Chile

Emir Sader (texto de actualización de la entrada, 2006-2015)

Chile o una loca geografía es el título de un libro de 1940, escrito por Benjamín Subercaseaux, y que otorga a esa desmesura el carácter de virtud. ¿Quién podría negar que merece ser llamado “una loca geografía” un país con 4.300 km, colgado de la cordillera de los Andes, en algunos tramos aferrado a ella, compuesto al norte por un inmenso desierto, al centro por un ancho valle, más allá por un sur lluvioso, salpicado de lagos, volcanes y, aún más adelante, por un extremo sur, un laberinto sinuoso de canales que terminan en el estrecho de Magallanes? De las imágenes, representaciones o metáforas que los chilenos construyen sobre su país, ésta es una de las pocas que no es mera retórica, que no es fruto de la irrefrenable tendencia idealizadora.

De muchos otros enunciados hay que desconfiar: no existe la llamada larga tradición democrática, que permitía a las elites chilenas sentirse civilizadas en un continente de costumbres políticas brutales; tampoco es verdad que Chile haya alcanzado, de la mano del neoliberalismo, el carácter de un capitalismo moderno; ni es cierto que sea un pueblo hospitalario con el extranjero o solidario con los suyos, aunque hace treinta años lo fuese en mayor medida. En la actualidad está colonizado por el individualismo burgués y por la mercantilización generalizada.

El país y su pueblo

Desde la línea de la Concordia, que representa el límite con Perú, hasta el polo Sur, Chile tiene 8.000 km de extensión. Su superficie total es de 2.006.096 km2, de los cuales 756.950 km2 corresponden a la superficie sudamericana e insular y 1.250.000 km2 a la superficie antártica.

Del total de la superficie sudamericana e insular, Chile posee 16.560 km2 de suelos agrícolas, 129.300 km2 de tierras destinadas a la actividad ganadera y 84.200 km2 de suelos forestales. Los no productivos suman 526.036 km2.

El censo de 1835 contabilizó una población de 1.103.036 individuos, casi la tercera parte de los 3.220.531 habitantes existentes en 1907. En 1940 la población llegó a 5.023.539; en 1960 a 7.374.115; y en 1970 a 8.884.768. El censo de 1982 registró la presencia de 11.329.736 personas y el de 1992, de 13.348.401. Según datos de 2010, el país contaba con 17 millones de habitantes.

En cuanto al género, el censo de 2002 registró la presencia de 7.447.695 hombres y 7.668.740 mujeres. Del total de habitantes del país, 85,5% personas vivían en las zonas urbanas y solamente 11,4% en las zonas rurales. En 1920, la población rural alcanzaba el 53,6%, situación que se modificó a partir del censo de 1940.

Contrariando el mito sobre la prosperidad traída por el neoliberalismo, en los últimos años la población enfrentó dificultades. El período 2000-2003 formó parte de la etapa final de una crisis iniciada en 1997, que disminuyó el ritmo de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y aumentó de manera significativa el desempleo.

El crecimiento medio entre 2000 y 2003 fue del 3,4% y el desempleo llegó al 8,9%. La tasa de inflación permaneció baja, alcanzando al 2,8% en ese período.

En el año 2003, en relación con los inmediatamente anteriores, se mantuvo la estructura general de participación en el PBI de las diversas ramas de la actividad económica. La industria manufacturera se conservó en la cima con el 17,1%, seguida por los servicios financieros con el 13,5%. Pero el mayor crecimiento respecto al año 2002 se registró en el sector minero (+5,4) y la mayor caída, en el sector pesquero (–9,2%). Eso significa que en las exportaciones el cobre representó en 2003 más del 40,2% del total de los bienes y servicios exportados, cuando en 2002 había representado el 34,6%.

En 2003, el total de la población empleada era de 5.550.300 individuos y la fuerza de trabajo llegaba a 6.065.600 personas. Los sectores líderes de empleo eran los servicios sociales y personales, seguidos de cerca por el comercio. En 2003, el primer sector absorbió el 27,45% de la población ocupada, mientras que el segundo respondió por el 18,97%.

También en 2003, la deuda externa chilena subió a US$ 43.396 millones. El sector público representa sólo el 21,5% de la deuda y, dentro de esa magnitud, los créditos de largo plazo responden por el 84,5%. El cuadro que se presenta abajo refleja otros indicadores económicos y sociales del período, entre ellos, las variaciones en el índice de precios al consumidor.

Variación de los indicadores socioeconómicos (2000-2003)

Indicadores	2000	2001	2002	2003
Tasa de crecimiento del PBI	4,5	3,4	2,2	3,3
Tasa de desempleo	9,2	9,0	9,0	8,5
Variaciones IPC	4,5	2,6	2,8	1,1

Fuente: Síntesis Estadística de Chile. Banco Central.

 

Rumbos de una República autoritaria

Chile tiene una tendencia mítica, en especial en la esfera política. No obstante, no es imaginación idealizadora afirmar que construyó su Estado muy precozmente en relación con otros países de América Latina. La independencia fue plenamente alcanzada en 1818 y, tras un período de titubeos y ensayos constitucionales de corte liberal y federalista, finalmente los grupos autoritarios y conservadores se impusieron. Mientras la Argentina y Uruguay se desangraban en guerras civiles, Brasil vegetaba bajo el régimen imperial y México vivía aún el gobierno personalista de Antonio López de Santa Anna, los chilenos crearon un modelo político estable, articulado en torno de principios y reglas impuestas como universales, que sólo fue interrumpido en 1891.

De esa capacidad de crear precozmente la institución estatal con sucesión regulada y pacífica en el poder surgió el mito chileno de una larga tradición democrática, que habría vivido su momento inaugural en 1830, cuando las armas entronizaron a los sectores conservadores en el poder, cuyo principio de unidad era su antiliberalismo y cuya noción era la de la autoridad efectiva, que impuso orden no sólo desde arriba hacia bajo, sino también entre los grupos dominantes. Esa efectividad política en un país con un desarrollo económico precario y, hasta el término de la Guerra del Pacífico (1879-1883), con escasas riquezas, es la clave del desarrollo político chileno del siglo XIX.

En efecto, en 1830 se creó un orden político de larga duración. Pero no se trataba de una democracia, sino más bien de una República, porque no cumplía con las más importantes reglas de procedimiento que expresaban la soberanía popular. El poder tenía un carácter no hereditario, como es propio de la República; los presidentes eran elegidos, al igual que los miembros del parlamento, pero el control de los comicios por parte de los gobiernos y de los latifundistas en las localidades campesinas fue casi absoluto, hasta la crisis del régimen en 1891.

A diferencia de otros países de América Latina, no existía en Chile la figura del dictador, pero el régimen estaba lejos de ser liberal. Inspirada en las concepciones centralizadoras de Diego Portales (1793-1837), la Constitución de 1833 construyó un Estado fuerte, dotado de amplios poderes para mantener el orden político.

Y, a pesar de todo ello, la estabilidad política se vio amenazada primero en 1851, como consecuencia de las resistencias despertadas por la candidatura de Manuel Montt, y después en 1859, al término de su mandato presidencial. En 1851 se produjeron sucesivos levantamientos armados, de los cuales participaron militares y civiles; los más importantes fueron en Concepción y La Serena. En esta última ciudad, la rebelión tomó el aspecto de un experimento liberal avanzado, cuya base de clases era una incipiente burguesía minera, alimentada ideológicamente por algunos intelectuales. La experiencia de 1859, encabezada por figuras importantes y políticamente radicales de la burguesía minera, tuvo su centro en Copiapó, entonces la capital minera de Chile.

Esas revueltas eran expresión de una diversificación económica e ideológica de las clases dirigentes y de su diferenciación política. En 1842 se constituyó la Sociedad de la Igualdad, que reagrupó en un club político a los sectores liberales diezmados después de la guerra civil de 1830 y a los incipientes grupos más radicalizados. A mediados de la década de 1840 comenzó a formarse el Partido Liberal, creado en medio de las pugnas de la sucesión presidencial. En la década de 1850, el Partido Conservador se fragmentó en dos grupos, divididos por la lealtad a la Iglesia o al Estado. El grupo católico ultramontano constituyó el Partido Conservador, y el sector identificado con el Estado, el Partido Nacional. En la década de 1870, el Partido Radical terminó por adquirir su fisonomía de organización nacional. Doctrinariamente vinculado a la masonería, era una expresión de elites provinciales, de profesionales, de otros sectores de la clase media, y también de agricultores de las zonas de colonización surgidas después de la ocupación de la región Araucana.

Con el gobierno de José Joaquín Pérez (1861-1871), cuya candidatura implicaba la búsqueda de una solución consensuada entre los grupos políticos que representaban a los sectores dominantes, comenzó un proceso de diversificación del poder. Se inauguraron las administraciones de cinco años y hubo un cambio de clima político, una transición hacia una mayor participación parlamentaria y, por lo tanto, hacia gobiernos un poco menos autoritarios y, a partir de 1871, hacia gobiernos autoritarios con ideología liberal. Tales gobiernos lucharon para lograr el debilitamiento de las prerrogativas civiles de la Iglesia, lo que ocurrió especialmente durante la administración de Domingo Santa María (1881-1886), en la cual fueron aprobadas las leyes del matrimonio civil y la de los cementerios laicos. Esas reformas desataron luchas apasionadas, que, no obstante, no afectaron la paz civil. Tampoco se vio afectada la concepción centralizadora y absorbente de la figura presidencial. En 1891, víctima de la derrota en una guerra civil, el presidente liberal José Manuel Balmaceda se suicidó, defendiendo el concepto portaliano de Estado fuerte.

El Palacio de La Moneda, sede de la Presidencia de la República de Chile (Kyle Simourd/Wikimedia Commons)

Conflictos y parlamentarismo

En 1879, Chile se involucró en una guerra comercial con Perú y Bolivia, por la ocupación de los territorios salitreros. Más allá de la retórica patriótica que todos los países construyen para justificar sus incursiones guerreras, fue un enfrentamiento vinculado a la expansión capitalista de Chile, que tenía el orden político y el aparato de Estado necesarios para asegurar el dominio inglés del salitre, pero carecía del control territorial de la materia prima.

El triunfo en ese conflicto ha marcado en algunos puntos importantes el desarrollo económico y político chileno. Primero, porque permitió el período ambivalente del auge salitrero, asociado a importantes cambios del régimen político. Segundo, porque provocó en las relaciones entre Chile y Bolivia una herida que aún no cicatriza.

La victoria chilena en la Guerra del Pacífico permitió al país el control de los territorios salitreros. El Estado facilitó el pasaje de la propiedad de esas posesiones al capital extranjero, especialmente al inglés. A cambio de ese pasaje, creó un impuesto sobre las exportaciones, lo que introdujo un profundo cambio en el poder económico del aparato estatal. A diferencia de la Argentina, país en el cual la fase productiva de los bienes agrícolas exportados estaba en manos nacionales o de extranjeros vecinos –y en las fases posteriores estaba extranjerizada–, en Chile la totalidad del proceso (con excepción de los trámites aduaneros o portuarios y de los servicios jurídicos) estaba bajo control extranjero. Por lo tanto, en la principal vía de distribución de una parte importante del excedente salitrero, era el Estado el que actuaba como recaudador de los impuestos.

Comparando la situación con la de la Argentina, la relación de propiedad de los bienes exportables permitía a los grandes propietarios agrarios desempeñar un papel de decisión en la circulación del excedente en la economía argentina. En Chile, quien cumplía ese papel era el Estado. Fue por ese motivo que la figura del presidente concentrador y con un proyecto de desarrollo, el ideal portaliano, tuvo que dar lugar a un presidente casi sin atribuciones. Esa modificación llevó a una metamorfosis del régimen político, aunque sin cambios en la Constitución de 1833. La guerra civil de 1891 condujo a la instalación de un parlamentarismo sui generis, en relación con los clásicos existentes en Europa. El presidente siguió siendo elegido en votaciones populares indirectas; no había posibilidad de anticipar elecciones parlamentarias, realizadas a intervalos fijos, y durante largo tiempo tampoco existió la posibilidad de clausurar las sesiones, lo que permitía a una fracción o a un fragmento de los legisladores realizar una efectiva obstrucción. Eso dio margen a una situación de poder atomizado, repartido entre las direcciones partidarias y los legisladores: una situación totalmente contraria a la de la presidencia centralizadora.

Ese fenómeno, que fue designado como de cambio de la noción de Estado entre los grupos dominantes, instaló un Estado de compromiso oligárquico. Las decisiones debían ser consensuadas entre todas las fracciones significativas de los numerosos partidos existentes. Cualquiera de ellas, con la intervención de un número pequeño de votantes, podría bloquear una decisión legislativa.

Sin embargo, esos gobiernos con baja eficacia y gobernabilidad tuvieron la virtud de permitir la participación de todos los grupos en las decisiones de las inversiones del fondo acumulado con el cobro de los impuestos salitreros. Ese tipo de administración por consenso de la elite dirigente puede funcionar adecuadamente cuando coincide con períodos de auge económico. Pero con el final de la Primera Guerra Mundial se prenunció el término del crecimiento basado en el salitre, puesto que el fertilizante natural fue sustituido por el sintético, producto de la tecnología alemana.

Alessandri y las intervenciones militares

Ese horizonte de cambio se vinculó a la aparición –en un universo de políticos hábiles en el juego parlamentario, pero sin conexión con los gobernados y ningún carisma de masas– de una figura, surgida del grupo dirigente, que propuso un programa de reformas y estableció relaciones empáticas con los electores. Fue Arturo Alessandri quien inauguró, en 1920, las formas de hacer política que se afirma­rían de 1932 en adelante. Los proyectos de ese primer líder de la política electoral de masas del siglo XX incluían el retorno al presidencialismo mediante la elaboración de una nueva Constitución y la legalización de las relaciones entre capital y trabajadores por medio de un Código del Trabajo. La modificación del modelo de desarrollo primario exportador y el énfasis industrializador no tuvieron prioridad.

Arturo Alessandri conversa con una trabajadora durante su visita a una fábrica de ropa, alrededor de 1920 (Biblioteca del Congreso de Chile)

En 1924, un golpe militar instigado por los grupos derechistas más recalcitrantes provocó la renuncia de Alessandri. El poder efectivo quedó en manos del coronel Carlos Ibáñez, líder del Ejército: se abría la caja de Pandora de las intervenciones militares. En marzo de 1925, Alessandri retomó su mandato hasta las elecciones de octubre. Su ministro de Guerra y de la Marina era el poderoso coronel Ibáñez, quien controló el poder en el gobierno de Emiliano Figueroa (1925-1927) y fue elegido presidente en 1927.

El intervencionismo militar en la política chilena sólo acabaría en 1932, con el retorno de Alessandri a la presidencia, luego del natural fracaso de un intento de “República socialista” proclamada por Eugenio Matte Hurtado y Marmaduque Grove. El rumbo intervencionista de Ibáñez y la incursión de los “jóvenes turcos” vinculados a Grove permitieron la elaboración de un consenso con respecto a la retirada de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, que contó con el apoyo de la derecha. Los militares intentarían movilizarse en el período 1952-1958, en el segundo gobierno presidencial de Ibáñez, pero básicamente se mantuvieron en segundo plano.

Es interesante señalar que los líderes militares, en especial durante el régimen autoritario de Ibáñez (1927-1931), demostraron mayor preocupación industrializadora que la elite civil. Así, a pesar de que la crisis del modelo primario expor­tador basado en el salitre ya se había manifestado, no se vieron, por parte de esa elite, tentativas serias de reconducción del modelo de desarrollo. El segundo gobierno de Alessandri (1932-1938) reordenó la economía en sus aspectos financieros (pago de la deuda externa), pero no se embarcó en políticas industrializadoras de magnitud.

La dureza de la política de Gustavo Ross, ministro de Hacienda de Alessandri, en relación con los asalariados tuvo un efecto político fundamental: la ruptura de la alianza de la derecha, básicamente del Partido Liberal con el Partido Radical. Ésa era una organización intermedia, cuyo espectro de votos iba desde los latifundistas del sur hasta los profesionales, el amplio espectro de la clase media, empleados públicos en general –y en especial de la educación–, empleados particulares y también obreros especializados. Para esa organización, era indispensable una política flexible con los trabajadores, de la cual careció el gobierno. El Partido Radical quedó en una situación de disponibilidad política.

Esa separación entre la derecha y el partido intermedio dominante impidió el acceso de los conservadores a las posiciones dominantes en el sistema político. Los sectores derechistas no volverían a conseguir una posición de gobierno directo hasta las elecciones de 1958.

El Frente Popular

Mientras la derecha se desarticulaba, la izquierda unía fuerzas con la formación, en 1936, de un Frente Popular impulsado por el Partido Comunista de Chile (PCC). Hay que tener en cuenta que hasta 1933 el PCC siguió la consigna de lucha “clase contra clase” de la III Internacional; en América Latina, esa política rechazaba las alianzas con partidos no obreros y, en Europa, con los partidos obreros socialdemócratas. Los comunistas dejaron de lado esas posiciones en 1933. Ese mismo año se fundó el Partido Socialista, constituido por la mayor parte de los cuadros de la breve República socialista de Matte Hurtado y Grove, con un programa antioligárquico y anticapitalista. No obstante, esas agrupaciones consiguieron ponerse de acuerdo para un pacto que daba preferencia al Partido Radical en las elecciones de 1938.

Paralelamente, los partidos Liberal y Conservador –de derecha– insistieron en presentar un candidato propio, Gustavo Ross, con un programa maximalista burgués. Ross recibió el apoyo formal del presidente, pero tanto Alessandri como los jóvenes conservadores (parte de los cuales dejaron esa organización en 1938 para formar la Falange Nacional, inspirada en la doctrina social católica) buscaban un nombre que fuese capaz de movilizar un mayor consenso. Los dirigentes liberales y conservadores y el propio Ross prefirieron no considerar las advertencias, seguros de que la votación de sus adversarios se dispersaría entre Pedro Aguirre Cerda, candidato del Frente Popular, y Carlos Ibáñez, que había lanzado una candidatura populista con un discurso antipartidista, pero con contenido de izquierda.

Sin embargo, un evento de difícil previsión cambió todo el panorama político. Un pequeño núcleo de jóvenes nazis, acusado de ser connivente con Ibáñez, intentó un golpe de Estado sin participación militar. Refugiados en el edificio del Seguro Operario, fueron masacrados por orden del presidente Alessandri. Carlos Ibáñez, recluido en la cárcel como consecuencia de los acontecimientos, llamó a votar por el candidato del Frente Popular, decisión a la cual se sumaron los jefes del partido nazi. Aguirre Cerda ganó la elección por 3.000 votos, entre 300.000 votantes. Un acontecimiento imprevisible en el momento de la toma de decisiones cambió el destino del proceso político, abriendo nuevos caminos: el pacto de centroizquierda, que duró de 1938 hasta 1947 y eligió tres presidentes.

Moais, también conocidos como “cabezas de Pascua”, en el Parque Nacional Rapa-Nui, en la isla de Pascua (TravelingOtter/Wikimedia Commons)

La izquierda y el comienzo de la modernización capitalista

¿Por qué en un país confinado por la cordillera y el mar, lejos del continente donde operaba la amenaza fascista, los “frentes populares” duraron, bajo ese nombre u otros, hasta después de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es que la coalición de centroizquierda asumió las tareas pendientes de la modernización capitalista, enfrentando la posición defensiva de la derecha, que sólo concedió, por ejemplo, apoyo condicional a las medidas propuestas por el gobierno de Aguirre Cerda, medidas que buscaban el incentivo del Estado a una política de industrialización sustitutiva de importaciones, cuyo instrumento sería la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), creada en 1939. Conservadores y liberales exigieron, por un lado, la limitación del respaldo de los partidos de izquierda al sindicalismo campesino y, por el otro, apoyo a un proyecto que permitiría avanzar hacia la modernización capitalista, un proyecto que requería desarrollo industrial. El plan, sin embargo, no tuvo en cuenta que la industrialización dirigida al mercado interno proyectada para Chile requería la incorporación de los trabajadores agrícolas al régimen de pleno asalariado, con pago en efectivo y capacidad de negociación por medio de sindicatos. La defensa del campo por parte de los legisladores derechistas puso en evidencia el papel ideológico conservador de la falta de separación de intereses entre los propietarios agrarios y la burguesía urbana –modelo de organización que existió en Chile y no, por ejemplo, en la Argentina, donde esos intereses estaban nítidamente diferenciados–.

Como consecuencia de esa fusión entre intereses oligárquicos y burgueses no fue posible alcanzar a tiempo la constitución plena del mercado interno. Su formación se vio postergada hasta la década de 1960, momento en el cual la legalización del sindicalismo agrario tuvo mejor acogida.

Por motivos similares, las coaliciones de centroizquierda no encararon las reformas del sistema electoral. La posibilidad de compra de votos y de movilización forzada de votantes rurales permitía una sobrerrepresentación de la derecha en el Parlamento. Ese mecanismo compensaba la pérdida de la dirección del gobierno y evitaba que el sistema de oportunidades políticas fuese visto como no equitativo, pese a los veinte años de alejamiento de la derecha del cargo presidencial.

La eficacia de las coaliciones de centroiz­quierda se agotó al producirse un giro en la política internacional. La elec­ción presidencial chilena se realizó en septiembre de 1946, cuando las bombas atómicas ya habían sido arrojadas sobre Japón y cuando ya se comenzaban a vivir las presiones de la nueva etapa: la Gue­rra Fría.

En esa ocasión, el victorioso candidato radical Gabriel González Videla fue apoyado por uno de los socios de la coalición de izquierda, el Partido Comunista, mientras que los socialistas, divididos en varias facciones, lanzaron un candidato propio, Bernardo Ibáñez. La derecha presentó dos candidatos, cuyos votos, sumados, superaron los del vencedor.

Los comunistas se mostraron suficientemente flexibles para participar de un gabinete con miembros del Partido Liberal. Pero, en las elecciones municipales de 1947 obtuvieron el primer lugar entre todos los partidos, al mismo tiempo que apoyaban –-a pesar de su participación gubernamental– las reivindicaciones de los trabajadores. Se quebró el delicado equilibrio de colaboración entre dos partidos enemigos, cuyas propuestas de futuro eran el socialismo y el capitalismo, asociados a los bloques antagónicos de la Guerra Fría. Surtió efecto la exigencia norteamericana de la salida de los comunistas del gabinete, como condición para la firma del Tratado de Asistencia Militar y, así, los comunistas pasaron de los ministerios a la ilegalidad, mediante una ley votada por la casi totalidad de sus ex aliados radicales, por los miembros del Partido Liberal y por una fracción del Partido Socialista; el voto contrario, en defensa del PCC, vino de los falangistas (que se convertirían en democratacristianos en 1958), de un senador conservador, de la mayoría socialista y de los propios comunistas. El vistoso sistema democrático chileno reveló su fragilidad, mostrando que el pluralismo abierto no era compatible, en aquel momento, con la nueva etapa de la Guerra Fría.

La izquierda entre 1950 y 1960

Acostumbrada desde 1938 a políticas participativas y a trabajar en un sistema con oportunidades de poder, la izquierda chilena tomó dos direcciones distintas en la década de 1950. El Partido Socialista Popular (PSP), disidencia organizada en 1947, decidió apoyar a Carlos Ibáñez, quien asumió una postura populista, bastante influenciada por el ejemplo de Juan Domingo Perón. Un sector dirigido por Salvador Allende Gossens se separó del PSP, y se reaproximó al Partido Socialista de Chile, para apoyar junto a los comunistas, en las elecciones de 1952, a un candidato alternativo: el propio Allende, debutante en elecciones presidenciales.

En 1953, en el gobierno de Ibáñez y bajo el imperio de la legislación anticomunista, fue creada la Central Única de Trabajadores (CUT), de la cual participaron dirigentes de diversos partidos, incluso radicales, falangistas y comunistas ilegales. La dirección fue asumida por Clotario Blest, una especie de anarquista cristiano, muy crítico de la acción de los partidos y para quien la tarea del sindicalismo era hacer la revolución socialista. Esa nueva central se pronunció desde un comienzo por el socialismo y contra el capitalismo.

En el PCC, la ilegalidad incentivó la formación de una fracción, dirigida por Luis Reinoso, hostil a la participación electoral y favorable a la acción directa. El grupo fue marginado bajo acusaciones de complicidad con el imperialismo y adhesión a políticas de orientación trotskista. A pesar de las divergencias y persecuciones, el partido reafirmó los cambios legales como forma de recuperar sus derechos políticos, lo que lograría en 1958 con la formación del Bloque de Saneamiento Democrático. Los comunistas chilenos no cambiaron su política después de conocerse las denuncias sobre la actuación de Stalin, en el XX Congreso del PC soviético, y profundizaron su política del “frente de liberación nacional”.

Los socialistas, al contrario, desde su salida del gobierno de Ibáñez en 1953, comenzaron a desarrollar una línea alternativa que fue designada como “frente de trabajadores”. Fue la línea oficial del partido después de la reunificación de las facciones socialistas, en 1957.

A pesar de esas diferencias, que se profundizaron en los años 60, el Frente de Acción Popular (FRAP), formado en ese período entre socialistas y comunistas, continuó actuando hasta que fue reemplazado por la Unidad Popular, organización creada en 1969.

La democracia cristiana y la nueva modernización capitalista

En 1958, Allende casi obtuvo el triunfo en su segunda incursión presidencial. Pero Jorge Alessandri asumió el gobierno y fue el primer presidente de derecha en dos décadas. Con el propósito de liberalizar la economía, continuó con las recetas que había aplicado la misión Klein Saks durante el gobierno de Ibáñez.

Para eliminar los riesgos de partidismo y corporativismo, el presidente decidió instalar un gobierno de técnicos que pusiese la política económica por encima de la defensa de los intereses de alguna fracción burguesa. El objetivo era incentivar la modernización de la industria para que pudiese competir en el exterior. De ese modo, y no mediante el aumento de la demanda interna, serían resueltos los problemas de mercado.

Pero ese proyecto tecnocrático falló por no haber considerado las reales tendencias de corto plazo del empresariado chileno, cuya conducta difería bastante de la racionalidad prevista en los modelos teóricos. Una parte significativa de esos actores prefirió especular con el dólar o dedicarse al consumo ostentoso, en lugar de participar del proyecto industrializador de largo plazo.

La imposibilidad de ejecutar esa política obligó al gobierno de Jorge Alessandri a buscar un pacto defensivo con los radicales, destinado básicamente a crear condiciones para impedir el triunfo de Allende en las elecciones presidenciales de 1964. Se trataba de una coalición preventiva que aseguraba el liderazgo a un postulante radical.

Sin embargo, ese pacto no prosperó debido a los efectos de una contingencia política imposible de contemplar en los cálculos previos. La muerte de un diputado socialista de un distrito rural exigió la realización de una elección complementaria. La medición de fuerzas, realizada en un distrito poco significativo, provocó una completa modificación del escenario electoral. El triunfo del candidato socialista generó pánico en la derecha, situación que la llevó a desistir de la alianza previa con el Partido Radical para apoyar, sin condiciones, al candidato democratacristiano, Eduardo Frei Montalva.

El líder de la Democracia Cristiana (DC) tenía una plataforma programática, inspirada en las recomendaciones de la nueva política norteamericana (Alianza para el Progreso), según la cual la superación del estancamiento del desarrollo capitalista chileno requería reformas estructurales; entre ellas, la agraria y el estímulo de la sindicalización de los campesinos para favorecer su incorporación al mercado interno. El objetivo estratégico de esa modernización reformista era captar masas populares por medio de una organización desde arriba. La DC tenía como horizonte una concepción alternativa de futuro, que oponía el comunitarismo al colectivismo socialista y al liberalismo capitalista, y era una organización que generaba constantemente un ala izquierda.

El presidente chileno Salvador Allende durante su discurso en el VI Congreso de la CUT, el 9 de diciembre de 1971 (Biblioteca del Congreso de Chile)

El gobierno de Frei Montalva cumplió las tareas de modernización capitalista por medio del impulso a la industria y, especialmente, mediante la participación del capital extranjero, a la vez que concretó las principales tareas reformistas: los cambios en la posesión de la tierra, la sindicalización campesina, la organización de la población y la ampliación de la duración de la escolaridad. Sin embargo, los esfuerzos para dar un nuevo impulso a la economía chilena tuvieron un éxito limitado. El análisis de las estadísticas económicas muestra claras señales de estancamiento a partir de 1966 (véase cuadro en página anterior). El aumento registrado ese año fue el efecto de una inyección sobre la demanda interna producida por el alza de salarios, típica del primer año de un nuevo gobierno.

Al hacer reformas, la DC puso en jaque la propia reproducción de su poder, pues generó su aislamiento con respecto a aquellas tendencias del electorado que habían permitido su triunfo en 1964 y su crecimiento electoral impresionante de 1965 (42,5% del electorado en un sistema de múltiples partidos). Perdió, asimismo, su carta de triunfo como partido intermedio; el uso del caudal de votos de la derecha volvió a canalizarse por un dispositivo partidario autónomo: el Partido Nacional (PN).

El resentimiento entre los dirigentes políticos del PN y de la DC tuvo un efecto político decisivo en la siguiente contienda electoral. La derecha subestimó el peligro de Allende y por ese motivo quedó constituida una disputa entre tres fuerzas para las elecciones presidenciales. En esa contienda, las posibilidades del candidato derechista y del democratacristiano estaban recíprocamente vinculadas.

El ajustado triunfo de Allende en las elecciones del 4 de septiembre de 1970 seguramente no habría sido posible si hubiera existido un pacto entre la derecha y el partido intermedio, como había sucedido en 1964. La DC no era una organización dispuesta a apoyar un postulante de la derecha, y en el PN las corrientes más realistas no obtuvieron apoyo para un candidato democratacristiano. La victoria de Allende no se debió a un crecimiento de la cantidad de votos recibidos con respecto a 1964, sino a que los votos restantes quedaron repartidos entre dos candidatos.

La Unidad Popular

Al inicio de la década de 1970, momento de la victoria de la Unidad Popular, la izquierda chilena estaba influenciada por una nueva tendencia de análisis del desarrollo capitalista, llamada “teoría de la dependencia”. Uno de los objetivos de esa teoría fue erosionar los fundamentos históricos de los “frentes de liberación nacional”, cuyo presupuesto era la permanencia, en los países subdesarrollados de América Latina, de una zona de modernización constituida por la existencia de componentes feudales o semifeudales.

La teoría de la dependencia, elaborada en sus partes fundamentales por el economista formado en Chicago Andre Gunder Frank y los investigadores brasileños del Centro de Estudios Sociales (CESO) de la Universidad de Chile (UC) Theotônio dos Santos, Ruy Mauro Marini y Vania Bambirra, estaba sintetizada en el siguiente enunciado teórico: en los países periféricos, el subdesarrollo es un estado del capitalismo y no una fase.

Por lo tanto, el capitalismo no era concebido, en países de ese tipo (entre los cuales se incluía a Chile), como una fórmula viable para alcanzar el carácter de sociedades desarrolladas y debería ser reemplazado por el socialismo. Esa tesis desplazaba la clásica postura del Partido Comunista sobre la necesidad de una fase revolucionaria intermedia, con énfasis en medidas antioligárquicas y antiimperialistas. Y eso se constituyó en el argumento decisivo para incorporar al Programa de la Unidad Popular medidas de socialización de la producción y no sólo de mejoramiento de la distribución.

Además, hacia el final de los años 50, Chile había perfeccionado sus instituciones políticas; entre 1964 y 1970 había vivido un período de profundización de la democracia social, en especial por la organización de los campesinos. La idea de la excepcionalidad política de Chile (junto con Uruguay) era aceptada por el propio Ernesto Che Guevara, al hacer un balance sobre los caminos de la revolución en América Latina.

La formulación y el desarrollo de la Unidad Popular, concebida como experiencia de tránsito institucional al socialismo, no se entienden sin la confianza en el Estado democrático burgués de derecho. En la práctica, esa expectativa aparecía apoyada por los hechos. Las Fuerzas Armadas no se convirtieron en un obstáculo para el ascenso de Allende al gobierno; hubo incluso un inoportuno intento golpista de ultraderecha, que terminó con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider.

Por la misma razón, sin embargo, la única posibilidad de éxito de esa experiencia era adecuar las reformas a las relaciones de fuerza en el Estado. El gobierno adoptó el camino de las nacionalizaciones, que ponían en jaque el sistema en el punto medular de la producción capitalista y no sólo de la distribución. De esa manera, “revolucionó” la esfera económica sin pasar por la destrucción del Estado burgués; por ese motivo, no tuvo otra alternativa que formar una gran alianza mayoritaria entre el Estado y las masas. De otra manera, la confianza en el Estado burgués de derecho se convertiría en ilusión.

Como ese bloque mayoritario no fue construido, la Unidad Popular pendió del hilo del constitucionalismo militar. La situación global, en la cual esa dependencia era un factor decisivo, agravó las divisiones entre los partidos del pacto y las lecturas opuestas sobre las estrategias de poder.

Desde el cambio forzado del general Carlos Prats, en agosto de 1973, se respiraba la fatalidad del golpe, que llegó como y cuando era esperado, pero superó cualquier previsión en cuanto a su estilo y su ferocidad.

Violencia y revolución burguesa en Chile

El bombardeo del Palacio de La Moneda durante el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973 (Biblioteca del Congreso de Chile)

La violencia fue anterior al proyecto revolucionario. Su símbolo fue el bombardeo del Palacio Presidencial La Moneda. Con ese acto, innecesario desde el punto de vista militar, se quiso mostrar que se procedía a la destrucción del Estado democrático burgués de derecho, el cual había resultado inútil para combatir el marxismo. Procedió, asimismo, a la clausura del Parlamento y a la destrucción de los registros electorales.

Entre septiembre de 1973 y abril de 1975, el país vivió una etapa de terrorismo y restablecimiento de las condiciones del antiguo modelo de industrialización sustitutiva, sustentada por el aporte de las divisas de la actividad minera y con algunos rasgos de liberalización; por ejemplo, el término de la política centralizada que permitía fijar precios. Con o sin proyecto de transformación del capitalismo previamente existente, el terrorismo de Estado fue una constante de la dictadura.

A partir de abril de 1975 comenzó la “revolución capitalista”, que abarcó un programa de choque, destinado a resolver situaciones coyunturales de inflación alta y medidas de largo plazo para la crisis de la balanza de pagos. Entre ellas estaban las privatizaciones, la disminución de las atribuciones del Estado y el rápido comienzo de la apertura al exterior. A partir de 1980 se agregaron la privatización de la previsión social, la disminución drástica de la capacidad de negociación de los sindicatos, la municipalización de la educación elemental y media, la creación de un sector privado de la salud y la municipalización de las salas de atención primaria de la salud.

Cartel del plebiscito de 1988 (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile)

La coronación jurídico-institucional de ese proceso fue la aprobación, por un plebiscito sin resguardos, de la Constitución de 1980. Ella es la expresión de que el régimen neoliberal necesita una democracia semirrepresentativa (senadores designados, papel del Tribunal Constitucional y sistema electoral binominal) y de una nula elasticidad al cambio (garantía de alto quórum).

La instauración, desde 1975 hasta 1990, de un sistema de mercado apoyado en el terror, sin el contrapeso de una sociedad civil activa, en especial de sindicatos con capacidad de freno y, además, sin partidos, sin oposiciones políticas y con un mínimo de capacidad de protección de los débiles y marginados, creó un capitalismo caracterizado por la desenfrenada concentración de la propiedad y del ingreso. Se constituyó una sociedad desigual asentada sobre bases sólidas, en la cual las desigualdades tienden a reproducirse.

La dictadura militar chilena no fue la única del Cono Sur que recurrió a la violencia y el terror. La dictadura asesinó, torturó, hizo desaparecer opositores en Chile y en el extranjero; exilió, censuró y encarceló sin juzgamiento. Fue una dictadura que utilizó todas las armas de la coacción. Pero también fue una dictadura que construyó una alianza de clases para revolucionar al capitalismo chileno, haciéndolo pasar de la fase de la exportación del cobre y de la industrialización sustitutiva con mercado protegido a una fase distinta, la de la exportación de diversas materias primas y bienes con poco valor agregado, y la de la importación masiva de bienes y servicios. Una economía pequeña, totalmente inserta en la globalización.

Esa alianza de clases, cuya cabeza política fueron las Fuerzas Armadas y en particular el general Augusto Pinochet, incorporó a los grupos empresariales y tuvo como intelectuales orgánicos, en el campo económico, a los economistas neoliberales y, en el político, a los seguidores de Jaime Guzmán, quien encabezó la lucha por la constitucionalización de la dictadura militar, que culminó en 1980, y creó un régimen político de larga duración, capaz de sobrevivir a la dictadura militar y de condicionar a la política chilena hasta mucho después de la salida de Pinochet del gobierno.

Al contrario de lo que ocurrió con los militares argentinos, que tuvieron que retirarse después del derrumbe provocado por la derrota militar en la Guerra de Malvinas, o con los militares uruguayos que se vieron forzados a una negociación con los civiles, los militares chilenos impusieron las reglas de la transición y el régimen político dentro del cual ésta se desarrolló. Además, fueron asentando sólidamente una sociedad capitalista de mercado, que genera hasta los días de hoy un consenso político transversal, que compromete la coalición de derecha (la Alianza por Chile) y también la coalición de centroiz­quierda, denominada Concertación de Partidos por la Democracia. Los opositores radicales tienen entre el electorado un apoyo que jamás superó el 10% y no tienen representación en el Parlamento.

Concentración masiva de partidarios por el “No”, durante la campaña para el plesbiscito de 1988 (Biblioteca del Congreso de Chile)

 

Concertación: transición y cambios culturales

Transición significa dejar algo atrás para ir hacia un lugar distinto. La transición chilena, sin embargo, no dejó atrás la sociedad de mercado creada por la dictadura, y el lugar hacia el cual va, la democracia, es una forma menguada, una democracia de baja intensidad. ¿Será preciso, entonces, hablar de semitransición?

En realidad, no sólo no se interviene la sociedad de mercado para transformarla, sino que se sigue profundizando y, además, se legitima. La Concertación actuó sin cuestionar los objetivos que la dictadura había impuesto. Procedió como si el capitalismo neoliberal y su democracia semirrepresentativa fuesen los espacios naturales de la convivencia social. Su tarea fue perfeccionar el modelo básico y continuarlo, gobernando por los principales enunciados de la ideología neoliberal: los mercados se autorregulan y el Estado debe evitar entrometerse en exceso, los empresarios son los sujetos de la historia, pues crean empleo e innovación tecnológica; el conflicto es negativo y hay que evitarlo, en especial, cuando pone en discusión los objetivos sobre los cuales el orden se sustenta.

Las dos grandes promesas de la Concertación o no fueron cumplidas o la realización dependió menos de ese bloque político que de otros factores intervinientes. Esas promesas fueron: crecimiento con equidad y verdad con justicia.

El crecimiento con equidad no es posible cuando la política macroeconómica gira en torno de los mismos ejes que en los tiempos de la dictadura y si la estrategia social consiste en el “chorreo”, en la acumulación que el crecimiento produciría automáticamente. No se puede esperar que esa modalidad equitativa de crecimiento sea impulsada por un Estado que, en las actuales relaciones de fuerza, tiene afinidad electiva con el empresariado y tiende a favorecer de manera sistemática al capital. Ese Estado de clase, plenamente capitalista, debe ser presionado en nombre de la responsabilidad social. Y para que ello ocurra es preciso mejorar las condiciones de negociación del movimiento sindical, de modo que ese movimiento pueda proponer con fuerza sus demandas distributivas.

Chile se caracterizó, desde 1938 en adelante, por una tendencia “estadolátrica” de los sectores progresistas. El imaginario social imperante ha sido el de un Estado paternal. Su arbitraje era conveniente en las cuestiones sociales porque, dado un campo de fuerzas poblado de partidos de izquierda, más partidos intermedios con tendencias al cambio se inclinaban por la justicia social. De hecho, se perdió de vista que eso ocurría no por un atributo natural del Estado, sino por una relación de fuerzas. En esa forma de considerar el Estado, el estatismo desempeñaba el papel de los socialismos reales, de modo que no era tan contradictoria la existencia de una izquierda marxista que criticaba al Estado burgués, pero buscaba la protección del Estado burgués de compromiso, que en realidad existía en Chile.

No existe más, sin embargo, ese imaginario social construido sobre indicios de defasaje entre el Estado y la lógica del capital, los cuales efectivamente aparecían en la fase anterior del desarrollo capitalista. Actualmente, el Estado opera como articulador de los procesos de reproducción del sistema, y se equivocaron de manera sistemática los que creyeron que esos procesos ponen la distribución, no por arriba de la protección de las ganancias del capital, pero sí al menos en algún lugar importante. Por ese motivo, no es de extrañar la ubicación de Chile en el ranking de los países con la peor distribución de la riqueza en el mundo. Pues no existen organizaciones sindicales fuertes que reclamen una distribución centralizada por el Estado. Una de las condiciones para una mejor distribución de la riqueza es que entre el mercado y el Estado existan, por ejemplo, los sindicatos.

El tema de los derechos humanos también hacía parte de las promesas básicas, contenidas en el lema “verdad y justicia”. Sin embargo, existen indicios discursivos de que la Concertación pensaba que su simple existencia purificaba el país. En el momento simbólico en que Chile se autorrepresentó en la Feria Internacional de Sevilla –su primera aparición ante el mundo después de dejar Pinochet la presidencia de facto–, fue trasladado un gigantesco iceberg de la Antártida hasta las calurosas llanuras béticas. Son múltiples las posibles lecturas interpretativas de esa operación: mostrar capacidad tecnológica; resaltar el carácter de país frío, distante de la siesta y del trópico. Pero hay otra menos visible y que constituye, tal vez, el propósito inconsciente: la purificación de Chile. En el iceberg desaparecieron los trazos del pasado y la sangre de las víctimas. Bastó la llegada de la Concertación para que se extinguiesen las huellas.

El presidente Sebastián Piñera en un encuentro con el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, en Londres, en octubre de 2010 (Gobierno de Chile)

 

Moderación y posibilismo

Si hubiese que buscar algún apoyo para una interpretación de ese tipo, sería posible encontrarlo en el carácter del primer acto que el gobierno del democristiano Patricio Aylwin Azócar (1990-1994), el primero en ser elegido por la Concertación, organizó a propósito de los derechos humanos: el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocido como Comisión Rettig. Fue una instancia pluralista que reconoció más de 2.000 asesinados o desaparecidos y, al mismo tiempo, en consecuencia, la existencia de prácticas de terror; y elaboró la lista de los mártires, registrados en el gran fresco del Cementerio General. Se instaló como verdad el carácter genocida de la dictadura y también fue restablecida la dignidad de las personas, acusadas por los aparatos de publicidad públicos y privados del régimen militar de haber abandonado hogares o huido sin motivo.

Pero la Comisión realizó una clasificación restrictiva de las víctimas, dejando fuera el masivo fenómeno de la tortura, además de haberse conformado con establecer los hechos sin señalar a los culpables. Constituyó un esfuerzo de arreglo sin dimensión punitiva, que salvaba la situación por medio de un conocimiento genérico de la verdad.

Demostración popular para recordar a los desaparecidos de la dictadura chilena, el 11 de septiembre de 2004, 31 años después del golpe militar (Uri Rosenheck/Wikimedia Commons)

El avance en el intento de hacer justicia provino de los jueces o de los procesos contra el general Manuel Contreras, a propósito del asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, o de las demandas de acusación a Pinochet presentadas por Gladys Marín, presidenta del Partido Comunista. De hecho, lo que cambió de forma radical la situación judicial del dictador fue su detención en Londres a requerimiento del juez español Baltasar Garzón.

En esa ocasión, el gobierno chileno participó activamente por el regreso de Pinochet al país, tratando el tema como un asunto de Estado y cuestionando el derecho de los tribunales de los países extranjeros en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio. Durante los procesos contra Pinochet, el gobierno mantuvo la neutralidad, negándose a hacer declaraciones de carácter ético-político.

El dilema actual de la política chilena consiste en dilucidar cómo el crecimiento económico combinado con enormes desigualdades produce un alineamiento político moderado del electorado, que reparte sus votos entre dos coaliciones que se adaptaron a la lógica del modelo, dejando poco espacio político para la izquierda tradicional anticapitalista.

La gran transformación posdictatorial del sistema de partidos fue el surgimiento de una izquierda moderada, que no había existido entre 1932 y 1973. Esa opción, representada por el Partido Socialista y por el Partido por la Democracia (PPD), ha participado del gobierno desde 1990 hasta la actualidad y ha logrado una votación significativa, socializada en el “posibilismo” político. Esas personas continúan identificándose con la memoria histórica y simbólica de la izquierda, pero votan por una coalición que en el gobierno mantiene las políticas centrales del modelo neoliberal.

Cultura mercantil

Se identifica un rasgo político esencial: la sociedad chilena actual es diferente de la que existió durante los años 60 y hasta mediados de la década siguiente, cuando abundaron las lecturas clasistas que llevaban a la idea de un conflicto irreductible, de una contradicción que requería una “superación” del tipo de sociedad. En la actualidad, ese tipo de lectura no existe. La crítica no se dirige a la esfera de la producción, y sí a la distribución. También se modificó la valoración del conflicto, no sólo eliminando su carácter irreductible, sino incluso poniendo en duda su eficacia. La sociedad polarizada dio paso a la sociedad consensuada, por lo menos en el nivel de las elites políticas con poder. Esos cambios de la cultura política tienen como base modificaciones mucho más generales en las orientaciones y en los sentidos de vida, en la definición de los deseos y en las racionalidades.

En el Chile post Pinochet se fue fortaleciendo la cultura mercantil, que es propia de las sociedades capitalistas y que había sido moldeada en la dictadura, con la implantación del neoliberalismo como ideología de poder.

Ese tipo de matriz cultural tiene como eje el culto al dinero y a lo que éste provee, la posibilidad del consumo. Alcanzar las condiciones de superación del estado de la reproducción material limitada, es decir, lograr bienestar y confort se convierte en el sentido principal de la vida. Se produce una privatización de las aspiraciones y, por lo tanto, una despolitización. La política es el reino de lo público, pero ella sólo existe si hay una sociedad dispuesta a la autorreflexión respecto a los fines y objetivos de la vida social. Para que ello suceda, es necesaria una sociedad de ciudadanos, distinta de aquella en la cual hay una transformación hacia lo privado y hacia aspiraciones individualistas.

En una sociedad como la chilena, donde la desigualdad de ingresos es tan marcada, la posibilidad de que la clase media, los pobres y los sectores trabajadores pudiesen visualizar la expectativa de un cierto confort material y se sumasen al mundo de aquellos que pueden satisfacer deseos de consumo requirió la instalación de un dispositivo que facilitara el acceso al crédito. Las grandes tiendas otorgan de forma masiva tarjetas de crédito para personas que reciben bajos salarios. Las tarjetas son extraordinariamente funcionales para el proceso de acumulación del sector, dado que le proveen a las tiendas la posibilidad de ganar el doble, por la marca del comercio y por la marca financiera. Pero, a su vez, crean en trabajadores de escasos recursos, o en capas medias ahogadas por los gastos de escolaridad, la posibilidad de cubrir necesidades y deseos de consumo y de integrarse simbólicamente, a pesar del bajo nivel de los salarios de las categorías sociales a las cuales pertenecen. En la práctica, el manejo de un conjunto de tarjetas de tiendas permite niveles de endeudamiento altos, de hasta tres o cuatro veces el valor del salario, con soluciones flexibles destinadas a evitar que el deudor se vea obligado a cortar la cadena de pagos, a costa de cargos financieros que se hacen invisibles o soportables por su escalonamiento temporal. Ese sistema masivo de facilitación del consumo tiene una importancia decisiva en la propia reproducción del sistema por sus efectos en la dinámica de la demanda interna.

Además, ese dispositivo de crédito parece ser una de las explicaciones de la gobernabilidad política chilena, pues opera compensando los bajos niveles salariales y permitiendo que el trabajador “honrado” no se sienta obligado a postergar, de manera total, sus aspiraciones de consumo. Mediante ese subterfugio, produce efectos de integración simbólica en la modernidad de Chile, pues la modernidad, al alcance del asalariado común, son los shoppings con sus grandes tiendas, en las cuales se puede tener acceso a los productos más exóticos y a las marcas más prestigiosas puestas al alcance de todos, por el acceso al crédito.

Vista aérea de la ciudad de Santiago, capital de Chile (Alobos/Creative Commons)

Modernidad: ¿mito o realidad?

La modernidad en la cual Chile vive imaginariamente es la fortaleza de su capitalismo neo­liberal, que le ha permitido integrarse a nivel mundial, firmar tratados de libre comercio con los países líderes, exportar una parte significativa de su producto y ser considerado una economía ejemplar, aunque en pequeña escala. Los líderes políticos en el poder, sean de la Alianza por Chile o de la Concertación, y los líderes o las agencias externas de evaluación económica le confieren el título de moderno.

No obstante, si la modernidad capitalista fuese medida por la capacidad de exportar productos de alto valor agregado o por la existencia de industrias con tecnología de punta, Chile está lejos de haber alcanzado la meta. Ni siquiera se puede decir que su estrategia de desarrollo apunte en esa dirección.

Tampoco Chile es moderno si el adjetivo se vincula a la equidad, pues presenta una de las peores distribuciones de la riqueza del mundo y la inversión en educación en los colegios privados es diez veces mayor a la inversión en las escuelas municipales. Este último dato revela que el sistema educativo es un mecanismo reproductor de las desigualdades (véase cuadro en la página anterior).

Ese imaginario de modernidad, sin embargo, forma parte de los mecanismos ideo­lógicos por medio de los cuales el modelo neoliberal logra instituir su dominación y generar conformismo. En su forma fuerte, esa representación ve a Chile como un país ya moderno; en su forma débil, lo ve caminando por la senda que conduce a la modernidad. En cualquier caso, ese imaginario sofoca la necesidad de pensar en un futuro alternativo.

Mientras muchos países de América Latina, en especial del sur, buscan superar las formas de pensar la política y el orden social del neoliberalismo, Chile recién parece estar despertando. El éxito de la dictadura pinochetista puede ser medido en esa sujeción a las categorías neoliberales y a esa concepción del mundo.

(atualização) 2005 - 2015

por Emir Sader

El primer gobierno de Michelle Bachelet

En 2006 Michelle Bachelet fue elegida presidente de Chile. Era la primera vez que el mandato tendría cuatro años; era la primera vez que una mujer conquistaba el puesto más alto de la República; era la cuarta vez consecutiva que un representante de la Concertación, la coalición de centro-izquierda, vencía en las elecciones; y era la segunda vez consecutiva que un miembro del Partido Socialista estaba en el poder. Bachelet podría ser recordada por todo eso. Sin embargo, su gobierno quedó marcado por su reacción ante dos grandes acontecimientos: frente a la primera ola de manifestaciones estudiantiles que sacudieron al país, y ante los efectos de la crisis económica que sumió al mundo en una profunda y prolongada recesión a partir de 2008.

El presidente Sebastián Piñera en un encuentro con el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, en Londres, en octubre de 2010 (Gobierno de Chile)

Quienes protagonizaron las manifestaciones estudiantiles fueron los estudiantes secundarios. Y el motivo que los llevó a las calles fue el aumento de las tasas de inscripción para el examen de ingreso. Pero la insatisfacción implicaba mucho más. Provenía ya de la estructura heredada e intocada de los años de Pinochet, que había privatizado la enseñanza. Desde entonces, el costo de la educación crecía, mientras la cualidad menguaba. Las manifestaciones cobraron cada vez más fuerza a medida que la represión policial aumentaba y el gobierno se negaba a dialogar. En plena crisis, el ministro de Educación fue reemplazado y el gobierno resolvió escuchar a los manifestantes. Las negociaciones se extendieron durante meses; finalmente, los estudiantes salieron victoriosos, con sus principales reivindicaciones atendidas. Pero al terminar el episodio la imagen del gobierno terminó desgastada.

Para combatir la crisis económica internacional, Bachelet recurrió a un fondo de reserva obtenido gracias a las exportaciones de cobre, cuya cotización había aumentado en los primeros años de su mandato. Con dinero en la caja el gobierno lanzó un paquete de estímulos fiscales y de medidas para proteger a los estratos sociales más vulnerables. Los servicios de salud, por ejemplo, fueron gratuitos para los ciudadanos con más de sesenta años, así como la cobertura previsional. En el plano laboral el gobierno mantuvo el ajuste salarial siempre por encima de la inflación. E incluso tuvo fondos para enfrentar la destrucción provocada por el terremoto de febrero de 2010, que mató a más de 500 personas y llegó a destruir ciudades enteras en la costa central del país.

Bachelet comenzó el gobierno con gran popularidad, pero fue disminuyendo a medida que no demostraba habilidad alguna para lidiar, principalmente, con las protestas de los estudiantes. Sin embargo, su estimación volvería a subir cuando no demoró en enfrentar los efectos de la crisis económica mundial.

Llegó a ser la gobernante con la imagen más positiva desde la democratización del país. Pero incluso así no consiguió que saliera elegido su sucesor.

Entonces, la oposición lanzó la candidatura de Sebastián Piñera, exitoso empresario, socio, entre otras empresas, de la compañía aérea Lan Chile. Para enfrentarlo, la Concertación convocó al ex presidente Eduardo Frei, cuyo fuerte nunca fue el carisma. Piñera venció en el segundo turno, en enero de 2010, con el 51,6% de los votos. De esa forma, la derecha chilena reconquistaba la presidencia después de veinte años de gobiernos de centro-izquierda.

El gobierno de Sebastián Piñera

El mediodía del 11 de marzo Bachelet transmitía el cargo a Sebastián Piñera en el Congreso Nacional, en Santiago. La tierra volvió a temblar. Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro del país y se sintió en la capital, como si fuera una especie de preanuncio de las convulsiones que Piñera enfrentaría a lo largo de su gobierno. Para comenzar tuvo que negociar el problema de la frontera marítima con Perú, lidiar con una huelga de los indios mapuches, encarar el espectáculo mediático en que se había convertido el rescate de los trabajadores atrapados dentro de una mina que se había derrumbado, y hacerse cargo de las grandes protestas que comenzaban a aparecer en el sur del país, reclamando por el aumento del precio del gas natural.

En el segundo año de su mandato, en 2011, las masivas movilizaciones estudiantiles por la enseñanza universitaria gratuita pararon el país y fueron determinantes para el destino del gobierno. El proceso avasallador de privatizaciones pinochetista había acabado con el carácter gratuito de las universidades públicas. Generaciones de jóvenes habían convivido con ese fenómeno, hasta que las movilizaciones estudiantiles colocaron el tema en la agenda nacional. El movimiento contó con un gran apoyo de la población. Finalmente, gran parte de la clase media se había endeudado para pagar la graduación de sus hijos y ya no podían cumplir con sus compromisos.

Sin embargo, en ningún momento el gobierno fue capaz de dar respuesta a las reivindicaciones estudiantiles. La popularidad de Piñera se fue disolviendo, hasta ser considerado el peor de los mandatarios electos después de la era Pinochet.

Manifestaciones estudiantiles en Santiago, en 2011 (Simenon/Creative Commons)

 

El segundo gobierno Bachelet

En ese escenario el nombre de Michelle Bachelet surgió como una apuesta segura para el retorno de la Concertación al poder. Designada candidata, presentó un plan de recaudación de recursos para garantizar el regreso de la enseñanza gratuita en las universidades públicas. Los recursos provinieron de un proyecto de reforma tributaria. También se comprometió a realizar una reforma electoral para corregir las distorsiones del sistema heredado de los tiempos de Pinochet. Frente a la Nueva Mayoría, una coalición todavía más amplia que la Concertación, Bachelet fue elegida con el 62% de los votos en noviembre de 2013, venciendo a la candidata contraria, ex ministra de Trabajo de Piñera. Por primera vez, el voto no fue obligatorio y sólo el 30% del electorado chileno compareció en las urnas.

Más tarde, electa con mayoría absoluta en el Parlamento, Bachelet consiguió aprobar su proyecto de reforma tributaria, que subió los impuestos de los grandes empresarios. Éstos reaccionaron enseguida, y así contribuyeron a la disminución del ritmo de crecimiento de la economía. Hacia el final de 2014, el PBI chileno había caído de 4% a 1,7%.

De inmediato, la presidente dio curso en el Congreso a un proyecto para restablecer la gratuidad de las universidades públicas, su principal promesa de campaña, y fue aprobado. El Legislativo también aprobó otra iniciativa del gobierno, la reforma electoral, que terminó con las distorsiones representativas del sistema binominal en vigencia desde 1989. De esta manera, las elecciones parlamentarias de 2017 serán las primeras en seguir las nuevas reglas. Y el Congreso también debe votar la reforma laboral, que, entre otros avances, impide que en caso de huelga los trabajadores sean reemplazados y fortalece la negociación colectiva. Otra medida presidencial fue la anulación de la ley de amnistía decretada por el dictador Augusto Pinochet.

Los primeros meses de gobierno de Michelle Bachelet fueron perturbados por el terremoto, en esta oportunidad en la región de Arica, más al norte, y por un gran incendio en la región de Valparaíso, en el centro del país. Además, hubo un atentado con bomba en el subterráneo de la capital, Santiago, que dejó catorce heridos. El hecho se lo atribuyó un grupo anarquista.

En el plano internacional, el Tribunal de La Haya se pronunció en favor de Perú en la contienda en torno a la frontera marítima entre los dos países. Un problema mayor, sin embargo, puede llegar a plantear la petición que Bolivia ha presentado ante el mismo tribunal, reivindicando su salida al Pacífico. Una victoria boliviana significaría una pérdida territorial seria para Chile. Ya en el plano regional, Bachelet bajó el perfil de la participación chilena en la Alianza del Pacífico, bloque continental que reúne a Chile, Perú, Colombia y México, aproximándose más al Mercosur e intensificando la presencia del país en la Unión de las Naciones Sudamericanas (Unasur).

El presidente Sebastián Piñera visitando la mina San José, exhibe la nota de los 33 mineros en la que confirman que están vivos: “Estamos bien en el refugio los 33” (Gobierno de Chile)

El primer socorrista, Manuel González, se prepara para entrar en la cápsula y descender 2.000 pies hasta donde están atrapados los mineros en la Mina San José, en Copiapó, Chile, el 13 de octubre de 2010 (Gobierno de Chile)

 

El líder de los mineros presos en la Mina San José, Luis Urzúa, el último en ser rescatado, festeja con el presidente Piñera, el 13 de octubre de 2010 (GobiernoEl líder de los mineros presos en la Mina San José, Luis Urzúa, el último en ser rescatado, festeja con el presidente Piñera, el 13 de octubre de 2010 (Gobierno de Chile)

 

Datos Estadísticos 

	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020*
PBI (en millones de US$ a  precios constantes de 2010)	…	…	…	80.233,2	149,160,5	217.556,2	...
• Participación en el PBI  latinoamericano (%)	…	…	…	3,031	4,166	4,374	...
PBI per capita  (en US$ a precios constantes de 2010)	…	…	…	6.071,6	9.651,0	12.686,2	...
Exportaciones anuales  (en millones de US$)	…	…	4.705,0	8.372,7	19.210,2	71.108,5	...
• Exportación de productos  manufacturados (%)	…	4,3	9,1	11,3	16,2	12,6	...
•• Exportación de productos  primarios (%)	…	95,7	90,9	88,7	83,8	87,4	...
Importaciones anuales (en millones de US$)	…	…	5.469,0	7.089,2	17.091,4	55.372,1	...
Exportaciones-importaciones  (en millones de US$)	…	…	-764,0	1.283,5	2.118,9	15.736,5	...
Inversiones extranjeras  directas netas  (en millones de US$)	…	…	213,0	653,7	873,4	6.264,4	...
Población Económicamente  Activa (PEA)	...	...	3.600.282	4.817.926	6.215.204	7.765.918	9.093.433
• PEA del sexo masculino (%)	...	...	74,82	70,62	65,22	62,14	59,50
• PEA del sexo femenino (%)	...	...	25,18	29,38	34,78	37,86	40,50
Tasa anual de  desempleo urbano (%)	…	…	…	8,70	10,80	…	...
Gastos públicos en  educación (% del PBI)	…	…	4,44	2,36	3,71	4,18	...
Gastos públicos en salud  (% del PBI)²	…	…	...	...	3,33	3,42	...
Deuda externa total  (en millones de US$)	…	…	11.207,0	18.576,0	37.177,0	86.737,8	...
Analfabetismo en la  población con más de 15 años (%)	…	...	...	5,20	3,90	...	...
• Analfabetismo masculino (%)	…	...	...	4,90	3,70	...	...
• Analfabetismo femenino (%)	…	...	...	5,40	4,00	...	...
Matrículas en el primer nivel¹	…	1.752.005	1.754.075	1.593.486	1.798.515	1.546.543	...
Matrículas en el segundo nivel¹	…	590.130	969.693	1.177.511	1.391.283	1.518.224	...
Matrículas en el  tercer nivel¹	…	78.430	145.497	…	452.177	987.643	...
Profesores	…	...	…	…	...	205.462	...
Médicos**	4.621	4.401	4.128	6.085	18.236	23.523	...
Índice de Desarrollo  Humano (IDH)³	…	…	0,739	0,785	0,843	…

Fuentes: CEPALSTAT
¹ UNESCO Institute for Statistics
² Calculado a partir de los datos del Global Health Observatory de la Organización Mundial de la Salud
³ Fuente: UNDP. Countries Profiles
* Projección. | ** De 1960 a 1990 los datos se refieren sólo al Ministerio de Salud, de 2000 en adelante se contabilizan los médicos inscriptos en el Colegio Médico y que trabajan en el país.
Obs.: Informaciones sobre fuentes primarias y metodología de cálculo (incluidos eventuales cambios) se encuentran en la base de datos o en los documentos indicados.

 

Crecimiento y estancamiento (1961-1969)

		Participação no PIB (%)
Anos	Crescimento  do PIB (%)	Mineração	Indústria	Comércio
1961	4,8	9,9	7,4	10,2
1962	4,7	7,9	9,4	2,0
1963	6,3	1,1	3,9	3,0
1964	2,2	6,2	5,1	2,4
1965	0,8	-8,7	4,4	-5,4
1966	11,2	4,2	12,6	17,6
1967	3,2	2,4	2,9	3,7
1968	3,6	4,4	3,2	2,3
1969	3,7	2,4	2,7	6,0

Fuente: Banco Central, Indicadores Econômicos e Sociais, 1960-1988.

 

Evolución de la distribución del ingreso (1987-1996)

Decil	1987	1990	1992	1994	1996
I	1,5	1,6	1,7	1,5	1,4
II	2,8	2,8	2,9	2,8	2,7
III	3,6	3,7	3,8	3,6	3,6
IV	4,3	4,5	4,7	4,6	4,6
V	5,4	5,4	5,6	5,6	5,5
VI	6,3	6,9	6,6	6,4	6,4
VII	8,1	7,8	8,0	8,0	8,1
VIII	10,9	10,3	10,4	10,5	11,0
IX	15,9	15,1	14,7	15,3	15,4
X	41,3	41,8	41,6	41,6	41,3

Fuente: Mideplan, pobreza e distribuição de renda 
no Chile, 1997.

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