Los Estados Unidos reciben alrededor de un millón de inmigrantes por año (considerando tanto a los legales como a los indocumentados). El 90% de ellos proviene de países de Asia y de América Latina. Aunque la legislación norteamericana establece límites numéricos o cupos para la inmigración, están exentos de esas restricciones los refugiados, determinadas categorías de familiares y algunos otros grupos como los profesionales y los trabajadores especializados.
Desde el siglo XIX, los Estados Unidos cuentan con normas que reglamentan el ingreso y la admisión de extranjeros. Si bien las primeras restricciones comenzaron a ser implementadas en el año 1875, la instalación de cupos de inmigrantes fue establecida de forma más rígida recién a partir de 1920.
Otras importantes normas legislativas fueron sancionadas en 1952, comenzando con la ley McCarren-Walter Act, que prohibía el ingreso al país de personas relacionadas con el comunismo o con ideologías próximas; y en 1965, cuando el movimiento de derechos civiles provocó la revocación de los criterios selectivos basados en la nacionalidad.
Los cupos por nacionalidad fueron reemplazados por un sistema que favoreció la admisión por motivos familiares y la selección de mano de obra especializada, de acuerdo con las demandas del mercado de trabajo, y que estableció cantidades específicas de inmigrantes por países.
A partir de la década de 1980 se introdujeron importantes modificaciones legislativas en materia de inmigración, con la aprobación de tres dispositivos legales, a saber:
• La Ley de Refugiados de 1980 (Refugee Act) que estipula las admisiones de refugiados como un elemento permanente de la inmigración. Dicha norma establece que el gobierno debe efectuar consultas para fijar los niveles anuales y los países de origen de los refugiados, así como los programas y recursos necesarios para asentarlos. También les concede a los refugiados el acceso inmediato a ciertos tipos de ayuda como, por ejemplo, transporte, alojamiento, formación profesional y programas de seguridad familiar.
• La Ley de Control y Reforma de la Inmigración de 1986 (Immigration Reform and Control Act), que fue establecida como respuesta al crecimiento de la inmigración ilegal, fijando sanciones para los empleadores que contratasen inmigrantes ilegales, al mismo tiempo que regularizó la situación de los extranjeros residentes que se encontraban en el país desde antes de 1982 (o 1986 en el caso de los trabajadores agrícolas).
• La Ley de Inmigración de 1990 (Immigration Act) que tuvo por objetivo la revisión del sistema de cupos preferenciales, estableciendo la legalidad como requisito para la obtención de empleo. Su objetivo era el de reforzar el control sobre el flujo de inmigrantes ilegales, ampliando las multas y penalidades contra los empleadores que contrataran trabajadores indocumentados. A partir de la sanción de dicha ley comenzaron a reforzarse los controles fronterizos, de manera progresiva y drástica, a través de la creación del Servicio de Inmigración y Naturalización y de diversos cuerpos policiales especializados. Como contrapartida a tales medidas regulatorias se puso en marcha un programa de legalización, por medio del cual tres millones de inmigrantes ilegales lograron normalizar su situación de residentes en los Estados Unidos.
Otra ley que también afectó la situación de los inmigrantes (principalmente la de los ilegales o indocumentados) fue el Acto Patriótico o Ley Antiterrorista, sancionada por George W. Bush en octubre de 2001. Aunque no se trate estrictamente de una forma de regularización de la inmigración, la ley provee herramientas apropiadas para que, en nombre de la seguridad nacional, el gobierno de los Estados Unidos, sus instituciones de inteligencia y jurídicas puedan “defenderse del enemigo real o hipotético interno y externo”, por ejemplo, mediante detenciones injustificadas, sin previo aviso y por tiempo indeterminado.