Aunque todas las sociedades hayan experimentado la violencia en momentos específicos de sus historias, en el caso colombiano tal circunstancia se hizo presente casi a todo lo largo de su existencia. Apenas terminada la guerra por la independencia, durante el siglo XIX, hubo ocho conflictos civiles generalizados, catorce locales y dos guerras con Ecuador. En el siglo XX, los colombianos protagonizaron la guerra con Perú, así como numerosos levantamientos populares urbanos y rurales. Asimismo, el país pasó por la violencia bipartidista de los años 40 y 50, el actual conflicto (que vincula de manera compleja a las organizaciones guerrilleras, organizaciones paramilitares o autodefensas, los cárteles y las agrupaciones del narcotráfico) y el accionar militar y policial del Estado, que cuenta con el apoyo económico, técnico y militar de los Estados Unidos.
La gravedad de la violencia en los últimos cincuenta años, muy acentuada luego de la década del 80 debido a la entrada en escena de las organizaciones paramilitares y del narcotráfico, va más allá de lo que los datos estadísticos alcanzan a medir. En la mayoría de los casos, los mismos no registran plenamente los fenómenos. La violencia ha asumido muchas formas: asaltos a poblados, ataques a instalaciones militares, masacres y asesinatos selectivos de civiles, combates abiertos, emboscadas, campos minados, acciones terroristas contra las personas y sus bienes, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas y desplazamientos en masa de la población.
Algunas cifras parciales y limitadas son las siguientes: el número de acciones armadas pasó de 1.061 en 1996 a 2.832 en el 2002 y tuvo un leve aumento en el 2003 (2.838). Los secuestros, en el mismo espacio de tiempo, crecieron de 1.092 en 1996 a 3.706 en 2002. En total, entre 1998 y 2002, hubo 12.347 secuestros, con un promedio de 3.086 por año. Desde 1997 hasta 2002, los homicidios fuera de combate llegaron a 17.776, de los cuales 930 se produjeron durante masacres (71,8% de ellos fueron atribuidos a los paramilitares, 22% a los guerrilleros y 3,6% a las fuerzas públicas). Solamente en el período de 1998 a 2002 las masacres fueron estimadas en 703 (un promedio de 176 por año), con un total de 4.056 víctimas. Entre 1997 y 2002 hubo 4.655 desapariciones (74% atribuidas a los paramilitares, 9,9% a la guerrilla y 16% a las fuerzas públicas). Entre los años 1998 y 2000 desaparecieron 634.155 personas. Hasta 2001 se calcula que fueron sembradas 130.000 minas antipersonales en los campos de cultivo y que entre 1990 y 2000 sus víctimas llegaron a 1.514.
De acuerdo con las estimativas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, durante su gestión las dimensiones de tales hechos habrían disminuido sensiblemente a consecuencia de su política de seguridad democrática. A pesar de ello, como lo han advertido algunas organizaciones no gubernamentales y el mismo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la disminución de los índices sólo es un efecto coyuntural que no implica una variación definitiva de las tendencias, las cuales pueden volver a presentar números elevados. Sin embargo, en Colombia la violencia no es sólo el resultado de los conflictos armados. Cuando se toma en cuenta el total de los homicidios cometidos entre 1997 y 2001 (126.231), el número de muertes resultantes del fenómeno de la violencia política (25.468) representa apenas el 20% del total. La delincuencia común es responsable por el 80% restante. Se le debe sumar a ello el alto índice de impunidad, pues la ineficiencia de la justicia propició que, en 2002, del total de delitos contra la vida y la integridad personal (91.244), sólo el 37% (33.851) recibieran condenas a prisión. En lo que se refiere a los homicidios, del total registrado en el mismo año (28.622), solamente hubo condenas para el 21% de los casos (5.987).