Término acuñado a mediados de 1980 para designar a la población de brasileños que retornaron de Paraguay, pero posteriormente se extendería a los residentes. El flujo inmigratorio comenzó a partir de los años 1940 y se prolongó hasta el cambio de siglo. Los brasiguayos contribuyeron en gran medida al aumento del comercio intrarregional y producen gran parte de la soja que exporta el país, pero enfrentan críticas de los movimientos sociales y del gobierno paraguayos, y problemas cuando retornan a Brasil. Estadísticas recientes estiman que oscilan entre 300.000 y 500.000 los brasileños que viven en Paraguay, sumados a sus descendientes.
La primera dinámica de inmigración se dio por varios motivos. En lo que atañe a las transformaciones estructurales en la economía brasileña, en primer lugar se encuentra la expansión de la frontera agrícola al oeste del Paraná, que introdujo el latifundio, expropiando a los pequeños propietarios, y la “modernización” del campo con la implementación del monocultivo en la región sur, especialmente del cultivo de la soja mecanizada, que hizo innecesaria gran parte de la mano de obra. Finalmente, a comienzos de los años 70, el proceso de construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú, cuyo depósito inundó casi 1.500 km², con lo cual expulsó a miles de familias ribereñas del Paraná, y a miles de trabajadores atraídos por la obra, que una vez terminada no encontraron ocupación en el lugar.
Por otro lado, en Paraguay, las políticas públicas del gobierno dictatorial del General Alfredo Stroessner trataron de estimular la ocupación y el desarrollo agrícola a través de incentivos a la compra de tierra a los brasileños, con el programa de colonización implementado por el Instituto de Bienestar Rural.
El proceso de colonización, en principio, fue desarrollado por brasileños más humildes, que deforestaban la región de la frontera y abrían así camino a la explotación capitalista y a otros brasileños del sur que poseían más recursos. De esta manera, siguiendo los pasos de lo que había ocurrido anteriormente en Brasil, se expulsó a los campesinos exploradores de las fronteras, que luego de prepararlas para la penetración efectiva del capital fueron seguidos por agentes en la ocupación de la frontera, para producir o especular con la tierra. De éstos, algunos trabajaron para los nuevos propietarios y otros migraron a las ciudades donde viven precariamente.
Esta dinámica, en poco tiempo, evidenció la división étnica, representada por brasileños descendientes de europeos propietarios de parcelas, que hablan portugués, y por otro lado paraguayos descendientes de indígenas, que hablan guaraní y/o español, y trabajan en sus tierras o expropiados en las ciudades.
Como era de esperar, este proceso altamente conflictivo causó inconvenientes, como la expulsión del campesino paraguayo de sus tierras, problemas ambientales a raíz de la expansión de la frontera agrícola –la deforestación y la contaminación por el uso intensivo de agrotóxicos–, la falta de respeto a la legislación laboral y del inmigrante, el cuestionamiento a la validez de los títulos de propiedad de la tierra y denuncias de colonización de territorios extranjeros. Además, los brasiguayos se establecieron mayoritariamente en la región sudeste de Paraguay, parte de la llamada Triple Frontera, región geoestratégica de América del Sur. Esto alarmó a las autoridades regionales y principalmente a las de Paraguay.
A mediados de los años 80, cuando comenzó el proceso de redemocratización paraguaya, la situación se agravó. Los sectores más pobres, principalmente los sin tierra paraguayos en el contexto más amplio de la lucha por la reforma agraria, reivindicaron la propiedad de la tierra, alegando que sus tierras habían sido expropiadas en el período dictatorial.
En Brasil, la coyuntura se mostraba más favorable, pues había un intenso debate sobre el Plan Nacional de Reforma Agraria que alimentaba la expectativa de que estos brasileños podrían ser beneficiados al retornar a su país. Otros, que se sentían inseguros, enviaron a sus hijos a vivir con parientes para que estudiaran en escuelas brasileñas o retornaron a Brasil. Este caudal de factores propiciaría que a mediados de los años 80 se observase un primer flujo emigratorio organizado, de aproximadamente 1.000 personas a Brasil, que presentaba demandas concretas al gobierno.
Al retornar, entraron por la frontera de Mato Grosso do Sul, fuerte reducto de la Unión Democrática Ruralista (UDR) –creada en 1985–, organización que representaba políticamente a los latifundistas, quienes controlaban a la policía de frontera y a muchos matones, dificultando su retorno. Cuentan con movimientos que los apoyan como el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) y con organizaciones ligadas a la Iglesia, como la Comisión Pastoral de la Tierra y Pastoral del Inmigrante, que los amparan.
En 1989, al terminar la dictadura, el movimiento campesino paraguayo se reorganizaría. Como resultado inmediato, se intensificaron las ocupaciones de propiedades de extranjeros en todo el país, especialmente en los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná, donde se concentra gran parte de las propiedades de los brasiguayos; así, el nivel de tensión y el flujo de retorno de los brasiguayos fue cada vez mayor.
Particularmente importante fue la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur) en marzo de 1991, que preveía, entre otras medidas de integración económica, la libre circulación de trabajadores y la posibilidad de regularización del trabajador y el propietario. Esto, por un lado, acarreó un problema, porque relativizó la cuestión de la nacionalidad e introdujo la condición idealizada de “ciudadanos del Mercosur”, que tendería a debilitar movilizaciones como la de los llamados brasiguayos, que encuentran en los derechos a la ciudadanía y en los símbolos nacionales, sus principales banderas de lucha. Por otro lado, se crea la posibilidad de regularizar su situación en Paraguay. Sin embargo, esta legislación no avanzó, pues se fundó en el Tratado de Ouro Preto de 1994. Sólo en 2002 se retomaría la cuestión con la Ley de Libre Residencia.
En los últimos años, los paraguayos han acusado a los brasiguayos de monopolizar las tierras, de imponer la lengua portuguesa y símbolos como la bandera brasileña en su territorio, de comportamiento racista en las relaciones con la población de origen indígena. Existen casos famosos de ciudades pequeñas, como San Alberto de Mbaracayú, donde la mayoría es brasileña, habla portugués, se comercializan en reales productos brasileños y, en algunos casos, el intendente es brasileño. Estas denuncias se agravan aún más por el resentimiento vivo de la Guerra del Paraguay, en la cual la Argentina y Brasil, usados por el imperialismo inglés, arruinaron el país. Estos factores han despertado en la población paraguaya sentimientos de nacionalismo y xenofobia.
Por su parte, los brasiguayos se quejan de las presiones ejercidas por las autoridades paraguayas, de las invasiones de tierras, de las dificultades para obtener la naturalización, de discriminación en las escuelas, de “comisiones” pagadas por su producción y/o transporte, de que sus niños son obligados a estudiar en español o guaraní, y los jóvenes a servir en el Ejército paraguayo, de enfrentar problemas para revalidar su documentación, y se tienen noticias de la formación de milicias brasiguayas en territorio paraguayo. Además, gracias a su poderío económico, los brasiguayos se constituyeron en influyentes actores políticos, que presentan sus demandas específicas.
En respuesta, el Senado paraguayo aprobó un proyecto de ley que establece zonas de seguridad de 50 kilómetros en las fronteras territoriales de la República, reservándolas a los paraguayos. Pequeños, medianos y grandes propietarios brasileños se unieron en defensa de sus derechos de permanecer en Paraguay y enviaron representantes a Brasil para denunciar la situación al presidente de la República, al gobernador y a los parlamentarios del Estado de Paraná.