En la década de 1970 comenzaron a organizarse los grupos calificados como de autodefensa campesina contra las organizaciones guerrilleras. En realidad, esos grupos eran patrocinados por los latifundistas y empresarios vinculados con el sector rural, con la ayuda de diversos sectores del narcotráfico y de la exportación ilícita de esmeraldas. Sin embargo, su apogeo se dio en los años 80, cuando se constituyeron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Progresivamente, las ACCU se fueron desdoblando en múltiples bloques y frentes a lo largo y a lo ancho de todo el país. Respaldadas económicamente por grupos empresariales del campo y protegidas por sectores de las fuerzas militares, aquéllas alcanzaron la forma de organización más o menos unitaria que adquirieron en los últimos años bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Por definición, las AUC son de carácter paramilitar, pues justifican su existencia como una forma de suplantar la ausencia y la incapacidad de la fuerza estatal en el combate a las organizaciones guerrilleras. Se estima que ellas tienen alrededor de 20.000 militantes, y la poderosa capacidad bélica que exhiben es resultado de sus fuentes de financiación: el apoyo económico de los agentes ligados al campo, la cobranza de impuestos sobre las actividades económicas legales e ilegales, la participación directa en la producción y en el comercio de drogas, el desvío de recursos públicos gracias al control de las administraciones de las entidades territoriales (municipales) y el control de ciertas actividades comerciales.
Las autodefensas (o los paramilitares) son las principales responsables de las formas de degradación del conflicto armado. Su estrategia para debilitar y aniquilar la dominación campesina y las organizaciones guerrilleras ha suscitado las más horrendas masacres, asociadas a programas de eliminación o desaparición selectiva provocando, de paso, olas de desplazamiento forzado. (Se estima que entre 1985 y 2004 el total de habitantes desplazados a causa de diversas formas de violencia fue de 3,4 millones.)
Como consecuencia de su apoyo a la instauración del régimen autoritario, una buena parte de sus bloques hoy en día se encuentra en un proceso de negociación con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, el mismo se ve obstaculizado por la fórmula jurídico-política aprobada para su desmovilización, conocida como Ley de Justicia y Paz, que permite penas blandas y procura impedir la aplicación del instrumento de extradición para quienes se dedican al narcotráfico, como lo han exigido los paramilitares. Asimismo, el proceso convive, en la práctica, con la continuidad de su presencia militar, y con su influencia y control sobre amplios sectores políticos, administrativos y económicos.