Paraguay

Mônica Rodrigues (texto de actualización de la entrada, 2006-2015)

En agosto de 2003, Nicanor Duarte Frutos asumió la presidencia de la República del Paraguay. Como candidato del oficial Partido Colorado, derrotó a los partidos opositores Patria Querida, de reciente formación, y al centenario Partido Liberal Radical Auténtico.

Ha transcurrido poco más de medio siglo desde que el Partido Colorado recuperó plenamente el gobierno con el golpe de Estado (1954), bajo el liderazgo del general Alfredo Stroessner, quien, a su vez, acabó siendo derrocado por otro golpe de Estado encabezado por el general Andrés Rodríguez en febrero de 1989. Fue el inicio de un proceso de transición hacia la democracia, que ya lleva veinte años, y durante el cual el Estado oligárquico dependiente ha sido legitimado por sucesivas elecciones.

Ello significa que, a lo largo de dicho período de transición, los procesos electorales han facilitado los cambios políticos en el partido del Estado (el Partido Colorado), pero el giro “democrático” no ha modificado las bases estructurales del Estado oligárquico dependiente. La enorme fuerza del sistema garantizó “democráticamente” el saqueo, la corrupción y la impunidad, bajo el liderazgo colorado. Sin embargo, cabe considerar que el modelo de acumulación primitiva permanente es prácticamente insostenible en las actuales condiciones. Por tal motivo, Duarte Frutos, heredero del stronismo, ha sido portador de inevitables contradicciones.

El esquema de poder legado a Duarte Frutos comenzó a adquirir forma con el golpe militar del 4 de mayo de 1954. El movimiento armado puso de manifiesto las dificultades de reproducción de un orden oligárquico en el país. Se trataba de una crisis crónica, que se venía agudizando desde el final de la Guerra del Chaco (1935) y se acentuó con la dictadura del general Higinio Morínigo (1940-1947).

Liderado por Alfredo Stroessner, general comandante de las Fuerzas Armadas, representante de una facción del Partido Colorado, el golpe militar de 1954 fue determinante para expulsar del gobierno a otro grupo representativo del mismo partido, que se identificaba como “grupo democrático”. Stroessner destituyó al presidente de la República, Federico Chávez y, seguidamente, la dirección política del Partido Colorado le ofreció al general golpista hacerse cargo de la presidencia de la República en nombre del Partido. En realidad, el ascenso al poder a través del golpe de Estado, y no por medio de los principios establecidos en la Carta Constitucional de 1940, no era una novedad para una sociedad sometida a una violencia estructural del orden oligárquico y a una política de gobierno que administraba la exclusión social de amplios sectores.

Al contrario, el golpe de Estado era una tradición en la cultura política de Paraguay y se constituía en un mecanismo “legítimo” para ocupar el poder gubernamental y ejercer la dictadura social en representación de los ciudadanos jurídicamente libres e iguales. En una estructura sociopolítica en la cual las confrontaciones entre caudillos se resolvían por la fuerza, los influyentes líderes colorados tal vez fantaseaban con que el comandante en jefe, transformado en presidente en representación de la dirección partidaria, una vez resuelta la crisis de gobernabilidad, podría garantizar el regreso ordenado de los políticos tradicionales a los cargos de dirección política del país.

Sin embargo, los hechos no se desarrollaron como lo imaginaron los conspiradores históricos del Partido Colorado. Éstos confiaban en recuperar, después de un breve interregno militar, los puestos clave del poder político y la unidad partidaria en la conducción del país. Stroessner, en cambio, formado en la escuela de las armas, en conspiraciones palaciegas y en un encubierto instinto de ambición de poder, entendió que la permanente crisis paraguaya no podría resolverse en la lucha entre facciones de la dirección del partido, cuya “inestabilidad” ponía en riesgo la función institucional del orden oligárquico, sino en la concentración del poder político de las Fuerzas Armadas bajo su mando. Desde esa perspectiva, un poder centralizado podría garantizar la unidad de la gran propiedad agraria y la subordinación atomizada de una masa de trabajadores campesinos a la lógica de los intereses de latifundistas nacionales y empresas extranjeras.

Convertido en presidente por voluntad de los caudillos del Partido Colorado, Stroessner se ubicó en una posición estratégica para transformar un efímero pronunciamiento militar en el proyecto de una dictadura personificada. Así, gobernó autoritariamente el país por más de 35 años, hasta que otro golpe militar lo destituyó el 3 de febrero de 1989. Al parecer, el viejo dictador no percibió oportunamente los aires democratizantes que soplaban de norte a sur de nuestra América. Por tal motivo, en lugar de que la historia siguie­ra el curso de las “transiciones organizadas”, el general Andrés Rodríguez se vio obligado a derrocar a su líder histórico. De cualquier modo, el análisis de algunos aspectos de la larga dictadura stronista es decisivo para la comprensión de las contradicciones actuales del Estado oligárquico paraguayo.

Vista aérea de Asunción, capital de Paraguay (Tetsumo/Creative Commons)

Formación del orden dictatorial (1954-1960)

En la primera etapa de cons­trucción del poder dictatorial y a lo largo de 35 años, la violencia institucional se constituyó en la forma privilegiada de las relaciones políticas para mantener las bases sociopolíticas de una representación autoritaria capaz de otorgar garantías “constitucionales” al monopolio de la gran propiedad latifundista. Por su parte, dado que la representación de la dominación oligárquica exigía formas tradicionales de control sociopolítico, el Partido Colorado fue transformado en un representante del Estado dictatorial, funcional a la lógica del poder militar.

En esa línea, durante los primeros años de su gobierno, el aspirante a dictador impulsó una política de reestructuración del partido bajo el signo de la cooptación y/o violencia de los principales referentes partidarios. Altos dirigentes fueron incorporados a las relaciones políticas del poder personificado, inclusión esta que, con el tiempo, les permitió compartir, de manera subordinada, los privilegios del poder y la apropiación de bienes públicos por medio del saqueo y de la corrupción.

Stroessner entendió que era necesario fortalecer el monopolio de un poder político unificado, representado en las Fuerzas Armadas y en el Partido Colorado. De esa forma, ambas instituciones tendrían la capacidad superestructural de garantizar el funcionamiento de las relaciones económicas bajo la hegemonía de los intereses latifundistas. A su vez, el partido, como organización colectiva, podría administrar con eficiencia la atomización de una amplia masa social, sometida a la explotación de intereses económicos y a
la incorporación subordinada a la lógica de la dominación oligárquica.

La vía “oligárquica escogida” de dicho proyecto requería de un poder personificado que disolviera una multiplicidad de pequeños poderes en la extensión geográfica, instancias de mediación controladas por jefes colorados o autoridades militares. Se trataba de transformar esos espacios sociopolíticos en segmentos orgánicos del aparato estatal. Con el tiempo, esto determinó la configuración institucional del Estado oligárquico, lo cual, en términos generales, se definió como la tríada Presidente-Fuerzas Armadas-Partido Colorado.

El carácter represivo del proceso precisaba potenciar la centralización del poder en la figura del general con la consiguiente sujeción de la sociedad al orden dictatorial. De allí que se hiciera necesario reestructurar el Partido Colorado. En la práctica, hubo que fortalecer la alianza temporal con algunos caudillos más cercanos a su esquema de poder y neutralizar a otros que aspiraban a una liberalización institucional del país sobre la base de un sistema de partidos, con la preeminencia del Partido Colorado.

Al mismo tiempo en que se impuso la afiliación forzosa de los militares al “coloradismo”, Stroessner desarrolló un proceso de purga en el seno del partido y del Ejército. En 1959, el proceso de depuración interna acabó expulsando a los políticos colorados que pretendían mantener la autonomía de la organización como factor de poder en la relación Partido-Estado.

Paralelamente a la transformación del Partido Colorado, la corporación militar se convirtió en uno de los pilares del poder dictatorial. Además de la afiliación obligatoria de los miembros del Ejército al partido, ello significó la sistemática violación de los reglamentos militares. A cambio de la fidelidad de los comandantes, Stroessner les concedió el privilegio de pertenecer al círculo del poder político, el derecho de apropiarse de los bienes del Estado con total impunidad y, en alianza con otros grupos económicos del poder (latifundistas, comerciantes y corruptos), el privilegio de convertirse en “nuevos empresarios” del sistema político.

Declaración de guerra

El proceso de concentración del poder y de centralización del mando exigía aplicar políticas represivas contra un conjunto de fuerzas sociopolíticas representadas por agrupaciones políticas (Partido Liberal, Partido Revolucionario Febrerista y Partido Comunista), gremios y sindicatos (Confederación Paraguaya de Trabajadores) y centros universitarios, con sus luchas históricas (la lucha por la tierra, por el salario, por la libre organización, etc.) y exigencias de libertades públicas, todo lo cual le planteaba serias dificultades al proyecto dictatorial.

Mientras esa estrategia avanzaba en un país económicamente atrasado y políticamente reprimido, la resistencia política se fue transformando, poco a poco, en abiertas confrontaciones con el régimen. Durante esa etapa (1955-1960), el poder político desarrolló mayores niveles de intervención represiva. Con este fin declaró el estado de sitio, persiguió a sus opositores, disolvió el Congreso y reprimió a sindicatos y otras asociaciones. La huelga sindical y estudiantil de 1959 resumió la resistencia y las aspiraciones colectivas de un pueblo, y representó también un punto de inflexión del sistema político.

Es posible que en aquellos días, cuando la crisis política recrudecía, Stroessner haya intuido que era inevitable un enfrentamiento violento entre las fuerzas oligárquicas y populares, y que la solución política para lograr la estabilidad del régimen dictatorial representativo de una matriz estructural de base oligárquica exigía eliminar del espacio público a todas las fuerzas sociopolíticas con potencialidad opositora.

Sea como fuere, la historia de los primeros años del régimen de Stroessner registró la declaración de guerra del gobierno a los sectores campesinos, obreros y estudiantiles, lo cual tuvo lugar en un país donde predominaba el monopolio de la gran propiedad territorial en un puñado de latifundistas locales y de empresas extranjeras. Los campesinos, que constituían la fuerza mayoritaria en el país, históricamente excluidos de la posesión de la tierra, resistieron en el límite de su marginalidad la acción gubernamental de despojo de sus parcelas, una política oficial que tendía a la consolidación del sector oligárquico latifundista.

La clase obrera, compuesta por una pequeña fuerza urbana organizada en torno de la Confederación Paraguaya de Trabajadores, defendió con sus luchas políticas a sus organizaciones y las exigencias básicas de sus necesidades. Los estudiantes manifestaron en las calles de Asunción el descontento generalizado de la población con las políticas represivas. En consecuencia, la prisión, la tortura y el exilio de los opositores al régimen conformaron la síntesis histórica del esfuerzo político gubernamental por bloquear las aspiraciones democráticas y por desorganizar, a través de la vía represiva, a las organizaciones sociales representativas de los intereses colectivos.

En los umbrales de 1960, la estructura estatal se expresaba en la figura dominante del general-presidente, y las relaciones de cohesión entre las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado estaban subordinadas a su mando. La centralización del poder, como expresión política de la seguridad represiva y de la organización ideológica de la base social del Partido Colorado, organizó, por la vía represiva, la exclusión política de las organizaciones representativas de las fuerzas socioeconómicas alternativas al continuismo estatal.

A pesar de la violencia del aparato del Estado utilizada para desorganizar a las mayorías sociales y a sus representaciones políticas y organizacionales, el gobierno se mostró débil para controlar la voluntad de una juventud politizada que se negaba a aceptar pasivamente la privación de las libertades como mecanismo de inclusión subordinada de las mayorías a la lógica del poder dictatorial. Obviamente, la represión mostró su impotencia para legitimar la relación de fuerzas desiguales que se apoyó en el monopolio latifundista.

Desde esta perspectiva, el poder dictatorial no era legitimable, la autoridad personificada no se podía sostener por la pura fuerza y por la impunidad. La relación entre el gobierno y el pueblo requería del formalismo de una representación política producida por el poder delegado de la soberanía popular. El desafío estratégico para el régimen consistía en obtener de la masa explotada una voluntad colectiva que le delegara al dictador la representación política y que legitimara el poder centralizado y excluyente personificado en Stroessner.

La fórmula “democracia sin comunismo” sintetizó un sistema de representación política que le permitió a la burocracia expropiar la voluntad colectiva de las masas subyugadas por medio de un proceso electoral controlado y, en representación del pueblo, garantizar el monopolio del poder del Estado oligárquico. Durante treinta años (1960-1990), el stronismo impuso su objetivo, tergiversando la representación del colectivo para proteger la soberanía real del monopolizador del poder: el dic­tador-presidente Alfredo Stroessner.

Centro comercial de Ciudad del Este, en Paraguay, conocida por su turismo de compras (Herr Stahlhoefer/Wikimedia Commons)

Legalidad dictatorial en Paraguay

A comienzos de los años 60, la política represiva de “pacificación” del Estado contra la mayoría social, destinada a mantener las relaciones desiguales basadas en la centralización del poder y en el despojo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, intensificaba la acumulación de contradicciones que producían el modelo oligárquico dependiente del capitalismo (clase latifundista-campesinos sin tierra) y la política represiva, en el marco del estado de sitio contra los liderazgos representativos de las aspiraciones colectivas. La Ley N.º 294 de “Defensa de la Democracia”, sancionada por la Cámara de Representantes y promulgada por el Poder Ejecutivo en octubre de 1955, legalizaba e incrementaba la represión contra los movimientos obrero, campesino, estudiantil y contra los dirigentes de los partidos políticos (Comunista, Liberal y Febrerista), incluyendo a sectores disidentes del propio Partido Colorado.

Por su parte, la lucha por la tierra y contra el poder planteaba la necesidad de una opción al proyecto de consolidación dictatorial. En ese contexto de represión estatal, en los umbrales de la década de 1960 surgieron dos movimientos contestatarios: el Movimiento 14 de Mayo (en alusión a la fecha de la independencia paraguaya) y el Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA). Las convicciones de los jóvenes militantes también se vieron fortalecidas por la Revolución Cubana, de amplia repercusión continental, que estimuló la organización de grupos guerrilleros para hacerle frente al monopolio de las fuerzas militares del sistema político.

Integrados por jóvenes idealistas pertenecientes a los partidos de oposición, ninguno de los dos movimientos logró transformar la lucha guerrillera en una organización política capaz de impedir la consolidación dictatorial. A causa de su debilidad organizativa y de sus errores políticos, los guerrilleros fueron derrotados por los órganos de seguridad del Estado y sus principales dirigentes fueron torturados y masacrados por los representantes del régimen.

En medio de esas condiciones de contradicciones estructurales y de violencia estatal para bloquear cualquier tipo de salida democrática que pudiese liderar el conjunto representativo de los partidos de oposición, el gobierno propuso una salida electoral bajo la fórmula de “democracia sin comunismo”. Por aquella época, la doctrina norteamericana de seguridad nacional representaba un poderoso apoyo a los gobiernos alineados con Washington. Además, en los planes de contrainsurgencia, la Alianza para el Progreso condicionaba la ayuda económica a las exigencias formales de la “democracia” concebida para fortalecer la cooperación internacional con esos tipos de régimen político.

Obviamente, la participación electoral, en los marcos represivos de la vigencia del estado de sitio y de la Ley de “Defensa de la Democracia”, no le ofrecía a la oposición ninguna posibilidad de competencia efectiva. No obstante, el gobierno logró transformar en “Partido Liberal” a una fracción de dirigentes del propio Partido Liberal histórico, que se prestó a legitimar el pacto de unidad en las cúpulas, entre el poder militar y el Partido Colorado bajo
el liderazgo político de Stroessner. La inserción de dicho grupo en el espacio del
Parlamento del stronismo, como escribas del proyecto del Ejecutivo, significó la aprobación de empréstitos y financiamientos para promover, a través del Instituto de Bienestar Rural (IBR), la repartición de tierras del Estado a grupos de cam­pesinos, con el objetivo de ampliar la base social de la estructura agraria latifundista.

Cultivo de sorgo, en Agua Dulce, en el Alto Paraguay (D.Broadbent/Wikimedia Commons)

La vía oligárquica de la reforma agraria

Por la lógica del poder dictatorial y en el marco de tendencias variables de correlación de fuerzas que podrían afectar la estabilidad alcanzada en la base de la represión y de los beneficios concedidos a sectores y funcionarios del Estado, se formuló la política agraria de Paraguay, conocida como de “Bienestar Rural”. Tal política sólo se podría colocar y resolver
en los términos más adecuados y eficientes de los intereses dominantes, es decir, de los latifundistas y de la burocracia político-militar, con el objetivo de incorporar a una parte de los campesinos pobres como base de apoyo político del régimen y disgregadora de la masa rural.

Así, en 1963 y a través de las leyes Nº 852 y 854, se concretó la creación del Instituto de Bienestar Rural, gubernamental, y del estatuto para reglamentar la reforma agraria. La Ley Nº 852 tradujo el objetivo general que cumpliría la reforma agraria en Paraguay. El Instituto de Bienestar Rural tenía por objetivo transformar la estructura agraria del país y alcanzar la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social “mediante soluciones legales que permitan eliminar progresivamente el latifundio y el minifundio, reemplazándolos por un sistema justo de propiedad, posesión y explotación de la tierra”.

Observando tales disposiciones legales, el formalismo jurídico no hacía otra cosa que traducir, en su lenguaje, las relaciones de explotación y el direccionamiento para alcanzar un objetivo político inmediato. Con la idea romántica de sostener intereses similares y posibilidades igualitarias entre latifundistas y campesinos pobres, la ley no significaba otra cosa que la defensa de los intereses dominantes y la forma de convertir a un pobre sin propiedad en un propietario parcelario de nuevas miserias.

De esta manera, el contenido de la legislación agraria, enunciada en ausencia de un movimiento obrero-campesino organizado, con los partidos políticos y las asociaciones debilitados por la represión gubernamental, sólo podría reflejar la ideología de una clase explotadora que, desde su perspectiva, les ofrecía a las masas campesinas explotadas un mecanismo razonable de “redención histórica”.

Naturalmente, la distribución de tierras fiscales a los campesinos, bajo la política de colonización por medio de la cual se otorgaban parcelas de tierras en zonas distantes e inhóspitas del país, no transformaría la estructura tradicional de posesión de la tierra ni tampoco eliminaría los mecanismos de explotación y dominio inherentes al modelo económico. Por el contrario, la reforma agraria, desde esta perspectiva, procuraba incorporar selectivamente a grupos de campesinos como base de apoyo social a la consolidación institucional de la dictadura.

De esta forma, el cambio en la correlación de fuerzas sociopolíticas mediante la distribución de tierras, tendría la eficacia de producir dos efectos políticos importantes a corto plazo: impedir la alianza de fuerzas sociales, democráticas y nacionales (campesinos, obreros, pequeña burguesía e intelectuales) y mejorar las condiciones de confianza de los latifundistas (extranjeros y locales) en apoyo de la figura del gran propietario del país, el general Alfredo Stroessner. Con el tiempo, la política agraria cumplió su objetivo, a saber, produjo una verdadera “reforma agraria” latifundista: se distribuyeron tierras fiscales entre los influyentes miembros de la burocracia político-militar y así quedó consolidada la alianza entre los latifundistas y el Estado.

Surgimiento de las Ligas Agrarias Cristianas

Quebrando el bloqueo gubernamental al surgimiento de entidades autónomas, en los años 60 aparecieron las primeras organizaciones de bases agrarias cristianas. Bajo su influencia, grupos campesinos intentaron darle una respuesta organizativa a la distribución de la posesión de la tierra generada por el modelo oligárquico de desarrollo económico.

En las condiciones de atraso en que se encontraba el país, reflejo de sus fundamentos económicos, la masa campesina era una fuerza reprimida, separada por la geografía y por las cercas de las haciendas, incomunicada regionalmente, dispersa y aislada. La lucha histórica por un pedazo de tierra se desarrollaba, en general, de forma local y precaria, y era insuficiente para desencadenar un amplio movimiento de fuerzas. Las movilizaciones reivindicatorias tenían poca repercusión y se mostraban incapaces de generar un movimiento nacional de fuerzas oprimidas y progresistas contra el régimen.

En esas condiciones, diversos dirigentes sociales plantearon la necesidad de traducir el instinto de supervivencia y la fuerza ideológica de los valores cristianos en una organización nacional que expresara, de forma autónoma, los intereses reales de las clases explotadas.

A diferencia de los obreros de la ciudad que, de acuerdo con los mecanismos institucionales de la represión habían constituido asociaciones, sindicatos y centrales de trabajadores, el campesino solía carecer de esa experiencia organizativa propia. En general, su formación política se realizaba en el seno de los partidos históricos: el Partido Colorado y el Partido Liberal.

Por otro lado, el horizonte de visibilidad de esta clase se encontraba muy limitado a causa del peso de los problemas domésticos y del control de los aparatos represivos (ejército, policía e informantes) e ideológicos del Estado. Sin embargo, la falta de experiencia organizativa y el peso de la ideología dominante no fueron obstáculos para producir iniciativas alternativas e injertar un pensamiento cristiano renovado en grupos de base de diferentes regiones del país.

Fue así como surgieron las Ligas Agrarias Cristianas, acompañadas por promotores sociales, sacerdotes progresistas y laicos comprometidos. Esos cuadros contribuyeron a la formación de bases agrarias cristianas que, en su desarrollo, llegarían a componer dichas estructuras a nivel nacional. Esas organizaciones de base, que brotaron en diversas zonas del país, estimuladas por la Juventud Obrera Cristiana (JOC), la Confederación Cristiana de Trabajadores (CCT) y sectores progresistas de la Iglesia Católica, llegaron a agruparse bajo el signo de dos federaciones: la Federación Cristiana de Trabajadores (FGC), vinculada a la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos, y la Federación Nacional de Ligas Agrarias Cristianas (Fenalac). A mediados de 1971, las bases agrarias se fundieron bajo una única dirección y formaron la Coordinación Nacional de Bases Campesinas Cristianas.

El hecho curioso de que grupos campesinos hayan apelado a valores cristianos como punto de referencia para apropiarse de la realidad y de la praxis colectiva se explica, al menos, por tres razones, a saber: la mayoría de los trabajadores del campo, desprovistos de organizaciones propias, disponía de las ideas religiosas dominantes y sacerdotes/militantes laicos comprometidos como punto de referencia común para organizarse como sectores explotados y oprimidos; también contaban con la experiencia histórica de las misiones jesuíticas en Paraguay; y, finalmente, la poderosa Iglesia Católica, como institución, estaba en condiciones de proteger el desarrollo inicial de esa experiencia colectiva.

Lógicamente, en su desarrollo ideológico y organizativo en las entrañas de un Estado oligárquico-dictatorial, ese movimiento campesino se convirtió, de hecho, en una fuerza subversiva contra el sistema, en la medida en que atentaba contra la hegemonía ideológica del régimen, y en un modelo viable de organización de poder alternativo. Por tal motivo, dichas organizaciones fueron reprimidas, y sus principales dirigentes fueron torturados y apresados. La violencia de Estado acabó, en 1975, con una de las experiencias organizativas probablemente más importantes del período dictatorial.

Las construcciones e iglesia (al fondo) de la Misión Jesuita Santísima Trinidad de Paraná, en Paraguay (Maurice Chédel/Wikimedia Commons)

Dictadura legitimada

Transcurridos diez años del ascenso de Stroessner al poder, la política gubernamental mantenía un alto componente represivo para afirmar la estabilización del régimen. La Cámara de Representantes, administrada por la mayoría colorada y por una facción liberal (conocida como “Leviralismo”) seleccionada por el gobierno, no podía sostener, ni siquiera simbólicamente, la existencia de un gobierno representativo electo por la voluntad de una mayoría de ciudadanos libres.

Ante la ausencia de un consentimiento explícito del pueblo, la resistencia sociopolítica se transformaba en la organización de la subjetividad colectiva, y ésta en representación de los partidos políticos de oposición y de los gremios que defendían sus intereses y su autonomía (sindicatos, centros universitarios, organizaciones campesinas, etc.) contra los agentes ideológicos del régimen.

Una vez que la Constitución en vigencia impidió una nueva reelección del presidente, el gobierno, luego de una previa negociación con la dirección de los partidos opositores, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en 1967, con el objetivo de “democratizar” el país, es decir, de garantizar la representación usurpada del poder colectivo y conseguir la elección del stronismo personalizado, modificando el obstáculo que impedía “constitucionalmente” la continuidad del liderazgo del presidente.

Los partidos políticos de la oposición acabaron negociando su participación en la Asamblea Constituyente. Dentro de marcos políticos estrechos, limitados por el estado de sitio, por la ley electoral y por la existencia de centenares de presos políticos, eligieron a sus representantes (a excepción del Partido Comunista, que estaba proscrito) para la Asamblea.

A pesar del carácter limitado de la posibilidad de reformar la Constitución en una Asamblea dominada por los representantes del oficial Partido Colorado, los opositores justificaron su participación subordinada a las instituciones dictatoriales, señalando las dificultades de la lucha política luego de años de represión y agotamiento de opciones políticas en los marcos estrechos de una dictadura institucionalizada. Consideraron que la participación en la Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de todos sus contratiempos, podría contribuir a limitar el ejercicio dictatorial del poder y dotar a la oposición de nuevas herramientas que le permitieran forzar mayores espacios de libertad.

Promulgada el 25 de agosto de 1967, la nueva Constitución legalizó la dictadura personificada bajo la formalidad de un régimen de democracia representativa: la “democracia sin comunismo”. La nueva Constitución, elaborada formalmente con la participación del Partido del Estado y de los demás partidos políticos, conservó, fundamentalmente su estructura jurídico-dictatorial (el estado de sitio permanente y las facultades extraordinarias para el Poder Ejecutivo), aseguró una cuota de legitimidad política y le otorgó al dictador la posibilidad de reelección “democrática”.

A pesar de la legitimidad lograda en la esfera del sistema político, el uso de la violencia y el predominio de una política stronista, orientada al enriquecimiento personal del círculo gobernante y de sus aliados estratégicos, generaron un aumento paulatino del descontento de la sociedad, como expresión de los efectos estructurales del modelo económico-oligárquico dependiente y de la política represiva de contención de las reivindicaciones sociopolíticas.

La política económica bloqueaba la transición hacia una relación más propiamente capitalista y, de esta manera, propiciaba la acumulación de contradicciones entre la burocracia colorada y los ciudadanos despojados de sus derechos, libertades y bienes. La violencia policial-militar continuó siendo la principal respuesta política a las actividades de dirigentes de asociaciones y de políticos que sobrepasaran los límites inherentes al orden dictatorial. La persecución política, la prisión, la tortura y el exilio, sin lugar a dudas representaban la resistencia en diferentes sectores sociales, las luchas reivindicativas en distintos espacios que no lograban articularse debido a la solidez de una estructura de poder oligárquico y a la debilidad de los partidos políticos y entidades de la oposición.

Tal situación, que se podría calificar como de equilibrio inestable, no se podría sostener en forma favorable al gobierno debido al descontento social con el régimen y a la resistencia mantenida por organizaciones políticas y sociales. La visita a Paraguay, en junio de 1969, de Nelson Rockefeller, como representante de Washington, en viaje de auscultación de la política norteamericana en América Latina, posibilitó la liberación de fuerzas contenidas por los mecanismos represivos del sistema. Las manifestaciones y luchas callejeras contra el aparato represivo determinaron que quienes las estaban llevando adelante pudieran expresarse por medio de la sensibilidad y rebeldía crítica de los movimientos estudiantiles. Los estudiantes pusieron en evidencia la organización represiva del poder político y la existencia real de una subjetividad colectiva en potencia capaz de exigir aperturas políticas. La presencia universitaria en las calles recuperadas de Asunción incitó el apoyo de sectores de la Iglesia Católica, de los partidos políticos de oposición y de amplios sectores de la ciudadanía consciente de la sociedad civil. El movimiento estudiantil emergente demostró la vinculación ideológica existente entre la dictadura y la política imperialista. Por tal motivo, fue reprimido y sus dirigentes terminaron en las cárceles del régimen, torturados y procesados por violación de la Ley de Defensa de la Democracia y por profanación del estado de sitio.

Geopolítica de la estabilidad dictatorial

A principios de los años 70, en el enclave dictatorial tutelado por el equilibrio estratégico de Brasil y la Argentina, el modelo económico y político comenzó a mostrar claros signos de agotamiento. Esto se traducía en dificultades políticas del régimen para reproducir la relación ampliada del Estado oligárquico organizado con base en el monopolio de la tierra y en la fuerza represiva de control social.

Los obstáculos reales de esa relación de dominación para mantener la exclusión económica y bloquear a la pequeña burguesía conectada a relaciones más propiamente capitalistas, así como la exclusión de la mayoría social por la fuerza, determinaban que la violencia tuviera la eficacia de controlar “temporariamente” el conflicto político, pero no eliminaba el conflicto estructural.

En la década de 1970, el obstáculo estructural se resolvió por medio de una coyuntura económica regional favorable que disolvió la evolución de la crisis política y creó condiciones propicias para la consolidación de la dictadura stronista.

La suscripción del tratado bilateral entre el presidente de Paraguay, general Alfredo Stroessner, y el presidente de Brasil, general Emílio Garrastazu Médici, concretó la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú. El proyecto binacional requirió, de acuerdo con el Tratado de Itaipú, una inversión inicial aproximada de US$ 2.000 millones. Se calcula que, a mediados de la década de 1980, la inversión en la construcción de la represa alcanzó la cifra de US$ 16.000 millones. A la centralización represiva tradicional se le sumó, en esa ocasión, el flujo económico propiciado por la construcción de Itaipú. Aquella inversión fue de fundamental importancia para ampliar la base de apoyo del régimen político.

En efecto, los años que transcurrieron entre 1973 y 1981, en los marcos de las relaciones bilaterales entre Brasil y Paraguay con la construcción de la represa, han sido considerados un período de boom económico. Paraguay se convirtió en un territorio de enorme atracción para las empresas transnacionales y de inversión privilegiada de capital extranjero. Fue también el período de puesta en marcha de un esquema geopolítico que reforzó la subordinación de Paraguay a 12.600 millones de kilowatts de potencia de la diplomacia brasileña por medio del control de la empresa Itaipú Binacional.

Consolidación del poder dictatorial

La inversión masiva de capital fue determinante para reforzar la estabilidad de la dictadura. La economía registró una expansión del 11% anual, sólo en el período de 1977 a 1980. El flujo de capital extranjero creció más del 40% anual. Ningún sector de la economía, de acuerdo con los analistas, registró una tasa promedio inferior al 25%.

En efecto, durante el auge (1975-1981), la construcción de la represa hizo posible que en el país tuviera lugar un crecimiento sin precedentes de la industria de la construcción, lo cual generó efectos multiplicadores en otros ámbitos de la actividad económica, como en el de servicios (agua, electricidad, transporte, comunicaciones, etc.), pero fundamentalmente en las actividades financieras y de seguros, las cuales mostraron un gran dinamismo.

Considerando la coyuntura regionalmente favorable de la construcción de la represa de Itaipú y el aumento de los precios internacionales de los principales productos de exportación (algodón y soja), Paraguay se constituyó en un espacio privilegiado para la masiva inversión de capital extranjero y la presencia de empresas transnacionales. Más aún, la rápida expansión de las actividades agroindustriales financieras, de servicios, comercio y construcción consolidó la ampliación de la base del predominio económico de la antigua clase latifundista, con sectores emergentes, capas medias, empleados y obreros.

En el terreno social hubo un aumento considerable del número de empresarios, profesionales y trabajadores vinculados a la construcción civil: los cálculos aproximados hacen referencia a 100.000 trabajadores. Junto a la incorporación laboral, las nuevas condiciones económicas impulsaron el crecimiento de los pequeños y medianos empresarios, los cuales, amparados por el auge económico, se incorporaron a las actividades de transformación de productos básicos y ampliaron las actividades comerciales, fundamentalmente la importación de productos extranjeros.

El aumento del número de trabajadores, la expansión de los sectores medios y la ampliación del sector empresarial, por mencionar apenas algunos rasgos que sobresalen en la modificación de la estructura social producida por el crecimiento económico, supusieron la incorporación de estos grupos sociales a una lógica de reproducción de relaciones más propiamente capitalistas, no basadas en el predominio de la violencia, sino en las formas económicas de las relaciones sociales.

De esta manera, los trabajadores, sometidos a la relación salarial, vieron reformada y reforzada su condición de sujetos del capital, por medio de la ampliación del empleo y del consumo. Sin embargo, en realidad, la distribución desigual del flujo económico favoreció mucho a los grandes capitalistas extranjeros y nacionales, principalmente a la casta política “stronista”, convertida en socia privilegiada de los poderosos grupos financieros y, en menor medida, al pequeño y mediano empresariado nacional y a los estratos superiores de las capas medias.

En tales circunstancias, los sectores dominantes tradicionales y la nueva burguesía industrial vieron el proceso de acumulación privada garantizado por el flujo de las inversiones extranjeras y de las condiciones favorables que significaron los precios del algodón y de la soja. Por otro lado, el retorno de parte del excedente que generó la construcción de Itaipú, en forma de empleos, salarios y consumo, reforzó la hegemonía ideológica del sistema político.

De hecho, muchos empresarios que al principio se opusieron a la expansión brasileña, por considerarla lesiva de los intereses paraguayos, pronto se olvidaron de sus impulsos nacionalistas y se asociaron, progresivamente, al proyecto de “modernización capitalista”. Con la burocracia corrupta del gobierno, los bancos extranjeros, las empresas transnacionales y los empresarios locales –vinculados a la esfera económica de Itaipú– sostuvieron el bloque representativo del poder.

El nuevo grupo empresarial hegemónico, conocido como “los barones de Itaipú”, contribuyó con su experiencia y conocimiento de los negocios a apropiarse y distribuir las ganancias generadas entre los representantes de la elite gubernamental. A cambio, el poder militar garantizó el orden y la estabilidad política. La estrecha vinculación entre el poder económico y el militar contribuyó significativamente a la consolidación del régimen dictatorial.

En torno del interés compartido por el empresariado y la elite político-militar, el grupo empresarial le otorgó al gobierno la representación de sus intereses, y el régimen, por su parte, les cedió la fuerza militar para garantizar la rentabilidad de la “acumulación primitiva permanente”. La unidad entre el empresariado local y la burocracia colorada cívico-militar se constituyó, entonces, en la base de legitimidad de la “democracia sin comunismo”, representada por la figura del dictador Alfredo Stroessner.

Así, el régimen encontró en Itaipú el mecanismo político para reproducir, de forma ampliada, las relaciones del poder personificado, sin tener que modificar las relaciones dominantes de corte oligárquico-latifundista dependiente.

El Palacio de López, sede del gobierno paraguayo, en Asunción (Alobos Life/Creative Commons)

La crisis del poder personificado

A partir de 1981, la finalización de la construcción de Itaipú trajo aparejadas crecientes dificultades para que el régimen reprodujera “legítimamente” la base de apoyo social. La relación social de dominación política en su forma económico-social no podía mantenerse inalterable.

El final de las obras, con la consiguiente disminución de la inversión extranjera, potenció los antagonismos estructurales en la elite del poder y acentuó las contradicciones del modelo oligárquico dependiente. La escasez de excedentes no lograba sostener la continuidad de la alianza entre las facciones más comprometidas con el modelo agroexportador y la burocracia empresarial, así como con los nuevos sectores económicos emergentes, más vinculados al sector industrial. La situación social se complicó más para el régimen en sus relaciones con los trabajadores, en la medida en que el empleo y los salarios reales disminuían y las condiciones sociales se deterioraban.

Por su parte, la tendencia hacia la desestructuración se acentuó por la presión de otro sector significativo: el de los campesinos. El proceso de agotamiento de tierras fiscales para fomentar el clientelismo político y la pasividad social le generó al régimen una mayor dificultad para preservar la “tranquilidad” de los latifundistas tradicionales, monopolizadores de la tierra. La situación se agudizó a medida que nuevos contingentes de desempleados regresaban al campo en busca de un lote de tierra y se encontraban con la masiva inmigración de brasileños (estimados en cerca de 200.000) en zonas fronterizas, que ocupaban áreas importantes del territorio paraguayo y formaban verdaderos enclaves económicos y culturales.

Dadas estas condiciones, la crisis económico-social marcó el comienzo de un acelerado proceso de deterioro de las mediaciones político-institucionales de la dictadura que, amparadas por el poder estatal, habían servido para mantener la representación unitaria de los grupos dominantes y la neutralización del conflicto social por medio del “reformismo stronista” y de la violencia estructural.

A comienzos de la década de 1980, la crisis de las relaciones sociales, bajo la forma económica, marcó el inicio de un acelerado proceso de deterioro de los mecanismos estructurales que sustentaban el régimen. El bloque económico dominante comenzó a presentar fisuras y la violencia de Estado se mostró impotente para regular los conflictos sociales.

En esta coyuntura, comenzó a ganar fuerzas la idea de un cambio de rumbo hacia la democracia representativa. La desacumulación que afectó a poderosos grupos económicos, no vinculados directamente con la esfera política, fue coincidente en sus reclamos con las luchas ciudadanas que reivindicaban libertad y democracia. La idea de “post-stronismo” se convirtió en la fuerza ideológica de crítica al poder dictatorial.

La evolución de la crisis enfrentó a los partidarios del cambio gubernamental por la vía electoral y a los defensores de la estabilidad a través de la política represiva colocándolos en veredas opuestas. En el año 1986, diversos factores contribuyeron a que se produjera la inestabilidad del escenario político-social: medidas orientadas a la protección del modelo económico oligárquico; la indefinición gubernamental frente a los reclamos de la nueva burguesía interna (comercial e industrial); la persistencia de la gestión económica que afectaba los intereses de la iniciativa privada y, principalmente, no revertía la tendencia a la desocupación; el surgimiento de una opinión cada vez más crítica en sectores influyentes de la sociedad, que cuestionaban el stronismo; la generalización de los conflictos sociales; el retorno de la democracia en la región, lo cual estimuló a la oposición a unificar esfuerzos para obligar al régimen a dirigirse a una apertura política; la edad del dictador que, dada la estructura personificada del régimen político, se convirtió en un punto vulnerable del sistema; la transición hacia el “post-stronismo” como una situación inevitable; la concentración del poder en torno a la figura del general, que desplazó a otros dirigentes de las esferas de influencia; y la respuesta represiva del Estado.

La superestructura ideológica no leyó los mensajes originados en una sociedad que se organizaba para exigir la apertura política. Así, la clase gobernante se atrasó en relación con la dinámica de la fuerza opositora, la cual ocupó cada vez más espacio público, amenazando con desorganizar la base material que sostenía la estructura dictatorial. La crisis social provocó fisuras en el Partido Colorado, la organización represiva del Estado, que por su rigidez y personificación del poder no pudo resolver institucionalmente la problemática política.

Como es de suponer, la crisis en el círculo privilegiado del gobierno fue inevitable entre los herederos directos de la familia stronista: los que pensaban que el dictador debía continuar al frente del gobierno y los que admitían la necesidad de una sucesión que permitiera administrar una transición controlada del poder.

La disputa estratégica entre facciones de la dirección del Partido Colorado estalló el 1.º de agosto de 1987, en ocasión de la convención partidaria. El antagonismo entre facciones del partido del Estado se acentuó a causa del predominio de los militantes combatientes stronistas –el grupo más cercano al dictador–, que consideraban que era necesario marginar a todos los que se oponían al proyecto continuista. La crisis se manifestó en cinco hechos significativos: la ocupación de la dirección del Partido Colorado por cuadros leales a la familia Stroessner; la séptima reelección presidencial del dictador (en febrero de 1988); el significativo ascenso de militares a los grados superiores, entre otros el de Gustavo Stroessner al grado de coronel, como futuro sucesor de su padre, representando a los militantes combatientes stronistas; el objetivo del entorno presidencial de desplazar del poder militar al general Andrés Rodríguez, el segundo hombre en la estructura del Estado; y la miopía política de toda esa camarilla fanatizada que no interpretaba las señales de “exigencias democratizantes” de Washington y de la diplomacia del Itamaraty.

El golpe de Estado: febrero de 1989

La séptima reelección de Stroessner, en febrero de 1988 (con el 88,6% de los votos, según datos oficiales), en un marco de polarización entre el Estado y la sociedad civil, acentuó la crisis del régimen personificado. Las facciones más retardatarias del entorno presidencial promovieron mecanismos para reorganizar la conducción gubernamental desarticulando su base de apoyo (excluyendo a facciones stronistas propensas a la sucesión, teniendo en la mira a la cúpula militar liderada por el general Rodríguez, provocando antagonismos entre caudillos y la base del Partido Colorado). Asimismo, se amplió el campo de la oposición, con la incorporación de nuevos sectores del empresariado crítico y el desarrollo organizativo de la clase obrera, que adquirió autonomía del sindicalismo oficial.

Los campesinos que presionaban por el acceso a la tierra, por la lucha por los derechos humanos, por la unificación de los partidos políticos en el “Acuerdo Nacional” y la participación de la influyente Iglesia Católica aceleraron el desgaste del régimen y precipitaron la crisis política.

En la madrugada del 3 de febrero de 1989, representando a las Fuerzas Armadas, el general Andrés Rodríguez destituyó por la fuerza a su líder y presidente. Stroe­ssner encontró asilo en Brasil y Rodríguez asumió la presidencia provisoria hasta la realización de las elecciones.

En su proclama al país, el líder militar justificó el golpe en los siguientes términos:

Queridos compatriotas. Apreciados Camaradas de las Fuerzas Armadas, hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas; por la unificación plena y total del coloradismo en el gobierno; por la iniciación de la democratización en el Paraguay; por el respeto a los Derechos Humanos; por la defensa de nuestra religión católica apostólica romana. Esto es lo que yo le estoy ofreciendo con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido y valiente y noble pueblo paraguayo. Espero que los camaradas de las Fuerzas Armadas me acompañen en estas circunstancias, porque estamos defendiendo una causa noble y justa.

La proclama del golpe contiene algunas claves para entender los factores que impulsaron al general Rodríguez y a otros altos jefes militares a rebelarse contra su líder y comandante, a quien habían apoyado con lealtad en el ejercicio del poder dictatorial, a cambio de beneficios personales y participación en el círculo privilegiado del poder personificado. Ese esquema había garantizado, a lo largo de 35 años, en el ámbito interno, el modelo de Estado oligárquico dependiente y, en el ámbito regional, el enclave geopolítico de la diplomacia brasileña.

La “causa noble” que inspiró el golpe, en su aspecto real, tiene más que ver con la protección de la estructura dictatorial del Estado, representada por la unidad entre el gobierno, el partido y el Ejército, que con las exigencias democráticas de la sociedad civil y de los partidos de la oposición. El mérito de Rodríguez fue entender, en los límites de la crisis del régimen político, que el golpe de Estado era la única salida posible para evitar la ruptura de la unidad histórica (Gobierno-Partido-Fuerzas Armadas) que había garantizado la estabilidad del sistema político, bloqueando, asimismo, la iniciativa de un proyecto alternativo de sociedad.

La transición hacia el “post-stronismo”

El golpe de Estado dio inicio a un proceso de apertura política que la mayoría de la opinión pública ha calificado como “proceso de transición hacia la democracia”. Como era de prever, la comunidad internacional presionó al nuevo hombre fuerte por una salida democrática, es decir, la elección de los representantes del pueblo.

Frente a esta exigencia, la corporación militar, que había sostenido el poder real de la dictadura, comprendió el alto riesgo político que significaba un proceso electoral no controlado por las Fuerzas Armadas. En el mismo sentido, los líderes históricos de un desgastado Partido Colorado, que había administrado con eficiencia el saqueo de Paraguay, bajo el lema de “no habrá un colorado pobre”, expresaban las mismas preocupaciones que sus aliados estratégicos.

En el pensamiento militar surgieron inmediatamente varios interrogantes sobre cómo enfrentar una salida estratégica (por la vía electoral) que le garantizara a la elite gobernante el poder hereditario del stronismo en la cúpula militar. ¿Cómo garantizar el cambio político sin arriesgar la dominación estructural organizada por el poder dictatorial? ¿Cómo reglamentar las reglas de la “competencia electoral”, beneficiando la representación del Partido Colorado? ¿Qué modelo de democracia sería el más funcional, en la realidad paraguaya, para que el “pueblo soberano” delegase en el general Rodríguez la representación política?

Las respuestas se materializaron en las elecciones presidenciales y parlamentarias de mayo de 1989, cuando el general Andrés Rodríguez, candidato por el Partido Colorado, resultó electo presidente para el período 1989-1993. Las elecciones se desarrollaron de acuerdo con las reglas del juego establecidas por el gobierno (control del Tribunal Electoral, uso masivo de los recursos del Estado a favor del partido oficial, fraude en el proceso electoral, etc.). La oposición justificó los resultados electorales señalando que las “elecciones fueron libres y pluralistas, aunque no limpias y regulares, pero necesarias como paso hacia la democratización del país”.

Durante el período presidencial, Rodríguez promovió dos reformas políticas: la del Código Electoral y la de la Constitución Nacional. La iniciativa gubernamental de las reformas en los marcos de un stronismo sin Stroessner atendía a la necesidad (de la clase dominante) de ajustar el orden político y las reglas de juego de la “democracia representativa” a las relaciones sociales que permitieran controlar la administración del poder. En efecto, la ciudadanía recuperó sus libertades civiles y políticas y la burocracia cívico-militar conservó los beneficios obtenidos en cincuenta años de gobierno colorado. Pasados quince años del comienzo de la transición, la experiencia demostró la visión estratégica del general Rodríguez. En 2005, el Partido Colorado continuaba liderando el proceso de transición hacia la democracia y la “acumulación primitiva permanente” seguía administrada, con eficiencia, por los herederos y albaceas del stronismo.

Jonathan Padwe (en el centro, de camisa blanca) explica la crisis y el conflicto de tierras del pueblo aché para el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy (der.) y el embajador norteamericano en Paraguay, Robert White (izq.) (Meatradio Paraguay/Jonathan Padwe)

Poder dual

Subyacente a la transición del formalismo democrático, el presidente Rodríguez administraba otro proceso de transición: las relaciones Fuerzas Armadas-Partido Colorado. Mientras los demás partidos políticos discutían con libertad en el Parlamento la agenda de transición, los militares redefinían su alianza estratégica con las facciones de la dirección partidaria afines a la corporación de las armas. El predominio militar fue ocupando espacios de decisión en la estructura estatal y en los negocios compartidos con grupos empresariales.

Prueba de ello fue el ascenso meteórico del general Lino Oviedo como sucesor de Rodríguez en el poder militar, y la designación del ingeniero Juan Carlos Wasmosy, un integrante de los “barones de Itaipú”, como sucesor en el poder civil. El principal líder histórico del Partido Colorado, el Dr. Luis María Argaña, candidato natural a la presidencia, no pudo evitar el peso del poder militar que lo excluyó –a través del fraude electoral– de la posibilidad de representar al partido oficial del gobierno en las elecciones de mayo de 1993. Uno de los principales operadores que facilitó el triunfo electoral de Wasmosy en las elecciones presidenciales fue el general Oviedo.

En el ejercicio del gobierno, Wasmosy, considerado por la opinión pública como el primer presidente civil, y no como lo que en realidad era, el representante civil de la cúpula militar, se convirtió en un punto contradictorio del poder dual. El presidente, para cumplir con las exigencias democráticas, tenía que desmilitarizar el poder civil, pero para ejercer el liderazgo gubernamental, debería cumplir las órdenes de los que lo habían designado como representante.

La lucha encubierta entre el presidente Wasmosy y el líder militar, general Oviedo, se fue acentuando en relación con el control efectivo del poder político. Esa tensión se hacía evidente en las designaciones de ministros, altos funcionarios en las empresas del Estado, en las promociones y transferencias militares, en los negocios, etc. Además, las actividades políticas públicas de Oviedo violando la Constitución y la institución militar, no sólo agudizaban las tensiones, sino que también generaban inestabilidad política.

El mes de abril de 1996 resumió la crisis del poder dual. Si en mayo de 1993 el general Oviedo había sido el principal operador político para garantizar el triunfo presidencial de Wasmosy, tres años más tarde el líder militar se convirtió en el principal obstáculo a la representación legítima del poder civil. Corrieron insistentes rumores de la posibilidad de un golpe de Estado coordinado por Oviedo y de la sustitución del general en el cargo de comandante del Ejército por orden del presidente de Paraguay y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la nación.

Dictadura cautelar

La confrontación entre el comandante del Ejército y la presidencia de la República ya no se podía resolver en la privacidad del Palacio de Gobierno. Finalmente, en medio de rumores y tensiones, fue la embajada de los Estados Unidos la que decidió la situación. Los representantes de Washington informaron que el general Oviedo debía renunciar tal como le fuera ordenado. El gobierno de los Estados Unidos manifestaba su apoyo a Wasmosy. Toda la comunidad internacional se movilizó en apoyo de la democracia en Paraguay. La superioridad estratégica ya no residía en la fuerza militar, sino en la comunidad internacional y en el bloque regional. La crisis cívico-militar o la confrontación entre aparatos del Estado concluyó con el pase a retiro del general Oviedo.

En esa época, la lucha por el poder se concentraba en la administración burocrática del Estado-partido. La posibilidad de que un grupo político ocupara la dirección del Estado y capturara cuotas de poder suponía, de acuerdo con la ideología stronista, el desarrollo y fortalecimiento de poderosos grupos económicos por medio del pillaje y la corrupción. Con este esquema, el territorio se convirtió en un simple enclave de explotación de recursos y de trabajo servil. Así, el gobierno de Stroessner distribuyó un gran porcentaje de tierras fiscales, prácticamente en forma gratuita, entre la burocracia político-militar y otros grupos vinculados con el círculo del poder. Actualmente, Paraguay tiene una de las más altas concentraciones de tierras en manos de unos pocos.

Por todo ello, el atractivo de ocupar la dirección del poder desataba todo tipo de pasiones en el Partido del Estado Oligárquico. A medida que se aproximaban las elecciones presidenciales y parlamentarias, la lucha entre las facciones y los grupos económicos se centralizó en la estructura partidaria colorada, organizada de manera jerárquica y a cambio de prebendas. Dos corrientes políticas se disputaban la candidatura del partido a la presidencia de la República: el Dr. Luis María Argaña (líder histórico colorado) y el ex general Oviedo. La débil democracia interna del Partido Colorado no permitió el arribo a una solución negociada.

El período de 1996 a 2003 se caracterizó no sólo por la intensidad de la lucha entre los principales caudillos, sino también por el uso de la fuerza para imponer soluciones. El aspirante a presidente Lino César Oviedo fue excluido de la carrera por la presidencia por un Tribunal Militar, que lo condenó por su participación en la tentativa de golpe de Estado. Para reemplazarlo, el general designó a un hombre de su confianza, el ingeniero Raúl Cubas Grau, y el Dr. Argaña fue nuevamente neutralizado en sus aspiraciones. Sin embargo, ambos terminaron formando la fórmula presidencial que derrotó a una oposición desunida en mayo de 1998.

La fuerza retornó con intensidad para resolver los conflictos en la cúpula del Estado. Oviedo, desde prisión, pretendía ejercer el poder por medio de su representante, el presidente de Paraguay, Raúl Cubas Grau. A su vez, el vicepresidente Luis María Argaña aspiraba a llegar a la presidencia forzando la renuncia de Cubas Grau, de quien era adversario político.

Las confrontaciones en la cúpula del poder estatal acabaron en la mañana del 23 de marzo de 1999, cuando el vicepresidente de la República y líder histórico del Partido Colorado fue asesinado en una calle de Asunción. La muerte violenta de Argaña actuó como detonante de una crisis política. Los efectos generaron el “Marzo Paraguayo”, es decir, la movilización de la ciudadanía, que ocupó la Plaza del Congreso como señal de repudio y defensa de las instituciones. Ante la presión ciudadana y de la comunidad internacional, el presidente de Paraguay, Raúl Cubas Grau, se vio obligado a renunciar para evitar el juicio político por parte del Congreso. En su reemplazo, el Congreso designó al senador Dr. Luis González Macchi, del Partido Colorado, como presidente de la República para completar el mandato presidencial.

En agosto de 2003, llegó al poder el presidente Nicanor Duarte Frutos. Aparentemente, su responsabilidad partidaria es cautelar a la dictadura, representando a los que lo designaron, bajo la apariencia de democracia representativa.

Actualización (2005-20150)

por Mônica Rodrigues

El Partido Colorado, el más tradicional del país, llevaba ya más de cinco décadas ininterrumpidas en el poder, cuando su representante, Nicanor Duarte Frutos, conquistó la presidencia con el 45,8% de los votos. El nuevo presidente estaría al frente de un gobierno personalista, provocaría una grieta en el partido y llevaría a Paraguay al borde de una crisis institucional. Además, cuando vio desmantelada su maniobra por la reelección, Frutos renunció pocos meses antes de terminar el mandato en 2008. El gesto provocó cierta inestabilidad política y fue decisivo para interrumpir el ciclo colorado de poder.

Al comienzo de su gobierno, Frutos hizo un guiño a los vecinos continentales. Pospuso acuerdos con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en favor de los procesos de integración regional. Sin embargo, el estrechamiento de las relaciones políticas y comerciales con los gobiernos de Brasil, la Argentina y Venezuela, así como la integración con el Mercosur, sufrieron un fuerte estremecimiento en 2005, cuando el país permitió la instalación de una base militar norteamericana en su territorio. El acuerdo fue aprobado en el Parlamento por los partidos conservadores paraguayos, interesados en una reaproximación con los Estados Unidos. Criticado duramente por sus vecinos y socios, Paraguay terminaría aislado en el continente.

La economía prosperó durante el gobierno Frutos. La tasa de crecimiento anual del PBI llegó al 7%. Enseguida la inflación quedó bajo control, se redujo la deuda externa y el gobierno promovió una amplia reforma fiscal. Un desempeño con esas características no significó, sin embargo, redistribución de la renta. El gráfico de la línea de pobreza no se modificó en los cinco años de su mandato: los pobres sumaban 40% de la población paraguaya, y el 20% de ellos vivían en la pobreza extrema.

Sus principales decisiones presidenciales siempre giraban en torno de la estabilidad macroeconómica. Jugando con ese triunfo, Frutos intentó encaminar su reelección por medio de una enmienda constitucional. Manipuló el poder judicial para ser nombrado presidente de su partido, cuando las leyes le prohibían ejercer cualquier otro cargo. Una manifestación popular contra el carácter ilegal de la maniobra reunió a 40.000 personas en la capital, Asunción, marcando la caída de su popularidad.

Así, el Partido Colorado llegó dividido a las elecciones presidenciales de 2008, lo que favoreció la candidatura opositora del arzobispo Fernando Lugo, que vencería en la contienda. Dos meses antes de la asunción del mando de su sucesor, Frutos había presentado su renuncia para tener el camino abierto al cargo de senador ­–la constitución paraguaya otorga a los ex presidentes el cargo de senador vitalicio, pero sin derecho a voto–. Desde que la maniobra por la reelección naufragó, Frutos ambicionaba el cargo de senador electo. En esta oportunidad su maniobra tuvo éxito. Recibió casi 500 mil votos y la autorización de la justicia para asumir el nuevo cargo.

 Esperanza e impeachment

 La elección de Fernando Lugo despertó una gran expectativa en el país. Debido a su pasado de lucha por los derechos de los oprimidos y por su trayectoria religiosa, se esperaba de él un gobierno progresista, de transformaciones sociales, capaz de crear empleos y de combatir la corrupción. Comenzó su mandato con 90% da aprobación, pero la composición política que lo llevó a la presidencia enseguida se mostró frágil y desfavorable.

Lugo llegó al poder amparado por una coalición que alineaba, por un lado, agrupaciones de izquierda y, por otro, al Partido Liberal de orientación conservadora. Los partidos de izquierda tenían una representación parlamentaria irrisoria. De esta manera, para gobernar, el presidente dependía del Partido Liberal. Así y todo, el apoyo de los liberales no se dio siguiendo un proyecto político de unión nacional. Su objetivo era solamente apartar al Partido Colorado del poder y ocupar su lugar. Eso quedó claro desde el comienzo del gobierno. Federico Franco, candidato a vicepresidente de Lugo por el Partido Liberal, se convirtió en líder de la oposición.

No obstante, incluso enfrentando férreos y organizados adversarios, el presidente hizo valer compromisos de campaña. Negoció un acuerdo más ventajoso para revisar el Tratado de Itaipú y aumentó las inversiones sociales, ampliando los servicios gratuitos de salud y creando un programa de renta mínima para las familias en situación de extrema pobreza.

También fue un obstáculo para los intereses norteamericanos al oponerse a la instalación de una base militar en Mariscal, población cercana a la frontera con Bolivia, y una semana después cambió el mando militar del Estado. Asimismo negó subsidios a una multinacional canadiense que quería montar una fábrica de aluminio en las márgenes del río Paraná.

Teniendo en frente a una oposición con mayoría absoluta en el Congreso, Lugo gobernó en la cuerda floja, haciendo concesiones a la derecha e intentando apaciguar los reclamos de grupos de extrema izquierda y de los movimientos sociales. Cuando se descubrió que mientras era sacerdote había tenido un hijo no reconocido y cuando, a continuación, se sumaron dos pedidos de reconocimiento de paternidad, Paraguay, país predominantemente católico, se vio estremecido, y la popularidad de Lugo quedó debilitada. El 15 de junio de 2012 más de trescientos policías fueron enviados a una propiedad del senador Blas Riquelme, ex presidente del Partido Colorado, en Curuguaty, a 250 km de Asunción, con el fin de ejecutar una reintegración de propiedad, para lo cual desalojaron aproximadamente a sesenta campesinos. Hubo un enfrentamiento y murieron once campesinos y seis policías. Los opositores responsabilizaron al gobierno por las muertes y días después dieron comienzo al proceso de impeachment del presidente por “mal desempeño de sus funciones”. Fue un rito sumario. El Senado decretó el impeachment en apenas 24 horas, y los abogados de Lugo tuvieron dos horas para defenderlo.

Así, el vice Federico Franco asumió la presidencia interina. Lugo no reconoció al nuevo gobierno, pero ante la destitución adoptó una actitud pacifista para evitar que se exasperaran los enfrentamientos por las manifestaciones populares contra el impeachment, principalmente en las calles de la capital.

Inmediatamente, los gobiernos de los demás países sudamericanos convocaron a sus embajadores en protesta por lo que consideraban un golpe. Paraguay fue suspendido del Mercosur y de la Unasur. Los Estados Unidos, sin embargo, aceptaron sin restricciones al nuevo presidente. Sin demoras Franco desactivó la comisión de investigación sobre el caso Curuguaty, retomó las negociaciones de cooperación militar con los norteamericanos y liberó el uso de transgénicos, que Lugo había impedido.

El Partido Colorado de regreso

El empresario Horacio Cartes venció las elecciones de abril de 2013 con el 45,9% de los votos. Después de cinco años, el Partido Colorado volvía al poder. Cartes era, en ese momento, una cara nueva para la política. Recién en 2009 se estrenó como elector ­‒en Paraguay el voto no es obligatorio‒ y se afilió al partido. De esta manera, valiéndose de su prestigio, consiguió romper la regla colorada que exigía diez años de afiliación para ser candidato a la presidencia. Cartes es uno de los hombres más ricos de Paraguay. Está al frente de un conglomerado de 26 empresas que producen bebidas, cigarrillo, habanos, ropas y carnes; es dueño del Banco Amambay y fue presidente del Club Libertad, uno de los equipos de fútbol más populares del país. Pero su ingreso en la política arrojó luz sobre episodios controvertidos de su trayectoria. Su banco, por ejemplo, fue investigado por sospecha de lavado de dinero. Además, en 2000 un avión con registro brasileño fue localizado en una estancia de su propiedad y llevaba un cargamento de cocaína y marihuana. A pesar de todo, negó cualquier relación con las drogas.

Cuando Carter asumió, prometió reducir la pobreza, según él inspirándose en el ejemplo brasileño. Tras su elección Paraguay regresó al Mercosur como miembro pleno. Pero en el primer año de su mandato su esfuerzo estuvo abocado a profundizar el intercambio con los Estados Unidos en el área de defensa. Los norteamericanos invirtieron alrededor de US$ 25 millones en entrenamiento e intercambio en favor de los militares del ejército paraguayo, además de cooperar en las acciones locales para combatir las drogas. Al año siguiente, los Estados Unidos inauguraron otra base militar en el territorio, el Centro de Operaciones para Emergencia, en la ciudad de Santa Rosa del Araguay.

Además, el presidente paraguayo fue el único jefe de Estado latinoamericano que no repudió la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza en 2014, con lo cual quedó confirmado su alineamiento con la política externa de los Estados Unidos. Por su parte, los movimientos sociales se posicionaron contra la gestión Cartes desde el primer momento, promoviendo grandes movilizaciones. En marzo de 2014, por ejemplo, se llamó a una huelga masiva para exigir mejoras salariales, protestar contra el aumento de los pasajes y pedir la liberación de catorce campesinos del caso Curuguaty.

La situación social paraguaya continúa siendo preocupante. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2014 reveló que el 81,3% de las relaciones de empleo en el país son informales y que tan sólo el 16,3% de la mano de obra activa tiene empleo digno. El documento también señaló un profundo déficit en los servicios de salud y educación.

El presidente argentino Néstor Kirchner en un encuentro con el presidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos, en 2006 (Presidencia de la Nación Argentina)

El ex presidente de Paraguay, Federico Franco, en una misa en la catedral de la ciudad, el 23 de junio de 2006 (Marcello Casal jr/Abr)

Paraguayos festejan la victoria del candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio, Fernando Lugo, en abril de 2008, en Asunción (Antonio Cruz/Abr)

El ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, habla con la prensa en Asunción, el 24 de junio de 2012 (Marcello Casal jr/Abr)

Un grupo de simpatizantes del ex presidente Fernando Lugo protestan contra el golpe en frente de la sede de la TV Pública, en junio de 2012 (Marcello Casal Jr./Abr)

Datos Estadísticos

Mapa

Bibliografía

• AYALA, Eligio: Evolución de la economía agraria en el Paraguay, Asunción, Histórica, 1986.
• BORDA, Dionisio; MASI, Fernando: Los límites de la transición, Asunción, Universidad Católica Ntra. Señora de la Asunción, Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP), 1998.
• CANESE, Ricardo: Itaipú y la cuestión energética en el Paraguay, Asunción, Universidad Católica Ntra. Señora de la Asunción, 1983.
• __________: La deuda ilícita de Itaipú, Asunción, Generación, 1999.
• FOGEL, Ramón: Las luchas campesinas: tierra y condiciones de producción, Asunción, Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI), 2001.
• LARA CASTRO, Jorge: “Paraguay, luchas sociales y nacimiento del movimiento campesino”, en GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo (coord.), Historia política de los campesinos latinoamericanos, México, D. F., UNAM, Siglo XXI, 1985, t. III.
• __________: La transición incierta, en MEYER, Lorenzo; REYNA, José L. (coord.), Los sistemas políticos en América Latina, México, D.F., Siglo XXI, Universidad de las Naciones Unidas, 1989.
• __________: “La crisis económica social: el límite del poder dictatorial en Paraguay”, en ROITMAN R., Marcos (coord.), América Latina: entre los mitos y la utopía, Madrid, Editorial Universidad Complutense, 1990.
• __________: “Crisis de la dictadura y dimensión política de la democracia”, en GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo; ROITMAN, Marcos (coord.), La democracia en América Latina, México, D.F., UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 1995.
• __________: “Paraguay: la crisis de abril”, Revista Nueva Sociedad, núm. 144, Caracas, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 1996.
• __________: “La dictadura cautelada: poder y legitimidad”, Revista Acción, núm. 246, ago. 2004, Asunción, Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch (CEPAG), 2004.
• LEWIS, Paul: Paraguay bajo Stroessner, México, D.F., FCE, 1986.
• MASI, Fernando: La extinción de un modelo político en Paraguay, Asunción, Intercontinental, 1989.
• PANGRAZIO, Cianco (comp.): Las constituciones de Paraguay, Asunción, Intercontinental, 2005.
• PASTORE, Carlos: La lucha por la tierra en el Paraguay, Montevideo, Antequera, 1972.
• RIQUELME, Marcial Antonio: Stronismo, golpe militar y apertura tutelada, Asunción, Centro de Documentación y Estudios (CDE), RP Ediciones, 1992.
• RIQUELME, Quintín: Los sin tierra en Paraguay, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), 2003.
• SEIFERHELD, Alfredo: La caída de Federico Chaves, Una visión documental norteamericana, Asunción, Histórica, 1987.
• SHILLING, Paulo; CANESE, Ricardo: Itaipu, geopolítica e corrupção, São Paulo, Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), 1991.
• TELESCA, Ignacio: Ligas Agrarias Cristianas 1960-1980, Asunción, Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch (CEPAG), 2004.
• VIAL, Alejandro (coord.): Cultura política, sociedad civil y participación ciudadana: el caso paraguayo, Asunción, Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), 2003.
• YORE, F. Mirian: La dominación stronista (orígenes y consolidación), Asunción, BASE-Investigaciones Sociales, 1992.