A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los países de América Latina implementó legislaciones restrictivas a la entrada del capital extranjero en las empresas de comunicaciones. Tales dispositivos tenían como fundamento el marco del nacional-desarrollismo y el auge de la fase de sustitución de importaciones en las economías de la región. Además, se constituyeron monopolios estatales en el sector, lo que significó una traba adicional para la entrada de capital externo.
Con el agotamiento de ese modelo, alrededor de 1980, y con el desarrollo tecnológico que posibilitó la conformación de conglomerados globales, las normas restrictivas se convirtieron en blanco prioritario de gobiernos y fuerzas políticas ávidas por la internacionalización neoliberal. Fue así que, a partir de los años 90, se llevaron a cabo cambios en varios frentes: privatización y desnacionalización de las empresas –fue el caso de la Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, México, etc.–, modificación de las leyes regulatorias y debilitamiento del poder del Estado sobre el sector a través de la constitución de agencias reguladoras. Presentadas como organismos de la sociedad, independientes de las intromisiones políticas, dichas entidades terminaron funcionando, en gran medida, como agentes de los medios privados ante el Estado.
Chile, pionero en las reformas neoliberales, creó la Subtel (Subsecretaría de Telecomunicaciones) en 1978, con el propósito de regular la privatización de las estatales CTC (Compañía de Telecomunicaciones de Chile S. A.) y ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A.), en 1982, todavía durante la dictadura pinochetista.
A lo largo de los años 90, entre otras, surgieron: en la Argentina, la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones); en Colombia, la CNTV (Comisión Nacional de Televisión); en México, la Cofetel (Comisión Federal de Telecomunicaciones); en Venezuela, la Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones); y en Brasil, la Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones). Parte de las atribuciones de los Ministerios de Comunicaciones –especialmente la concesión y la regulación– pasó a ser ejercida por dichos organismos.
En Brasil, en 1995, dentro de la lógica privatizadora del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, la anunciada autonomía de Anatel en el otorgamiento de concesiones quedó en la teoría. Durante las negociaciones para la enmienda constitucional que posibilitó la reelección presidencial, se destinaron 1.848 concesiones de radio y televisión a grupos y políticos bien relacionados con la administración federal.
El antecedente más antiguo de constitución de las agencias reguladoras se retrotrae a la FCC (Federal Communications Commission) de los Estados Unidos, creada en el escenario del Communications Act, en 1934. Al contrario de sus pares en el continente, la FCC no tiene independencia respecto del poder público y guarda una relación de subordinación con el Congreso. Tiene como atribuciones regular las comunicaciones internacionales e interestatales de radio, televisión, cable y satélite en el país. La FCC veta la propiedad de un canal de TV y un diario por un único grupo en una misma comunidad, y limita la posesión por parte de un concesionario a, como máximo, el 35% de las emisoras de TV en todo el país. Aun en las concesiones de televisión por cable, consideradas como de libre mercado, no está permitida la posesión de más del 30% por una misma red.
A partir de 1996, una serie de presiones buscó flexibilizar tales restricciones, en una tentativa de establecer lo que ha sido llamado una “brasilianización” del mercado de los Estados Unidos.