Los países de América Latina y del Caribe deben recibir, durante la primera década del siglo XXI, alrededor de US$ 400.000 millones en concepto de envío de dólares por parte de trabajadores emigrantes, residentes en los Estados Unidos. Ese dinero representa cerca del 31% de los US$ 103.000 millones anuales que envían los inmigrantes oriundos de los países en vías de desarrollo hacia sus Estados de origen.
Los resultados de una encuesta realizada en el año 2004 entre latinoamericanos residentes en 37 estados norteamericanos y en el distrito de Columbia por el Fondo Multilateral de Inversores (FOMIN, organismo perteneciente al Banco Interamericano de Desarrollo, BID) indican que el 24% de los entrevistados eran ciudadanos estadounidenses, el 39% eran residentes ilegales y el 32% no tenían documentos.
De acuerdo con la investigación, de los 16,7 millones de adultos nacidos en América Latina que viven en los Estados Unidos, alrededor de 10 millones envían dinero periódicamente a sus familias, que en la gran mayoría de los casos son de bajos ingresos. México es el principal beneficiario, con un ingreso de cerca de US$ 10.000 millones en remesas, casi un tercio de las transferencias enviadas al resto de América Latina y al Caribe. América Central obtuvo US$ 5.500 millones, los países caribeños, US$ 5.450 millones y los andinos, US$ 5.400 millones por año (información obtenida en el año 2004). Según el informe del BID, se calcula que los flujos financieros relativos a esos envíos están aumentando a un promedio del 7,05% por año.
Los recursos enviados superan ampliamente toda la asistencia externa donada por las naciones industrializadas a los países en vías de desarrollo. En algunos casos llegan a representar más del 10% del Producto Bruto Interno (PBI) de los países destinatarios, lo cual equivale a casi la mitad de las inversiones extranjeras directas recibidas por la región.
El envío de remesas desde los Estados Unidos hacia los países latinoamericanos constituye un fenómeno financiero que involucra a más de 100 millones de transacciones individuales por año, las que se realizan a un costo del 13% por sobre el monto transferido, lo que causa enormes perjuicios a los usuarios. Si los valores de las transacciones se redujeran al 5%, las familias más humildes de México y de América Central podrían ahorrar alrededor de mil millones de dólares por año, lo que implica un valor aproximado de 12.000 millones en una década.
En promedio, los inmigrantes latinoamericanos envían a sus países remesas mensuales que oscilan entre los US$ 150 y los US$ 250. Casi ocho de cada diez personas que transfieren dinero a los países de América Latina utilizan empresas de envíos. Otras recurren a los correos formales, conocidos como viajeros, o a los bancos y a las cajas de crédito. Sólo la mitad de los inmigrantes latinoamericanos residentes en los Estados Unidos tienen cuenta bancaria.
La respuesta de muchos gobiernos de los países “exportadores de mano de obra”, considerando la creciente importancia de los migrantes y de sus remesas, ha sido la de pensar políticas relacionadas con su “diáspora”, con el fin de estimular las contribuciones, los ahorros y las inversiones en el país de origen. Para los países de América Central y del Caribe principalmente, los inmigrantes representan uno de los sectores económicos más dinámicos, ya que han contribuido no sólo a estabilizar la balanza de pagos, sino también a impulsar el mercado interno. Al mismo tiempo, en los países de la región se está generando un consenso cada vez más crítico acerca de las potencialidades de las remesas, las cuales, si bien pueden ser una fuente para el bienestar de muchas familias, comunidades y regiones, nunca deberían sustituir las políticas públicas y no deben ser concebidas como fuente para el desarrollo.
Mientras que miles de millones de dólares fluyen hacia el sur de las fronteras de los Estados Unidos, un estudio del BID realizado en 2004 también revela que los inmigrantes latinoamericanos aportan alrededor de US$ 450.000 millones a la economía estadounidense, valor que representaría la tercera economía latinoamericana, luego de la brasileña y de la mexicana.