La Carta Social de las Américas es un documento con un conjunto de propuestas presentadas por el gobierno de Venezuela a los países miembros de la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA) en abril de 2004. Se debatió en agosto de 2005 en Caracas, en un encuentro denominado Diálogo Ministerial, que reunió a delegados y representantes de ministerios sociales de por lo menos 30 de los 34 países miembros de la OEA, incluido su secretario general, el chileno José Miguel Insulza.
Trayectoria
El camino hasta el inicio de ese diálogo no estuvo libre de obstáculos. En abril de 2001, durante la cúpula de Quebec, Hugo Chávez presentó la idea de la Carta Social, que fue totalmente ignorada mientras el debate asentaba las bases del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En septiembre del mismo año, durante la firma de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, el presidente venezolano hizo un nuevo intento, sin obtener ningún apoyo de sus pares y menos aún de Washington. Los cambios políticos y sociales ocurridos posteriormente en América Latina fortalecieron la posición de Chávez, que en octubre de 2003 volvió a lanzar su proyecto en la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social. En junio de 2004, la XXXIV Asamblea General de la OEA fijó en la Declaración de Quito la formación de un grupo de trabajo liderado por Venezuela para avanzar en las deliberaciones de la Carta Social, proceso que finalizó en la reunión de agosto de 2005. A principios de 2006, Venezuela dirigió el grupo de trabajo para la redacción de la Carta Social, que contaba con el vicepresidente de los Estados Unidos y representantes de Canadá, América Central y el Caribe. La Carta se debatió en la Asamblea General de la OEA realizada en junio de 2006 en la República Dominicana.
La propuesta de Venezuela es que el documento vaya acompañado de un plan de acción para enfrentar los principales problemas del continente. “La carta será un documento de principios, una gran referencia ética y política, pero eso no es suficiente y será necesario un plan de acción para llevar adelante ese proyecto”, evaluó Jorge Valero, representante de Venezuela en la OEA y coordinador del grupo de trabajo. Él ya afirmaba, antes de la reunión de agosto de 2005, que en ella se confrontarían dos grandes visiones, la neoliberal y la humanística:
Algunos intentarán impregnar el documento con mercado, y nosotros trataremos de revestirlo de humanismo, pues cada país defenderá su punto de vista con respecto al desarrollo. Existen diferentes alternativas. Nosotros seguimos insistiendo que el proyecto neoliberal ha fracasado completamente y que se debe construir un proyecto alternativo, humanístico, popular y participativo.
Derechos
El documento de la Carta Social, basado en derechos, está compuesto por 129 artículos distribuidos bajo 5 títulos: Derechos Sociales Fundamentales; Derechos Comunitarios; Derechos Económicos; Derechos Culturales; Derechos de los Pueblos Indígenas, e incorporará también un capítulo dedicado a las reivindicaciones de las poblaciones afrodescendientes.
Los Derechos Sociales Fundamentales incluyen los siguientes tópicos: derecho a una vida digna; derecho a la salud; derecho a la educación; derecho al trabajo; derecho a la protección social; derecho a la vivienda; derechos de la familia.
Los Derechos Comunitarios incluyen: derecho a la identidad político-territorial; derecho a la propiedad de un terreno como patrimonio colectivo; derecho a la organización y a la participación públicas.
Los Derechos Económicos corresponden a los derechos económicos generales y a los derechos económicos comunitarios.
Los Derechos Culturales cubren un amplio espectro, que incluye: derecho a la identidad cultural; derecho a la cultura universal; derechos de los creadores culturales; ciencia y tecnología; derecho a informaciones; derecho al deporte, tiempo libre y diversión; derechos ambientales.
Por último, se especifican los Derechos de los Pueblos Indígenas y de los Afrodescendientes.
Conceptos emanados de la Constitución Venezolana guiaron la redacción de los 5 títulos y de los 129 artículos. Por ejemplo, uno de los artículos del capítulo de derecho a la salud establece:
se favorecerá todo convenio o acuerdo de cooperación que facilite y promueva la formación acelerada de equipos técnicos, el intercambio de recursos tecnológicos, la prestación de servicios de salud y cualquier otra actividad de cooperación que eleve los estándares de salud y participación de nuestros pueblos.
Esto podría ser considerado un factor coadyuvante en la exportación de las misiones sociales fomentadas por Cuba y por Venezuela.
En el artículo 32 de derecho al trabajo, el texto configurado por Caracas manifiesta el “derecho a la cogestión, autogestión y control de los medios de producción, estipulando como fundamento la promoción, constitución de cooperativas […]”; el artículo 55 destaca que “las comunidades tienen derecho a oponerse a la instalación de agencias, empresas o negocios públicos o privados que constituyan una amenaza a sus recursos de biodiversidad, a sus recursos naturales tradicionales o a cualquier otro componente vital de su existencia colectiva”.
El capítulo V exhorta a los gobiernos de las Américas a reunir esfuerzos para la consolidación de los medios de comunicación alternativos. Aunque la información no contenga adjetivos como “imparcial”, “oportuna” o “veraz”, el artículo 24 de derecho a la educación se basa en el principio que apoyó la Ley de la Responsabilidad Social en la Radio y en la Televisión:
Los Estados regularán la participación de los medios de comunicación con la finalidad de propiciar la construcción de la moral pública sobre la base de los valores democráticos, el servicio comunitario, la solidaridad social y la responsabilidad por la educación de los niños, las niñas y los adolescentes.
Los representantes de Venezuela aclararon que, a diferencia de la Carta Democrática Interamericana, la Carta Social se debatió en las calles, y se dejó la vigilancia de su cumplimiento en manos de gente
con derecho a ejercer mecanismos democráticos de lucha, a realizar manifestaciones públicas, a dirigir peticiones a través de los medios de comunicación, a abrir sus propios espacios de discusión y, en general, a todas las garantías y derechos civiles y políticos establecidos para los ciudadanos en sus respectivos marcos constitucionales.
En este sentido, la Carta Social descarta la posibilidad de sanción a los gobiernos que no la cumplan, pues se trata de un compromiso político y ético que será vigilado por los pueblos del continente.