unidos el pretexto para realizar una intervención militar directa. En mayo comenzó el desembarque de tropas estadounidenses, que se encontraron con una pequeña resistencia. Jimenes se negó a ocupar la presidencia apadrinado por las fuerzas invasoras. Por su parte, el Congreso dominicano eligió a Francisco Henríquez y Carvajal para sustituirlo. Sin embargo, el 26 de noviembre de 1916 los Estados Unidos proclamaron formalmente el establecimiento de un gobierno militar bajo el mando del capitán H. S. Knapp.

El Palacio Nacional de Santo Domingo, sede del Poder Ejecutivo de la República Dominicana (Jean-Marc Astesana/Creative Commons)

La primera intervención de los Estados Unidos

La ocupación estadounidense de 1916 a 1924 acarreó transformaciones fundamentales en la organización económica y social del país. La primera medida implementada fue el desarme de la población, a la que siguieron una ley de censura y la reorganización de los cuerpos militares en una guardia nacional. Paralelamente, se lanzó un vasto programa de obras públicas, cuyo hito principal consistió en la apertura de una red de caminos, destinada a asegurar el control del territorio nacional y facilitar el transporte de los productos de exportación. Las nuevas rutas no sólo agregaron valor a la tierra, sino que también fomentaron las inversiones y permitieron la formación de un verdadero mercado nacional. En materia social, se pusieron en marcha políticas educacionales que priorizaron la educación primaria, y se realizaron programas de salud preventiva, como vacunaciones y campañas contra la malaria y los parásitos.

Los cambios más significativos tuvieron lugar en el sistema de propiedad de la tierra, un aspecto vital para los intereses estadounidenses en el país. La intervención ocurrió durante la Primera Guerra Mundial (1914 a 1918), que había afectado la producción de los principales países azucareros. Y como los Estados Unidos necesitaban crear nuevos mercados abastecedores, la República Dominicana, que desde finales del siglo XIX atravesaba por un momento de creciente desarrollo azucarero, desempeñó ese rol. No obstante, para aumentar la producción y la rentabilidad había que superar ciertos obstáculos. Uno de ellos era la falta de rutas y caminos, y otro la existencia de un sistema de propiedad de la tierra. sustentado en los Terrenos Comuneros, compartidos por varios dueños, y en las pequeñas propiedades agrícolas. Para enfrentar esa situación se estableció el así llamado Sistema Torrens, con el que se reordenó la división de los Terrenos Comuneros, mediante reglas para la medición y la división de los terrenos. Además de eso, se promulgó una ley de impuestos sobre la propiedad. Por su parte, los Estados Unidos dieron un tratamiento preferencial al azúcar dominicana.

Con todas esas medidas y la entrada masiva de capitales, la industria azucarera duplicó su producción y se convirtió en un factor determinante para el desarrollo capitalista dominicano. Debido a los excelentes precios internacionales del azúcar y a las grandes riquezas acumuladas, ese período es recordado como la “Danza de los millones”. La fabricación de azúcar fue monopolizada por empresas extranjeras, en detrimento de los productores nacionales. Las disposiciones en torno a la propiedad del suelo hicieron que muchos campesinos perdieran sus tierras, porque no podían afrontar los impuestos y el pago de profesionales agrimensores para la medición y separación de sus terrenos, además de que se había vuelto común la falsificación de títulos de propiedad. De esta manera, se facilitó la formación de latifundios azucareros, que ocuparon el este del país. Y no por casualidad, allí surgió la principal fuerza de resistencia armada a la intervención.

Los movimientos armados contra la ocupación recibieron la denominación despectiva de “gavilleros ” (marginales). Están en su mayoría integrados por campesinos que habían sido víctimas de la transformación agresiva de sus medios de subsistencia o habían perdido tierras. Los gavilleros se concentraban en las zonas rurales y no podían ser sometidos totalmente; al fin, lo que ocurrió fue una paulatina disolución de esos movimientos, debido a la reducción de los niveles represivos ante la perspectiva de una posible desocupación.

A partir de 1920, los Estados Unidos comenzaron a estudiar la posibilidad de desocupar el país, ya que el conflicto mundial había terminado y los precios del azúcar habían decrecido considerablemente, poniendo un punto final a la “Danza de los millones”. En esa época, entre los sectores urbanos comenzó a tomar forma un enérgico movimiento nacionalista que exigía la salida de los estadounidenses. Figuras de relieve del ambiente intelectual, como Américo Lugo, Emiliano Tejera y Federico García Godoy, formaron entonces la Unión Nacional Dominicana (UND), que bajo la consigna “desocupación pura y simple” organizó concentraciones populares y actividades diversas.

En diciembre de 1920 se iniciaron las negociaciones, que habrían de prolongarse por varios años. Las propuestas iniciales de los Estados Unidos fueron rechazadas por los negociadores dominicanos por considerarlas lesivas a la soberanía nacional. Más tarde, no obstante, importantes sectores políticos abandonaron la consigna de “desocupación pura y simple” por otras posturas más flexibles. Finalmente, los miembros de la UND quedaron reducidos a una minoría. En 1922, el representante dominicano Francisco J. Peynado y el secretario de Estado estadounidense Charles Evans Hughes firmaron un plan de desocupación aprobado por los principales líderes políticos del país: Horacio Vásquez, Federico Velásquez y Juan Isidro Jimenes. El plan Hughes-Peynado estableció que se instalaría un gobierno provisorio, con el acuerdo de los líderes políticos y de la Iglesia Católica. Ese gobierno debería realizar elecciones y reconocer como válidas las decisiones tomadas por el gobierno militar. Además de eso, la Convención Dominico-Americana de 1907 permanecería vigente.

Isla en el Parque Nacional Los Haitises, en la bahía de San Lorenzo, costa nordeste de la República Dominicana (Anton Bielousov/Creative Commons)

La herencia yanqui

En octubre de 1922, Juan Bautista Vicini ocupó la presidencia provisoria y organizó elecciones, que fueron realizadas en marzo de 1924. El ganador resultó ser Horacio Vásquez, con Federico Velásquez como vicepresidente. Las tropas norteamericanas comenzaron a salir del país en agosto de ese mismo año. Sin embargo, los Estados Unidos dejaron allí mecanismos efectivos de control, especialmente a través de la Convención Dominico-Americana. Todas las obras realizadas durante la ocupación militar debían todavía ser saldadas, por lo que el país se encontró de pronto más endeudado que antes. Hubo cambios también en otros aspectos significativos, como por ejemplo un acelerado desarrollo capitalista centrado en una industria azucarera que pasó a estar prácticamente en manos norteamericanas. Y además de eso, la población estaba desarmada y se había creado un cuerpo castrense profesional capaz de controlar de manera eficaz el país entero, gracias a la nueva red caminera.

Vásquez condujo el gobierno según los mandatos estadounidenses, prosiguiendo con el programa de obras públicas que había sido iniciado durante la intervención, para lo cual consiguió un nuevo préstamo. La prolongación de su gobierno le valió muchos opositores, entre ellos su vicepresidente, Federico Velásquez. La crisis económica que causó la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, en 1929, y las tentativas de reelección para 1930 generaron un descontento todavía mayor. Entonces se formó un movimiento cívico, encabezado por el joven político Rafael Estrella Ureña, para derrocar a Vásquez. Por detrás de ese movimiento secretamente conspiraba el jefe del Ejército, Rafael Leónidas Trujillo.

Trujillo había iniciado su carrera militar durante la intervención estadounidense, y tuvo una serie de rápidos ascensos. Durante el gobierno de Vásquez se convirtió en el hombre de confianza del presidente, lo que le garantizó un control absoluto sobre los cuerpos castrenses; además aprovechó la posición de autoridad para enriquecerse de forma ilícita y desarrollar su liderazgo político mediante el abuso de poder. A pesar de recibir constantemente informaciones sobre la traición del jefe del Ejército, Vásquez nunca le retiró el apoyo, y así Trujillo pudo maniobrar en las sombras, aparentando neutralidad.

Encabezando el Movimiento Cívico, en febrero de 1930 Estrella Ureña depuso el gobierno de Horacio Vásquez, ocupó provisoriamente la presidencia y organizó elecciones. De ellas salió vencedor Trujillo, como presidente, y Estrella Ureña como vicepresidente. El candidato de la oposición, Federico Velásquez, tuvo que retirar su candidatura debido a la represión militar a la que fueron sometidos sus partidarios.

La iglesia en la ciudad antigua de Altos de Chavón, en La Romana (Christian Córdova/Creative Commons)

La dictadura de treinta años de Trujillo

La campaña electoral de 1930 fue sólo el preámbulo de lo que serían las tres décadas de dictadura trujillista. Una vez en el poder, creó un aparato policial y militar especializado en la persecución, el espionaje y el asesinato, y desató una feroz represión contra todo real o posible opositor. La intervención norteamericana ya había debilitado sustancialmente las posibilidades de una rebelión caudillesca, y las que surgieron, como los alzamientos protagonizados por Cipriano Bencosme y Desiderio Arias, fueron derrotadas sin dificultad.

Sin oposición y al control de las unidades militares, Trujillo adoptó las primeras medidas para dominar la economía. El azote del ciclón San Zenón, en los primeros días de su gestión, lo llevó a proclamar una ley de emergencia que le permitió negociar con los Estados Unidos una interrupción temporaria en el pago de la deuda externa, despedir cientos de empleados del Estado y reducir salarios. Inmediatamente lanzó una campaña de incentivo a la agricultura, paralelamente al establecimiento de monopolios personales en diversos rubros de la economía nacional. Entre los productos monopolizados se encontraban el arroz, la leche, la carne y la sal. Los funcionarios públicos se vieron obligados a entregar el 10% de su salario al Partido Dominicano, el partido único trujillista.

Los primeros diez años del régimen lograron establecer la autosuficiencia productiva del país y redujeron al mínimo las importaciones. En esas condiciones, se puso nuevamente en marcha el programa de obras públicas. Todas esas medidas y sus resultados positivos se obtuvieron sobre la base de las exportaciones y la sumisión de los campesinos y los trabajadores, y tuvieron como objetivo el enriquecimiento personal del tirano.

En octubre de 1937 tuvo lugar uno de los episodios más terribles de la dictadura de Trujillo: la masacre de entre 10.000 y 12.000 haitianos en la región fronteriza del país.

Las causas de este hecho fueron varias. Por un lado, el tirano necesitaba tener un control absoluto del territorio nacional. Desde tiempos inmemoriales, no había certeza con respecto a cuál era la línea divisoria entre Haití y la República Dominicana. En la zona fronteriza existía una poderosa red de comercio ilegal, circulaba libremente la moneda haitiana, se establecían relaciones amistosas entre ambos pueblos e importantes porciones del territorio estaban, de hecho, ocupadas por haitianos. A esto se sumaba una cuestión ideológica: la dictadura se había apoyado en un andamiaje de razones históricas que valorizaban el carácter hispánico del pueblo dominicano, negando la contribución africana y destacando una herencia étnica indígena prácticamente inexistente. En ese marco, al que habían aportado ideas importantes intelectuales como Max Henríquez Ureña, Manuel Arturo Peña Batlle y Joaquín Balaguer, lo hispánico, es decir, lo blanco, se contrapuso a lo negro y, más específicamente, a lo haitiano. Las contradicciones históricas entre esos pueblos fueron exacerbadas y explotadas al máximo. El rechazo a lo haitiano y, en consecuencia, la masacre, se realizaron en nombre de la defensa de la dominicanidad. Antes y después del hecho se dedicaron grandes energías y recursos a una campaña de “dominicanización de la frontera”.

Aunque provocó un escándalo internacional, la matanza tuvo escasas repercusiones concretas para el gobierno dominicano, puesto que Trujillo llegó a un acuerdo con el presidente haitiano Stenio Vincent. El episodio se aceptó como un conflicto fronterizo y el gobierno dominicano se limitó a pagar una indemnización de US$ 740.000. Trujillo, quizás intentando calmar los ánimos internacionales, no se presentó como candidato en 1938, pero apoyó la postulación de un acólito, Jacinto Bienvenido Peynado, otro de los varios títeres que ocuparon la presidencia cuando fue necesario.

En la década de 1940, el control dictatorial de la economía había rendido sus frutos. Con los excedentes obtenidos, Trujillo procedió a comprar el National City Bank, que se convirtió en el Banco de Reservas, y la Compañía Dominicana de Electricidad. En 1940, con la firma del Tratado Trujillo-Hull, se puso fin a la Convención Dominicano-Americana, vigente desde 1907. El país recuperó el control de sus aduanas, así como su capacidad de endeudamiento.

En los años siguientes se crearon el Banco Agrícola y el Banco Central. Este último comenzó a emitir la nueva moneda nacional, el peso dominicano, sustituyendo al dólar norteamericano que hasta entonces era la divisa circulante en el país. Para coronar ese proceso, en 1947 se pagó la totalidad de la deuda externa, que en ese momento era de US$ 9 millones. Todos esos hechos económicos deben ser entendidos en el contexto latinoamericano, ya que en esa misma época otros países del continente, como Haití, habían creado sus bancos centrales y sus monedas nacionales y estaban pagando sus deudas externas.

Trujillo también estimuló el desarrollo de la industria nacional. Para eso, contó con las ganancias devenidas del aumento de los precios de los productos de exportación en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Con esos recursos instaló plantas elaboradoras de cemento, zapatos, vidrio, enlatados, pan y papel, entre otras. Pero el filón que más le interesaba era la industria azucarera, que se encontraba casi en su totalidad en manos extranjeras. Al principio construyó grandes y modernos ingenios, si bien más tarde optó por comprar los ya existentes. Finalmente sólo dos se mantuvieron bajo propiedad privada, la Casa Vicini y la Central Romana. Con prácticamente la totalidad de los ingenios en su haber, Trujillo poseía el 60% de la zafra azucarera del país, y llegaba a controlar el 80% de la producción industrial y el 60% de la mano de obra nacional. Estas cifras pueden ser entendidas más claramente si se tiene en cuenta que entonces no había una separación real entre los bienes del Estado y los de la familia del dictador.

Vista de la Playa Bavaro, uno de los destinos turísticos más importantes de la República Dominicana (Steve Warner/Creative Commons)

Un régimen en crisis

Los años posteriores a 1940 asistieron también a diversas manifestaciones de repudio al régimen, después de una década de virtual inactividad política de la oposición. El deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores llevó a la reorganización de los sindicatos, que habían sido captados y neutralizados desde el inicio de la dictadura. Enfrentando una cruenta represión, los obreros se atrevieron a reivindicar mejores condiciones de trabajo. En 1942 se realizó la primera huelga en la Central Romana. Posteriormente hubo otras huelgas, que obtuvieron un relativo éxito, ya que el gobierno cedió ante algunas demandas. Sin embargo, los líderes obreros fueron sistemáticamente reprimidos y algunos de ellos incluso fueron asesinados. Eso ocurrió con Mauricio Báez, uno de los casos más importantes. A pesar de haber logrado escapar hacia el exilio, fue asesinado en Cuba.

Sin embargo, ésos no fueron los únicos problemas del régimen. En 1947 tuvo lugar la primera tentativa de expedición armada contra la dictadura trujillista. Bajo la protección del gobierno cubano, un grupo de exiliados dominicanos estaba siendo entrenado en el islote de Cayo Confites. Pero, enterados del plan, los servicios de inteligencia del régimen presionaron al gobierno cubano, y el proyecto fracasó. Dos años después, una nueva embestida, encabezada por la así llamada Legión del Caribe, fracasó estrepitosamente: de los tres aviones que debían transportar a los expedicionarios desde Guatemala, sólo uno llegó a la bahía de Luperón, y fue localizado fácilmente por el Ejército.

Con la Segunda Guerra Mundial ocurrieron importantes cambios en el plano internacional, que repercutieron a su vez sobre la dictadura. Las naciones aliadas, en su lucha contra el Eje fascista, se volcaron a incentivar un discurso contrario al autoritarismo y propiciaron la democracia y el respeto de las libertades públicas. En esa nueva coyuntura, Trujillo, tratando de no quedar aislado, no sólo le declaró la guerra a Alemania sino que también comenzó a mostrar una imagen de apertura y democratización, permitiendo el ingreso al país de algunos exiliados dominicanos y la formación de partidos izquierdistas. Aprovechando la nueva situación, se creó el Partido Socialista Popular, de filiación marxista, y la Juventud Democrática, formada por jóvenes estudiantes universitarios de oposición. Pero el período de aparente democratización duró muy poco, ya que una vez que se consolidó la tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, característica de la Guerra Fría, Trujillo retrocedió y reinstauró sus prácticas represivas, esta vez con más información sobre quiénes eran los opositores al régimen.

El monumento en homenaje a Cristóbal Colón, en el Parque Colón, en Santo Domingo (Richie Diesterheft/Creative Commons)

Caída de la dictadura

El crecimiento económico y los niveles de explotación de los trabajadores dominicanos alcanzaron su límite en la década de 1950. La centralización económica había bloqueado, durante toda la dictadura, el desarrollo de la burguesía nacional. Ahora la economía entraba en un período de estancamiento y de empobrecimiento generalizado de la población. El programa de obras públicas había adquirido un carácter suntuario que, en vez de dinamizar la economía, se transformó en una carga. El ejemplo más claro de los excesos en que incurría el trujillismo en ese momento fue la realización de la llamada Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, en 1955, para la cual se gastaron más de 35 millones de pesos.

Pero en 1959 ocurrieron algunos hechos con consecuencias fatales para la dictadura de Trujillo. La década de 1950 fue el momento de recuperación de las luchas democráticas en el Caribe y en América Latina. Varios tiranos fueron derrocados y se instauraron gobiernos democráticos, como los de Rómulo Betancourt en Venezuela y el de José Figueres Ferrer en Costa Rica. Sin embargo, el más importante tuvo lugar en enero de 1959: la guerrilla que, encabezada por Fidel Castro, derrocó en Cuba al dictador Fulgencio Batista.

La Revolución Cubana tuvo una gran influencia entre los opositores al régimen trujillista, que vieron en esa experiencia una alternativa para terminar con la dictadura dominicana. El 14 de junio de 1959, Cuba apoyó la tercera y última expedición armada contra Trujillo. Cerca de doscientos combatientes desembarcaron en tres zonas del país: Constanza, Maimón y Estero Hondo. Aunque la invasión resultó ser un fracaso militar total, con la muerte de la mayoría de los expedicionarios, sus consecuencias políticas fueron considerables. El sacrificio impresionó fuertemente a la sociedad dominicana.

Poco tiempo después surgió un movimiento político clandestino llamado Movimiento Revolucionario 14 de Junio, claramente inspirado en el ejemplo y el programa político de los expedicionarios. Básicamente, proponían derrocar a la dictadura y poner en marcha cambios radicales en la sociedad del país. Liderada por el matrimonio de Manuel Aurelio Tavárez Justo y Minerva Mirabal, la organización estaba formada en su mayoría por jóvenes de clase media y alta urbanas y creció tan rápidamente que pronto tuvo alcance nacional.

A principios de 1960, el Movimiento Revolucionario 14 de Junio fue descubierto, y la tiranía inició una desenfrenada persecución de todos sus miembros. Las prisiones y torturas generalizadas horrorizaron a la población. El que varios hijos e hijas de figuras importantes del régimen estuvieran implicados en la conspiración hizo que algunos sectores trujillistas sintieran en carne propia la represión del sistema. En noviembre de ese año, las hermanas Mirabal, integrantes de dicho movimiento, fueron asesinadas. Ése fue un hecho que produjo una enorme indignación en gran parte de la población.

Por primera vez desde el inicio de la dictadura la Iglesia Católica tomó una posición pública de crítica y distanciamiento del régimen, pidiendo en una carta pastoral por un punto final para la represión. Era el principio del fin para Trujillo, que así perdía un importante aliado. Además de esto, ese mismo año de 1960 el tirano había realizado un atentado contra su enemigo político, el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. El fallido atentado provocó sanciones económicas para el país y el distanciamiento diplomático de la mayoría de los Estados latinoamericanos: la dictadura trujillista quedaba aislada.

Los Estados Unidos acompañaban con preocupación la influencia de la Revolución Cubana en América, y más específicamente en la República Dominicana, donde preveían que si Trujillo se mantenía en el poder podría ser derribado por algún sector radical, repitiendo el ejemplo cubano. El gobierno estadounidense comenzó a buscar fórmulas para alejar a Trujillo. De esta manera, la dictadura perdió su aliado más poderoso.

En 1961, un grupo de hombres planeó asesinar al dictador; entre ellos Antonio de la Maza, Roberto Pastoriza, Juan Tomás Díaz, Amado García Guerrero, Pedro Livio Cedeño, Antonio Imbert Barreras y Amiama Tió. Estos hombres eran, en su mayoría, ex colaboradores del régimen que se habían apartado tras haber sido ofendidos de una u otra manera por el tirano. El 30 de mayo, Trujillo fue ejecutado cuando viajaba para su estancia. La muerte del dictador dejó el poder en manos de su hijo mayor, Rafael Ramfís, que inició una tenaz persecución de los implicados en el atentado. Pero a pesar de los esfuerzos de los herederos, el desmoronamiento del régimen fue inevitable.

Soldado norteamericano con metralladora en una barricada en las calles de Santo Domingo, en 1965 (USMC Archives)

La crisis de la hegemonía postrujillista

La muerte de Trujillo marcó el inicio de un período moderno de la política dominicana; un proceso signado por avances y retrocesos, pero que colaboró en la construcción de la democracia. Tras la desaparición del dictador, el país experimentó una prolongada crisis política que culminó en una guerra civil y la posterior instauración del gobierno de Balaguer, llamado el Gobierno de los Doce Años, entre 1966 y 1978.

De 1961 a 1965, la República Dominicana atravesó una larga crisis en la hegemonía social y política. El primer aspecto relevante de esa crisis fue la lucha entre los diversos grupos interesados en manejar el Estado, que se había convertido en el empresario más importante del país con la incorporación de los bienes de la familia Trujillo. En esa lucha se distinguían, al menos, dos sectores contrapuestos: el estamento burocrático-militar heredero de la
dictadura trujillista y la oligarquía tradicional antitrujillista. El segundo aspecto relevante fue el surgimiento de las masas populares urbanas como actores políticos activos. El tercero fue el papel de los Estados Unidos en la búsqueda de un nuevo ordenamiento para la situación dominicana.

La crisis del postrujillismo no consistió solamente en la pérdida del equilibrio entre las fuerzas operativas en el Estado, fuente de inestabilidad política. Representó principalmente un cuestionamiento del orden social que impuso una nueva hegemonía, en la cual se restablecería el orden político, en un escenario en el que la presencia del pueblo movilizado se había transformado en el elemento articulador de la política, y el estamento burocrático estatal, en torno del cual había estado organizada la dictadura, se había dispersado. Así pues, en ese marco cambiante, los sectores oligárquicos emergentes como nuevos sujetos políticos no poseían ni el control político del Estado ni la capacidad organizativa o la ascendencia ideológica sobre las masas capaces de dotarlos del poder de establecer de manera estable las bases del equilibrio político exigido por la nueva situación. De ahí la importancia de los actores que, a partir de ese momento, desempeñaron un papel decisivo en la búsqueda de un orden político capaz de crear un nuevo esquema de dominio social y político: las Fuerzas Armadas y los Estados Unidos.

Con la muerte de Trujillo, el presidente en ejercicio pasó a ser Joaquín Balaguer, un viejo personaje del régimen. Como primer mandatario, Balaguer enfrentó desde el principio una serie de presiones. Por un lado, los ataques provenientes de los grupos dominantes tradicionales, la oligarquía contraria a los líderes del trujillismo, encabezados inicialmente por el hijo del dictador, Ramfís Trujillo, cuya influencia sobre el Ejército era indiscutible.

Por el otro, el títere del régimen Balaguer enfrentó las presiones de los nuevos actores que entraron en escena con la caída de la dictadura: los grupos políticos exiliados, que a partir de ese momento comenzaron a mostrarse presentes, y las masas populares urbanas, que iban adquiriendo una mayor importancia en la lucha que trabaron con los grupos dominantes.

El escenario político que en esas condiciones se fue armando se caracterizó por la presencia de una fuerza política conservadora de origen oligárquico, la Unión Cívica Nacional (UCN), un partido de origen popular democrático, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) liderado por Juan Bosch, un partido de izquierda nacionalista, el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, y el sector trujillista, que no tenía partido propio y actuó bajo la sombra protectora del Ejército.

Como resultado de las presiones populares, pero especialmente de las del poder oligárquico y de los Estados Unidos, a principios de 1962 la familia Trujillo se retiró de la escena política, y viajó al exterior. Inmediatamente se creó el Primer Consejo de Estado, presidido por Balaguer e integrado por prominentes figuras de la oposición antitrujillista, por representantes de la Iglesia Católica y por Luis Amiama Tió y Antonio Imbert Barreras, quienes habían participado en el atentado a Trujillo y consiguieron escapar de la represión ordenada por Ramfís Trujillo, siendo considerados desde entonces héroes nacionales. Meses más tarde, hubo una fracasada tentativa de golpe militar comandada por el coronel Rodríguez Echeverría. El proceso culminó con la huida hacia el exilio de Joaquín Balaguer. Entonces se creó el Segundo Consejo de Estado, del que el PRD no participaba. Estaba presidido por Rafael F. Bonelly, y tenía un claro predominio de la UCN.

Ese Consejo de Estado fue el que organizó las elecciones de 1962 y, bajo su dirección, consiguió que la Organización de los Estados Americanos (OEA) levantase las sanciones impuestas al país. En ese período también se firmaron los acuerdos bilaterales de ayuda con los Estados Unidos. Fundamentalmente, la acción política del Segundo Consejo de Estado se concentró en fortalecer el dominio de la emergente oligarquía antitrujillista.

Ejército norteamericano distribuye comida, en la pared está escrito “Yankees, vuelvan”, en Santo Domingo, mayo de 1965 (NARA)

Elecciones, guerra civil e intervención

Al aproximarse las elecciones nacionales de mayo de 1962, la UCN dejó de ser un movimiento cívico y se convirtió en un partido político. Como tal, enfrentó al PRD. Bosch ganó las elecciones con el apoyo implícito de los sectores balagueristas. Su gobierno trató de fortalecer el campo democrático e inició un período de reformas sociales, pero casi inmediatamente se desató una conspiración militar para derrocarlo. En septiembre de 1963 Bosch fue depuesto, y se instaló en el poder una Junta Cívico-Militar de abierta ideología anticomunista, que posteriormente cedió su lugar al Triunvirato Civil.

Con el golpe de Estado terminó la fase democratizante del período de transición que siguió al régimen trujillista. Así, se inició la segunda fase de ese período de crisis, caracterizada por el predominio autoritario y militarista de los sectores oligárquicos del Estado, apoyados abiertamente por los Estados Unidos. El así llamado Triunvirato pronto acabó en manos de grupos militares, aunque bajo la dirigencia civil de Donald Reid Cabral. En su fase final, ese gobierno fue sofocado por la corrupción interna a los sectores militares y por la ineficiencia en el manejo de los aparatos del Estado. A eso se sumó la conspiración que los sectores militares liderados por Bosch y Balaguer pusieron en marcha para derribar el régimen. De hecho, el Triunvirato puso en evidencia el fracaso de la oligarquía para establecer el orden estatal y el equilibrio político.

Combatientes dirigidos por Caamaño, en abril de 1965 (Reproducción/Wikimedia Commons)

Entonces, el régimen manipuló las prometidas elecciones generales para restablecer el orden constitucional abortado en septiembre de 1963 con el golpe de Estado. Donald Reid Cabral buscó garantizar que Bosch no participara en el pleito e inició negociaciones para que Balaguer no regresara del exilio. En abril de 1965, sonó el clarín de una conspiración militar de los sectores boschistas, y se inició un alzamiento de las Fuerzas Armadas que posteriormente devino una insurrección popular, con la consecuente distribución de armas de fuego entre la población. Las propuestas consistían en la recuperación de la Constitución de 1963 y el restablecimiento del gobierno constitucional de Bosch. El sector militar pro oligárquico se resistió y el país se hundió en la guerra civil. El día 28 de abril, ante la inminente derrota de los sectores conservadores, desembarcó en el país una primera misión de quinientos marines y dos batallones de la 82.a División Aerotransportadora del Ejército de los Estados Unidos. En esas condiciones, en mayo se organizaron dos gobiernos. El llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional, que tenía el apoyo de los Estados Unidos, controlaba prácticamente todo el territorio dominicano y estaba presidido por Antonio Imbert Barreras. El otro gobierno, presidido por el coronel Francisco Caamaño Deñó, era de facción constitucionalista y controlaba apenas la parte colonial y algunas zonas periféricas de la ciudad de Santo Domingo.

El Gobierno de los Doce Años (1966-1978)

Luego de la derrota militar constitucionalista provocada por la invasión estadounidense y de las negociaciones para la paz, en septiembre de 1965 se instauró un gobierno provisorio presidido por García Godoy, que organizó elecciones. Realizados en 1966, y con la presencia militar norteamericana en el país, los comicios dieron por vencedor a Joaquín Balaguer contra Juan Bosch, con un claro apoyo de la oligarquía, los militares y los Estados Unidos. Con el triunfo electoral de Balaguer, en medio de la ocupación militar, culminó la segunda fase del período de crisis hegemónica y de la transición postrujillista, resultando todo en la inauguración de un régimen autoritario con amplio apoyo estadounidense.

Balaguer permaneció en el poder durante doce años, de 1966 hasta 1978. Su régimen autoritario no se caracterizó solamente por la fuerte represión política, que paralizó cualquier acción de los actores democráticos surgidos en el país tras la desaparición de Trujillo; Balaguer instituyó otra vez un orden político conservador, el que se había diluido en la inestabilidad que siguió a la muerte del dictador. Siendo así, su régimen bien puede ser visto como la salida conservadora a la larga crisis hegemónica postrujillista. Con Balaguer en el poder se inició un período de restablecimiento de la unidad del Estado y de impulso a un proyecto de crecimiento volcado a la industrialización, con importantes reformas y cambios. En este sentido, varios aspectos caracterizaron el régimen.

En primer lugar, fue bajo la dirigencia política de Balaguer que se fortaleció un nuevo empresariado industrial y se estimuló, a partir del poder del Estado, un proceso de modernización de la oligarquía tradicional ligada a la tierra y al comercio. El régimen indujo a la transformación de esos sectores conservadores no sólo mediante el recurso a la industrialización, sino especialmente a través del fortalecimiento del sistema bancario. En segundo lugar, bajo el balaguerismo se implantó y se solidificó la presencia local de capital extranjero transnacional, principalmente de origen estadounidense, en sectores como el azúcar, la minería y las finanzas. En tercer lugar, se puso en marcha un proceso de transformaciones urbanas que fortaleció a la clase media, así como una serie de inversiones en infraestructura que sirvió para impulsar el crecimiento capitalista de tipo industrial sustitutivo de importaciones. En 1973, Balaguer intentó promover un proceso de reforma agraria, pero fracasó debido a la notoria oposición de los latifundistas y los militares.

En el plano político, el régimen balaguerista fue un típico caso de bonapartismo en condiciones de dependencia. Abiertamente pro estadounidense, el presidente fortaleció el poder económico de los grupos empresariales y financieros y se empleó en consolidar su poder político. En esas condiciones, el empresariado emergente, aunque tenía asegurado su poder corporativo, delegó siempre el poder político en la figura de Balaguer.

Asimismo, Balaguer transfiguró a las Fuerzas Armadas en un verdadero partido del orden, por medio del cual establecía el equilibrio político de su régimen y en el que la clase dominante no participaba directamente. El ejercicio autoritario del poder disgregó durante un largo tiempo a los actores políticos opositores, sobre todo a la izquierda y al PRD, impidiendo su ascensión.

Hacia el final del régimen balaguerista surgieron profundas contradicciones con los grupos económicos industriales y financieros. Del lado de los grupos industriales, esto se debió en gran medida al poder económico que había adquirido el estamento militar, y del lado de los grupos de latifundistas el conflicto se originó con la reforma agraria que el régimen intentó realizar entre 1973 y 1974. Por otra parte, también surgieron contradicciones en el seno de los grupos militares, y los Estados Unidos, con la llegada del presidente Carter a la Casa Blanca, comenzaron a mirar con otros ojos el poder autoritario del régimen balaguerista. En cuanto a la oposición política, el PRD se había fortalecido y en el plano internacional había estrechado lazos con la socialdemocracia y, particularmente en los Estados Unidos, con los grupos liberales. La misma sociedad dominicana había cambiado, fruto en muchos sentidos de los procesos que el régimen balaguerista había estimulado, como, el desarrollo urbano y el crecimiento de la clase media. Pero todo eso culminó en 1978 con la derrota electoral de Balaguer. El PRD llegó al poder por segunda vez, en esta oportunidad con la elección del terrateniente liberal Antonio Guzmán para la presidencia de la República.

La segunda transición postautoritaria

Con la llegada al poder del PRD, se inició en el país la segunda transición post­autoritaria, correspondiente al período 1978-1986. Si la transición postrujillista culminó con Balaguer encabezando un nuevo régimen autoritario, después de una guerra civil y de la ocupación militar del país por los Estados Unidos, esa segunda transición se caracterizó por el fortalecimiento de la democracia electoral y del sistema de partidos, así como por la pérdida del poder de intervención en la vida política que habían detentado los militares desde la muerte de Trujillo. Podría decirse que esa nueva etapa tuvo su apogeo con la vuelta al poder de Balaguer en 1986, en condiciones de competencia democrática abierta, derrotando por segunda vez al PRD en las elecciones de ese año. Afirmamos esto porque el regreso del viejo caudillo al gobierno no significó la reversión autoritaria de las conquistas democráticas alcanzadas en el período anterior, al menos desde el punto de vista de los procesos electorales, la libertad de prensa y la organización política y corporativa.

El triunfo del PRD en las urnas en mayo de 1978 fue el punto de partida de una crisis política en el país, después de que los grupos militares antiperredistas más radicales habían intentado no tomar en consideración los resultados de las elecciones. En esa coyuntura, los Estados Unidos asumieron un papel diferente del que habían desempeñado durante los años de balaguerismo, ya que respaldaron la búsqueda de una solución que respetase la voluntad de las urnas. La sociedad civil, y con ella el grueso del empresariado, de los sindicatos, de los grupos organizados de ciudadanos y amplios sectores de base de la Iglesia Católica presionaron por el respeto a los resultados electorales que daban el triunfo a Antonio Guzmán contra Balaguer. Luego de prolongadas negociaciones, el régimen tuvo que reconocer su derrota, pero a cuenta de un acuerdo político que dejó en manos de Balaguer la mayoría senatorial y, con eso, la posibilidad de manipular a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de la Junta Central Electoral.

Con la llegada del PRD al poder se restablecieron rápidamente las libertades democráticas; los partidos se reorganizaron, los sindicatos se multiplicaron y la vida política dominicana adquirió una fisonomía de apertura. Sin embargo, la principal iniciativa para la transición democrática fue la cancelación, por parte del presidente Guzmán, de los 27 generales vinculados al régimen derrotado en las urnas. Eso sacudió seriamente al poder militar del balaguerismo, pues iniciaba una importante transformación de las Fuerzas Armadas, orientándolas hacia el profesionalismo y la defensa de la democracia. Además de eso, el gobierno del PRD impulsó un proceso de liberalización económica para favorecer a los productores rurales y urbanos, se duplicaron los salarios y, fruto de las presiones sociales de la propia militancia perredista, aumentó significativamente el número de empleos públicos. También se reorganizaron los sindicatos y los grupos populares, y éstos, junto a la clase trabajadora, conquistaron una gran capacidad de presión sobre el gobierno. En una palabra, la transición democrática fortalecía no sólo a los actores políticos organizados (los partidos), sino también a la sociedad civil, al mismo tiempo que las clases populares lograban mejoras en sus salarios y en su nivel de vida.

La expansión económica derivada del proceso de apertura política, sin embargo, tuvo un costo elevado, puesto que el aumento de los gastos públicos, en virtud de la pérdida objetiva de capacidad económica por parte del Estado, no podría ser financiado por otro medio salvo el endeudamiento externo. Eso fue lo que ocurrió en el segundo gobierno del PRD, presidido por Salvador Jorge Blanco (1982-1986), que debió enfrentar una seria crisis fiscal.

La estrategia adoptada por el gobierno de Jorge Blanco condujo a un programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al mismo tiempo que implantó un esquema más austero de gastos públicos, el viraje provocó serias restricciones en la política monetaria. El resultado fue el inmediato deterioro del nivel de vida de la población tras el aumento de los precios. En esas condiciones, la estabilidad monetaria y fiscal tuvo un alto costo político: la revuelta popular de 1984, con un gran número de muertos, muchos de ellos pertenecientes a las filas del partido gobernante. La ruptura entre importantes sectores de la base popular del PRD y su gobierno minó al partido mismo, estimulando la división interna. Ante la pérdida de espacio político por parte del PRD, Balaguer consiguió restablecer sus fuerzas políticas en la oposición y, en 1986, alcanzó la victoria sobre su rival perredista Jacobo Majluta.

La vuelta al poder de Joaquín Balaguer

Cuando Balaguer retornó al gobierno en 1986, la sociedad había cambiado en sus estructuras sociales fundamentales y el cuadro político era otro. En los tres lustros transcurridos entre 1966 y 1982, el país había sufrido un decisivo proceso de urbanización que quitó al campesinado la condición de importante actor sociopolítico. El sistema partidario y las instituciones democráticas electorales estaban consolidados. Existía un espacio de libertad democrática, la sociedad civil tenía cierta capacidad de presión sobre el Estado y el empresariado había adquirido una autonomía de actuación en la esfera política, mientras que los militares ya no desempeñaban el rol de árbitro en la vida pública. Estos cambios habían tenido lugar en un contexto en el que el Estado había perdido la capacidad de ser el conductor de la dinámica económica. Paralelamente, había que sumar el abatimiento sufrido por la economía dominicana, sobre todo en cuanto a sus productos tradicionales de exportación (azúcar, café, tabaco, etc.) en la así llamada “década perdida”.

El presidente Joaquín Balaguer con el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, en la Casa Blanca, en septiembre de 1977 (NARA)

En ese contexto de crisis del sector externo y de pérdida de credibilidad del sistema político, Balaguer propulsó un agresivo programa de inversiones públicas que, en el nuevo marco económico y ante la crisis del sector externo tradicional, condujo al desequilibrio fiscal, al desabastecimiento de combustibles importados, a la crisis del sector eléctrico y, en general, a una acelerada decadencia del nivel de vida de la población.

Naturalmente, esa situación tuvo efectos sociales y políticos directos. De inmediato, no sólo los grupos populares sufrieron un severo deterioro en sus niveles de vida, sino que también se empobrecieron las clases medias. En 1990, la crisis de la economía se transformó en crisis social, lo que provocó un cambio en el escenario político. Por eso resultó fortalecido el emergente Partido de la Liberación Dominicana (PLD), creado por Juan Bosch en 1973, luego de su salida del PRD.

En esa coyuntura, el PRD pasó a constituir una tercera fuerza que, en las elecciones de 1990, alcanzó cerca del 25% del electorado. La contienda se centró, una vez más, entre Bosch y Balaguer. La elección resultó ser muy reñida, y al fin dio por vencedor a Balaguer. El PLD y Bosch alegaron fraude, pero no pudo ser comprobado. Los observadores internacionales, con Jimmy Carter a la cabeza, acabaron reconociendo el triunfo de Balaguer y su Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

En medio de una crisis político-electoral y acorralado por las dificultades económicas, Balaguer se vio forzado a negociar con el alto empresariado emergente y el capital financiero un acuerdo de apertura económica, que sirvió de principio a las reformas estructurales de los años 90 y representó el primer paso para la solución del serio desequilibrio económico. Balaguer permanecería en el poder por cuatro años más, pero la encrucijada política detonada por los resultados electorales puso en evidencia un severo cuestionamiento al sistema populista y al manejo clientelista de los electores, sobre los cuales se había fundado la política dominicana moderna.

Pasada la tensión en que quedó inmerso el PRD con la derrota de su candidato Jacobo Majluta en 1986, el encarcelamiento del ex presidente Salvador Jorge Blanco y la luchas internas al partido, su presencia en el escenario nacional fue fuertemente cuestionada. El vacío que dejó el retraimiento del PRD fue de alguna manera ocupado por el emergente PLD de Juan Bosch. Así, favorecidos por la crisis del PRD, por las disputas del empresariado con Balaguer, que se resistía a las presiones adoptando una política de restricciones en las inversiones públicas y de reorganización de la economía, como así también por el debilitamiento en el nivel de vida de la clase media, Bosch y su partido se convirtieron en una real alternativa de poder ante Balaguer. De esta forma, el PLD encontró espacios de diálogo con los grupos empresariales y con los Estados Unidos, lo que lo obligó a modificar su discurso. En breve, el tono socialista con fuertes rasgos nacionalistas dio espacio a posiciones que en la práctica asumían la necesidad de una apertura neoliberal, con la aceptación de las propuestas del Consenso de Washington.

Nada de eso impidió que la política dominicana, en particular el sistema de partidos, enfrentara problemas de legitimación que involucraron a importantes movimientos sociales al margen del sistema partidario. La crisis del partidismo político facilitó una orientación corporativista de muchas agrupaciones de la sociedad civil que, con espíritu crítico, se enfrentaron a los partidos, al mismo tiempo que el empresariado ganaba autonomía ante el gobierno y un peso hegemónico en la sociedad civil. De esta manera, la presencia militante del Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE) y de la Asociación de Industriales de Herrera asumió, en muchos sentidos, la voz de la crítica y la respuesta política contra el gobierno, lo que en otras condiciones habría recaído sobre los partidos de la oposición.

Rearticulación

Las elecciones de 1990 se localizaron en un punto crucial de la rearticulación de las relaciones entre el Estado, la sociedad civil y el sistema partidario. El primero perdiendo espacio de hegemonía en relación con la segunda, el empresariado asumiendo roles directivos político-hegemónicos, lo que en otras circunstancias habría cabido a los partidos, y estos últimos cuestionados seriamente acerca de su legitimidad por parte de la sociedad. Por todo esto, la coyuntura de 1990 constituyó un momento crucial para la representación política. Este aspecto quedó apenas expresado en el cambio del equilibrio de fuerzas en el Congreso, que emergió como la principal fuerza de la Cámara de Diputados, a pesar de la derrota de Bosch. Contando con el PRD como tercera fuerza, el partido gobernante quedó numéricamente en minoría.

El segundo aspecto fue el viraje conservador de los principales partidos, resultando la desideologización del discurso el elemento común a las tres agrupaciones políticas principales. El tercer elemento a destacar en esa crisis de representación del sistema partidario fue el papel ideológico que, a partir de esa coyuntura, asumió la Iglesia Católica como agente mediador del conflicto entre los principales actores empresariales y el Estado, y entre éste y los partidos de la oposición. Esa posición le permitió convertirse en una fuerza política legitimante del orden, frente a la pérdida de credibilidad de los partidos junto a la población.

El último aspecto que las elecciones de 1990 desnudaron fue la ruptura de la bipolaridad que caracterizaba al sistema político dominicano desde su articulación en 1961. El fortalecimiento del PLD en 1990 introdujo un tercer actor que modificó la dinámica político-electoral dominicana. A pesar de eso, ya en 1991 las encuestas revelaban que el PRD, con José Francisco Peña Gómez como líder, comenzaba a recuperar fuerzas hasta llegar a convertirse, en 1994, en la agrupación política con mayor simpatía popular. En las elecciones de ese año se enfrentaron Peña Gómez y Balaguer.

En 1994, la política de fraude impulsada por personeros del partido gobernante continuó vigente. No obstante, a diferencia de 1990, el PRD consiguió demostrar las manipulaciones cometidas contra Peña Gómez y su organización ante las comunidades nacional e internacional. La superación de la nueva y severa crisis política implicó establecer un amplio acuerdo que condujo a la reforma de la Constitución. El nuevo mandato de Balaguer fue reducido a dos años (1994-1996); la reelección presidencial por dos períodos consecutivos quedó prohibida; se introdujo el recurso a una segunda vuelta electoral, en caso de que ningún candidato obtuviera la mitad más uno del total de votos válidos; se creó el Consejo Nacional de la Magistratura; y se introdujo la figura de la doble nacionalidad de los dominicanos residentes en el exterior que así lo desearan. Así, aunque Balaguer permaneció en el poder, se admitió de hecho el fraude cometido. Peña Gómez se convirtió entonces en el principal líder popular del país.

Dos años después, Peña Gómez enfrentó a Leonel Fernández, un joven intelectual del PLD. En esa nueva coyuntura política, el PLD y el PRSC tuvieron un claro acierto político, como había ocurrido en la contienda electoral de 1994. Peña Gómez ganó la primera vuelta con el 45,9% de los votos, imponiéndose a Fernández (38,9%) y al vicepresidente Jacinto Peynado (14,9%), candidato del PRSC. Para la segunda vuelta Balaguer y Bosch firmaron una gran alianza, en la que participó la ultraderecha nacionalista en el llamado Frente Patriótico, a fin de impedir el triunfo de Peña Gómez. Leonel Fernández salió vencedor con un margen de 71.741 votos sobre Peña Gómez.

La democracia sin caudillos (1996-2000)

Los resultados electorales de 1994 confirmaron las tendencias de cambio del sistema político dominicano ya observadas en 1990. En primer lugar, consolidaron la existencia de un sistema de tres fuerzas político-electorales. En segundo lugar, marcaron una reacomodación de la derecha tradicional, debido a que ésta ya no podía enfrentar con éxito, sola, la fuerza popular democrática de la candidatura de Peña Gómez del PRD. En tercer lugar, mostraron un viraje hacia el centro conservador del PLD, después de su alianza con el PRSC de Balaguer. En cuarto lugar, revelaron claramente la crisis del discurso político balaguerista y el abandono del discurso político socialista de carácter nacionalista defendido por Juan Bosch desde 1965. Finalmente, pusieron en evidencia cambios en el comportamiento del electorado, ya que el PRD, partido popular cuya fuerza era esencialmente urbana, conquistó importantes espacios en el electorado rural y en la clase media. En cambio, la agrupación de Balaguer, tradicionalmente un partido de clase media y de gran peso en el padrón del campesinado, adquirió una presencia masiva en los sectores populares urbanos pero perdió su ascendencia sobre la clase media, que le fue arrebatada por el PLD. Desde 1990, éste se convirtió en un partido de masas, con un peso popular nada despreciable y un liderazgo sobre la clase media tradicional.

De esa forma, después del llamado frente patriótico y de los resultados electorales de 1996, la política dominicana cambió significativamente. El discurso del sistema político dio un giro hacia el centro, desradicalizando las propuestas del PLD y haciéndolo asumir un tono nacionalista conservador, que en la práctica lo colocó en las manos de la derecha tradicional. El PRD, si bien mantuvo el discurso popular democrático de tipo socialdemócrata, tras la muerte de Peña Gómez y el triunfo electoral en las elecciones parlamentarias y municipales de ese año atemperó sus propuestas, mientras el partido de Balaguer se volvía más liberal en sus formulaciones según su tradicional orientación conservadora. La política dominicana en general se volvió más dependiente de la competencia democrática como un ejercicio en el que se articulan las condiciones de legitimidad del sistema, pero quedó prisionera de las cada vez más difundidas prácticas clientelistas y del manejo patrimonialista de los bienes del Estado, entendidos como los mecanismos esenciales que articularían la movilización política. En otras palabras, el sistema partidario abandonó el ejercicio ideológico de sus plataformas, pagando por ello el alto precio de cambiar las políticas orientadas a la defensa de reivindicaciones reformistas de corte social por propuestas centradas en la movilización clientelista del voto popular.

A principios del siglo XXI, una vez desaparecidos los grandes jefes históricos de la política dominicana (Balaguer, Bosch y Peña Gómez), ésta tuvo que articularse sobre bases bien distintas de las que habían sustentado y caracterizado las luchas sociales en los años 1961-1978. El clientelismo, dominante hoy más que entonces en la movilización política y en la competencia político-electoral, ciertamente se consolidó en un contexto político caracterizado por la fragilidad de las instituciones democráticas. La ciudadanía ha quedado debilitada en sus derechos sociales, y más de cuarenta años después de la desaparición de la tiranía de Trujillo, el Estado de derecho en el país aún no se encuentra consolidado. Luego de la muerte de los grandes caudillos políticos modernos, se fortaleció en el sistema partidario el recurso a las facciones, lo que garantiza la práctica del clientelismo como mecanismo movilizador del voto. Este mecanismo provoca un significativo distanciamiento entre los ciudadanos en su función de electores y el sistema partidario, poniendo en cuestión los métodos tradicionales de representación.

De ese modo, los cambios en curso en el sistema político no solamente provocaron el voto volátil, gracias al cual, en el año 2000, el PRD volvió al poder con Hipólito Mejía como presidente de la República, retirando a Leonel Fernández y al PLD del gobierno. Y en 2008, a la inversa, Leonel Fernández desplazó a Hipólito Mejía. Esos cambios hicieron también que el sistema político fuera reconocido como democrático, a pesar de sus profundos déficits institucionales. Quizás, en la República Dominicana, la construcción de una democracia ampliamente fortalecida por una ciudadanía plena de derechos sociales sea la tarea del siglo que se inicia.

Monumento a la Restauración de la República Dominicana, en Cerro de Capotillo (Rafael Calventi/Wikimedia Commons)

Cambios socioeconómicos y del Estado

Durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo después del fin de la dictadura trujillista, la República Dominicana experimentó un acelerado proceso de transformaciones sociales, que modificaron su fisonomía social y económica como país en vías de desarrollo.

El proceso social de mayor envergadura quizás haya sido la rápida urbanización. La población urbana pasó de representar menos del 20% de los dominicanos en 1960 a más del 60% en 1980. De esa forma, si en 1950 había en el país solamente dos ciudades con más de 50.000 habitantes, en 1980 ya eran más de diez, y sólo en Santo Domingo se concentraba el 25% de la población urbana total. A ese panorama de rápida urbanización se sumaría, en los años 90, la transnacionalización social y económica provocada por la dinámica de las migraciones internacionales, es decir tanto la emigración de dominicanos hacia el exterior como la inmigración de haitianos al país.

Esos procesos generales impactaron de manera distinta en las estructuras y las instituciones sociales. La rápida urbanización, en principio, se relaciona estrechamente con el éxodo en gran escala del campo hacia las grandes ciudades, y con el traslado a las actividades y el mundo urbanos de la fuerza de trabajo ligada a los quehaceres agrícolas. Entre 1935 y 1950 tuvo lugar una importante migración rural-urbana, proceso que alcanzó su apogeo entre 1960 y 1980, involucrando a más de 1 millón de personas.

El otro aspecto relevante de la urbanización acelerada fue la industrialización. Desde la década de 1940 son notables los primeros frutos de la industrialización en el sentido moderno, orientada a poder sustituir las importaciones. Esto ocurrió bajo el estímulo de la empresa trujillista, interesada en fortalecer un sector industrial monopolizado por el dictador. En una fase inicial, la industrialización no se diferenciaba demasiado de las actividades artesanales y se basaba en las sustituciones fáciles, como los bienes de consumo inmediato (alimentos, bebidas, tabaco, etc.). Esa primera fase industrializadora, concentrada en la ciudad de Santo Domingo, encontró un clima favorable para su expansión en las duras condiciones impuestas al país por las dificultades acarreadas por la Segunda Guerra Mundial en materia de abastecimiento. Simultáneamente, se acrecentó el carácter monopólico que desde el principio tuvo la industrialización por sustitución de importaciones debido al hecho de que se encontraba en manos de la familia Trujillo.

En el período de la crisis política y económica de finales de los años 50 hasta la guerra civil de 1965, el proceso quedó interrumpido. Sólo recuperó su dinamismo con la llegada al poder de Joaquín Balaguer, y sobre todo a partir de 1986, cuando se promulgó la Ley 299, de Desarrollo Industrial. A partir de entonces se puede reconocer la segunda fase del proceso de industrialización, que asumió características muy distintas de las de la fase 1950-1960. De inmediato, la sustitución de importaciones abarcó productos de mayor agregado de valor y mayor complejidad tecnológica, como los bienes de consumo durables, de la industria química y farmacéutica o la producción de bebidas a gran escala (cerveza, ron, etc.), expandiéndose incluso al rubro mecánico.

Esa segunda fase de la expansión tuvo características particulares. A diferencia de la experiencia trujillista, caracterizada por el monopolio de las empresas del dictador sobre el sector industrial, el Estado, a finales de la década de 1980, como gran empresario, detuvo deliberadamente su ritmo de crecimiento, por lo cual favoreció al sector privado. Además, hubo una premeditada y coherente política de protección e incentivo a la industria, por medio de la Ley 299.

No obstante, la capacidad de generación de empleos productivos por parte del sector industrial sustitutivo de importaciones (ISI) no superó los 160.000 trabajadores por año, siendo muy bajo su nivel de valor agregado. El proceso de industrialización fue un elemento clave en la concentración de inversiones, tanto empresarial como geográficamente, teniendo como sus focos a las grandes ciudades: Santo Domingo y, en menor grado, Santiago. El dinamismo del sector, finalmente, dependía en gran medida de insumos y maquinarias extranjeros, y de la fuente de financiamiento y la capacidad de apoyo del Estado, cuyos recursos provenían en gran parte del sector exportador tradicional.

A mediados de los años 80, era claro que el modelo ISI había fracasado. Paradójicamente, el modelo exportador de servicios que lo sustituyó se apoyó en un principio en la estructura jurídica y de incentivos fiscales y en las infraestructuras que el Estado había creado para el desarrollo del ISI. De esa manera, el sector del turismo se dinamizó y las zonas francas de exportación crecieron hasta concentrar más de 200.000 trabajadores, al final de los 90. Ese nuevo sector manufacturero continuó siendo de baja agregación de valor por cada trabajador ocupado, dependiendo de una mano de obra barata, en un proceso productivo de reducida complejidad tecnológica, y exigiendo, en consecuencia, trabajadores poco calificados.

Fue en el sector textil donde se concentró, principalmente, la producción de manufacturas para exportación, sector que logró expandirse al amparo de una serie de incentivos concedidos por los Estados Unidos a los países del Caribe, como la llamada Iniciativa para la cuenca del Caribe y el Acuerdo Multifibras. De todos modos, ese nuevo modelo de inserción en el mercado mundial descentralizó las inversiones, favoreciendo a las regiones Norte y Este del país.

El otro destino de las inversiones fue el turismo, cuya capacidad de generación de empleos era menor que la del sector exportador. Sin embargo, su capacidad de generación de dólares para el conjunto de la economía era mayor, por lo cual sus fondos eran más estables y tenían, tal vez, un mayor impacto regional y multiplicador en las comunidades donde se instalaban los hoteles.

Dinámica de la economía en el siglo XXI

De una economía tradicionalmente exportadora de bienes agropecuarios (azúcar, café, cacao, tabaco, etc.) y minerales, en apenas dos décadas (1980-1999) la República Dominicana se transformó en exportadora de servicios. A eso hay que sumar el peso determinante que las importaciones adquirieron en la estructura de la oferta final de bienes y servicios. Así, el conjunto de este fenómeno no sólo agravó los problemas tradicionales en la balanza de pagos, sino que también volvió más abierto el dinamismo interno de la economía local y, así, más vulnerable a las contingencias del mercado mundial. Podría decirse que en la década de 1990 la economía dominicana se transnacionalizó, pasando a depender de las exportaciones de servicios en turismo y comunicaciones así como de las exportaciones de las llamadas zonas francas, a lo que se sumaría el peso cada vez mayor, en la economía, de las remesas que más de un millón de dominicanos residentes en el exterior, en especial en los Estados Unidos, enviaban a sus familiares en el país natal.

Entre 1970 y 1999, la República Dominicana sufrió una profunda transformación productiva, notable en la modificación de la composición por sector de su PBI. Como una sociedad exportadora tradicional, en 1970, el país concentraba el 21,5% de su PBI en el sector agropecuario. Tres décadas después, en 1999, la participación de ese sector se había reducido al 10,1%. Ese descenso radical del peso agropecuario en la economía nacional fue compensado por las zonas francas de exportación que, surgidas en 1972 con apenas el 0,1% del PBI, incrementaron su participación al 4,1% en 1999, aunque el sector manufacturero en su conjunto mantuvo estable su participación durante todo el período, concentrando una media del 20% del PBI. Lo que provocó un salto en la concentración del producto no fue el comercio, sino aquellas áreas incluidas en los servicios (hotelería, transporte, comunicaciones, finanzas, vivienda y energía) que en 1970 representaban un 28,8% y en 1999 pasaron a concentrar el 36,2%. Eso transformó la economía dominicana en una sociedad urbana y de servicios, volcada a las exportaciones turísticas y a las zonas francas de perfil exportador. En el ámbito interno, se podía percibir el rol determinante de las importaciones en la dinámica de consumo y una alta concentración de la economía en las zonas urbanas, con una clase media de gran poder adquisitivo y consumidor.

A pesar del crecimiento relativamente estable a lo largo de más de cincuenta años, el proceso de desarrollo dominicano presenta grandes déficits sociales. Pese a mejoras relativas en el campo social, la población dominicana tiene serias carencias y un índice de desarrollo humano bajo. En 1996, el í ndice de desarrollo Humano marcaba un 0,726, mientras que el año 2002 se había modificado apenas al 0,738. Sin duda, la esperanza de vida al nacer aumentó de 46 a 72,3 años entre 1950-1955 y 2000-2005, cayendo entre ambos períodos la mortalidad infantil, de 149,4 por cada mil hasta 30 por mil. Aunque el analfabetismo haya disminuido en ese mismo período, hacia el final marcaba una de las tasas más altas, del orden del 15,5% entre 2000 y 2005. En contrapartida, los índices de pobreza e indigencia en los últimos años del siglo XX se mantuvieron altos (véase cuadro abajo). Aunque las fuentes revelen cifras diferentes, es clara la tendencia al crecimiento de la población carenciada. Desde 1989, los índices de pobreza superaron el 50% de los hogares dominicanos y durante ese período los niveles de indigencia se mantuvieron en un 13% o más.

Uno de los obstáculos centrales al pro­ceso de desarrollo dominicano desde mediados de los años 70 fue el vertiginoso crecimiento de la deuda externa que, desde el inicio de la década de 1980 hasta el final de la década de 1990, pasó a ser de US$ 239 millones hasta alcanzar la sorprendente suma de US$ 1.420 millones. En proporción a las exportaciones entre 1980 y 1999, la deuda, que representaba el 170,9%, pasó a reflejar el 46%, lo que si bien es una alta proporción revela una importante caída en relación con el volumen de las exportaciones. Sin embargo, ese elevado nivel de endeudamiento externo significó un gran drenaje de recursos del país, que pudieron ser orientados a las tareas productivas y fueron derivados para cumplir con las obligaciones internacionales, con graves consecuencias para el desarrollo de la economía, las inversiones sociales y el crecimiento. Confirmando este análisis, los datos del Banco Central dominicano indican que el país gasta una parte mínima del PBI en educación, salud y asistencia social.

En las últimas dos décadas la República Dominicana sufrió un rápido proceso de transformación social y económica, que afectó al mundo del trabajo. El grueso de su mano de obra empezó a concentrarse en los espacios urbanos y, en ellos, a trabajar en actividades de servicio y de tipo informal. Aunque el sector agropecuario conservó su importancia como fuente de absorción de mano de obra, las actividades de servicio y el empleo estatal concentraron a la mayor parte de la población trabajadora hacia finales de la década de 1990. Asimismo, aunque el trabajo asalariado haya mantenido un nivel estable, las actividades por cuenta propia, típicas del sector informal, experimentaron un mayor ritmo y capacidad de crecimiento y de absorción de mano de obra.

El rostro dramático de las incapacidades del sistema económico, a pesar de la existencia de un sector informal que al final del siglo XX reunía la mitad de la población económicamente activa (PEA), fue el desempleo. Si bien las actividades del sector turístico y de las zonas francas habían generado una importante demanda de mano de obra, a finales del siglo XX el desempleo rondaba el índice del 16%, evolucionando, entre 1996 y 1999, del 13,8% al 16% de la PEA. Por otro lado, la caída del valor adquisitivo del salario en el último cuarto del siglo XX fue sistemática.

Las transformaciones a comienzos de siglo

Al final de la década de 1990, la República Dominicana se encaminaba definitivamente a las exportaciones de servicios, pero su economía continuaba siendo muy vulnerable, con niveles de pobreza y exclusión social bastante elevados. A pesar del visible dinamismo económico, el país estaba signado por la desigualdad, pues al final de esa década la distribución del ingreso se encontraba más concentrada y los niveles de ganancia del conjunto de la población eran más precarios. Los procesos descritos habían transformado al país, primero, en una sociedad urbana y, después, en una sociedad de economía transnacionalizada. Varios factores habían contribuido a ello, entre otros la naturaleza de sus sectores productivos activos y el papel central que habían adquirido las remesas de más de 1 millón de dominicanos, que constituyeron la segunda fuente generadora de dólares de la economía nacional, después del turismo. Otro elemento decisivo en ese proceso fue la intensa inmigración de haitianos, que de inmediato se convirtieron en la población ocupada en el mercado del trabajo rural dominicano desde finales de los años 80, y que en la década siguiente se transformó en un elemento fundamental de la economía informal urbana, especialmente en los sectores de la construcción, los servicios domésticos y el pequeño comercio.

Así, la sociedad dominicana enfrenta, a comienzos del siglo XXI, serios problemas en materia de crecimiento, entre los cuales el principal tal vez sea la fragilidad de los mercados en que se insertan mundialmente sus principales rubros productivos: las zonas francas de exportación y el turismo. El crecimiento ha sido excluyente, y generó así una deuda social que en el futuro tendrá un alto costo político. Por lo demás, al inicio del siglo XXI el país enfrenta un elevado déficit de ciudadanía social, que se manifiesta en la fragilidad del sistema de seguridad social, la incertidumbre del mercado laboral y la ínfima capacidad de negociación de la población trabajadora.

El presidente dominicano, Danilo Medina, traspasa la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) al primer ministro de Belice, Dean Barrow, en la XLIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno regional, en Punta Cana, en junio de 2014 (Ángel Álvarez Rodríguez/Presidencia de la República Dominicana)

Cuadros Estadísticos