La estrategia de transferir los servicios sociales a un sector que no sea ni “estatal” ni tampoco pertenezca al “mercado” –denominado Tercer Sector– está inscripta en el marco de los programas de alivio de la pobreza y de focalización de las acciones sociales en América Latina. Son estrategias apoyadas y estimuladas por los organismos internacionales y multilaterales de financiamiento, como asimismo por los gobiernos de los países de la región.
Así como no fue posible constituir en América Latina “Estados de bienestar social” en su plena concepción, ni construir un “mercado libre y competitivo”, inexistente sin el beneplácito estatal, el Tercer Sector también asume contornos muy poco definidos en los países latinoamericanos. Sería tan amplio que en él cabrían desde las “empresas socialmente responsables” hasta las asociaciones de barrio. Su principal atributo es ser “no gubernamental”.
Tercerización
En efecto, en las dos últimas décadas, concomitantemente al desmantelamiento de los aparatos estatales –y los sociales– proliferaron esos tipos de institución: las llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), heterogéneas desde el punto de vista de sus orígenes, sus propósitos, su financiamiento, sus formas de organización y sus participantes. En rigor, el aspecto del financiamiento es el que más las unifica dado que la mayoría de esas organizaciones, a pesar de llamarse “no gubernamentales”, son financiadas con recursos públicos.
De acuerdo con las estrategias anteriormente mencionadas para “mitigar” los problemas sociales, gran parte de las ONG de América Latina asumieron el papel de sustituir al Estado (o a los gobiernos) en la prestación de servicios sociales. Existen casos límite, como el de Perú, donde hasta las acciones de salud pública fueron asumidas por ese tipo de organización. Las consecuencias de esa decisión política son visibles desde hace ya algún tiempo: el deterioro de las condiciones de salud de la población y la bajísima cobertura de vacunación. Otros países mantienen los servicios estatales considerados “esenciales”, transfiriendo aquellos que podrían tener un carácter más “competitivo” y “eficiente” a las organizaciones del Tercer Sector, tal como proponía la Reforma del Estado en Brasil durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso a mediados de los años 1990. Esa estrategia continúa siendo claramente propuesta y apoyada por organismos como el Banco Mundial. La hipótesis central es que, ante la “ineficiencia” o “incapacidad” estatal/gubernamental para asumir sus tareas –aspecto reforzado por las políticas dirigidas al desfinanciamiento y el desmantelamiento de ese sector, que efectivamente provocaron el empeoramiento de sus servicios, muchas veces ya precarios–, cualquier cosa “no gubernamental” sería por definición mejor, sobre todo a partir de cálculos de rendimiento costo/beneficio. Contenida en esta hipótesis, y en consonancia con la premisa de la “autoayuda”, está la suposición de que la calidad de las acciones salidas de la “propia comunidad” sería superior a aquella salida de “burócratas de afuera”.
Vale la pena señalar que, junto a la estrategia de transferencia a entidades del Tercer Sector o “comunitarias”, se perpetró una gigantesca tercerización de todos los servicios sociales en América Latina (como asimismo de todos los servicios públicos privatizados), precarizando las relaciones de trabajo y desmantelando toda y cualquier posibilidad de crear cuadros estables y capacitados en el sector público.
¿Retorno a un sistema premoderno?
Otra premisa muy cara a esa estrategia sostiene que los problemas sociales se resuelven en el ámbito “local”, justificando la descentralización irrestricta y sin criterio de todo y cualquier programa social. Existe otra ficción asociada a esa idea: la de que el espacio “local” sería por definición más “democrático”, en la medida en que las personas estarían más “próximas” a los servicios suponiendo una mayor transparencia y control social.
La pregunta inevitable, sobre todo frente a las evidencias ya acumuladas en las experiencias latinoamericanas, es si efectivamente las múltiples redes del Tercer Sector han sido capaces de implementar políticas públicas y, sobre todo, de resolución de los gigantescos problemas sociales que afectan a la región.
Cuando el Estado omite o está ausente, y cuanto más carente es la “comunidad” en que las ONG actúan, éstas asumen responsabilidades que no les corresponden. Debido al carácter privado de sus acciones, y a su limitado alcance o capacidad de cobertura, el impacto de su intervención ha sido muy limitado en relación con la transformación de las condiciones generales de vida de grandes segmentos de la población. Por último, cabe recordar que la asociación de personas en “grupos no gubernamentales” no es ninguna novedad histórica. La “novedad” es que hayan comenzado a asumir funciones que otrora pertenecían a la esfera estatal. En palabras de Immanuel Wallerstein, hay un retorno al sistema premoderno según el cual debemos, en el ámbito de lo privado, proveer nuestra propia seguridad y nuestro bienestar. Dado que es difícil asumir todas las tareas que ello implica, nos sometemos a “grupos” construidos de diversas maneras y con diversos rótulos, y esos grupos representan algo muy diferente de las naciones construidas en los dos últimos siglos. Sus miembros no son ciudadanos porque sus fronteras no han sido definidas jurídica, sino míticamente, y sirven, no para incluir, sino para rechazar.