La Operación Cóndor, también conocida como Plan Cóndor, quedó instituida durante la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional, realizada en Chile el 26 de noviembre de 1975, de la cual participaron representantes de la inteligencia militar de los gobiernos de Brasil, la Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. Tuvo sus raíces en la ola de golpes de Estado abiertamente apoyados por la CIA y por la USAID (U. S. Agency for International Development) en los años 60 y 70, y en la generalización de medidas represivas contra las amplias movilizaciones armadas y civiles que, por aquel entonces, combatían la dominación norteamericana en América Latina y luchaban por la instauración del socialismo o de regímenes más democráticos.
En 1973, un mes antes del golpe en Chile, se había constituido la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), formada por el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) chileno, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) argentino, los Tupamaros de Uruguay y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia.
Después del golpe chileno, comenzó una serie de reuniones entre Augusto Pinochet y Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, y entre el chileno Manuel Contreras, director del Departamento de Inteligencia Nacional (DINA) y, más tarde, militar a cargo de la Operación Cóndor, y Vernon Walters, director de la CIA, que sirvieron para preparar aquel siniestro proyecto de exterminio.
Al mismo tiempo, la colaboración entre los cuatro países implicados para detener las acciones de la JCR y cualquier tipo de oposición a las nuevas dictaduras adquirió fuerza. Según John Dinges, en el libro Operación Cóndor (Santiago, Quebecor, 2004):
Con el golpe, rápidamente se puso en marcha una operación conjunta del Batallón de Inteligencia 601 y de la DINA para arrancar de raíz las operaciones de la JCR en la Argentina. Los objetivos principales eran el líder del MIR, Edgardo Enríquez, y el líder del ERP, Roberto Santucho, […] en mayo de 1975, los mensajeros de la JCR, Jorge Fontes y Amílcar Santucho, habían sido tomados prisioneros en Paraguay.
Obtenidas a través de la tortura, las informaciones de los detenidos en Paraguay sirvieron como base de lanzamiento de la cooperación sistemática entre Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay (más tarde se incorporarían Brasil y Bolivia), desencadenando una ola de detenciones en gran escala. Meses después, en noviembre, ese esfuerzo conjunto adquiría nombre.
Vuelos del Cóndor
La Operación Cóndor, que contó con el apoyo logístico, tecnológico, financiero y de entrenamiento de los Estados Unidos, tenía tres componentes.
- João Batista Rita, “Catarina”, desaparecido en 1973 en Buenos Aires, Argentina, víctima de la Operación Cóndor (Difusión/Archivo Público)
El primero se refería a la creación de un centro de acumulación de información sobre las personas y organizaciones consideradas subversivas para sistematizarla y ponerla a disposición de todos los miembros del grupo Cóndor. La sede del centro estaba en Chile y se llamaba Cóndor 1. Para la utilización compartida de dichos recursos se creó un sistema de comunicación por télex, denominado Condortel. De acuerdo con John Dinges, las comunicaciones dentro del marco de la Operación Cóndor también utilizaban una poderosa red de radiofonía militar, cedida por el Ejército de los Estados Unidos, cuyo transmisor central se encontraba en la zona del Canal de Panamá.
El segundo componente era una operación de colaboración de todos los Ejércitos miembros del Plan Cóndor en las capturas, los interrogatorios y las torturas. Los prisioneros podían ser interrogados simultáneamente por oficiales de varios países y trasladados de un país a otro para ser interrogados o ejecutados.
El tercer componente fue una osada operación de inteligencia y ejecución con el fin de quebrar las redes de apoyo de los que eran considerados subversivos en cualquier parte del mundo, y que incluía la posibilidad de captura y el asesinato en países fuera del área. Esa operación internacional se dirigía a comités de solidaridad, organizaciones de derechos humanos y a exiliados o a sus familiares. Es decir, que significaba poner en marcha caravanas de la muerte, no sólo en los países del grupo Cóndor, sino incluso en sitios tan lejanos como al otro lado del océano.
Víctimas
El Plan Cóndor mantenía acuerdos con la operación de inteligencia de la CIA, destinados a desestabilizar a Cuba y a detener cualquier tipo de relación o influencia de este país con el resto del continente. Esas operaciones estaban encabezadas por un grupo de cubanos exiliados, que vivía en Miami y tenía una base en Venezuela, con experiencia en el uso de bombas, y que colaboró estrechamente con integrantes de la Operación Cóndor, sobre todo en la organización del banco de datos y en la preparación de operaciones de exterminio.
El balance de la Operación Cóndor en lo que se refiere a vidas humanas es meramente estimativo, porque los daños alcanzaron a una comunidad mucho mayor que sólo la de los muertos y desaparecidos. No obstante, se calcula que resultaron eliminadas aproximadamente 40.000 personas, de las cuales 30.000 fueron sólo en la Argentina. Fue en este país donde la represión alcanzó su punto máximo durante la dictadura del general Videla.
En 2014, Brasil y Argentina firmaron un acuerdo de cooperación internacional para investigar las acciones de la Operación Cóndor y los crímenes cometidos durante las dictaduras militares en los dos países. En Brasil, el Ministério Público Federal encontró documentos de las Fuerzas Armadas en la residencia del teniente coronel Paulo Malhães, que comprobaron la Operación Cóndor y su red internacional de acciones criminosas, descritas en relatorios producidos entre 1978 y 1979.
En 2015, ocurrió en Itália la primera audiencia del proceso en contra de los acusados de crímenes cometidos en la Operación Cóndor. Fueron enjuiciadas 32 personas, entre las cuales están el ex ministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez, el ex primer ministro peruano Pedro Richter Prada, el ex jefe de los servicios secretos chilenos Juan Manuel Contreras, y el general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú entre 1975 y 1980. Ellos responden por los crímenes de secuestro, tortura y homicidio de 43 personas de varias nacionalidades. Los acusados pueden ser condenados a la cadena perpetua.