Ecuador

El 15 de enero de 2007, el economista Rafael Correa asumió como presidente de Ecuador, dando comienzo al período de transformaciones sociales, políticas y económicas más grande de la historia republicana del país y también con más estabilidad política desde el retorno a la democracia en 1978. La estabilidad fue conquistada a pesar de las transformaciones profundas implantadas por Correa e incluso de la fuerte oposición liderada por segmentos de la extrema derecha, de la derecha, y también por sectores de la izquierda.

La llegada de Correa al poder fue el resultado de una movilización social y política que creció y se consolidó a partir de la década de 1980. Esa dinámica incluyó al movimiento indígena, sectores de clase media de las grandes ciudades, el campesinado, la clase obrera, así como amas de casa, estudiantes y desempleados. La oposición decidida de dichos grupos a los gobiernos más reaccionarios del período terminó en la deposición de tres presidentes neoliberales en el intervalo de una década. La llegada de Correa decantó la experiencia de organización y movilización posdictadura, y su característica general fue la oposición al neoliberalismo y la recuperación del papel regulador del Estado.

Algunos antecedentes históricos permiten comprender cómo la sociedad ecuatoriana realizó transformaciones radicales dentro de estructuras de gobernabilidad propias de los regímenes capitalista-dependientes, sin pasar por experiencias traumáticas de violencia y lucha armada. Tres de esos antecedentes fueron determinantes para la construcción de una sociedad secular, característica que se reflejaría en el modo de negociar los antagonismos políticos: la revolución liberal de fines del siglo XIX; la presencia activa de la izquierda en el diseño sociopolítico del país a lo largo de los siglos XX y XXI; y los procesos de reforma agraria que, a pesar de ser tímidos, impusieron como regla de resolución de los conflictos en el campo la negociación en vez de la confrontación armada. Esta particularidad hizo que se siguieran manteniendo trazos neocoloniales y que se impusiera el modo neoliberal en el campo (Grandin, Figueroa, Molano).

Entre las herencias más significativas de la revolución liberal se encuentran la secularización derivada de la confrontación radical de los liberales con el control ideológico y económico de la Iglesia, el surgimiento de sectores más o menos progresistas dentro de las fuerzas armadas, y la transición del liberalismo al socialismo, que se expresó no sólo en el ámbito partidario, sino también en influyentes corrientes de pensamiento, como el indigenismo, o en la precoz fundación de disciplinas del campo de las ciencias sociales, como la sociología.

La secularización tuvo un gran impacto en la vida cotidiana de los ecuatorianos. La ley de divorcio, por ejemplo, entró en vigor en 1912, hace ya más de medio siglo. La presencia de sectores sociales progresistas en las fuerzas armadas, por otro lado, se manifestó en diversas coyunturas. La Revolución Juliana, en la década de 1930, fue uno de esos episodios. Los militares progresistas ofrecieron una importante resistencia a los sectores plutocráticos, que habían frenado los avances promovidos por el liberalismo. También fueron fundamentales para trazar el programa de gobierno nacionalista de la junta militar que bajó del poder a Velasco Ibarra, en 1971. El ministerio formado en aquella ocasión llegó a incluir representantes de la izquierda. El ala progresista de los cuarteles también explica por qué las fuerzas armadas ecuatorianas tuvieron una participación relativamente secundaria en las oleadas de terror que caracterizaron a las dictaduras en las décadas de 1970 y 1980, en América del Sur y central.

Monumento a la Línea del Ecuador, que divide el mundo en hemisferio norte y sur, en el complejo Ciudad Mitad del Mundo, Quito (Bob Betzen/Creative Commons)

Los procesos de reforma agraria de 1964 y 1973 dieron el golpe final a las estructuras heredadas de la colonia, como los huasipungos –pequeños pedazos de tierra que los latifundistas ofrecían a los indios a cambio de su trabajo gratuito‒, y establecieron las bases para una gran migración de la población rural hacia las ciudades y para la politización del movimiento indígena.

Otro legado de las reformas fue haber quitado el poder latifundista de la iglesia católica y facilitado el surgimiento de un ala popular dentro de ella, vinculada a las pastorales sociales y a la Teología de la Liberación. Sus representantes cumplieron un papel fundamental en la organización de campesinos, indígenas y sectores populares urbanos.

A fines de la década de 1980 el país sufrió las consecuencias de la caída del Muro de Berlín y del socialismo real en Europa del este. La izquierda tradicional se debilitó y en su lugar se consolidaron los llamados Nuevos Movimientos Sociales. Éstos establecieron formas renovadas de actuación de los sectores progresistas, abandonando, en algunos casos, la idea de revolución por reivindicaciones puntuales y particulares, pero no menos radicales. La acción de esos nuevos actores políticos tuvo efectos contradictorios: por un lado, sirvió para ampliar la participación de la sociedad y para su democratización, pero en otros casos el énfasis puesto en los requerimientos particulares hizo que surgieran lógicas corporativas de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Éstas se consolidaron sustituyendo al Estado, fortaleciendo así los principios neoliberales.

Los Nuevos Movimientos Sociales se articularon en torno de demandas ambientales, de género, y en favor de la ampliación de servicios y demás reivindicaciones de regiones carenciadas. Entre ellos, hay que mencionar especialmente al movimiento indígena, por su papel protagónico en las dinámicas políticas a partir de 2000. Y también porque la cuestión indígena expresó una de las transformaciones más importantes de la historia reciente de Ecuador y se convirtió en una de las vías de expresión más fuertes de la izquierda radical. Los diferentes levantamientos que hicieron caer a los gobiernos de Abdalá Bucaram, en 1997; de Jamil Mahuad, en 2000, y del coronel Lucio Gutiérrez, en 2005, fueron la mejor escuela política del electorado que apoyó la llegada de Rafael Correa al poder y que permitió que su gobierno se mantuviera.

Abdalá Bucaram tuvo un escandaloso, breve e influyente pasaje por la presidencia, luego de desarrollar su trayectoria política en Guayaquil, su ciudad natal, donde había sido alcalde. Allí usufructuó y desvirtuó la herencia política de su cuñado, el popular presidente Jaime Roldós, y en cuya memoria fundó el Partido Roldosista Ecuatoriano. Con su estilo excéntrico y personalista, Bucaram ayudó a profundizar la crisis de los partidos, que coincidió con el auge neoliberal. Conocido como “el loco”, era merecedor del epíteto. Su figura combinaba elementos populares y una explosiva mezcla de moralismo, machismo y autoritarismo.

La llegada de Bucaram a la presidencia significó un claro distanciamiento de las prácticas políticas de su inspirador, el fallecido presidente Roldós. Adepto del neoliberalismo, su gobierno se manifestó a favor de la apertura económica y de la destrucción de las conquistas sociales que provenían del boom petrolero de la década de 1970. Se eliminaron los subsidios al gas, la gasolina y los servicios públicos. La energía eléctrica residencial, por ejemplo, tuvo un aumento del 400%. Una política de flexibilización de los derechos de los trabajadores hecha a medida de los patrones acabó con importantes conquistas. La participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas, que era del 15% se redujo al 1%. Las indemnizaciones por despido fueron eliminadas, el período de experiencia para un contrato de trabajo se amplió y el régimen de vacaciones tuvo algunos cambios.

Vista aérea de Quito, capital de Ecuador (Ángel Díaz Rueda/Creative Commons)

Los gastos sociales, que en 1983 representaban el 12,1% del presupuesto nacional, en 1996 se habían reducido al 5,18%, gracias a los recortes en educación y salud promovidos por Bucaram. Centralizaba el presupuesto social y hacía un uso clientelista de él. Por otro lado, el presidente patrocinó la privatización de empresas estratégicas, como Incemel, de electricidad; Emetel, de telecomunicaciones, y Petroecuador, de petróleo.

Durante su gobierno, la corrupción y el nepotismo alcanzaron niveles alarmantes. Uno de sus hijos, Dalo Bucaram, no se privó de alardear cuando conquistó su primer millón, acumulado poco después de asumir el mando de la aduana nacional. El mismo Bucaram, inmediatamente después de ser depuesto, huiría cargando unas maletas llenas de dinero tomado del Estado. La caída del presidente ocurrió después de una movilización masiva en la que el movimiento indígena fue el actor principal. El empujón que faltaba para derribar al presidente vino de la derecha, debido a los intereses encontrados entre Bucaram y el Partido Social Cristiano. Él fue declarado mentalmente incapaz y abandonó la presidencia; se refugió en Panamá el 6 de febrero de 1997. El mandato fue concluido por el presidente del Congreso, Fabián Alarcón, en una maniobra que, por razones de género, sacó del medio a la vicepresidente Rosalía Arteaga. Así pues, a pesar de ser la sucesora de Bucaram, ocupó la presidencia por algunas pocas horas.

Jamil Mahuad, del Partido Demócrata Cristiano, venció en las siguientes elecciones y asumió el 10 de agosto de 1998. A pesar de la caída estrepitosa de Bucaram, el candidato del Partido Roldonista Ecuatoriano, Álvaro Noboa, llegó a la meta presidencial en segundo lugar, mostrando que el líder depuesto todavía era influyente. Noboa tuvo un buen desempeño electoral en la región serrana y también en el litoral, lo cual es una prueba del peso de las regiones en la política ecuatoriana a fines del siglo XX.

El gobierno de Mahuad se caracterizó por drásticas medidas monetaristas, que incluyeron la dolarización de la economía, implementada con el objetivo de detener la ola inflacionaria. La moneda nacional sufrió una acentuada devaluación, pasando de 4.000 a 25.000 sucres por dólar. Mahuad estableció una serie de alianzas con la derecha, a fin de garantizar que se aprobaran los ajustes estructurales que, además de la dolarización, profundizarían el proyecto de privatización de empresas estatales.

Durante su gobierno las movilizaciones sociales alcanzaron su mayor expresión y el movimiento indígena, una vez más, tuvo un papel destacado. Consiguió, incluso, articular un movimiento de base popular amplia, pero finalmente el proyecto terminaría perdiendo fuerza.

El movimiento indígena y la movilización de sectores del ejército fueron decisivos para la salida de Mahuad. Un grupo de coroneles estaba descontento con la reducción del presupuesto de las fuerzas armadas y también a causa de un acuerdo de paz firmado con Perú. Una alianza entre indígenas y coroneles tomaría el poder por algunas horas y lo entregaría al vicepresidente, Gustavo Noboa, quien concluyó el mandato.

En las elecciones de 2003, el resultado de las urnas llevó a la presidencia al coronel Lucio Gutiérrez, uno de los militares que había encabezado la revuelta contra Jamil Mahuad y que conformó, junto con Antonio Vargas, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y con el ex presidente de la Corte de Justicia, Carlos Solorzano, el triunvirato que asumió el poder por pocas horas tras la deposición de Mahuad. Gutiérrez triunfó con un importante apoyo de sectores de izquierda, que veían en él una especie de Hugo Chávez ecuatoriano. No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que el coronel mostrara su verdadera cara. Se aproximó a los Estados Unidos, negociando acuerdos comerciales e invirtiendo en el fortalecimiento del papel de Ecuador como gran aliado económico y militar de la potencia del norte. El apoyo al gobierno por parte de la Conaie y Pachakutik - Movimiento de Unidad Plurinacional, Nuevo País, duró más de lo deseado y representó un duro golpe contra el movimiento indígena. A partir de entonces, el movimiento perdió su papel protagónico en las movilizaciones contra los regímenes neoliberales. Ese cambio daría fuerza y visibilidad a los demás sectores, que fueron fundamentales tanto en el derrocamiento de Gutiérrez, como en el triunfo de Rafael Correa. Recién llegado a la presidencia, Gutiérrez dio comienzo a las prácticas nepotistas, dando luz verde a la corrupción. Él mismo se encargó de establecer pactos con las elites más sospechadas de las agrupaciones de derecha, como el PRIAN, de Álvaro Noboa, y el PRE, de Bucaram, y también con sectores maoístas albergados en el partido Movimiento Popular Democrático (MPD). Su intención era conseguir apoyos a fin de enfrentar a la oposición del líder más influyente de la derecha ecuatoriana, el ex presidente León Febres Cordero, y controlar las cortes de justicia y el tribunal electoral.

En la práctica, esa coalición espuria comandó un asalto a las instituciones y a los organismos de Estado, como el Servicio de Rentas Internas y la Petroecuador; cooptó los procesos de negociación de la deuda externa, y los acuerdos resultantes del tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Además de pronorteamericano, el gobierno de Gutiérrez se convirtió en aliado de la extrema derecha colombiana, liderada por el presidente vecino, Álvaro Uribe. Después de un tiempo, los aliados de izquierda abandonaron la coalición pero la proximidad que mantuvieron con Gutiérrez fue determinante del debilitamiento que sufriría en el futuro. A fin de consolidar su alianza con el PRE y conseguir los votos que permitieran llevar a cabo sus proyectos, Gutiérrez anuló el proceso contra Abdalá Bucaram, usando sus influencias sobre el presidente de la Corte Suprema, “Pichi” Castro. El retorno de Bucaram al país agitó todavía más las olas de movilización y de protesta que llevarían a la caída de Gutiérrez. En el auge de las manifestaciones, el presidente llamó “forajidos” a los miles de ciudadanos y ciudadanas que salían a las calles de las diferentes ciudades del país y, en especial, de Quito, la capital. Una vez depuesto el presidente, esa fuerza social se organizó en nuevos colectivos políticos, que serían los responsables de un cambio en la escena ecuatoriana, con el triunfo de Rafael Correa en 2007.

La plaza de San Francisco y su iglesia, en Quito (jipe7/Wikimedia Commons)

Los gobiernos Rafael Correa: avances y desafíos

El 1° de mayo de 2015, las principales ciudades ecuatorianas fueron el escenario de importantes concentraciones para celebrar el Día del Trabajo. Una de ellas fue convocada por el gobierno Rafael Correa, que entonces sumaba ocho años en la presidencia; y la otra fue convocada por una pluralidad de movimientos de oposición, que aglutinaba a sectores de la derecha y de la izquierda radical. En su discurso, el presidente destacó las cifras relacionadas con las transformaciones estructurales que ocurrieron en Ecuador desde la llegada al poder de la Alianza País, el partido que representa: en 2006, 170.000 trabajadores eran sindicalizados. En 2015 ese contingente sumaba 370.000 afiliados. La seguridad social registraba 120.000 inscriptos en 2006. En 2015 ese número sobrepasaba los 3,1 millones de personas. El salario mínimo era de US$ 160 en 2006. En 2014 se había más que duplicado, alcanzando los US$ 354, lo que por primera vez permitió cubrir los gastos de la canasta familiar. Mientras que en 2006 imperaba la desregularización laboral, en 2015 la legislación prohibía la contratación por horas y con plazo fijo. Cuando el gobierno Correa estableció el nuevo marco laboral, los empresarios se apresuraron a divulgar previsiones catastróficas de desempleo, garantizando que si se lo cumplía sólo se desestimularían las contrataciones. Desde entonces, los números del desempleo no dejaron de caer. En 2015, rondaban el 4%, un recorte histórico. Al mismo tiempo, las políticas de Estado de carácter redistributivo permitieron que casi dos millones de ecuatorianos salieran de la línea de pobreza en el lapso de ocho años.

El discurso de Correa destacó ciertos avances laborales en ocasión de la celebración del Día Internacional de Trabajo, pero también para hacerle frente a la campaña de la oposición. En su lucha contra el presidente, la oposición siempre contó con un aliado ruidoso: los grandes medios. A pesar de autoproclamarse “independiente”, los medios vienen oponiéndose sistemáticamente a las medidas gubernamentales. El marco regulatorio de los medios de comunicación, por ejemplo, fue presentado como un atentado a la libertad de expresión. El fin del carácter fijo de 40% de las contribuciones del Estado a la previsión social apareció en las páginas de los diarios, en la radio y en la TV, como una medida que podría llevar al sistema jubilatorio a la quiebra.

El 1° de mayo de 2014, las manifestaciones fueron precedidas por una amplia convocatoria patrocinada por los medios de comunicación, que llamó al pueblo a las calles para protestar contra el gobierno. La prensa viene cediendo generosos espacios para que representantes de la derecha y de la izquierda castiguen a Correa, en la esperanza de que uno de ellos se consolide con una candidatura de oposición en las próximas elecciones presidenciales. La campaña mediática ha cuestionado, especialmente, la transformación de la matriz productiva como uno de los ejes más importantes de la revolución ciudadana propuesta por Correa, y el peso que el petróleo continúa teniendo a la hora de mantener un modelo exportador primario.

El alineamiento de la extrema izquierda con la oposición conservadora puede ser visto como una respuesta a sus intereses corporativos contrariados, intereses que se habían fortalecido con el auge del período neoliberal. Como veremos, por medio de una imagen esencialista del indígena, un sector de la izquierda construyó una oposición basada más bien en la defensa de una pauta particular, que en la construcción de una alternativa política de poder, o en la profundización de un proyecto de democracia radical.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa participa de los festejos por el séptimo Aniversario de la Revolución Ciudadana, en Guayaquil, en enero de 2014 (Xavier Granja Cedeño/Cancillería de Ecuador)

Planes de gobierno y mecanismos de concreción

La llegada al gobierno de la Alianza País puso en evidencia, antes que nada, que las promesas de transformación no eran mera retórica de campaña. Era indispensable crear e implementar un plan económico y social suficientemente amplio y capaz de romper las asimetrías heredadas de un modelo neocolonial, profundizado con el neoliberalismo. Dicho modelo se expresaba en los ámbitos de clase, de etnicidad y de género, así como en las grandes diferencias regionales y en la agudización de la dependencia del país al capitalismo global. La alternativa sociopolítica propuesta por Correa se apoyaba en la recuperación del papel regulador del Estado y en la elaboración de un marco de relaciones internacionales que diera prioridad al interés nacional y regional, y no al de las elites nacionales e internacionales con el neoliberalismo.

La llegada de Rafael Correa fue precedida por la decisión radical de no incluir candidatos al Congreso, debido al nivel de desprestigio de sus representantes, y a fin de cumplir la promesa de campaña de convocar una asamblea constituyente que permitiera elaborar y aprobar una nueva constitución y crear una nueva estructura de Estado. Sin contar con miembros en el Congreso y al haber establecido como uno de sus principales objetivos la refundación del país mediante una nueva constitución, Correa salió a buscar apoyo en los sectores progresistas que tenían representantes en el Congreso y apeló a los organismos electorales a fin de que permitieran convocar a un plebiscito nacional, lo que era posible según la constitución entonces vigente.

La propuesta del plebiscito nacional encontró mayoría en el Congreso, pero fue ignorada por los representantes de la derecha y de los sectores ligados al neoliberalismo. Entonces, el tribunal supremo electoral tuvo que destituirlos y sustituirlos por sus suplentes, y definir, así, la convocatoria aprobada por la mayoría. La consulta popular por la aprobación o no de una asamblea constituyente se realizó el 15 de abril de 2007. Ganó el Sí con el 82,72% de los votos. En septiembre del mismo año se realizó la elección de los constituyentes. La Alianza País conquistó 80 de los 130 escaños disponibles, lo que le otorgó un amplio margen en la elaboración de la nueva constitución.

La ciudad de Montecristi, cuna del caudillo liberal Eloy Alfaro, albergó los trabajos constituyentes. La elección indicaba que la carta en gestión respondería a las aspiraciones más radicales del liberalismo, pero mostraba también un interés genuino de descentralizar el poder. Lo que, en la práctica, dio como resultado la presencia del ejecutivo en todo el país representado en gabinetes itinerantes, que todas las semanas rendían cuentas sobre el curso de los trabajos.

A diferencia de la descentralización neoliberal, la descentralización concebida por el gobierno se expresó también en políticas de redistribución económica para regiones que siempre fueron vistas como simples zonas de explotación, como las áreas petroleras de Amazonia, y asimismo en la elaboración de políticas públicas que dieron prioridad a la salud y la educación en regiones tradicionalmente marginadas.

La asamblea constituyente inició sus trabajos el 30 de noviembre de 2007, y terminó sus funciones el 25 de octubre de 2008. La redacción de la nueva constitución finalizó el 24 de julio. Ésta fue sometida a un referendo el 28 de septiembre de 2008, y fue aprobada con el 82,72% de los votos. Antes de terminar sus funciones, la asamblea constituyente estableció la comisión legislativa y de fiscalización y la función electoral, encargadas de hacer valer el cumplimiento de la disposición constitucional de adelantar el calendario electoral. La redacción de la Constitución movilizó la sociedad política de Ecuador. Montecristi recibió miles de visitantes de colectivos y representantes de diversas regiones del país, interesados en dejar su marca en la carta. Y a partir de Montecristi, los constituyentes se dirigían a las respectivas bases electorales, generando una dinámica que resultaría en la carta más innovadora de la historia de Ecuador, y también una de las más extensas del país.

La Constitución de Montecristi tiene 44 artículos, divididos en nueve títulos, 40 capítulos, 93 secciones y 30 disposiciones transitorias, así como un dispositivo derogatorio, un régimen de transición y una disposición final. El volumen, que fue motivo de crítica, puede ser interpretado como resultado del carácter participativo de su elaboración y prueba también de las transformaciones fundamentales que tuvieron lugar en la historia republicana de Ecuador. La carta da cuentas de la inclusión democrática del país en la globalización, incorpora la pluralidad de los diferentes actores que conformaron el país y reconoce, simultáneamente, las responsabilidades del Estado en generar un desarrollo sustentable y los derechos de la naturaleza. En relación con la división de poderes, el texto establece otros dos, además del ejecutivo, el legislativo y el judicial: la función electoral, representada por el consejo nacional electoral y el tribunal contencioso electoral, y la función de transparencia y control social, representada por el consejo de participación ciudadana y de control social. La aprobación de la Constitución sirvió de base para el marco legal y normativo sobre el cual se asentó el proyecto de la revolución ciudadana. Las transformaciones vividas por el país en los ocho años de gobierno Correa no tuvieron parangón en la historia nacional. Los números de 2014 señalaban a Ecuador como el país que más había avanzado en desarrollo humano. Su clasificación pasó el nivel medio alto. La proporción de pobres respondía por el 25,6% del total de la población; y los que vivían en extrema pobreza, el 8,6%. Los salarios ecuatorianos estaban entre los más altos de la región y el trabajo tercerizado quedó prácticamente desterrado del país.

El modelo ecuatoriano fue a contramano del pregonado por el Consenso de Washington –suspensión de las garantías y de los derechos sociales, entre otras medidas‒; de esta manera se mostraba competitivo y ventajoso. Los salarios crecieron y el país surgió como un mercado atractivo debido a las grandes inversiones en rutas, puertos y aeropuertos, así como por los índices de seguridad y confiabilidad de la justicia. A diferencia de los modelos neoliberales, en los que la inseguridad se convierte en un problema estructural articulado a los intereses privados que, en lugar de resolverlo, lo agravan, en Ecuador el Estado introdujo medidas radicales que llevaron a una profunda depuración del sistema de justicia, el penitenciario y el policial.

En el sector energético, la administración Correa introdujo mejorías tecnológicas que actualizaron Esmeraldas, una refinería estratégica. Invirtió también casi US$ 900 millones en el proyecto de la refinería del Pacífico, que en 2015 se encontraba en una etapa avanzada de su construcción y generaba casi tres mil empleos directos. La renovación del parque termoeléctrico representó una economía de US$ 500 millones y dejó de comprarse diesel importado. Por otra parte, el gobierno viene apostando en proyectos eólicos y en nuevas termoeléctricas. El objetivo es cambiar la condición de importador por la de exportador de energía limpia.

La economía del país continúa dependiendo de la exploración petrolera y de la exportación de materias primas. Pero la decisión política de cambiar la matriz productiva ya aumentó la participación de la exportación no petrolera y de las materias primas procesadas –incluidos los derivados del petróleo‒ en las cuentas nacionales. El buen momento de la economía ecuatoriana durante el gobierno de Correa también estuvo ligado al crecimiento del papel estatal en los negocios petroleros. Los contratos fueron renegociados, se volvió a comprar la deuda externa y la recaudación de impuestos creció con procesos más eficientes.

Hombres trabajando en el mercado de pescado, en Galápagos (Francisco Laso/Creative Commons)

El modelo económico apuesta, por un lado, a la transformación del carácter primario exportador, y por otro al talento humano. El gobierno se convenció de que es necesario acogerlo e incentivarlo, y que la mejor forma de hacerlo es garantizando el acceso universal a una educación pública de calidad en todos los niveles de la enseñanza. Por lo tanto, un frente de acción reunió inversiones en infraestructura y en la capacitación permanente de los docentes. Se implementaron mecanismos de evaluación para los profesores y ajustes salariales, con el fin de incentivar y consolidar las carreras académicas. En 2015, la media salarial de un profesor de la enseñanza ecuatoriana era de US$ 1.100.

En el ámbito de la enseñanza superior también se implementaron medidas radicales. La inversión en el sector pasó de 1,1% a 2% del PBI, uno de los índices más altos del mundo. La medida estuvo acompañada de un procedimiento legal y normativo, destinado a revertir los desastrosos efectos del neoliberalismo en la educación superior, que ofreció una formación indiferente a las necesidades nacionales, llegó casi a eliminar la educación pública y transformó la enseñanza en un negocio, en muchos casos, alejada de la calidad y de la pertinencia de los temas. Se crearon la secretaría nacional de educación superior, ciencia y tecnología, el consejo de educación superior y el consejo de evaluación y garantía de la calidad de la educación superior, encargados de establecer parámetros de calidad y de fiscalizar su cumplimiento.

En ese proceso se cerraron catorce universidades que representaban lo que se calificó de “fraude académico”. El acceso de las instituciones de enseñanza superior a los fondos públicos se hizo transparente y se crearon cuatro universidades consideradas estratégicas para el proceso de transformación de la matriz productiva: la universidad de ciencia y tecnología Yachai, la universidad nacional de educación, la universidad Ikiam de las ciencias de la vida, la universidad de las artes, todas ubicadas en las afueras de Quito, para responder al deseo de descentralización.

Igualmente importante fue la inversión en los institutos técnicos, que se encontraban abandonados. Comenzaron a funcionar articuladamente con la enseñanza superior y fueron redistribuidos según las necesidades regionales y las exigencias propias de la calidad y la pertinencia de los temas. Otra medida de fuerte impacto fue la creación del Proyecto Prometeo, con el objetivo de internacionalizar la educación superior ecuatoriana, trayendo académicos de afuera para enseñar en el país y dando oportunidad a los ecuatorianos de completar su formación en el exterior, ofreciendo becas de maestría y doctorado en programas internacionales. Desde la creación del proyecto hasta 2015, casi 800 profesionales extranjeros habían aportado al país y 8.000 becas habían sido concedidas.

Contra lo pronosticado por los sectores de la oposición, especialmente la izquierda, que creían que la introducción de medidas como exámenes y el cumplimiento de requisitos de calidad serían un obstáculo para los sectores más desprotegidos de la población a la hora de acceder a la educación, los cambios trajeron avances notables. Los indígenas y los afrodescendientes, por ejemplo, alcanzaron la media nacional de incorporación a la educación básica. Y los sectores más pobres de la población aumentaron su inserción en la enseñanza básica, de 31% a 56%, y 27% de ellos tuvieron acceso a la universidad.

En el plano internacional, Ecuador apostó a la creación de nuevas reglas y nociones en relación con el sur global. La tragedia histórica y social provocada por la bancarrota económica de 1999, que obligó a casi dos millones de ecuatorianos a abandonar el país, sirvió para que el gobierno de la revolución ciudadana contemplara la situación de los inmigrantes en Ecuador –y de los ecuatorianos que vivían en el exterior‒ desde una nueva perspectiva. Así pues, comenzaron a ser considerados ciudadanos de pleno derecho. Esa visión se opone a la práctica neoliberal, que no sólo crea condiciones para expulsar altos contingentes poblacionales de su patria natal, sino que los criminaliza cuando están en tierra extranjera. En ese sentido, Ecuador flexibilizó la entrada de inmigrantes, con el objetivo de tener contrapartidas internacionales que apoyaran las reivindicaciones a favor de sus compatriotas en el mundo. También implantó acciones concretas de amparo a los ecuatorianos afectados por la crisis financiera en España, cuando les expropiaron sus casas. El gobierno ofreció asesoramiento jurídico y apoyo económico, lo que permitió resolver centenas de casos.

Aun en el ámbito internacional, el país trabajó activamente en la creación de nuevos foros regionales e internacionales, de manera de no quedar a merced de decisiones influenciadas por el poder económico y político del norte. El esfuerzo dio como resultado avances concretos, como la resolución definitiva de territorios de frontera, y el establecimiento de dispositivos regionales que prohíben y desestimulan la intervención de fuerzas militares y políticas extrarregionales en conflictos sudamericanos. El gobierno también obtuvo algunas victorias en la lucha por la indemnización que sostiene contra la multinacional de petróleo norteamericana Chevron, responsable por un desastre ambiental en Amazonia en los años en que operó en la región, entre 1972 y 1990. Incluso el servicio diplomático ecuatoriano, históricamente de elite, percibió los aires democráticos con la incorporación de gente del pueblo a sus cuadros.

Dichos avances constituyeron algunas de las conquistas de los ocho primeros años de gobierno de la revolución ciudadana y pusieron en jaque el discurso neoliberal, que pregona el abandono de la soberanía nacional por la vía de la privatización del Estado y la renuncia de la construcción de un futuro. Incluso así, en Ecuador se gestó una oposición tanto de derecha como de izquierda, que amenaza con un retroceso en lo logrado hasta ahora. A partir de la oposición de la izquierda que, con base en un esencialismo etnicista y en una idea de ecología, se contrapone al modelo de desarrollo propuesto por el gobierno, y que combate también los avances en la educación, podremos ver algunos de los desafíos más complejos que amenazan el proyecto de la Alianza País.

Apertura de la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la Unasur, en Santa Cruz, Galápagos, en mayo de 2014 (Cancillería del Ecuador)

La revolución ciudadana y los cambios de escenario a partir de 2014

El gobierno de Rafael Correa mantuvo una clara hegemonía política hasta las elecciones del 23 de febrero de 2014. A partir de entonces, se renovaron viejas fuerzas debilitadas, surgieron otras nuevas y entre todas comenzaron a ejercer gran presión en la política nacional. En la contienda, la Alianza País perdió ante la derecha la importante gobernación de Quito y no consiguió derrotar al popular líder social cristiano Jaime Nebot, que venía al frente de la alcaldía de Guayaquil desde 2000 y cuya victoria prolongó su mandato hasta 2019. De la misma forma, Paúl Carrasco, figura de la oposición vinculada a la socialdemocracia, mantuvo la alcaldía de Azuay, el tercer estado más importante del país. Carrasco ocupa el puesto desde 2002. También hubo importantes triunfos tanto de partidos de derecha, como Suma y Creo, y de otros próximos a la socialdemocracia, como Avanza, que hasta poco antes de la elección era aliado del gobierno. Hay que mencionar también el cambio de posición del Partido Socialista, que todavía tenía un grupo importante de cuadros que apoyaban a Correa. Resumiendo, la Alianza País no consiguió controlar las dos ciudades más importantes del país, ni el tercer estado más importante de la nación. Así, la gobernabilidad pasó a depender más fuertemente de las alianzas regionales, lo que hasta entonces no había sido necesario.

El resultado de las elecciones de 2014 apuntó también a un debilitamiento del ala de izquierda del gobierno y del movimiento Alianza País. La oposición comenzó a manifestarse con vehemencia, principalmente en los medios de comunicación, y a ocupar las calles de manera ostensiva. Por primera vez, en ocho años de gobierno Correa, comenzaron a escucharse voces que pedían su salida, lo que llevó al presidente a consolidar la teoría de que detrás de los movimientos de la oposición se escondía una estrategia desestabilizadora, que él clasificó de “golpe blando”.

La oposición reunió sectores de la derecha y de la izquierda que se articularon en torno de viejas y nuevas demandas. El grupo se movilizó, por ejemplo, contra la ley de comunicación que estableció avances importantes, como los mecanismos que permiten a la sociedad defenderse de los abusos mediáticos, y nuevos criterios para la distribución de los canales de radio, para impedir la formación de monopolios. La oposición también cerró filas contra la idea del ejecutivo de proponer una ley que permitiera la reelección ilimitada y se rebeló contra la reforma que proponía modificar el índice que corresponde a la parte del gobierno en el pago de las jubilaciones. El gobierno quería flexibilizar el índice –fijado en 40%‒ a fin de que variara conforme a las necesidades reales del instituto ecuatoriano de previsión social.

La izquierda también se opuso a la ley que pretendía proteger la industria nacional, mediante el aumento de los impuestos de importación de un determinado conjunto de bienes. Como Ecuador no tiene moneda nacional, no puede recurrir a la devaluación ante situaciones como la caída de precios del petróleo y el fortalecimiento del dólar, lo que encarece sus ítems de exportación y los deja en desventaja dentro del mercado internacional. La oposición, liderada por la organización indígena Conaie, se concentró principalmente en la crítica a la ley de tierras, porque para la perspectiva de la organización no combatía el latifundio. La Conaie protestó también contra la exploración petrolera de Yasuni y contra medidas tomadas en el campo de la educación intercultural.

El resultado de tantas presiones puede verse en las calles. Durante 2015 se realizaron diversas marchas contra el gobierno, y otras tantas pidiendo que la gestión Correa se dirigiera a la radicalización política, lo que podría significar un salto peligroso rumbo a la ingobernabilidad. Una de las iniciativas gubernamentales que despertó la furia de la oposición de derecha fue la ley de herencia y plusvalía, que propone tasar en hasta el 75% herencias que superen el valor de cien salarios mínimos, y cobrar impuestos de propiedades que tengan ganancias resultantes de la especulación y del aprovechamiento de la renta derivada de inversiones públicas.

La derecha lideró una serie de movilizaciones agresivas contra esas leyes, lo que llevó al gobierno a cambiar de estrategia, proponiendo, entonces, un gran debate nacional. La idea era avanzar más allá de las leyes en cuestión y discutir con la sociedad civil un proyecto de país. El gobierno propuso que el diálogo girara en torno a cuatro principios: la profundización de la democracia; la participación activa de la sociedad en los rumbos del país; la prioridad del bien común por sobre los intereses personales y sobre las demandas corporativas; y la generación de corresponsabilidades ciudadanas.

El análisis de ciertos puntos en los que se basa la oposición liderada por la izquierda permite mostrar cómo las transformaciones llevadas a cabo por el gobierno Correa afectaron intereses corporativos, que la izquierda misma creó en las últimas décadas. De esa forma es posible entender las convergencias de la izquierda con la derecha neoliberal en su oposición al gobierno.

El gobierno de Correa y la oposición de izquierda

El 24 de junio de 2008, Alberto Acosta presentó su renuncia a la presidencia de la Asamblea Constituyente, gesto que se convertiría en una de las rupturas más significativas de la izquierda liderada por la Alianza País y por el gobierno de Rafael Correa. Presionado tanto por el gobierno como por el buró político por no haber cumplido con el plazo estipulado para la redacción de la nueva Constitución, Acosta sugirió la ampliación de los trabajos. Tuvo un no como respuesta tanto de su partido como del presidente, que cultiva el lema “trabajar extremadamente bien y extremadamente rápido”.

Al dejar el gobierno y el partido, Acosta definió su oposición a Correa, apartándose definitivamente del presidente en temas como la exploración minera, la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuni (el proyecto Yasuni ITT), los exámenes para el ingreso en las universidades y las negociaciones comerciales con Europa. Acosta argumentaba que Rafael Correa le había hecho un guiño a la derecha, y que esto se notaba en la resistencia presidencial para implementar la reforma agraria, en la exhibición de un modelo de gobierno autoritario y de orientación religiosa conservadora, a juzgar por la oposición al aborto y al casamiento homosexual.

Sin embargo, al ignorar los avances promovidos por la administración Correa, Acosta reveló la situación paradójica de un sector de la izquierda ecuatoriana, que legitima su oposición a partir de la postura del “todo o nada”: el gobierno traicionó a la izquierda porque no satisface todas sus reivindicaciones del grupo. Mientras una parte de esa izquierda formula reivindicaciones que parecerían radicales, muchos de sus representantes participan de frentes con los sectores más retrógrados de la derecha ecuatoriana, como fue evidente en la aproximación entre el Movimiento Pachakutik y Guillermo Lasso, una de las cabezas coronadas del neoliberalismo ecuatoriano. ¿Cómo entender, finalmente, la radicalización de la oposición de izquierda y su aproximación con el sector más representativo del neoliberalismo en el país?

La aproximación de la izquierda a la derecha para oponerse a Correa se da porque ambas vieron afectados sus intereses corporativos forjados durante el auge neoliberal. Esto queda ejemplificado en el tratamiento que dichos sectores de izquierda dieron a las transformaciones llevadas a cabo por el gobierno en temas como ecología, educación superior y etnicidad, y en la manera en que combatieron la determinación de Correa de construir una sociedad basada en la democracia radical.

La oposición de ultra izquierda se concentró en sectores en los que había creado un capital político transformado en interés corporativo. Como ejemplo se puede citar el rechazo al ordenamiento estatal promovido en la educación, en la planificación del manejo del agua y en la decisión gubernamental de propiciar la extracción y la exploración minera con control de las minas ilegales.

El Arco de Darwin, imagen típica de Galápagos (Guitarfish/Creative Commons)

Otro frente de oposición fue el ambientalismo, principalmente en torno del proyecto Yasuni ITT. La idea del gobierno era dejar bajo tierra por tiempo indeterminado 856 millones de barriles de petróleo localizados en las reservas ecológicas Ishpingo, Tiputini y Timbacocha, en el parque nacional Yasuni, en la Amazonia ecuatoriana, si la comunidad internacional se comprometía a entregar el equivalente al 50% de las ganancias que se produjeron por la exploración de aquellos recursos petroleros. La propuesta, sin embargo, no encontró apoyo en el exterior y el gobierno comenzó a padecer una oposición beligerante de los ambientalistas.

Amparados en un discurso antidesarrollo, los militantes ambientalistas priorizaron los derechos de la naturaleza antes que las necesidades sociales y económicas del país. Las organizaciones ambientalistas, cuyos esfuerzos particulares estaban lejos de resolver los problemas ambientales del país y tampoco consiguieron cambiar las reglas del juego en relación con la apropiación de ganancias por parte de las transnacionales, se negaron a oír los argumentos del gobierno cuando éste presentó el proyecto de exploración de las reservas amazónicas. La extracción, según el plan gubernamental, haría uso de una tecnología de punta y tendría un impacto mínimo sobre la naturaleza. Además, el gobierno defendía la necesidad estructural de explorar los recursos naturales como medida indispensable para crear infraestructura y desarrollar el talento humano, necesarios para construir un modelo posextractivista.

Los ambientalistas hicieron oídos sordos y la oposición de izquierda tampoco presentó ninguna propuesta que decidiera a la comunidad internacional a compartir los costos de la preservación ambiental, como era el caso del proyecto Yasuni ITT.

En el plano educativo, el gobierno Correa emprendió una transformación sin precedentes en la historia republicana, con el objetivo de recuperar el papel estratégico que la enseñanza cumple en la sociedad. Se establecieron normas que estipulan el compromiso obligatorio del Estado como financiador de la enseñanza de calidad, y los deberes y las responsabilidades de los distintos actores que constituyen el sistema educativo. La iniciativa afectó, parafraseando a Marx, el consenso de mutua mediocridad establecido entre el sector de la izquierda, que había secuestrado el sistema educativo público, y el sector neoliberal, que siempre privilegió el fortalecimiento de la educación privada con el fin de formar cuadros de excelencia, adheridos a su proyecto político y económico, y consolidar la educación como negocio.

Como veremos, varios intelectuales de izquierda intentaron deslegitimar el proceso de recuperación de la educación impulsado por el gobierno, apelando a un excepcionalismo que ve los marcos regulatorios y los parámetros de calidad establecidos como categorías externas a la enseñanza, además de haber sido impuestos de modo vertical y autoritario por la administración Correa. Los críticos, sin embargo, no se percataron de que sus argumentos consolidan las asimetrías sociales y el papel dependiente de Ecuador en el contexto del capitalismo globalizado.

La educación superior se sometió a una gran reforma gestionada por Correa. Pasó a funcionar articulada a los planes de desarrollo trazados por el gobierno. Se crearon universidades consideradas estratégicas y se cerraron otras –consideradas, como ya hemos dicho, “fraudes académicos”‒. Se inició el proceso de consolidación del papel estratégico desempeñado por las universidades y por los institutos técnicos en el cambio de matriz productiva ecuatoriana. La intervención profunda del Estado en la educación como un todo –en la educación superior en particular‒ significó un cambio radical en el rumbo neoliberal que el segmento había seguido en las últimas décadas. Para que las transformaciones tuvieran éxito, era necesario corregir las consecuencias negativas de una autonomía universitaria que, en medio de la efervescencia neoliberal y con raras excepciones, dejaría a la universidad pública a merced del botín clientelista de partidos de izquierda como el Movimiento Popular Democrático, así como de facciones próximas a los partidos socialistas y comunistas ecuatorianos. Mientras tanto la universidad privada se convertía en un descarado negocio lucrativo. Una noción deformada de autonomía había sumido a la universidad a un desorden académico y organizacional. No por nada, la enseñanza superior ecuatoriana llegó a exhibir uno de los peores índices de la región en investigación y producción científica, colocando a la universidad a contramano de las necesidades sociales y económicas del país.

Sin embargo, era indispensable reformar los organismos de control de la enseñanza superior, que a su vez estaban integrados por representantes de las mismas instituciones que iban a ser reguladas. El gobierno trató de minimizar el peso de los sectores que habían secuestrado la universidad. Se impusieron criterios técnicos y meritocráticos para conformar los organismos encargados de regular el sector. Se persiguió la calidad y la pertinencia, los ejes principales de la normatización del sistema. Tras la reforma, las universidades fueron obligadas a consolidar su cuerpo docente teniendo en cuenta la calidad de la producción académica. Asimismo, los criterios para evaluar la generación de conocimiento académico y técnico tienen en cuenta las demandas económicas y sociales de un país empeñado en transformar su matriz productiva.

La reforma universitaria también intentó hacerse cargo de otras cuestiones como ser la internacionalización de la comunidad académica, la creciente movilidad profesional que ocurre paralelamente a los procesos de integración subcontinentales y continentales, y la constitución cada día mayor de comunidades científicas transnacionales. Reconoció también la vinculación de la educación superior con las realidades regionales y nacional, lo que se expresa en la incorporación de componentes como el principio de la pertinencia y de elementos interculturales provenientes del reconocimiento de la plurinacionalidad y de la interculturalidad en la constitución nacional.

Ecuador no puede darse el lujo de constituir una comunidad endógena, descontextualizada de los procesos mundiales. Esa postura reforzaría la dependencia externa y excluiría a los profesionales ecuatorianos de las comunidades internacionales y del conocimiento global.

En ese contexto, llama la atención que académicos de la oposición de izquierda, como Alberto Acosta y Pablo Ospina, hayan cuestionado el marco regulador de las universidades, caracterizando al Estado como un agente externo que viola la autonomía universitaria. Ellos reivindican un supuesto excepcionalismo, que coloca a la universidad ecuatoriana por encima de la meritocracia y de las nociones de calidad. Ospina criticó, por ejemplo, lo que denominó utilización de criterios “convencionales de calidad” en los procesos de evaluación. También cuestionó la exigencia del título de doctor hasta 2017 para los docentes investigadores de las universidades y la realización de pruebas para ingresar en las escuelas de enseñanza superior. Como alternativa propuso “permitir mecanismos descentralizados de identificación de los estudiantes según su preferencia, basados en entrevistas y ensayos, además de pruebas que se consideran apropiadas para cada curso y cada contexto local” (Ospina, 2013: 186).

Sus argumentos se convirtieron en declaraciones políticas de un sector que tergiversó las conquistas obtenidas gracias a las movilizaciones de la ciudad de Córdoba (Argentina), a principios del siglo XX, y que transformaron la autonomía universitaria conquistada en un ejercicio de intereses corporativos, que, en el Ecuador contemporáneo, paradójicamente aproximaron a sectores que se denominan de izquierda y al neoliberalismo. Del mismo modo, contra lo pronosticado por las predicciones de intelectuales de izquierda, la búsqueda de la calidad y la implantación de exámenes estuvo acompañada de la democratización en el acceso a la enseñanza superior, lo que fue bien notorio a partir de 2007, cuando se duplicaron las tasas de ingreso a la universidad de segmentos excluidos, como los pueblos indígenas y afroecuatorianos (Senescyt, 2015).

Asimismo es necesario hacer referencia a otro tópico que se convirtió en un factor importante para la movilización política de la oposición de izquierda: la problemática indígena. En trabajos anteriores (Figueroa, 2003; 2009) se demostró la importancia de identificar la coyuntura de los años 70 cuando ocurre el pasaje del indigenismo al neoindigenismo, esto es, el momento en que teorías políticas que acentuaban la incorporación de los excluidos étnicos al Estado nación, dieron lugar a teorías que sostenían la existencia de distancias ontológicas entre las nacionalidades y pueblos denominados ancestrales y los estados nacionales. Fueron varios los factores que contribuyeron a la construcción de ese nuevo escenario; entre ellos, el fracaso de la incorporación plena de nacionalidades y pueblos al Estado nacional y la continuidad de la marca racial y regional en los modelos internos coloniales, que se mantuvieron y se profundizaron a lo largo del siglo XX, especialmente en las últimas décadas de auge neoliberal.

Otros factores que también ayudaron a consolidar el neoindigenismo se relacionan con el debilitamiento del paradigma de clases, asociado a la crisis del llamado socialismo real en Europa; con las reformas neoliberales en el campo, que en las últimas décadas expulsaron sistemáticamente contingentes rurales a las ciudades, originando nuevos movimientos sociales, entre los cuales se destacan los movimientos étnicos; así como el surgimiento y la consolidación de una comunidad intelectual indígena. Ésta recreó las teorías esencialistas que académicos, teóricos y activistas nacionales e internacionales cercanos a los posmodernismos construyeron sobre los indígenas.

El caso de Ecuador permite ver cómo la emergencia de los movimientos sociales –movimientos de género, ambientalistas, étnicos, entre otros‒ estuvo acompañada de una serie de paradojas, ya que al mismo tiempo que las movilizaciones conquistaban derechos en el sentido amplio del término, incorporaban una serie de lógicas neocorporativas, que acentuaron intereses particulares y debilitaron la construcción de amplios frentes populares contrahegemónicos. Esta situación se volvió más evidente con la llegada de Correa al poder. Desde el comienzo de su gestión, hizo de la lucha contra los intereses corporativos uno de los ejes fundamentales de la recuperación del papel regulador del Estado, que se sumó al combate contra las prácticas políticas derivadas de la desregulación neoliberal.

Miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) marchan hacia Quito, contra el ALCA, en 2002 (Donovan & Scott/Creative Commons)

Las tensiones entre el gobierno y la Conaie, por ejemplo, hablan de una disputa entre una lógica estatal que lucha contra los intereses corporativos y otra que se nutrió de una serie de teorías posmodernas opuestas a la intervención estatal, y que busca eliminar el ejercicio de la política moderna apelando a un esencialismo culturalista. Éste presupone diferencias esenciales entre pueblos y nacionalidades, entre estado nacional y modernidad. Esta concepción puede observarse en la misma historia de la Conaie, en especial en el intento frustrado de Pachakutik, en los años 90, de formar un bloque popular antihegemónico. El fracaso se debió, en gran medida, al peso que el esencialismo étnico tuvo dentro de la organización.

La visibilidad política conquistada por la Conaie a partir del levantamiento de 1990 y la crisis de los sectores clasistas de la izquierda, golpeados por la caída del socialismo real en Europa, incentivaron en 1995 la fundación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo País (MUPP-NP), que tuvo un papel protagónico en la política ecuatoriana hasta los primeros años del siglo XXI. El MUPP-NP estuvo al frente de la movilización política que llevó a la caída de los ex presidentes neoliberales Abdalá Bucaram, en 1996, y Jamil Mahuad, en 2000, y formó parte del gobierno tumultuoso del coronel Lucio Gutiérrez, en 2003.

Pachakutik fue dirigido por la Conaie y por la segunda organización indígena Ecuarinari –Ecuador Renacumpaj Ricchmarimui‒, y en su constitución estuvieron presentes trabajadores de los sectores estratégicos, socialistas, comunistas y ex trotskistas, además de movimientos sociales de mujeres, ecologistas, y sectores de base de la Teología de la Liberación (Freidenberg y Alcántara Sáez, 2001). El partido tenía un año de vida cuando participó de las elecciones, disputando la presidencia, bancas en la asamblea nacional y en las provinciales, en las cámaras de concejales y alcaldías. Conquistó más del 20% de los votos en todo el país y se convirtió en la tercera fuerza política ecuatoriana (Freidenberg y Alcántara Sáez, 2001). Tras desempeñar un papel clave en la caída de Bucaram, en 1997, la Conaie y Pachakutik, ya por entonces reconocido como el movimiento político de la Conaie, tuvieron un papel protagónico en la Constitución de 1999, a partir de la formación de la alianza Concertación Democrática, que reunió a Pachakutik y a sectores de la socialdemocracia, de la izquierda democrática y del Partido Socialista Frente Amplio de Izquierda (Freidenberg y Alcántara Sáez, 2001). El debilitamiento político de Pachakutik comenzó a hacerse evidente tras su participación en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y por la incapacidad estructural del movimiento para dirigir un frente popular amplio. En gran medida, la causa de ello fue que en el seno del movimiento primaron los intereses corporativos de los sectores etnicistas.

La formación de la Concertación Democrática permitió que la Constitución de 1999 introdujera demandas del movimiento indígena, como la declaración de la plurinacionalidad, pero no consiguió avances en las transformaciones estructurales del país, principalmente porque Pachakutik privilegió las demandas étnicas en detrimento de las demandas plurales de la Concertación (Freidenberg y Alcántara Sáez, 2001).

Por otro lado, como afirma Hernández (2004), durante el gobierno de Gutiérrez, Pachakutik entró en un proceso de negociación burocrática y abandonó la disputa por el sentido y la dirección del gobierno. Cuando la alianza se desarmó, las relaciones entre indígenas y mestizos en el interior del movimiento ya estaban deterioradas, y un sector de indígenas responsabilizó por el fracaso de la experiencia política a la presencia mestiza dentro del movimiento. Por su parte, la participación de Pachakutik en el gobierno de Gutiérrez abrió un vacío en el liderazgo de oposición, que fue ocupado por sectores de clase media urbana, identificados como “forajidos” por el coronel Gutiérrez en uno de los momentos más crudos de la insurrección que terminaría derrocando al poder.

Tejeduría tradicional ecuatoriana, en Otavalo, en la provincia de Imbabura (Bob Betzen/Creative Commons)

Vale la pena hacer referencia a algunas de las teorías derivadas del posmodernismo, que son apropiadas y vueltas a apropiar por las direcciones étnicas. Ellas acentúan las supuestas diferencias esenciales entre el Estado nación y los pueblos y nacionalidades, y tienen gran responsabilidad en el fracaso de proyectos populares contrahegemónicos, como podría haber sido Pachakutik. En dichas teorías convergen las críticas a los proyectos reguladores. Éstas promueven al Estado como un agente externo, que pervierte la autonomía de los pueblos sociales. En el caso de los movimientos étnicos, también difunden una idea de superioridad moral de los pueblos indígenas y de su modo de vida, que sería la solución de los males de la modernidad, lo que contribuye para despolitizar al movimiento y consolidar la exclusión económica y social de sus pares.

Las teorías neoindigenistas comenzaron a circular en el medio académico ecuatoriano a fines de los años 70, en la misma época en que los estudiantes indígenas comenzaban a tener acceso a la enseñanza superior, principalmente por medio de la Universidad Católica. Desde su irrupción, el indigenismo o neoindigenismo constituyó una parte importante del currículo y de la formación de departamentos como el de antropología, con autores latinoamericanos, especialmente mexicanos y peruanos, como Guillermo Bonfil, José Alcina Franc, Oscar Arze y Juan Ossio. Fueron esos intelectuales quienes construyeron imágenes persuasivas de los indígenas latinoamericanos como esencialmente opuestos a los Estados nacionales, a la integración, al desarrollo y, especialmente, al marxismo. Como afirma Alcina: […] se fundamenta en la visión cósmica de la vida y del mundo que para el indio significa el equilibrio y la armonía entre los distintos elementos de la naturaleza, de la cual él mismo es parte integrante. El indianismo es también la búsqueda y la identificación con el pasado histórico, pues pasado y presente forman un todo inseparable basado en la concepción colectivista del mundo […] Así es como el indianismo comienza a identificarse con un proyecto civilizatorio diferente del occidental, caracterizado por el capitalismo sin límites, el desarrollismo y el consumismo hasta su extremo más radical, la degradación contaminante del medio ambiente […] El indianismo como base ideológica de la acción política se encuentra confrontado a un marxismo revolucionario, tal vez matizado con un cierto culturalismo que constituye generalmente la base ideológica de los movimientos indígenas de México y de América Central (Alcina Franch, 1990:15).

Al mismo tiempo, teóricos y activistas influyentes con fuertes vínculos con la academia norteamericana y con los movimientos indígenas latinoamericanos, como Walter Mignolo y Catherine Walsh, sostienen teorías que radicalizan las distancias entre los Estados nacionales y los pueblos y nacionalidades (que en el caso de Ecuador son 14 nacionalidades y pueblos indígenas, además de afroecuatorianos y montubios). Para Mignolo, la oposición fundamental es la que se da entre los criollos/mestizos y los indígenas. Desde su perspectiva, los mestizos se limitaron a repetir miméticamente los patrones de modernidad euroamericana y a ejercer la exclusión y el racismo contra los pueblos ancestrales que, por su parte, encarnan la alternativa contra los desasosiegos de la modernidad. Walsh afianza las diferencias, como lo hace al citar a Fausto Reynaga: “[…] autonomía entendida como libertad de control de las iglesias, de los hacendados, de los comerciantes intermediarios y de los partidos políticos –incluidos los de izquierda‒, así como de las instituciones y de los modelos dominantes del Estado, y también como la concretización de proyectos políticos que se materializan en lo social, en lo político y en lo económico” (Reynaga, en Walsh, 2007:30-31).

En el discurso de esos teóricos y activistas sobresalen imágenes dicotómicas que desconocen las ricas y complejas articulaciones entre indígenas, mestizos y sectores populares, a la hora de diseñar agendas democráticas en los escenarios nacionales, al mismo tiempo en que niegan cualquier posibilidad de articulación conjunta de indígenas y sectores populares en las luchas contemporáneas. Apoyadas en el excepcionalismo y en la resistencia, tales teorías dificultan la lucha por la hegemonía y perpetúan la exclusión de los pueblos y las nacionalidades, bajo la premisa de las diferencias culturales esenciales.

Otros teóricos y activistas ecuatorianos que apelan al esencialismo étnico, como Pablo Ospina y Alberto Acosta, coinciden con activistas y teóricos como Hoetmer (2009) y Zibechi (2009), que establecen una decidida oposición a los proyectos reguladores de Evo Morales en Bolivia. En ese caso, el esencialismo étnico sirve para hostigar acciones fundamentales del Estado, por ejemplo la recuperación de áreas estratégicas: salud, educación, servicios públicos esenciales, así como la soberanía energética y alimentaria, e incluso la recuperación por parte de los Estados del monopolio del uso de la fuerza. Por medio de la construcción de una imagen pura y autonomista de los movimientos étnicos, las intervenciones reguladoras de los Estados surgen en el contexto de esos teóricos como una “lógica estatista, implacable, hostil y que se asienta en las profusas burocracias estatales” (Zibechi, 2009:190). Inspirado en Foucault, para Zibechi el Estado representa la cooptación, la disciplina y la implementación de un control biopolítico del denominado socialismo del siglo XXI, cuando un conjunto de problemas comunes permitió el surgimiento de movimientos con formas flexibles de coordinación (Zibechi, 2009:193).

Por su parte, Hoetmer (2009), inspirado también en Foucault, sostiene que el Estado es una máquina de dominación que se adaptó a las transformaciones de la globalización y se convirtió en un sofisticado instrumento de control de los movimientos sociales en escala nacional, complementando las tendencias supranacionales del neoliberalismo. Por otro lado, los movimientos sociales son el lugar de mayor potencialidad de ejercicio de la libertad, porque son más sensibles a la opresión, gozan de más libertad de pensamiento y tienen más necesidad de transformaciones. En un contexto que caracteriza como un momento de crisis civilizatoria que exige un cambio de paradigma, el autor otorga al movimiento indígena un lugar fundamental. Y, si se compara el movimiento zapatista de Chiapas con el movimiento indígena ecuatoriano, los zapatistas tienen una especie de superioridad moral, porque ni siquiera elaboraron una estrategia para tomar el Estado. Al mismo tiempo la participación del movimiento indígena ecuatoriano en los procesos electorales y en la administración del Estado significó una “enorme pérdida de legitimidad y de apoyo” (Hoetmer, 2009:103).

Todas estas teorías son creadas, apropiadas y recreadas en circuitos que van desde dirigentes étnicos hasta intelectuales nacionales y extranjeros, pero también pueden verse sus limitaciones en las divisiones que se profundizan en el interior de los movimientos étnicos ecuatorianos. Uno de los principales puntos de apoyo popular del proyecto correísta fue un importante sector indígena, el afroecuatoriano y montubio. También hay que destacar que una gran parte de la participación política que se da en diferentes procesos locales en Ecuador tiene un carácter marcadamente popular más allá de los límites étnicos, y esto brinda la posibilidad de abrir frentes populares en los cuales la problemática de la exclusión étnica pueda ser debatida sin una necesaria prioridad moral sobre otras exclusiones.

Por otro lado, la convergencia en los discursos antirregulatorios de la oposición de izquierda y de derecha neoliberal, muestra cómo ambas coinciden con las perspectivas más conservadoras de la política. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe expusieron las notorias conexiones entre los discursos anti-Estado y el conservadurismo: uno de los más importantes teóricos neoconservadores, Fredrick Hayek, fue el crítico más férreo de la reglamentación y de la planificación del Estado, porque los consideraba el camino que desemboca en el colectivismo y el totalitarismo. Según Laclau y Mouffe, ese tipo de crítica a la intervención del Estado no es sino la reivindicación de la libertad tradicional, que identifica la no interferencia del Estado con el derecho a la apropiación limitada y con la economía de mercado, lo que se hace desacreditando la libertad positiva por ser potencialmente totalitaria (Laclau y Mouffe, 1987:284).

En el caso de la oposición de izquierda, la asociación entre reglamentación y cooptación coincide con la tesis neoliberal de la reglamentación como pérdida de la libertad. Además, soslaya las dinámicas de poder que se establecen entre los distintos grupos por medio de los movimientos sociales, y abandona la construcción de la hegemonía y de las esferas comunes que se pueden obtener a través del Estado.

La ciudad de Cuenca, en el interior de Ecuador, su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999 (amalavida.tv/Creative Commons)

Diálogo nacional

En junio de 2015, el presidente Rafael Correa envió al Congreso con carácter de urgencia el proyecto de ley de herencias y el de ley de plusvalía. Éstos surgieron como soluciones estructurales para reducir las brechas socioeconómicas que todavía son exponentes de niveles ética y políticamente insustentables en Ecuador. Aunque el gobierno repitiera que la medida impactaría únicamente en el 2% de la población, además de mostrar que el proyecto no tenía fines más redistributivos de recaudación, la oposición lo interpretó como una injerencia autoritaria más del Estado y como un atentado a la familia.

Dado el caldeado ambiente político del momento y la inminente visita del papa Francisco, el gobierno decidió retirar los proyectos de listas de votaciones y convocar a los ciudadanos a debatir ampliamente los beneficios de las medidas. Si finalmente se comprueba que los proyectos afectan a las capas medias de la población, el gobierno se compromete a abandonarlos.

La convocatoria que realizó el gobierno puede ser una oportunidad excepcional para recuperar el debate y la educación política. Puede ser también una oportunidad valiosa para que la izquierda dentro del gobierno deje bien en claro a la sociedad los lineamientos fundamentales que subyacen a la conformación de una sociedad posneoliberal, que apuesta a la construcción de una democracia radical. Se trata de una oportunidad para terminar con las asociaciones perversas que la oposición estableció entre reglamentación y autoritarismo, y mostrar que los problemas estructurales de clase, etnicidad y género, así como las asimetrías regionales derivadas de viejas estructuras coloniales y neocoloniales, sólo pueden resolverse si media una activa intervención del Estado y una participación política activa de la sociedad.

Ese momento también puede convertirse en una excelente oportunidad para reposicionar las relaciones entre Estado y movimientos sociales además de las luchas contra los intereses corporativos. La limitada capacidad de reacción de sectores del gobierno, que en determinadas ocasiones se vieron sobrepasados por las violentas manifestaciones callejeras de la oposición en el transcurso del 2015, demuestra hasta qué punto es necesario reconstruir el tejido y las múltiples redes sociales desconstruidas en la lucha contra el corporativismo. La reconstrucción del tejido social es fundamental no sólo para dar apoyo al régimen, sino también para concretar una agenda que muestre que la política va más allá de los procesos técnicos orientados a superar las desigualdades. Uno de los puntos medulares de esa agenda es la constitución de bloques populares, que tengan capacidad de responder a las demandas y los requerimientos particulares de los grupos que lideraron las movilizaciones en las últimas décadas y, al mismo tiempo, que puedan articular tales demandas a un objetivo general más abstracto sobre el cual se basa la hegemonía. Una agenda que priorice el trabajo simultáneo de fortalecimiento del Estado y del tejido social democrático permitirá también crear mecanismos eficientes de vigilancia y de lucha contra la corrupción y los nuevos clientelismos que se forjan en el ejercicio del poder. Una medida de esas características es fundamental, si se quiere posicionar a la ética como eje central de los gobiernos progresistas y para justificar la lucha misma contra el corporativismo, que definió el conflicto contra el neoliberalismo y el fundamentalismo de la ultraizquierda. 

El volcán Cotopaxi, al sur de Quito, uno de los más altos del mundo (Dave Lonsdale/Creative Commons)

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