Al asumir la presidencia de Honduras, Carlos Reina (1994-1998) se comprometió con el proyecto político de defender los derechos humanos y combatir la corrupción. La primera meta se relacionaba con el proceso de desmilitarización del Estado y la consiguiente ruptura del rol tutelar de los militares sobre el país. La aprobación de la Ley del 6 de abril de 1995, que abolió el servicio militar obligatorio e instituyó la profesionalización de las Fuerzas Armadas, fue la primera medida tomada por el gobierno en ese sentido. Además, un proyecto de ley aprobado en 1995 les retiró a los militares su papel de vigilancia policial sobre la sociedad hondureña. La creación de un cuerpo policial civil, la Policía Nacional, tendió a establecer un nuevo nivel de política pública que atendiera a las demandas de la sociedad civil en lo que se refiere a las cuestiones de seguridad. De esta manera, la práctica anterior de los militares de represión y contención de los movimientos sociales dejó de ser una prioridad del Estado. A pesar de la presión que ejercieron los militares, el gobierno hondureño mantuvo su agenda política con el objetivo de profesionalizar el Ejército y de efectivizar el proceso de construcción de un Estado democrático en el país.
