Oficialmente denominado “Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, el Plan Colombia fue concebido por el presidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) y presentado, en 1999, al presidente norteamericano Bill Clinton (1993-2001), en busca de apoyo político y financiamiento. Fue sometido a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos como una suerte de “Plan Marshall para Colombia” en octubre del mismo año, bajo la designación de Ley S-1758 – Alliance with Colombia and the Andean Region (ALIANZA) Act of 1999.
En enero de 2000, Clinton presentó su Propuesta de Ayuda de los Estados Unidos para el Plan Colombia, subdividida en cinco secciones: presión hacia el sur, en especial en las áreas de Putumayo (petrolera) y Caquetá (con fuerte presencia guerrillera), mediante la provisión de helicópteros, artillería, entrenamiento y asistencia en las áreas de inteligencia; refuerzo de la interdicción en la zona andina, apoyando la instalación de radares y bases aéreas y el funcionamiento de la aviación mediante la mejora de los aeropuertos (incluidos los de Ecuador, Aruba y Curaçao); apoyo a los cuerpos policiales colombianos; desarrollo alternativo para promover la sustitución de cultivos; y mejor gobernabilidad, financiando la capacitación de representantes para los diálogos de paz.
La iniciativa anunciada incluyó en su pronunciamiento, además, el apoyo para el desarrollo económico, la protección de los derechos humanos y la reforma judicial. Sin embargo, lejos de esos objetivos, la puesta en práctica del proyecto propició la intervención militar extranjera en el conflicto interno crónico de Colombia, en el que participan la policía y el Ejército colombianos, los paramilitares y los grupos guerrilleros (FARC y ELN). El Ejército y los escuadrones antidrogas fueron y continúan siendo equipados y entrenados directamente en acciones de contrainsurgencia por los Estados Unidos.
Explícitamente orientado, desde el inicio, al control del narcotráfico y del terrorismo, el plan contó, al momento de su aprobación, con un presupuesto de US$ 1.320 millones, de los cuales US$ 860 millones eran para Colombia, con un 74,68% directamente destinado al apoyo militar y policial. El total previsto era de US$ 7.500 millones, de los cuales US$ 3.520 millones provendrían del exterior y serían administrados por organismos multilaterales de crédito (BM, FMI, BID), quedando el resto a cargo del gobierno colombiano. Ese presupuesto fue complementado con ayudas de emergencia en varios momentos.
En abril de 2001, el presidente George W. Bush lanzó un plan de asistencia a toda la región andina más ambicioso. Fue la Iniciativa Andina Antidroga (Andean Counterdrug Initiative), que previó la provisión de recursos destinados a la lucha antinarcóticos en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil.
Las acciones del Plan Colombia, con el objetivo de destruir las plantaciones de coca, amapola y marihuana de la región, incluyen la fumigación indiscriminada de los campos con glifosato, un herbicida que tiene graves consecuencias socioambientales. La medida no consiguió disminuir sustancialmente la producción, pero contribuyó a dañar las variadas, abundantes e insustituibles reservas genéticas de Colombia.
En los ocho años de aplicación del plan, los daños fueron enormes. Se profundizó la violencia social y aumentó la cantidad de personas sin techo, lo cual determinó la creación de cinturones de miseria alrededor de las principales ciudades y un nomadismo sin sentido ni destino. El terror se intensificó en todo el territorio. Las víctimas del plan se cuentan por millares, y se puede esperar un deterioro todavía mayor si prevalecen las políticas continentales de combate al narcotráfico y al terrorismo que no consigan ser neutralizadas por las iniciativas locales de reconstrucción de la “sociabilidad”.