Después de atravesar la época de oro de la producción de marihuana, Colombia comenzó la década de 1960 explotando coca y llegó a ser, en los años 80, la primera productora mundial de su hoja, principalmente debido a la transferencia de las zonas de cultivo desde Perú y Bolivia a causa de las políticas de prohibición y control adoptadas en dichos países. Desde 1990 hasta comienzos del siglo XXI, el área cultivada pasó de 40.000 hectáreas a alrededor de 200.000 hectáreas, sin que tal avance haya sido sustancialmente modificado, a pesar de las políticas de erradicación adoptadas en forma permanente, que incluyen fumigaciones con glifosato. Entre 1989 y 1998, la producción de la hoja de coca aumentó en un 140% (pasó de 33.900 a 81.400 toneladas). Más notables aún fueron los niveles de producción de cocaína en el año 1999, que crecieron a más del doble de los totales del año anterior al alcanzar las 220 toneladas.
- Trabajador de una plantación de coca conversa con la policía durante un día de trabajo para erradicar manualmente la coca en Tarazá, Colombia, en junio de 2008 (William Fernando Martínez)
Colombia también es la principal nación refinadora de cocaína: el país proveyó alrededor del 80% (220 toneladas) del total introducido en los Estados Unidos en 1999. A las plantaciones de coca hay que sumarles las de amapola (producto base de la heroína), que ocupan una extensión cercana a las 5.000 hectáreas, con una producción que en 1998 se estimó en 61 toneladas. No obstante, dadas las particularidades de la geografía y la alta movilidad de las plantaciones, no es posible acceder a una estadística muy precisa sobre la extensión cultivada y los volúmenes reales de producción.
Sobre esa producción básica se ha edificado un sistema de procesamiento que permite la comercialización internacional de la cocaína a través de numerosos canales, principalmente hacia los Estados Unidos y Europa. Sobre esta base se estructuran organizaciones tan poderosas como los extintos cárteles de Medellín y Cali, pero cuyo papel de protagonistas en los planos social, económico y político es menos evidente. Entre ellas la más conocida es el Cártel del Norte del Valle.
Las circunstancias que hicieron posible esta situación son múltiples y complejas, a saber: los niveles de consumo en el exterior, especialmente en los Estados Unidos y en Europa; las condiciones propicias del medio natural y geográfico para el cultivo de la planta; la alta rentabilidad de la comercialización, que permite mantener, ampliar y proteger todos los procesos de producción, procesamiento y tráfico y los vínculos muy estrechos establecidos con las organizaciones armadas ilegales, tanto de carácter guerrillero como paramilitar.
- Cargamento de cocaína incautado en la costa de Colombia, en 2012 (US Navy)
Los cultivos ilegales tienen un impacto ambiental significativo, pues suponen el desmonte y la contaminación de las fuentes de agua con los insumos utilizados. Un ejemplo de ello es el informe del período 1987-2000, según el cual el cultivo de coca implicó la destrucción de 670.000 hectáreas de selva y el de amapola arrasó 95.000 hectáreas. Los efectos sociales guardan relación con la modificación de las condiciones de vida de la población campesina, el cambio de su cultura, los procesos de migración interna y la inevitable vinculación de los trabajadores con las organizaciones armadas irregulares, que protegen las plantaciones y los procesos productivos o que los controlan directamente.
Desde el punto de vista económico, los altos precios de las sustancias ilícitas permiten remunerar mejor la mano de obra, por lo cual tornan otras actividades lícitas prácticamente inviables. Por otro lado, generan un ingreso masivo de divisas al país, lo cual incide en la cotización de la moneda nacional. Esto altera la marcha normal de los procesos económicos debido a la necesidad del lavado de dinero, lo que corrompe a las instancias institucionales, en especial a los cuerpos armados, a los de seguridad y a la justicia. La corrupción, manifiesta de manera abierta o velada en los procesos políticos y particularmente los electorales, alimenta en forma creciente a todos los actores del conflicto armado.
No existen informaciones seguras sobre el volumen de ingresos generado por el narcotráfico, pues la misma naturaleza ilícita de la actividad lo impide. Algunas estimaciones dan cuenta, por ejemplo, de que entre 1980 y 1995 las divisas que entraron al país llegaron a los 36.000 millones de dólares (5,3% del PBI) y la participación de ese mercado en el volumen total de las exportaciones pasó de 30,6% a 65,4%. Por su parte, la mitad de los ingresos generados por el narcotráfico permanece en el exterior.
Durante los últimos 25 años, el Estado promovió diversas políticas para combatir el fenómeno. Además de las que se refieren a la erradicación, ya sea manual o mediante la fumigación, y de los programas de sustitución de cultivos, las principales medidas giran en torno a la acción militar y policial (con el apoyo de los Estados Unidos, que incluyen programas de interdicción aérea) y a las modificaciones en la política de tratamiento penal. Dichos cambios tienden a facilitar el conocimiento de las redes (por un mecanismo de presentación ante la justicia y de colaboración con ella a cambio de beneficios penales), a identificar las diferentes modalidades de narcotráfico, de lavado de dinero o, incluso, a recuperar los bienes a través de procedimientos de extinción de dominio. Pero, sobre todo, mediante el empleo de la extradición a los Estados Unidos, la cual fue prohibida por la Constitución de 1991 y reinstaurada en 1997.
- Embarcación de traficantes capturada en el Caribe, en acción conjunta de las Fuerzas de Operaciones Navales de los Estados Unidos y las Fuerzas de la Guardia Costera de Colombia, llega a la Base Naval Bolívar, en Cartagena, 2009 (US Navy)
