La dolarización es un proceso que implica la sustitución de la moneda local de un país, en todas o en parte de sus tres funciones (reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago), por la moneda estadounidense. La dolarización impone fuertes restricciones a las políticas monetaria y cambiaria del Estado que la aplica, y hasta las suprime por completo. De esa manera, la reacción frente a choques externos se ve limitada a recortar salarios, aplicar políticas fiscales restrictivas o incrementar el endeudamiento externo.
La dolarización implica un fuerte proceso de desnacionalización y de subordinación al comercio exterior de los Estados Unidos. Para obtener dólares, un Estado debe emplear una de las siguientes alternativas: a) entregar a cambio activos líquidos vía exportaciones; b) convertirse en un paraíso fiscal, un centro financiero internacional para atraer capital extranjero –experiencia esta que, más allá de la conexión con las mafias internacionales, no puede, por definición, generalizarse y exige el desmantelamiento de los servicios públicos ofrecidos por el Estado–; c) o recibir remesas de inmigrantes como resultado de un largo proceso de expulsión de la población residente.
En América Latina, solamente tres países dolarizaron formalmente su economía: Panamá, desde 1904, Ecuador, desde 2000, y El Salvador, desde 2001. El primero, además de tener en el Canal de Panamá un poderoso factor de ingreso de dólares, se ha convertido en centro financiero internacional y en paraíso fiscal. Ecuador y El Salvador fondean su dolarización con las remesas de inmigrantes. Se calcula que, en 2005, las remesas para El Salvador equivalieron al 13% del PBI, y para Ecuador, al 15%.
Desde la dolarización, la economía de El Salvador quedó estancada. En Ecuador, la decisión de dolarizar provocó protestas que culminaron con la deposición del presidente Jamil Mahuad Witt, que la implementó, y de los presidentes subsiguientes, que la mantuvieron: Gustavo Noboa y Lúcio Gutiérrez. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador, cinco años de dolarización llevaron al aumento de la pobreza y el desempleo, y también al incremento del déficit comercial –excluyéndose el petróleo, en razón de sus oscilaciones de precio–, lo que aumentó la dependencia de recursos externos.
Otros procesos de dolarización fueron implementados en América Latina en la década de 1990, aunque sin sustituir la moneda local en todas sus funciones. Fue el caso del régimen de convertibilidad de la Argentina y del currency board establecidos por países como Brasil y México. En todos los casos, el dólar fue concebido como reserva de valor y unidad de cuenta, y la moneda local se preservó como medio de pago. El resultado fue profundamente deletéreo para las economías nacionales, ya que cayeron en crisis financieras y macroeconómicas que exigieron revertir o sustituir el proceso.