A los 17 años, el futuro dictador de Chile, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, ingresó en la carrera militar. Su primera participación directa en la política se dio en el gobierno de la Unidad Popular, cuando integró el gabinete cívico-militar creado por Salvador Allende como forma de atenuar la crisis, lo que, en realidad, sirvió para agravarla.
Haciendo uso de su posición privilegiada, Pinochet tomó conocimiento de la convocatoria a un plebiscito que aseguraría la transición institucional para el 11 de septiembre de 1973 y anticipó el golpe de Estado para esa misma fecha. Para ello, contó con el apoyo estratégico y militar, respectivamente, de la CIA y de la Marina de los Estados Unidos, la cual se había posicionado en la costa chilena. Asumió el puesto de dictador, al frente de una Junta Militar compuesta por comandantes en jefe de los otros sectores de las Fuerzas Armadas chilenas, instalando un régimen de terror que duraría diecisiete años.
El gobierno de Pinochet puede dividirse en dos etapas. La primera, que duró hasta 1983, luego de una crisis económica inicial, disfrutó de un ambiente favorable, al cual contribuían la fuerte represión política y la implementación de políticas de carácter neoliberal. En la segunda etapa, entre 1983 y 1989, el gobierno empezó a enfrentar una coyuntura económica y política desfavorable, lo que lo obligó a aplicar políticas anticíclicas y a iniciar, paulatinamente, un proceso de transición institucional, que condujo al fin del régimen militar.
Shock neoliberal y represión política
Pinochet gobernó inicialmente por medio de una Junta Militar, que buscaba resolver dos problemas. El primero, y más inmediato, era imponer la estabilidad socioeconómica, luego de una etapa de intensas disputas y desarticulación económica, provocadas en gran parte por acciones de la propia derecha.
El segundo era desarrollar un nuevo proceso de acumulación capitalista de tipo ortodoxo, basado en la apertura comercial, revirtiendo las políticas de distribución del ingreso, con privatizaciones rápidas y generalizadas, reversión parcial del proceso de reforma agraria iniciado durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y profundizado por la Unidad Popular, y el establecimiento de la hegemonía del capital financiero sobre el productivo. Ante el persistente estancamiento, en 1975, el gobierno aplicó una nueva política de shock, implementada por discípulos de Milton Friedman, de la Escuela de Economía de Chicago, conocidos como Chicago Boys. Esa política ultraliberal dio como resultado la especialización de las exportaciones en commodities y en la quiebra de sectores tales como textiles, electrodomésticos, autopartes, etc. La decisión de salir del Pacto Andino, inmediatamente después del golpe militar, favoreció esa tendencia económica.
Para financiar el desarrollo de los sectores primario-exportadores, las inversiones se efectuaron mediante préstamos de bancos internacionales, lo que amplió el endeudamiento. Otros factores negativos fueron las privatizaciones de bancos, sectores de la industria y servicios públicos, como previsión social, salud y educación, que favorecieron a las grandes empresas y a la concentración de capital.
En el plano laboral, el gobierno reprimió las organizaciones de asalariados, suspendió las negociaciones colectivas y alentó la adopción de contratos individuales y flexibles.
A partir de 1977 se presenció un nuevo ciclo de crecimiento basado en el aumento de la demanda externa. Sin embargo, con la economía basada en ese modelo de acumulación, sólo el enclave exportador tuvo beneficios reales. Eso generó pocas externalidades positivas, e incluso aumentó la desigualdad, lo que se constató en la proliferación de las “poblaciones” (barrios muy precarios).
Como consecuencia de las presiones internacionales, la dictadura chilena realizó un plebiscito en 1980, en plena vigencia del estado de sitio, por el cual se aprobó una nueva Constitución que, en verdad, les daba mayores poderes e inmunidad a los militares, y consolidaba sus políticas, además de establecer un nuevo mandato para Pinochet de ocho años, al fin de los cuales se realizaría una nueva consulta popular.
En dicho período, a pesar de la fuerte represión, los movimientos populares y la izquierda se iban fortaleciendo. En 1977 surgieron las primeras protestas masivas, cuyo punto culminante fue en 1983, con una jornada de protesta generada por la grave crisis económica que se desató a partir de 1982, cuyo resultado fue el aumento del desempleo. Debido al creciente endeudamiento, el gobierno fue obligado a recurrir al FMI, lo que implicó más restricciones económicas y más desocupación, entre otros graves problemas, y consecuentemente, un crecimiento de la insatisfacción.
Al mismo tiempo, la crisis destruyó la alianza entre la burguesía media y la financiera, causando el fortalecimiento de la democracia cristiana, centrista, y de la derecha independiente. Otra organización que tuvo particular relieve en este proceso fue el Codepo (Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo). A su vez, los movimientos de izquierda, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, creado por disidentes radicalizados del Partido Comunista, intensificaron sus acciones. El Frente fue acusado de organizar una frustrada tentativa de asesinar a Pinochet, en septiembre de 1986.
En el plano internacional, el cambio en la agenda, que puso la cuestión de los derechos humanos en el orden del día, generó presiones por parte de organismos internacionales y una gran reducción del apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Además, en ese contexto de cambios, muchos países del Cono Sur, luego de períodos dictatoriales, pasaron por un proceso de democratización, modificando también la correlación de fuerzas.
Transición negociada
Aunque Pinochet aún contara con el fiel apoyo de la alta burguesía, y el MIR y el PCC estuviesen debilitados en virtud de la represión, la Democracia Cristiana y los socialistas se aliaron, creando en el plano interno fuerzas democráticas capaces de enfrentar al dictador. Así, en 1988, hubo una consulta popular, acompañada por observadores internacionales, en la cual la mayoría optó por la no continuidad de Pinochet en el poder.
Al convocarse a elecciones, la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de centro-izquierda, logró que Patricio Aylwin Azócar fuese elegido en la primera vuelta, con el 55% de los votos. El candidato apoyado por Pinochet conquistó cerca de un tercio de los votos. Ese hecho, sumado a la Constitución conservadora de 1980, garantizaría una transición negociada, en la cual se respetarían los privilegios de los militares y la política económica.
No por casualidad, Pinochet se volvió símbolo de opresión, violencia y autoritarismo en América Latina. A diferencia de las dictaduras de la Argentina y de Brasil, la chilena se instaló en un período en el que se enfrentaba una gran crisis económica sistémica y en una sociedad en que la conciencia política y las luchas sociales estaban impregnadas en la cultura popular. Si se considera la elección de Allende como símbolo de la radicalización democrática chilena, la dictadura de Pinochet podría ser vista como una contrarrevolución.
En ese sentido, el gobierno militar promovió una profunda despolitización y eliminación de los espacios públicos, anteriormente utilizados para la convivencia colectiva. Las Fuerzas Armadas y el órgano de inteligencia, la DINA, posteriormente denominada Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organizaron innumerables acciones, como la Caravana de la Muerte, la Operación Cóndor , la Operación Colombo, la Operación Albania, entre muchas otras, cuyo corolario fue el asesinato o la desaparición de miles de personas, encarcelamientos arbitrarios y exilios forzados. La práctica de la tortura se tornó moneda corriente en los procesos de investigación. Además, se presenció el cierre de los partidos de izquierda y la suspensión de actividades de otros; se cerró el Congreso; se intervino el Poder Judicial y se prohibieron los medios de comunicación críticos, entre otras acciones.
Por esos crímenes contra los derechos humanos, aunque lograra vivir en libertad en Chile gracias a su cargo de senador vitalicio, Pinochet fue encarcelado en su primer viaje internacional, en octubre de 1998, en Londres, a raíz de una orden dictada por el juez español Baltasar Garzón. El entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presionado por los seguidores del ex dictador, inició un arduo trabajo para liberarlo. Aún así, permaneció detenido durante cerca de quinientos días.
Además de las acusaciones de asesinatos y violaciones a los derechos humanos, Pinochet enfrentó acusaciones de enriquecimiento ilícito, reforzadas por el descubrimiento de cuentas millonarias vinculadas a él en bancos del exterior. Dichas cuentas fueron congeladas, a pesar de lo cual sufrieron movimientos. Las últimas estrategias de la defensa de Pinochet para mantenerlo libre fueron los alegatos de senilidad y quebrantamiento de la salud.
A pesar de protegido por la inimputabilidad, las investigaciones sobre los crímenes e irregularidades cometidas durante su dictadura prosiguieron. En 2005 fueron descubiertas por el Senado de los Estados Unidos cuentas secretas de Pinochet en el Rigss Bank, de Londres y en varios bancos de los Estados Unidos, que sumaban casi 20 millones de dólares acumulados de forma ilícita.
Pincochet murió víctima de un ataque cardíaco el 10 de diciembre de 2006 a los 91 años, en Santiago, capital chilena. En su momento, por decisión del gobierno de Michelle Bachelet, su funeral no recibió honras de Estado. El dictador no dejó herederos políticos y hasta el ejército chileno decidió, en 2014, retirar el nombre del general de una de las medallas reservadas a los cadetes de la academia militar. En 2015, la presidenta Bachelet anunció el inicio del proceso constituyente para la elaboración de una nueva Carta, en sustitución a la Constitución heredada de la dictadura Pinochet.