La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), primera gran estatal argentina y también pionera latinoamericana de gran porte de la industria del petróleo, fue creada en 1922 por iniciativa del presidente Hipólito Yrigoyen, quien había quebrado la hegemonía de los partidos oligárquicos al ser elegido como representante de un partido por entonces popular y reformista, la Unión Cívica Radical (UCR).
En 1935, una nueva ley estableció la autosuficiencia nacional como objetivo del sector de hidrocarburos y otorgó la propiedad de los yacimientos al Estado. Al año siguiente, el sector fue reglamentado para prohibir las exportaciones y limitar las importaciones, presionando a las principales empresas presentes en la Argentina –Esso y Shell– para que se concentraran en las actividades de refinación y distribución. En 1958, una nueva ley nacionalizó la búsqueda, la extracción y el transporte de minerales energéticos, atribuyéndolos a las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) y Gas del Estado.
En 1967, bajo la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, la política de nacionalización inició un franco retroceso. El ortodoxo ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena quiso mostrarles a los inversores extranjeros que el “nacionalismo petrolero” había terminado. Otorgó concesiones para la producción con dominio del producto al sector privado y permitió que YPF firmara contratos con terceros –principalmente con los grupos Pérez Companc, Astra y Bridas– para operar yacimientos ya productivos, aun cuando el sector continuó estando fuertemente regulado por el Estado.
Esas medidas fueron parcialmente anuladas en 1974 por el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, que restableció el control estatal desde la producción hasta la distribución, mantenido luego por la dictadura militar vigente desde 1976 hasta 1983. Las empresas privadas volvieron a ver controlada su producción con la obligación de venderla a YPF a los precios dictados por la estatal y de comprar sus insumos a los abastecedores locales. En 1985, el gobierno de Raúl Alfonsín abrió parcialmente el sector con el denominado Plan Houston, que volvió a admitir la firma de contratos de riesgo con el sector privado para la búsqueda y la producción de petróleo.
A comienzos de los años 1990, el éxito inicial del plan de estabilidad implantado por el presidente Carlos Saúl Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, otorgó al gobierno capital político para acallar a los sectores nacionalistas desmoralizados por la hiperinflación y asumió el papel de punta de lanza del neoliberalismo en América Latina. En 1991, los contratos de riesgo se transformaron en concesiones y se anunció la desregulación y la privatización total del sector. Los precios del petróleo y de sus derivados fueron liberados, YPF vendió los derechos de prospección y producción del 34% de sus reservas totales comprobadas y se preparó para la privatización.
La cantidad de empleados se derrumbó de 51.000 en diciembre de 1990 a 10.600 en marzo de 1993, cuando se llevó a cabo la privatización propiamente dicha. Del capital de YPF, el 59% fue ofrecido a accionistas privados, el 20% quedó en manos del gobierno federal, el 11% fue a las provincias y el 10% a los empleados (reducidos a 7.840 hacia fines de 1993 y a 6.500 en 1994).
En 1989, el 63% de la producción petrolífera argentina todavía pertenecía a YPF, el 35% a empresas contratadas y el 2% a las concesiones privadas del Plan Houston. La empresa conservaba todavía entre el 55% y el 60% de la refinación y la distribución, frente al 18% de Shell, el 16% de Esso y el 5% de las empresas privadas argentinas. Poco después de la privatización pasó a responder por el 43% de la producción total de petróleo, el 50% de la refinación y el 52% de la distribución, además del 60% de la producción y venta de gas y
el 25% de la industria petroquímica.
El costo de prospección y desarrollo de YPF sumaba por aquel entonces US$ 1,86 por barril, frente a los US$ 7,36 de la brasileña Petrobras. El costo promedio de producción, según la empresa, cayó con la privatización de US$ 3,60 por barril a US$ 3,30, frente a US$ 5,07 en Brasil. La razón de la diferencia era que Brasil ya obtenía la mayor parte de su producción en aguas profundas, mientras que la mayoría de los yacimientos petrolíferos de YPF aún se localizaban en tierra. Por otro lado, como las refinerías argentinas eran relativamente pequeñas y antiguas, su costo promedio de refinación sumaba US$ 4 por barril, contra US$ 2,40 de Petrobras.
Bajo control estatal, el 95% de la producción argentina era refinado en el país y el comercio exterior se limitaba a compensar la diferencia entre el perfil de la refinación y el del consumo interno. Después de la desregulación y la privatización se buscó maximizar la producción y exportar el excedente. En 1995, el país consumió y refinó internamente apenas el 64% de su producción; el 36% restante fue exportado en bruto, principalmente a Chile y Brasil. En 1996, este último recibió de la Argentina la mayor parte de sus importaciones de petróleo, ya bastante reducidas en relación con los años 80.
La producción disminuyó en las áreas recién privatizadas. En esas áreas ya maduras, de alta productividad y bajos costos, las nuevas concesionarias (principalmente Astra, Bridas y Pérez Companc) se limitaron a aprovechar la oportunidad de ganar dinero con costos bajos sin invertir en prospección ni en recuperación secundaria. El lucro fue reinvertido fuera del país en proyectos aparentemente más atractivos y lucrativos. Bridas, por ejemplo, intentó disputar en 1995 las ricas reservas de petróleo y gas del mar Caspio, abierto a las transnacionales con la caída de la URSS. Se involucró así en una arriesgada disputa geopolítica por los favores de Turquistán y Afganistán (país gobernado por los talibanes desde 1996), en franca desventaja respecto de su competidora estadounidense Unocal, respaldada por capital saudita y por la estrategia del Pentágono y el Departamento de Estado. A falta de condiciones propicias para disputar en ese terreno minado, el propietario de Bridas terminó por vender su control a la empresa estadounidense Amoco.
YPF también invirtió en el exterior, notablemente en Ecuador y en la privatización de la YPF boliviana en 1996. En los años siguientes, a medida que el consumo argentino aumentaba y la producción nacional disminuía debido a la escasez de nuevos pozos petrolíferos, las exportaciones volvieron a bajar y se prevé un incremento de las importaciones. De este modo, la Argentina, que se esmeró en exportar petróleo barato a fines de la década de 1990 cuando el precio del producto alcanzó su baja más acentuada, quizás tendrá que importarlo muy caro en un período de probable escasez internacional.
En la primera etapa de la privatización, el control efectivo de YPF continuó siendo semiestatal: los sindicatos y las provincias, junto con los empleados de la empresa, conservaban el 50% de las acciones, que eran usadas para influir en la administración y como garantía de la deuda externa. Pero los crecientes desequilibrios en las cuentas argentinas, consecuencia del aumento de la inestabilidad de los flujos internacionales que siguieron a la crisis mexicana de fines de 1994, generaron en el gobierno de Menem y Cavallo la creciente necesidad de captar dólares para salvar el plan de convertibilidad, o mejor dicho, para postergar su colapso. El gobierno intentó entonces vender en efectivo los activos que le quedaban, incluso su participación en YPF.
Durante ese período, Repsol entró en acción. Creada en 1981 a partir de activos del sector petrolífero del gobierno español (sobre todo refinación y distribución, pero sin producción o reservas significativas de petróleo), fue privatizada gradualmente de 1989 a 1997. Hasta 1996, las empresas extranjeras más importantes en el rubro extracción de petróleo habían sido Amoco y Total, y en los rubros refinación y comercialización, Shell y Esso. Pero ese año Repsol adquirió la argentina Astra y, al año siguiente, los grupos argentinos Soldati e Isaura le vendieron sus inversiones en refinación. Así se convirtió en la primera empresa extranjera en producir petróleo, además de refinarlo y comercializarlo.
En enero de 1999, Repsol compró las acciones del gobierno argentino en YPF y se fusionó con la subsidiaria, convirtiéndose en una petrolera internacional de mediano porte: sus reservas de petróleo saltaron de 1.000 millones a 3,5 millones de barriles (incluyendo los de gas natural). La nueva Repsol-YPF pasó a poseer el 56% del mercado argentino de refinación y el 48% de la distribución, además de continuar controlando el 59% de la refinación y el 47% de la distribución en España.
El colapso final de la convertibilidad en diciembre de 2001 desvalorizó los activos de Repsol en la Argentina, que no obstante continuaron siendo el principal activo internacional de esa organización. A pesar del congelamiento de precios y tarifas implementado por el nuevo gobierno argentino y de los elevados impuestos aplicados a la exportación para asegurar el abastecimiento interno, la empresa española se mostró menos dispuesta que las transnacionales tradicionales a confrontar al gobierno del país durante los tiempos difíciles que siguieron. Ése también fue el caso de Petrobras, que a fines de 2002 compró Pérez Companc, y se convirtió así en la segunda productora de petróleo de la Argentina (10% del total), además de poseer participaciones importantes en los mercados de gas y energía eléctrica. En marzo de 2005, ambas empresas se negaron a sumarse a la decisión de Shell y Esso de reajustar los precios de los combustibles contra la voluntad de Buenos Aires, garantizando la victoria del boicot gubernamental y popular que obligó a retroceder en sus reclamos a las transnacionales anglonorteamericanas.
El gobierno de Néstor Kirchner se mostró interesado en recuperar parte del antiguo control del Estado sobre el sector de energía y volver a tener una herramienta para regular los precios de los combustibles y controlar los posibles picos inflacionarios, aunque en sociedad con otras naciones latinoamericanas. En 2004, cuando Shell declaró estar dispuesta a vender sus activos en la Argentina, incentivó a la venezolana PDVSA a adquirirlos, pero el negocio finalmente no se realizó, hecho que fue atribuido por la prensa a la presión de Washington.
Aunque sin tener ya activos en el sector, el gobierno argentino transfirió los derechos de producción sobre aquellas partes de la plataforma continental argentina todavía libres de concesión a una nueva empresa estatal: Energía Argentina SA (Enarsa). Ése fue el embrión de una posible y renovada participación en el sector y en el consorcio de estatales sudamericanas propuesto por Venezuela: un holding Petrosul/Petrosur concretado en mayo de 2005 en forma de acuerdo de cooperación en el sector energético, que también involucra a las estatales brasileña y argentina, inicialmente coordinado por el ministro de Planeamiento argentino.
En 2003, las reservas probable de petróleo de la Argentina sumaban 291.000 millones de metros cúbicos (1.900 millones de barriles de petróleo), o seis años de producción a un ritmo de 793.000 barriles/día, el 42% de los cuales eran producidos por Repsol-YPF. Había otros 4.400 millones de reservas “probables”, correspondientes a otros quince años de producción. Repsol-YPF poseía el 46% de todas esas reservas. La exportación líquida de la Argentina, en 2005, era del orden de los 160.000 barriles/día (el 20% de la producción). La capacidad de refinación alcanzaba los 577.000 barriles/día, 362.000 de los cuales (el 62% del total) provenían de Repsol-YPF.
En 2003 las reservas de gas natural llegaron a los 663.000 millones de metros cúbicos (equivalentes a 4.400 millones de barriles de petróleo), o trece años de producción a un ritmo de 138 millones de metros cúbicos diarios (equivalentes a 920.000 barriles/día de petróleo), el 46% de los cuales eran producidos por Repsol-YPF.
La escasez del producto comenzó a hacerse sentir a partir de 2005, mientras las concesionarias se resistían a invertir debido al congelamiento de las tarifas y las importaciones de Bolivia se veían amenazadas por la crisis política de ese país.
En el plano internacional, Repsol-YPF poseía en 2005 reservas equivalentes a 4.500 millones de barriles de petróleo (principalmente en la Argentina, Libia y Argelia), producía 567.000 barriles diarios de petróleo (casi el 70% en la Argentina) y 90 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, y tenía una capacidad de refinación de 1,2 millón de barriles diarios (incluyendo, además de las de Argentina y España, una refinería en Perú).