Formada en diciembre de 1969, la coalición denominada Unidad Popular (UP) surgió de una alianza entre el Partido Comunista, el Partido Socialista, disidentes de la Democracia Cristiana (DC), el Partido Radical, el Partido de Izquierda Radical, la Acción Popular Independiente y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), que propició la adhesión de amplios sectores populares y progresistas.
La UP llegó al gobierno el 4 de noviembre de 1970, con la elección de Salvador Allende, que derrotó al candidato del partido de centro (la Democracia Cristiana), Ramiro Tomic, y a Jorge Alessandri, representante de la derecha por el Partido Nacional. A pesar de la victoria, la UP alcanzó apenas el 34% de los votos y una pequeña diferencia de 30.000 votos con relación al segundo puesto, lo que indicaba futuros problemas para gobernar.
Su programa tenía por objetivo la transición al socialismo de acuerdo con los marcos institucionales, por medio de la propia estructura capitalista subdesarrollada, llamada “vía chilena al socialismo”. En esa estrategia, el socialismo sería el resultado de la ampliación de las libertades políticas de la democracia liberal, mientras que la acción estatal nacionalizaría las empresas monopólicas, creando un núcleo socializado en la economía. Así, las políticas aplicadas tendrían un contenido antioligárquico, antimonopolista y antiimperialista, que garantizaría la emancipación popular, la autodeterminación y la soberanía del pueblo chileno.
Sin embargo, esa forma de acceder al socialismo no era consensuada pues, en ese período, una parte importante de la izquierda latinoamericana estaba muy influenciada por la Revolución Cubana y otras experiencias de transición al socialismo por la vía armada.
Gobierno de la UP
Las principales iniciativas de la UP fueron las siguientes: estatización de bancos e industrias, nacionalización efectiva del cobre, intensificación de una reforma agraria que enfrentaba los latifundios, políticas de redistribución del ingreso y elevación de los salarios reales, expansión de las exportaciones y aumento de los gastos sociales, entre otras.
Esas políticas tuvieron efectos positivos para la población más humilde, al punto de reducir el desempleo del 8,3% al 3,6% en el año 1972. Ello se vio reflejado en la gran votación que logró la UP en las elecciones municipales. No obstante, a medida que generaban un incremento en la demanda, esas medidas fueron creando una presión inflacionaria. El gobierno introdujo el control de precios para evitar la inflación, y esto provocó el descontento de los empresarios, que reaccionaron reduciendo las inversiones y desorganizando el sector de transportes y abastecimiento. Terminó creándose un mercado negro, lo que afectó directamente a las clases medias y bajas. En consecuencia, la alianza entre las clases, basada en la economía y no en el proyecto político, empezó a deshacerse, y esto favoreció la polarización social.
Paralelamente, en el ámbito externo, la UP tuvo que enfrentar un bloqueo económico promovido por el gobierno de los Estados Unidos, que, dificultando el crédito y el comercio internacional, presionó al gobierno chileno. Para tener una idea de la dimensión de dicho bloqueo, la administración de Eduardo Frei Montalva, que fue uno de los gobiernos latinoamericanos más beneficiados por el programa Alianza para el Progreso, recibió cerca de US$ 1.000 millones, mientras que la ayuda financiera al gobierno de la UP fue casi inexistente. A la reducción de la ayuda, se sumó la devaluación internacional del cobre que también impactó negativamente sobre las cuentas nacionales chilenas.
En el ámbito legislativo, el Congreso bloqueaba las iniciativas gubernamentales, incluyendo leyes presupuestarias, creando una inflación descontrolada, provocando el cambio constante de ministros y dificultando la nacionalización de empresas. El desenlace de esa crisis se dio en diciembre de 1971, cuando tuvo lugar la primera manifestación de descontento conocida como la Marcha de las Cacerolas Vacías. Fue realizada por mujeres de barrios elegantes, respaldadas por sectores de la clase media, demostrando la pérdida del apoyo a la UP.
En 1972 se intensificaron las protestas, con la adhesión de algunos trabajadores de empresas privadas. Los partidos opositores dificultaban los trámites en el Congreso y propiciaban la movilización social y la propaganda contra el gobierno. Incluso había acciones terroristas ejecutadas por el grupo de extrema derecha Patria y Libertad, y la oposición contaba con el apoyo del gobierno dictatorial brasileño y del gobierno estadounidense. Este último actuaba bajo las órdenes personales de Henry Kissinger, a través de la CIA, que articulaba y financiaba a los grupos golpistas.
Sin embargo, el principal grupo opositor era de carácter corporativo-empresarial y fue conocido como Movimiento Gremialista. Alejado de la derecha partidaria, hacía su representación política por medio de las Fuerzas Armadas, que pasaron a ser consideradas la forma de eliminar totalmente la inestabilidad que atravesaba el país.
En reacción a los ataques, el gobierno se apoyó en la institucionalidad política, que socavaba la posibilidad de construir una nueva hegemonía formada por las clases populares y transfería, peligrosamente, la disputa política al interior del Estado. Además, esa postura no fue del agrado de los militantes de la izquierda socialista y del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), que presentaban propuestas más radicales. Los sectores progresistas organizaban y animaban a los trabajadores rurales y urbanos, y la prensa crítica, entre la que sobresalía la revista Punto Final, denunciaba las maquinaciones golpistas de la burguesía chilena y del imperialismo.
Radicalización
En las elecciones para el Congreso, en marzo de 1973, la derecha esperaba obtener una amplia mayoría para, de esa manera, realizar el juicio político contra Allende. No obstante, la campaña de desestabilización no impidió que el gobierno adquiriera el 43% de los escaños. Es decir que, si bien la UP permaneció como minoría, a su vez garantizó su permanencia en el poder.
Ese proceso de radicalización culminó con un “ensayo” de golpe a fines de junio de 1973. El golpe fue desarticulado en el interior de las Fuerzas Armadas por el general legalista Carlos Prats, pero puso de manifiesto que la izquierda no estaba preparada para una contraofensiva.
El gobierno y Allende, conscientes de los riesgos que corrían, intentaron una nueva maniobra, que consistía en la formación de un gabinete cívico y militar, ya que los últimos, aparentemente neutros, se convirtieron en “árbitros” de la disputa de clases. La iniciativa no surtió efecto, pues fue duramente criticada por la izquierda y favoreció la convergencia de la derecha, representada por los segmentos más conservadores de la DC y por el Partido Nacional. Además, se les proporcionó a las Fuerzas Armadas la oportunidad de articularse internamente, depurando a los oficiales legalistas para poder sostener el golpe. Así, antes del 11 de septiembre, los militares fueron ocupando posiciones y desarticulando las organizaciones populares.
De ese gabinete de Allende participó Augusto Pinochet, lo que le garantizó el acceso a informaciones estratégicas, como la propuesta de convocatoria de un plebiscito que aseguraría la transición institucional de forma pacífica. Los oficiales se adelantaron y realizaron el golpe el día en que sería convocado el plebiscito.
El gobierno de la UP terminaría trágicamente el 11 de septiembre de 1973, con el bombardeo al Palacio La Moneda. Allende autorizó a sus asesores a retirarse, pero algunos de ellos permanecieron y combatieron bravamente a su lado. Así, el gobierno que tantas esperanzas había despertado en la izquierda chilena y latinoamericana fue derrocado por un golpe militar. La coalición fue disuelta posteriormente, pues los partidos adoptaron líneas diferentes en el combate a la dictadura.